El 9 de marzo de 2025 se celebraron las elecciones primarias en Honduras, que convocaron a 5 millones 879 mil 639 hondureños para ejercer el sufragio y elegir a los candidatos que competirán en las elecciones generales de noviembre de 2025. En este proceso estaban en juego la definición de las cartas de los partidos Nacional, Liberal y el Partido Libertad y Refundación (Libre) para las candidaturas a nivel presidencial, de los diputados del Congreso Nacional y de las Corporaciones Municipales.
Aunque el proceso electoral ofrecía aspectos positivos en materia de modernización, como el uso de dispositivos digitales para la identificación de la huella digital de los votantes, y el sistema de transmisión de resultados preliminares, la jornada electoral fue opacada por las irregularidades.
Desde el arranque, el retraso en la entrega del material electoral en los centros de votación ubicados en el Distrito Central y en San Pedro Sula, los dos municipios más grandes del país (que registran 826 mil 499 y 518 mil 266 votantes, respectivamente) causaron alarmas en medio de un ambiente en el que algunos candidatos levantaron denuncias de “fraudes” desde horas antes de los comicios.
Hasta el momento, las autoridades electorales no han señalado que estos retrasos hayan incidido en los resultados, pero lo cierto es que impactaron contra la transparencia del proceso y generan dudas de cara a las elecciones de noviembre próximo. Por ejemplo, reportes periodísticos indican que los retrasos afectaron a 20 centros de votación en distritos en los que, en las elecciones anteriores, un 72 % del electorado se decantó por los partidos de oposición.
Semanas después de las primarias, el debate sobre la responsabilidad y el “impasse” con las maletas electorales ha girado en torno a la identificación de los responsables por los retrasos.
Desde el 9 de marzo, la consejera presidenta del Consejo Nacional de Elecciones (CNE), Cossette López, y la consejera secretaria Ana Paola Hall, afines al Partido Nacional y al Partido Liberal, respectivamente, responsabilizaron a las Fuerzas Armadas de lo ocurrido. En respuesta, el consejero vocal Marlon Ochoa, afín al Partido Libre, señaló que la responsabilidad exclusiva por los retrasos producidos era del CNE y de las empresas encargadas de la impresión del material electoral.
Por su lado, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, ha negado que la institución tenga responsabilidad, y señala directamente a la consejera presidenta como la responsable de liderar el proceso electoral. De fondo, el poder ejecutivo en pleno ha respaldado a los militares; y el Ministerio Público, señalado por estar del lado del gobierno actual, ha abierto ya una investigación contra la empresa contratada y el CNE. Mientras tanto, el CNE continuó con la declaratoria de resultados, pero esta declaratoria, en sí misma, no borra lo que ocurrió, mucho menos en un contexto en el que la cooptación partidaria de las instituciones de investigación y persecución penal sigue siendo la regla.
El CNE es la máxima autoridad en la administración de elecciones dentro del sistema electoral, mientras que las Fuerzas Armadas tienen a su cargo, constitucionalmente, la participación en el traslado y la custodia del material electoral. Teóricamente, este binomio no tendría porqué producir inconvenientes en la gestión electoral. Sin embargo, en este caso, la relación de subordinación de las Fuerzas Armadas hacia una de las candidatas en contienda genera, como mínimo, una nueva suspicacia, ya que la precandidata presidencial del Partido Libre, la abogada Rixi Moncada, es a la vez, desde septiembre pasado, la actual ministra de Defensa Nacional.
Si bien la ley electoral indica que un mes antes de las elecciones, y hasta la declaratoria de ganadores, las Fuerzas Armadas pasan bajo el mando del CNE, en términos pragmáticos, en el comportamiento de las autoridades militares ha quedado clara su subordinación política con la Presidencia de la República, la máxima autoridad en la cadena de mando cívico-militar, institución que apoya abiertamente a Moncada. A eso se suma que las autoridades militares han mostrado un comportamiento confrontativo con las autoridades del CNE, que representan a los partidos políticos opositores.
En definitiva, las irregularidades en las primarias han dejado en evidencia, nuevamente, un sistema electoral altamente frágil. Una buena parte de esa fragilidad se debe al excesivo control que ejercen los partidos políticos sobre las instituciones encargadas de la gestión electoral.
Luego que la crisis de las elecciones generales de 2017 diera paso a la necesidad de reformar el sistema, se reformó la constitución y se crearon el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral, para separar la organización de las elecciones de la impartición de justicia. En la práctica, el modelo debiese funcionar, pero las elecciones primarias revelan que estas reformas no resolvieron los problemas de capacidad técnica y contraloría del proceso, en tanto que la calidad de la gestión electoral continúa supeditada a las costumbres de selección de las autoridades a partir de su afiliación partidaria, las decisiones en contrataciones del CNE y la influencia que preservan los partidos políticos una vez que las autoridades asumen sus cargos
Y, por otro lado, que las Fuerzas Armadas estén bajo el mando de una de las candidatas en contienda genera nuevas inquietudes. En 2017 se cuestionó su comportamiento cuando reconocieron la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández, pasando por encima de las prohibiciones constitucionales en la materia, y justificando su actuar con una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inaplicables artículos irreformables de la Constitución sobre la reelección. Constitucionalmente, las Fuerzas Armadas tienen a su cargo velar por la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. En ese caso, la jerarquía política que Hernández ejerció sobre las Fuerzas Armadas, con su doble sombrero de Presidente de la República y candidato presidencial del Partido Nacional, condicionó el actuar de las fuerzas militares.
Rixi Moncada asumió la titularidad de la Secretaría de Defensa Nacional después de haber renunciado a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. Su llegada ocurrió tras la renuncia de José Manuel Zelaya Rosales, quien dimitió luego de que se revelara un video en el que aparece su padre, Carlos Zelaya Rosales, negociando financiamiento para la campaña política del Partido Libre en el 2013 junto a narcotraficantes perseguidos por la justicia de Estados Unidos. Carlos Zelaya era, desde febrero de 2022 y hasta la filtración del vídeo, secretario del Congreso Nacional, hermano del ex presidente de la República José Manuel Zelaya y cuñado de la actual presidenta, Xiomara Castro.
Aunque la abogada Moncada ha reiterado que su permanencia en el cargo no colisiona con la Constitución de la República, ya que el único requerimiento que exige su elegibilidad para participar en las elecciones generales es que renuncie con seis meses de antelación a la fecha de las elecciones generales, las elecciones primarias ya marcan la pauta de lo que será la disposición del Gobierno por utilizar todos los medios a su alcance para promover su candidatura.
Por el otro lado, por primera vez en quince años, la oposición política está conformada por dos partidos que otrora gobernaron el país. El Partido Nacional, con Nasry Asfura como el candidato presidencial, intenta una revancha dado que el mismo candidato perdió las elecciones generales frente a Xiomara Castro en 2021. Por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien viene de fungir como Designado Presidencial del Partido Libre, después de haberse enfrentado a Juan Orlando Hernández en 2017, también con el apoyo de Libre, ahora es opositor al gobierno.
En su camino hacia noviembre, ambos partidos políticos todavía sobrellevan costos y lastres políticos importantes. El Partido Liberal sigue sin salir de la tercera fuerza en la que se convirtió después del golpe de Estado del 2009; y el Partido Nacional camina con la mancha aún fresca de la extradición y condena por narcotráfico del expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos.
Los últimos dos procesos electorales en Honduras (2017 y 2021) se llevaron a cabo con alianzas políticas que polarizaron el voto en dos extremos. Todavía queda mucho camino por recorrer de cara a las elecciones generales para saber qué rumbo tomará el bipartidismo en su apuesta por regresar al poder, pero indistintamente de ello es un hecho que para noviembre será más importante que nunca un proceso electoral transparente. En juego está la estabilidad democrática del país y, en números, más del 50% del padrón electoral que no acudió a votar en las primarias, y que decidió no identificarse con ninguna fuerza política, según las proyecciones del CNE. Lo mejor para el proyecto político que resulte ganador de cara al gobierno 2026-2030 es que su triunfo sea legítimo, transparente, sin cuestionamientos.
