—¿Aló? Fíjese, licenciado, que hacen falta algunos documentos.
—¡Ah! Esos archivos se perdieron.
—¿Se perdieron? Ujum, ujum… Bueno, ahora le digo.
La llamada fue breve pero concluyente. Era un día templado, pero en la Dirección General de Caminos había agitación. La Unidad de Información Pública no estaba pasando su mejor jornada. La impresora se había descompuesto y la encargada de la dependencia, Erika Urbina, con las manos manchadas de tinta, buscaba la información solicitada por Prensa Comunitaria. No tuvo éxito.
—Dice el licenciado que si no están esos expedientes es porque se perdieron. No los encuentran. Cuando algo está perdido, nosotros ya no podemos hacer nada —concluyó.
Lo que se había “extraviado” era una serie de documentos en los que se detallan los costos estimados que el Departamento Técnico de Ingeniería había definido para los proyectos de infraestructura, adjudicados entre el 14 de enero de 2020 y el 14 de enero de 2024. Estos se pidieron para verificar si discrepaban con los que el director general de Caminos le informó a las juntas de licitación: el meollo de esta investigación, ya que permitiría establecer cuáles fueron los concursos amañados.
El Departamento Técnico de Ingeniería solo había revelado información de 22 obras y faltaban decenas de archivos. El procedimiento de acceso a la información indica que, cuando esta se encuentra incompleta, se puede plantear un recurso de revisión y requerir que se entregue lo que hace falta. La actitud de Caminos es que no se hiciera.
—No puede interponer el recurso de revisión, porque la información se perdió. No existen esos expedientes —nos sugirieron.
No conformes con la respuesta, pedimos que admitieran el recurso de revisión.
—Eso se debe entregar en el Ministerio de Comunicaciones —nos alegaron.
Entonces, tomamos rumbo y recorrimos las calles de la zona 13 para llegar a la sede del Ministerio de Comunicaciones. El panorama, acá, era menos desolador que en Caminos. Había muchas flores, pero rápidamente esa impresión cambiaría, porque la dinámica fue más hostil. Era mediodía y el sonido de los microondas, que presagiaban la hora del almuerzo, se mezclaba con el tumulto de los reclamos.
—Hemos venido para denunciar que el camino no está terminado. Dijeron que ya está concluído y no es cierto.
—¿Quiénes son los firmantes?
—Las comunidades.
—Sí, pero acá no vienen todas las firmas de los interesados. Sé que vienen desde lejos, pero esas son las condiciones y no podemos aceptar la denuncia.
Resignadas, las autoridades comunitarias empezaron a abandonar las instalaciones del Ministerio de Comunicaciones. Era una de las escenas recurrentes de la burocracia. Ni las dificultades del traslado ni la denuncia lograron conmover a las secretarias de la Oficina de Asuntos Jurídicos que, con poca amabilidad, nos llamaron poco después para atendernos.
—Vengo a dejar un recurso de revisión por una solicitud de información pública.
—Eso se debe entregar en Caminos —afirmaron.
—Pero en Caminos nos dijeron que era acá donde nos lo tenían que recibir.
Hicimos ese vaivén de ir del Ministerio de Comunicaciones y Caminos tres veces para que lo aceptaran.
En la última ocasión, hubo murmullos entre las recepcionistas.
—Esto no se puede recibir porque no trae logo, sello, márgenes ni numeración —dijo una de ellas.
—La ley no exige nada de eso —les rebatimos.
Posteriormente, hubo desconcierto. Una de ellas se levantó y se perdió en el interior de la oficina. Pasaron algunos minutos y tras consultarle a su superior, cambió de parecer.
—Se lo vamos a aceptar, solo firme acá —pronunció con altanería.
Para entonces, eran casi las 16:00 horas del 29 de octubre de 2024. El primer paso estaba dado, pero el trayecto, a partir de acá, se volvió intransitable.
La decisión
– Este Ministerio resuelve: declarar con lugar el recurso de revisión…
Era una resolución favorable, pero no se confundan. Esa breve línea era una argucia de la ministra Paola Constantino. Había asumido de emergencia la jefatura de la cartera de Comunicaciones el 15 de noviembre de 2024 y este era uno de los primeros documentos que firmaba oficialmente en su nuevo cargo. En su decisión de dos páginas, emitida tres días después de que se estrenó en su puesto, la funcionaria prefirió mantener ocultos los documentos públicos.
Prensa Comunitaria pidió en el recurso de revisión que la Dirección General de Caminos entregara los costos estimados de los proyectos de los que no había brindado detalles. Ella no ordenó nada de eso. En cambio, instruyó a Caminos a que únicamente explicara los motivos por los cuales no pudo brindar los archivos de las obras faltantes.
La ilusión se desvaneció. Lograr que se acepte un recurso ante el Estado es una victoria, pero lo resuelto sabía amargo. Aunque el resultado no era el esperado, ayudó a comprender cuán opaco es el manejo y resguardo de la información en estas instituciones.
¿Existen?
La brevedad es algo que caracteriza al Ministerio de Comunicaciones y a sus dependencias. El 2 de diciembre de 2024, el Departamento Técnico de Ingeniería escribió en un párrafo la respuesta que les ordenó la ministra Paola Constantino.
—Las razones por las cuales no están los expedientes físicos se desconocen, así como a las personas que pudieron estar trabajando (y elaborándolos) en esas fechas, ya que no se encuentran en este departamento.
Agregó que, en años anteriores (sin indicar cuáles), no existía un procedimiento oficial de entrega de los costos estimados, elaborados por esa sección, hacia la jefatura de la Dirección General de Caminos. En cambio, se definía de manera directa y personal entre el especialista de costos y el director del momento. Es decir, que no era esta unidad la encargada de prepararlos.
—Por esa razón, en este departamento no existe ningún registro o control del resguardo de los costos de algunos de los proyectos anteriores —puntualizó.
La postura de que no existía un “procedimiento oficial» es descartable. Esto se debe a que, para 2020, ya estaba establecido el proceso: el Departamento Técnico de Ingeniería definía los costos estimados de los proyectos y se los notificaba al director de Caminos. De muestra, todos las carreteras presentadas en esta investigación empezaron a ser licitadas en aquel año y existen archivos sobre los costos estimados elaborados por esa unidad.
Lo anterior también se confirma, porque en un oficio remitido a Prensa Comunitaria, cuatro meses después de esa primera respuesta, el Departamento Técnico de Ingeniería reconoció que durante el gobierno de Vamos existía un proceso de definición de valor aproximado de los proyectos, que incluía la realización del diseño geométrico, los estudios de hidrología, hidráulica, geotecnia y otros.
Incluso, el Departamento Técnico de Ingeniería le remitió un oficio a la Contraloría General de Cuentas, hace cuatro años, en el que indicaba que ya había un método para definir el costo estimado, para lo cual se hacían comparaciones de precios obtenidos por los estudios de ingeniería (descritos en el párrafo anterior), los precios de referencia elaborados por Caminos, Covial y la Cámara Guatemalteca de la Construcción, además de los precios de mercado. En ese documento, además, se detalló que la cifra se trasladaba al despacho del titular de Caminos.
Entonces, ¿alguien desapareció los archivos? Si es así, ¿cuándo ocurrió?, ¿quién los resguardaba? Ni siquiera la Dirección General de Caminos lo sabe.
Insistencia
—¿Qué hacemos?
—No creo que declaren con lugar el recurso de revisión.
—Mientras esperamos la resolución, avancemos y hagamos nuevamente la petición, ahora con otras palabras. Quizá solo se malinterpretó nuestra solicitud.
—Probemos y veamos si ahora conseguimos lo que hace falta.
—Ya se planteó por segunda ocasión y nos enviaron una parte de los documentos. No están todos los que pedimos.
—Sigamos solicitando, pero no seamos específicos de requerir los costos estimados al Departamento Técnico de Ingeniería. Así ellos tendrán que ampliar la búsqueda interna en diversas dependencias.
—Hay algunos proyectos que me parecen sospechosos. Podríamos empezar requiriendo esos papeles. Después haríamos otra solicitud, con el resto de obras.
—Podemos ampliar la investigación. Revisemos los expedientes laborales de los funcionarios y si ellos se reunieron con los empresarios beneficiados.
—Si los proyectos se sobrevaloraron al inicio, ¿también podrían haber incrementado su precio cuando se ejecutaron?
—Es posible.
—Entonces, pidamos los documentos para ver las modificaciones que se le hicieron a los contratos y analicemos si hubo una doble sobrevaloración.
Estas discusiones en la redacción de Prensa Comunitaria se volvieron recurrentes. Así, se idearon estrategias para la recopilación de documentos para esta investigación, para cubrir más aristas de lo planificado inicialmente y para precisar de mejor manera los hallazgos. Ya se habían obtenido cientos de archivos para elaborar los reportajes, pero nos trazamos conseguir más pruebas por la vía de la información pública.
Fue en vano. En relación con los costos estimados, se hicieron cuatro nuevas peticiones de información. En dos de estas nos llegaron, escasamente, algunos archivos que, según la primera respuesta del Departamento Técnico de Ingeniería, habían desaparecido. Eso nos fue generando más dudas sobre la existencia de los documentos.
En total logramos conseguir los valores estimados de 47 de los 94 proyectos que estábamos investigando. Faltaron los de trabajos enormes como el del Anillo Regional en Obrajuelo, en Villa Canales; la construcción de la carretera entre Santa Cruz Verapaz y Cobán; y el mejoramiento de la ruta que conecta los caseríos Sabaneta y Calabazal en Petén.
Ante el bloqueo constante y la poca voluntad de entregar los documentos de parte del Ministerio de Comunicaciones actual, consideramos que no había posibilidades de encontrar lo restante y preferimos desistir la búsqueda.
La Dirección General de Caminos tampoco quiso enviar, de forma electrónica, todas las modificaciones de precio que se le hicieron a los 14 proyectos presentados en esta investigación. El objetivo era verificar si, tras realizar los trabajos, las constructoras obtuvieron más dinero del que establecía el contrato original. Utilizamos otras fuentes para sustentar ese punto.
Caminos, además, omitió entregar las actas de suspensión de los proyectos, que servirían para conocer de forma precisa las razones de los retrasos en la entrega de las obras que aún están inconclusas. Es más, ni siquiera pudo indicar la ubicación exacta de dónde se realizaron los trabajos en las rutas investigadas, argumentando que esa información la maneja la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.
Al Ministerio de Comunicaciones se le solicitó que remitiera los historiales laborales de varios funcionarios, entre los que se encontraban Fredy Chojolán, Edmundo Lemus, Javier Maldonado y Luis Gabriel Jo Lau, que participaron en la extracción de los Q511.39 millones (US$66.58 millones). La institución, ya dirigida por Miguel Ángel Díaz Bobadilla, envió la información incompleta y respondió dos meses después, cuando el plazo para hacerlo, según la Ley de Acceso a la Información Pública, es de diez días.
En otro requerimiento de información pública, se le pidió al Ministerio de Comunicaciones una copia del libro de ingreso a su sede central para revisar qué empresarios visitaron la institución entre el 15 de enero de 2020 y el 15 de enero 2024 y, con ello, establecer si los funcionarios del anterior gobierno se reunieron con los propietarios de las constructoras que obtuvieron adjudicaciones de El mecanismo. La actual administración ni siquiera respondió.
Por supuesto, este tipo de reportajes no se podrían haber hecho en una crisis democrática como la que impulsó, primero, el gobierno de Jimmy Morales y perfeccionó, después, el de Alejandro Giammattei. Sin embargo, la gestión de Bernardo Arévalo, que asegura que no gusta de actos simbólicos, deberá trabajar para que se garantice el libre acceso a la información que hoy es una realidad a medias.
