La institución encargada de proteger los derechos humanos en El Salvador ha recibido miles de denuncias que incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y capturas arbitrarias presuntamente cometidas por agentes del Estado durante el régimen de excepción de Bukele, pero ha guardado silencio. El registro oficial incluye denuncias de torturas, un hecho que la procuradora Raquel Caballero ha negado en público. Expertos señalan que estos hechos podrían ser prueba de crímenes de Estado y delitos de lesa humanidad.
