La Fiscalía General de la República ha montado un caso masivo contra la ranfla histórica de la MS-13 en la que acusa a sus cabecillas, y prácticamente a toda la estructura, de liderar un sistema de violencia que era capaz de ordenar asesinatos desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, mejor conocido como Zacatraz. Según la acusación, los crímenes fueron cometidos entre 2012 y 2022, alcanzando el periodo en el que se suponía que el gobierno de Nayib Bukele tenía el control absoluto de las cárceles, negando el acceso a visitas y con sistemas de intercepción de llamadas telefónicas incluidos.
Según la tesis fiscal, los cabecillas de la MS-13 fueron los responsables de 9,043 hechos criminales, incluyendo la ola de asesinatos que duró tres días a finales de marzo de 2022, cuando 87 personas fueron asesinadas. La reacción del gobierno, al cierre de la crisis, fue ordenar capturas masivas y un régimen de excepción que vulnera al menos tres derechos constitucionales, incluido el de la defensa, y que cuatro años después se mantiene vigente
El caso de la Fiscalía, potenciado la semana pasada por la propaganda oficialista, es un caso de estudio en toda regla. Por un lado, está basado en supuestos «testimonios» de testigos protegidos que habrían conocido de los hechos que se acusan, audios de ranfleros ordenando los asesinatos y el peritaje a un celular de un pandillero. Pero, por el otro, la Fiscalía omite mencionar una investigación fiscal conocida como Caso Catedral, en la que un equipo especial de la Fiscalía (en la administración del depuesto Raúl Melara) investigaba los pactos del Gobierno con estas estructuras para reducir los homicidios a cambio de beneficios en las cárceles.
Estas pruebas fueron denostadas por el fiscal impuesto en mayo de 2021, Rodolfo Delgado, luego de que la Asamblea Legislativa afín a Bukele sacara del cargo de manera irregular al exfiscal Melara y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. En enero de 2022, semanas después de haber sido reelecto en el cargo, la Fiscalía allanó las oficinas de los fiscales del caso Catedral, en una investigación en contra de los fiscales por supuestamente revelar información de casos que involucran negociaciones con pandillas. Para entonces, el exjefe de la unidad confirmó a una agencia de prensa internacional que había huido del país debido a esta persecución.
A la fecha, la postura de la Fiscalía oficialista parece ser la misma. En las publicaciones que la institución ha hecho en redes sociales, ha omitido mencionar cientos de folios, correos e informaciones obtenidas por las inteligencias de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada que confirman que esta estructura jugaba con «válvulas abiertas», para referirse a las órdenes para cometer asesinatos en las calles; y «válvulas cerradas», para suspenderlos, en medio de una negociación con el Gobierno de Bukele para reducir los homicidios a cambio de beneficios carcelarios.
Una investigación de Redacción Regional reveló que la actual administración, durante 33 meses, trasladó al menos 749 veces a los líderes de las tres pandillas a centros de asistencia por supuestas “emergencias médicas” desde donde se comunicaban con pandilleros en libertad. El máximo líder de la MS-13, Borromeo Enrique Heríquez Solórzano, conocido como el Diablito de Hollywood y acusado en este megacaso, incluso pasó un mes en un asilo de ancianos que ofrece Wi-Fi y comodidades varias como camas acolchonadas y aire acondicionado.
Nuevo revés para el ‘Plan Control Territorial’
La acusación de la Fiscalía también rompe con el libreto oficialista del control absoluto de las cárceles, en el marco del Plan Control Territorial (PCT), una supuesta política de seguridad implementada desde junio de 2019. Según el primer gobierno de Bukele, el PCT mantenía a raya a las pandillas en las cárceles y en la calle. La política, sin embargo, en realidad sirvió para permitir que la Fuerza Armada fuera incluida en la mesa de decisiones en materia de seguridad pública, una actividad prohibida desde los Acuerdos de Paz de 1992. En las dictaduras militares y durante la guerra, la seguridad pública era controlada por el Ejército, acumulando con los años graves casos de violaciones a los derechos humanos.
En el contexto actual, el PCT permitió que la coordinación de las políticas de seguridad también fuera definida por el ministro de Defensa, aunque a la postre, según oficiales policiales y militares, el PCT fue, en realidad, una política de papel que no influía en el supuesto éxito para reducir la violencia. Las fuentes han asegurado a Redacción Regional que de fondo se sabía que existía un pacto en el que las pandillas jugaban con aumentar o disminuir la violencia en las calles como carta de negociación con el gobierno.
Ahora la Fiscalía pone un nuevo sello al ataúd de esa política: durante el PCT, la MS-13 dio órdenes para cometer crímenes desde las cárceles. Pese a las fotografías de pandilleros sometidos difundidas durante la pandemia, los mensajes y los discursos de Bukele, su gobierno nunca habría tenido control de las prisiones entre junio de 2019 y marzo de 2022, cuando ocurrió la masacre que detonó el régimen de excepción.
La acusación fiscal narra las acciones de la MS-13 sin contar ni señalar a los actores que son clave para su investigación y para su caso: los agentes del Estado, del sistema penitenciario y de la Policía y del Ejército que conocieron de primera mano los pactos del gobierno con esta estructura y que facilitaron la salida de cabecillas de la pandilla incluso en la madrugada del sábado 26 de marzo de 2022, mientras Bukele, el fiscal Delgado y el gabinete de Seguridad ideaban la implementación del régimen desde Casa Presidencial.
Para entonces, la masacre en las calles continuaba y fue el detonante para que rompiera el pacto de 33 meses entre el Gobierno de Bukele y las pandillas MS-13 y las dos facciones del Barrio 18. La respuesta del Gobierno fue implementar el régimen de excepción, que se convirtió rápidamente en una política que viola sistemáticamente los derechos humanos, ha provocado la captura masiva de inocentes acusados de ser pandilleros, es señalada por cometer crímenes de lesa humanidad a nivel internacional y ha sido denunciada internamente, pese al silencio de la Procuraduría de Derechos Humanos, por torturas y otras graves violaciones a derechos humanos.
La Fiscalía también omite en su acusación que los miembros de la ranfla histórica MS-13 también fueron protagonistas de un pacto paralelo al de la reducción de homicidios: el apoyo electoral a Nuevas Ideas, el partido fundado y dirigido por familiares del presidente, para las elecciones municipales y legislativas de 2021, según lograron confirmar documentos incautados por la inteligencia militar y policial entre 2020 y 2021.
‘Zacatraz’ y las ‘medidas extraordinarias’ no eran tan eficaces, según la Fiscalía
Este 21 de abril, en la audiencia inicial de este megacaso, el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, dijo que líderes pandilleros lograron comunicarse con las calles para dar luz verde para abrir válvulas, es decir que fueron ellos quienes aprobaron los homicidios de civiles y de miembros de los cuerpos de seguridad. La investigación de la FGR, según explicaron las autoridades en redes sociales, se extiende a siete años previos de la llegada de Bukele y apunta presuntas pruebas por crímenes cometidos entre 2012 y mayo de 2019.
Además de la ranfla histórica, las autoridades pretenden condenar a otros 485 presuntos pandilleros emeese. Según un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, “413 se encuentran presentes en cinco centros penales, mientras que 72 se encuentran en calidad de ausentes con órdenes de captura vigentes”.
La FGR también le atribuye a estos líderes de la MS-13 las osamentas encontradas en la finca Suiza en Nuevo Cuscatlán. Entre las más de 200 víctimas están los casos emblemáticos de la exfutbolista Jimena Granados y los hermanos Toledo, casos que conmocionaron al país en 2021.
Según Muñoz, la Fiscalía busca que se entienda «todo el actuar delictivo» de la estructura, incluido el asesinato de policías y los crímenes cometidos de 2012 “a la última semana de marzo del año 2022, que originó el régimen de excepción, puesto que hay 86 (sic) personas que perdieron su vida. Esas 86 (sic) personas que perdieron su vida ese fin de semana también son parte del caso en contra de ese corporativo», dijo.
«Todas estas muertes se les van a atribuir a los ranfleros históricos, que son 22. A todos ellos se les pretende atribuir la totalidad de los homicidios que fueron cometidos por la estructura. Porque esta estructura mataba bajo la figura de válvulas abiertas. Es decir que válvulas abiertas era una autorización por parte de la ranfla”, aseguró el fiscal Muñoz en un video que la cuenta de la FGR compartió el 21 de abril.
En los años previos al gobierno de Bukele, los gobiernos del FMLN pasaron de una tregua abierta con las pandillas para reducir homicidios a las ‘medidas extraordinarias’, una política que instauró cárceles cerradas y sin derechos de visitas para los reos. Cuando Bukele asumió, en junio de 2019, las medidas se mantenían pero aún así, según la tesis fiscal, de Zacatraz siguieron saliendo órdenes.
Aunque el fiscal no explicó cómo lograban los líderes reclusos comunicarse con los pandilleros en libertad, informes de inteligencia obtenidos gracias a la filtración masiva conocida como Guacamaya Leaks revelaron que al menos entre julio de 2019 y marzo de 2022, con apoyo de autoridades penitenciarias y bajo la mirada de la inteligencia policial y militar, “los internos fingen estar enfermos y cuando son llevados al hospital están aprovechando hablar por teléfono y recibir visitas, situación que están aprovechando para enviar líneas delincuenciales hacia la calle”.
Al momento, la Fiscalía tampoco ha anunciado la utilización de pruebas en una acusación del gobierno estadounidense contra 13 miembros de la ranfla histórica de la MS-13, en la que se señala que “los funcionarios de prisiones también facilitaron traslados temporales de líderes de la MS-13, incluido (Borromeo) Henríquez, a hospitales civiles para que recibieran ‘tratamiento’ por enfermedades inexistentes, lo que permitió a esos líderes comunicarse con miembros de la ‘ranfla en las calles’ y facilitó las negociaciones”.
Según el comunicado de la CSJ, el testigo protegido clave Marisela aseguró que la orden de abrir válvulas pasó en los años 2012, 2016, 2019 y 2022. El testigo agregó que el Diablito de Hollywood, considerado el máximo líder de la MS-13, era quien ordenó la apertura de válvulas.
“La prueba testimonial nos sigue dando el sustento probatorio para atribuirles todos los homicidios, todos los delitos cometidos por la estructura a la ranfla, a los jefes, a los corredores de programa y esto en razón de que fueron siempre los hombres de atrás los que ordenaban desde las cárceles desde las calles cometer los hechos delictivos”, agregó el fiscal Muñoz en otro video publicado el 23 de abril.
De acuerdo con publicaciones de la FGR, la ranfla histórica está compuesta por Borromeo Enrique Henríquez Solorzano, alias Diablito de Hollywood; Carlos Alberto Valdez Herrera, alias Kid de Santos de Criminal Gánster; Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias Snayder o Tibi de Pasadena; César Antonio Lóapez Larios, alias Greñas de Stoner u Oso; Dany Fredy Ramos Mejía, alias Cisco de Teclas; Eduardo Erazo Nolasco, alias Colocho o Mustache de Wester; Efraín Cortez, alias Tigre, Chivo o el Viejo de Park View; Fernando Flores Cubas, Cola o Colo de Wester; y Helmer Canales Rivera, Crook de Hollywood, entre otros.
Este último fue liberado por el Gobierno de Bukele en noviembre de 2021, según investigaciones periodísticas de La Prensa Gráfica y El Faro, a pesar que tenía pendiente terminar de cumplir su condena y aún faltaba que respondiera ante una instancia judicial por otros crímenes. Carlos Marroquín, director de Tejido Social del Gobierno de Bukele, trasladó al Crook a Guatemala y le entregó un arma, según la documentos presentados en el juicio contra 13 miembros de la ranfla en Estados Unidos y audios publicados por El Faro.
En Estados Unidos, al igual que Crook, hay otros cabecillas de la MS-13 que conocieron del pacto con el gobierno de Bukele y que incluso sirvieron de mensajeros, en las calles, para ordenar el cese de homicidios. Entre estos se encuentrael Indio de Hollywood.
Investigaciones periodísticas en Estados Unidos han revelado que los Bukele habrían pactado con el Departamento de Estado y con Trump el retorno de estos pandilleros a cambio de prestar, a inicios de 2025, la megacárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para alojar ahí a los migrantes venezolanos que la administración Trump no quería en Estados Unidos. A la fecha, sin embargo, la administración Trump solo ha devuelto a uno de los cabecillas de la MS-13, mientras una juez federal continúa pidiendo explicaciones al Departamento de Justicia por el cese de las acusaciones contra cabecillas pandilleriles acusados de actos de terrorismo en Estados Unidos.
Los ranfleros que salieron en medio de la masacre
El otrora temible líder de la MS-13, Borromeo Enrique Heríquez Solórzona, conocido como el Diablito de Hollywood, luce frágil. Porta un corte al raz. Lentes. Y el uniforme blanco con crocs característico de los reos. No se sabe cuándo, pero fue trasladado del penal de Zacatecoluca, conocido como Zacatraz, hacia el CECOT junto con otros ranfleros.
El Diablito fue una de las piezas claves en las negociaciones entre la MS-13 y el Gobierno de Bukele. Investigaciones de Redacción Regional revelaron que fue uno de los ranfleros más beneficiados con salidas a centros de atención médica por supuestas emergencias, incluso vivió el mes de noviembre de 2021 en un asilo de ancianos con todas las comodidades.
El Diablito fue uno de los más beneficiados con los supuestos traslados por emergencias médicas. Incluso salió cuando la masacre de marzo de 2022 ya había comenzado. A las 2:30 de la tarde del 25 de marzo de 2022 salió del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a bordo del vehículo placas N-7877. Su destino fue el Hospital Bautista, donde representantes del Gobierno de Nayib Bukele se reunían con líderes pandilleros.
Las autoridades habían registrado para entonces 14 de 87 muertos que dejaría el último fin de semana de marzo de 2022, cuando a las 12:20 a. m. salió del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca rumbo a “hospital privado”. En la comitiva iban otros ranfleros históricos de Mara Salvatrucha: Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias “Snayder”, y Saúl Antonio Ángel Turcios, alias “Trece de Teclas” y otro líder de la misma pandilla conocido como Carlos Alberto Martínez Melara, “Shaggy”. El informe de novedades que elaboró la inteligencia policial afirma que los reos fueron a “consulta de emergencia” y que regresaron a la 3 de la madrugada.
Ese 26 de marzo de 2022 pasó a la historia como el día más homicida en la historia de El Salvador con 62 muertes violentas.
Según informes de inteligencia policial filtrados por Guacamaya Leaks, las autoridades sabían que las MS-13 se preparaba para dar un golpe sobre la mesa porque el Gobierno de Bukele no cumplió con su parte del trato: reinstalar las visitas familiares en los centros penitenciarios.
La FGR no ha aclarado cómo era posible que los ranfleros históricos de la MS se comunicaran con los pandilleros en las calles, pero una investigación de El Faro demostró que líderes pandilleros detuvieron la masacre de noviembre de 2021 que dejó 45 muertos. Según audios obtenidos por el medio, líderes del Barrio 18 grabaron un mensaje desde Zacatecoluca en el que le exigieron a los pandilleros en libertad que dejaran de matar porque el incremento en los asesinatos podía “echar a perder todo lo que se está tratando de hacer”, en referencia al pacto que tenían con el Gobierno.
La Fiscalía omite estos hechos en sus discursos públicos, aunque reconoce el poder de la ranfla de la MS-13. “Todos estos delitos serán atribuidos a esta ranfla histórica que es el centro de poder que tenía esta estructura criminal que es meramente homicida”, sostuvo el fiscal Muñoz.
Arranca en cortes la tesis del régimen: todos son MS-13, todos son pandilleros
Que el gobierno acuse a la MS-13 de la masacre que originó el régimen de excepción no es una acusación nueva. Casi calcada, como una copia sin matices, esta versión de los hechos es la que acompaña a cientos de requerimientos y acusaciones presentadas por la Fiscalía a los juzgados del país en los primeros meses del régimen de excepción.
Una investigación de Redacción Regional publicada en 2022 reveló que cientos de capturas, realizadas sin pruebas, por llamadas anónimas o porque los detenidos se «mostraron nerviosos» en la vía pública, recogían un común denominador: todos los acusados eran vinculados sin pruebas como parte de una amplia estructura de la MS-13 que era capaz de activarse a nivel nacional para generar zozobra, terror y provocar la ola de asesinatos registrados ese fin de mes.
En los requerimientos iniciales, sin embargo, la Fiscalía era incapaz de explicar cómo esos miles de capturados, acusados de ser pandilleros, tuvieron participación en cada uno de los 87 asesinatos cometidos ese marzo de 2022.
Expertos en derechos humanos a nivel nacional e internacional han cuestionado que los juicios sumarios que el Estado salvadoreño planea implementar para los acusados del régimen de excepción violan garantías constitucionales y la individualización del delito.
«Estas disposiciones amenazan el derecho al acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho de defensa garantizados en tratados internacionales en materia de derechos humanos», aseguró la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus iniciales en inglés) en 2023, luego de la reforma que permite este tipo de juicios.
Mientras que el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) apuntó que las reformas judiciales realizadas desde 2022 «demuestran que en la práctica la desproporcionalidad de estas medidas implica una suspensión casi total de garantías fundamentales esenciales para asegurar el acceso a un proceso justo, adelantado por un tribunal competente, independiente e imparcial».
