A primera vista, se puede pensar que se trata de una pregunta sencilla, pues su respuesta es inequívoca: para que una elección sea democrática, esta debe reflejar la voluntad popular. Sin embargo, determinar esto no es tan fácil. Muchos regímenes autoritarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela suelen presumir que representan la voluntad del pueblo, cuando es claro que no lo hacen. Celebran elecciones porque estas —aunque carezcan de autenticidad— pueden ofrecer la apariencia de que los gobiernos surgen de la voluntad popular expresada en las urnas, y no de la imposición.
Sabemos que en estos tres países se vota, pero no se elige; y que lo expresado en los resultados oficiales no refleja el sentir popular, ni siquiera de manera cercana. La persecución de opositores, personas académicas, sociedad civil y la iglesia por parte del régimen de Daniel Ortega es la evidencia cualitativa de ello. El robo descarado de la elección presidencial de 2024 por parte de Nicolás Maduro, con el 30% de votos frente al 67% de Edmundo González, es la evidencia numérica.
Sin embargo, no todos los casos son tan evidentes. México acaba de celebrar un proceso de selección de autoridades judiciales, donde, en claro rechazo, sólo el 13% de los votantes acudieron a votar (y aproximadamente 20% de éstos anularon su voto o votaron en blanco). A pesar de esta baja participación, la presidenta del país Claudia Sheinbaum acusó a una minoría de consejeros electorales (titulares del órgano electoral) de no cuidar “la voluntad popular”, pues sugirieron a la autoridad judicial no declarar la validez de dicha elección.
¿Podemos hablar de voluntad popular cuando hay una participación de apenas 13%? Y, en otros casos, ¿podemos estar seguros de la intención del pueblo, cuando la ciudadanía no contó con suficiente información sobre las candidaturas? ¿O cuándo alguna candidatura fue excluida por motivos políticos? ¿Cuándo el gobierno inundó la elección con recursos públicos como en México en 2024? ¿Cuándo se usaron programas sociales para comprar el voto como en Venezuela con Chávez y Maduro? ¿Cuándo una candidatura tuvo una desproporcionada cobertura en medios de comunicación frente a otras que fueron invisibles? ¿O cuando una ‘simple’ reorganización administrativa y reducción de municipios diluyó el voto de la oposición, como en El Salvador?
No hay respuestas simples. Para ello, recientemente diseñé una metodología, denominada “Índice de Elecciones Democráticas”, que permite evaluar el grado en que una elección es justa y libre, y con ello saber si se está ante una elección democrática o ante una simulación autoritaria. Se trata de 30 indicadores, fundamentados en el derecho internacional, que evalúan la integridad de una elección en una escala de 0 a 100 puntos. En esta escala, una puntuación inferior a 40 equivale a elecciones profundamente inequitativas con resultados cuestionables.
Aquellos países debajo de este umbral se pueden considerar como autocracias que, a pesar de puntajes medios o altos en algún indicador, en conjunto no reúnen condiciones para la celebración de elecciones libres y justas. En cambio, las elecciones celebradas en aquellos países por encima del umbral, dependiendo de su puntaje, pueden presentar problemas, pero aun así ser suficientemente libres y justas para ser consideradas democráticas.
¿Y qué es lo que mide este Índice, y cómo ayuda a determinar la voluntad popular? Este Índice, a diferencia de otras medidas, no sólo se enfoca en las características técnicas o administrativas de una elección, sino también en las condiciones que hacen posible que un voto sea libre y equitativo. Libertad e igualdad son las dos grandes circunstancias que permiten un voto y una elección auténtica.
Primero, un proceso electoral debe garantizar libertades básicas de expresión, de asociación y asamblea, y de movimiento. Sin ellas, partidos y candidatos no pueden crearse, difundir sus ideas y plataformas; y la ciudadanía no puede expresarse, criticar, formar su opinión y llevarla a cabo. Segundo, la igualdad se refiere no sólo al mismo peso que deben tener los votos de la ciudadanía, sino que la competencia, la participación y la representación sean equitativas.
Estas dos condiciones deben estar presentes a lo largo del proceso electoral en aspectos como el acceso a la información, los medios de comunicación, el marco jurídico que rige la elección, el sistema electoral que convierte votos en escaños, el registro de votantes, el financiamiento de candidaturas y en el actuar de las autoridades electorales, entre otros. Así, por ejemplo, en relación con los medios de comunicación, el índice mide – a través de tres indicadores- si a) los medios de comunicación del país son libres e independientes; b) si se dio una cobertura equitativa a todas las candidaturas; y c) si el gobierno actuó con neutralidad con relación a los medios.
Una elección, para ser democrática, debe ser auténtica, libre y justa. Este índice evalúa el cumplimiento de esto en el sentido más amplio. Busca que todos los ciudadanos aparezcan en el registro electoral; que tengan el mismo acceso físico a un centro de votación; que puedan conocer y tener información de todas las candidaturas; que exista seguridad física para emitir su sufragio; que no sean intimidados ni discriminados; que tengan libertad para hacer campaña; que las autoridades traten a todos los competidores por igual; que los funcionarios electorales sean profesionales; que ninguna candidatura sea excluida indebidamente, que su voto sea libre y secreto.
Sólo así, cumpliendo estas condiciones, que van más allá de poder depositar una papeleta en la urna, se puede estar seguro de cuál es la voluntad popular. En esto es donde se debe poner la atención cuando los tiranos afirman representar al pueblo.
