El reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la entrega de los 1,400 millones de dólares en 40 meses expone la realidad de un país que, a pesar de los costosos esfuerzos publicitarios, no materializa la transparencia, la gobernanza y menos aún la rendición de cuentas, revelando retrocesos, vacíos legales y una cultura de opacidad institucional. Además del dinero proporcionado por el Fondo, El Salvador recibirá en el periodo recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). En conjunto, las cinco entidades otorgaran un monto que superará los $3,300 millones.
Algunos de los compromisos adquiridos por el gobierno salvadoreño, ya materializados, según el FMI, carecen de la profundidad necesaria para transformar un sistema de gestión pública profundamente corrupto y débil; otros, no parecen a simple vista fáciles de cumplir.
Pero vayamos por partes. Primero hay que entender que ningún dinero va a alcanzar si no hay transparencia. Los condicionamientos en materia de transparencia pretenden, al menos en el papel, asegurar que los recursos proporcionados por el programa sean utilizados de manera racional. Por supuesto, la adquisición de Bitcoins queda fuera de esa categoría. Por lo tanto, corresponde al FMI -el principal interesado desde la perspectiva financiera, pero también a la ciudadanía salvadoreña-, verificar el cumplimiento de cada uno de los compromisos para asegurar que cada centavo que paguemos como país por esa deuda haya valido la pena.
En un contexto en el que, cito al FMI, «se han agotado los colchones externos y financieros, lo que ha dejado a la economía en una posición vulnerable», es crucial evitar un aumento de la deuda pública, que se estima rondó el 87% del PIB a finales de 2024. Para ello, es esencial que los recursos públicos se destinen de manera transparente y auditable a prioridades fundamentales para la población, especialmente a los 2,3 millones de personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y vivienda, según el documento publicado por el FMI.
Para asegurar que el dinero sea bien utilizado, uno de los factores relevantes del acuerdo es la información que el gobierno debe proveer a la ciudadanía y que hasta ahora ha sido silenciada. Una luz en la opacidad ha sido la revelación de los estados financieros de Chivo S.A de C.V, que vienen a confirman lo que los expertos habían anunciado: Chivo es un hoyo negro que se traga recursos públicos. Igualmente ha ocurrido con el destape de los montos tomados por el Ejecutivo de la cuenta de garantía solidaria del fondo de pensiones. Esta es información que los salvadoreños tenemos derecho a conocer sin necesidad de un acuerdo con un organismo financiero internacional.
En materia de criptoactivos, un informe de Cristosal evaluó los dos años de implementación de la Ley Bitcoin, aprobada sin respaldo técnico ni discusión en la Asamblea Legislativa, destacándose su fracaso y las graves consecuencias de su opacidad y falta de fiscalización. Por el momento, aun los salvadoreños desconocemos, por ejemplo, las erogaciones del Fidebitcoin, las evaluaciones previas al procedimiento de compra del criptoactivo, el proceso de autorizaciones, la habilitación legal, la titularidad de la cuenta; es decir, todo lo que referente al control y a la rendición de cuentas.
De ahí que es relevante que se cumpla el compromiso de publicar, para finales de 2025, información sobre la sociedad Chivo y su billetera, las auditorías de la Corte de Cuentas a Fidebitcoin y a la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin, así como transparentar las direcciones de todas las billeteras electrónicas frías de Bitcoin del sector público. En este sentido, el acatamiento y la metodología para dar por cumplidos o no esos indicadores son claves. Prometer no es suficiente y publicar cualquier cosa, tampoco.
Respecto a los beneficios prometidos con la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, como la construcción de escuelas y el envío de remesas sin costos adicionales, no se han materializado. Evidencia de esto es que la supuesta “reserva” tiene el número exacto de bitcoins anunciados de cada compra publicada, lo que confirma que no se han realizado obras con las ganancias.
Además, la billetera digital Chivo ha sido objeto de numerosas críticas por problemas de seguridad y fraudes, afectando a cientos de ciudadanos que quedaron desprotegidos con el hurto de su identidad, frente a una empresa que no supo establecer los seguros informáticos necesarios para cuidar de sus datos personales de la población.
Por último, quizá un mal presagio en la seriedad con la cual el gobierno está tomando este fondo de ayuda es la compra de más Bitcoins con el riesgo que eso supone para la continuidad del acuerdo con el FMI. Entre el 26 de febrero, que se anunció el acuerdo, hasta el 13 de marzo, el presidente de la República y la Agencia Administradora de Bitcoin publicaron en redes sociales, sin ruborizarse, la adquisición de alrededor 25 bitcoins más, cuando uno de los compromisos era la limitación de nuevas compras de la criptomoneda. Al respecto, y a través de su vocera, el FMI expuso que esas compras -según el gobierno salvadoreño- eran “consistentes con la condicionalidad acordada para el programa”.
Debe quedar claro que si el Estado salvadoreño en el acuerdo plasmó que “ya no acumularemos nuevos Bitcoins en nuestra cartera” y el FMI consideró, en ese mismo documento, que los escasos recursos no deben usarse en inversiones especulativas, es evidente que seguir adquiriendo Bitcoins, aun cuando el acuerdo pudiera no ser exigible todavía, o es una posición retadora del gobierno o es un alarde. En todo caso es una actitud irresponsable que denota poca seriedad del gobernante. En definitiva, un gesto que potencia el conflicto de interés, ya que todos los bitcoins se han adquirido al mismo ente privado, Bitfinex, cuyos representantes han sido parte de la redacción de las mismas leyes que les han beneficiado.
En conclusión, el daño ya está hecho: el gobierno ha gastado miles de millones de dólares en una inversión especulativa sin retorno claro, en un activo volátil, con implicaciones económicas para un país con escasos recursos y bajo una opaca relación que podría estar inmersa en un conflicto de interés.
Por lo pronto, las maniobras del gobierno no auguran buenos resultados si este juega a seguir por la senda del Bitcoin, mientras sus apuestas contra la transparencia se mantienen y las supuestas nuevas herramientas contra la corrupción no son efectivas. Pero de eso hablaremos en otro artículo.
