El lunes 24 de marzo, 27 plataformas que aglutinan a más de 300 organizaciones sociales, iglesias y comunidades, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad, con más de 59 mil firmas, contra la Ley General de Minería, aprobada en diciembre de 2024 y que generó preocupación a nivel nacional y en las comunidades que se verían afectadas de manera directa.
Esta maniobra contra la última apuesta impopular de Bukele coincide con el protagonismo que en los últimos tres meses han tenido sectores de la Iglesia católica encabezados por curas y obispos, en una abierta lucha por el agua, la vida y el medioambiente. Su crítica se centra en el rechazo a la extracción minera y sus consecuencias sociales y medioambientales. Junto a una parte significativa de la sociedad civil, retoman el mensaje de Monseñor Romero –muy presente para los salvadoreños y cuyo martirio se conmemora cada 24 de marzo– como consigna ante una política que afecta a los más vulnerables.
El gobierno es señalado de priorizar el crecimiento económico a cualquier costo, sobre la sostenibilidad y los derechos de las comunidades. Y contra esto, la campaña vinculada de la Iglesia incluyó la recolección de 150 mil firmas contra la minería, que fueron entregadas el pasado 19 de marzo por la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), máxima autoridad católica en el país, a la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista de Bukele, para que se derogue la ley aprobada en diciembre pasado.
Ahora las protestas contra la minería van más allá y en un segundo esfuerzo se litiga además ante las cortes también dominadas por Bukele. «Vamos a conmemorar el 45 aniversario del martirio de nuestro profeta y mártir Monseñor Oscar Arnulfo Romero, junto a las iglesias progresistas, de quien es ahora un santo del mundo, de América y El Salvador», dijo Gustavo Deleón, secretario del Comité Nacional Monseñor Romero, un colectivo de creyentes cristianos que participó en el recurso de inconstitucionalidad.
“Es una demanda del pueblo salvadoreño. Lo que procedería es admitirla, analizarla y declararla inconstitucional. Es lo que tendría que ocurrir en un país donde una Sala de lo Constitucional sea independiente y se atenga a la protección de los derechos de los salvadoreños”, dijo Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción y justicia de la organización Cristosal.
La mirada de un Jesús que opta por los últimos de los últimos está presente en ambas iniciativas, así como «el legado de Romero que debería ser la motivación para realizar cambios en el país».
Pero desde diciembre hasta hoy, la Iglesia católica ha sorprendido al resucitar su liderazgo en este tema, aún luego de las diferencias o silencios que algunos de sus sectores han mostrado hacia el régimen de excepción que rige en El Salvador desde marzo de 2022. Serán tres años este mismo jueves, sin que la Iglesia salvadoreña, formalmente como institución, se haya posicionado en unidad respecto al tema. Las apuestas de Francisco para la Iglesia a nivel global, podrían inclinar la balanza para profundizar el legado de Romero por la paz y los derechos humanos.
La Iglesia salvadoreña frente al régimen de Bukele
Que la CEDES sostenga su no rotundo al proyecto de reanudación de la actividad minera en el país, que ya sufre de estrés hídrico, es posible, entre otras cosas, por la influencia del Vaticano y su actual posicionamiento frente a la minería.
“Hay un contexto salvadoreño para explicar el punto al que hemos llegado y hay un contexto amplio”, afirma Juan Vicente Chopin, miembro de la Cooperativa de Sacerdotes y crítico del modelo Bukele. Explica que el arzobispo anterior –el español Sáenz Lacalle, del Opus Dei y a su vez ingeniero químico– había tenido un posicionamiento bastante crítico contra la minería. En 2017, cuando una suma de esfuerzos entre organizaciones de la sociedad civil, religiosas y partidos políticos prohibieron la minería metálica, José Luis Escobar Alas, actual arzobispo, ya se encontraba en el cargo. Fue él quién retomó la lucha para su prohibición junto a otros actores de la sociedad civil. Así, la Iglesia fue líder de esta causa medioambiental con el argumento de la lucha por el agua desde hace años.
Aunque no con la misma magnitud ni movilización, en 2021 la Iglesia también cuestionó la aprobación de una ley general de aguas lesiva para las mayorías y a favor de las grandes industrias extractivistas. En su comunicado, la CEDES exponía sus dudas sobre la preponderancia nociva que las empresas privadas podrían tener por sobre las juntas de agua comunitarias, y exigían la ratificación de las reformas constitucionales que daban cuenta del derecho humano al agua.
Pero si el llamado contra la minería es contundente, la postura de la Iglesia frente al régimen de excepción no es conclusiva. Hace un año, la CEDES informaba a la Conferencia Episcopal Latinoamericana y Caribeña (CELAM) que reconocía los logros de la gestión Bukele en materia de seguridad y que la relación sostenida con el gobierno iba en cuestiones funcionales; “especialmente en áreas donde tenemos que relacionarnos, como la educación, dado que los centros escolares católicos son subsidiados por el estado”, en palabras de Monseñor William Iraheta. Al mismo tiempo, la Iglesia abogó por una justicia rápida y expedita para todos, “quien sea inocente, que salga pronto y quien sea culpable, que sus derechos como reo, sean respetados”, agregó Iraheta.
Chopin, párroco de la iglesia El Calvario en el municipio de San Sebastián, cuenta que “la jerarquía católica salvadoreña -los obispos en su mayoría- no habían tenido confrontaciones con el gobierno”. Aclara que hay sacerdotes y obispos que están de acuerdo con el régimen de excepción de Bukele, al igual que una mayoría desalvadoreños, según las encuestas. “Entonces, estamos divididos en ese sentido”, agrega.
Pero el Vaticano también ya ha puesto sus ojos en las denuncias contra el régimen. La visita del cardenal Czerny en noviembre ha transmitido la preocupación formal y contundente de la Santa Sede por la situación de derechos humanos en El Salvador. No es su primera vez en este país: el jesuita había venido en solidaridad durante el conflicto armado interno y también fue director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. En una conferencia ofrecida en la sede diplomática del Vaticano en la capital, el cardenal reiteró la importancia del respeto a los derechos humanos, en medio de cuestionamientos de detenciones de personas inocentes, los abusos y muertes de prisioneros en cárceles en manos del Estado: “estos principios no son opcionales y hay años y décadas de experiencia para interpretar y condicionar políticas de gobiernos con respecto a ellos».
Sin embargo, a falta de claridades sobre el régimen, contra la minería sí hay unidad. La presión social en rechazo a la explotación minera, “un tema que ya tiene varias décadas de ser tratado”, puede haber tocado alguna fibra en una institución llamada a una preferencia por los pobres. Que la Iglesia se haya posicionado en su totalidad llama la atención y, de alguna manera, anima al debate público ante una decisión apenas consultada por el gobierno y con alta desaprobación ciudadana.
En el último comunicado de la CEDES, que se corresponde al depósito de las firmas recolectadas para solicitar la derogatoria de la Ley, se incluye una cita de Monseñor Romero sobre la defensa de la vida. La apelación a su figura como una «reserva moral» es cada vez más frecuente y alcanza a sectores seculares, explica Chopin. No sólo cuando el presidente Bukele ha intentado remover imágenes del santo sino, sobre todo, cuando atenta contra la transparencia y los derechos humanos.
El rechazo a la minería permite ver los debates y la movilización que son capaces de impulsar los posicionamientos del Vaticano hoy, a nivel local e internacional, en particular para la región latinoamericana. En El Salvador, donde la fe como organizador social tiene tanto potencial, las posturas de Francisco son relevantes. La Iglesia católica bajo su pontificado propone que el cambio se construya desde “la periferia, porque la verdadera realidad se ve desde allí».
El Vaticano y su reforma que incomoda
En 1978, ante la escalada de violencia en El Salvador que condenaba a quienes se oponían al régimen de ese entonces, Romero decide presentarse en la sede del Vaticano -donde años antes había estudiado-. Ante su denuncia pública de que el «gobierno estaba matando al pueblo”, Juan Pablo II le pide al sacerdote, entonces arzobispo de San Salvador, «que se llevara bien con el gobierno por la ‘paz social«. Según contaron quienes eran cercanos al arzobispo, él se sentía «solo y abandonado» por la propia cúpula de su institución. Tan solo dos años después, Romero era asesinado en su capilla durante una misa, hecho que sería un punto de quiebre en el inicio del cruento conflicto armado interno en el país (1980-1992).
En la plaza de San Pedro y exactamente 40 años después, es el Vaticano quién consagra a ese cura salvadoreño, como San Romero de América. Y en ese mismo acto conmemorativo consagra a Juan Pablo II, quien años antes le dio la espalda a Romero. ¿Cómo se explica que esa misma Iglesia no sólo «perdone», sino también reivindique a dos figuras tan antagónicas? Ya desde los primeros días de Francisco, el Vaticano gestionaba el proceso de esta canonización, que hasta ese momento se encontraba «cajoneado» en los interminables despachos de la Santa Sede. Pero, ¿por qué era tan importante este arzobispo centroamericano para Francisco?
A diferencia del contexto de Guerra Fría que marcó el papado de Juan Pablo II, donde el Vaticano pregonaba una defensa moral ante un posible avance del comunismo; Francisco se convierte en Papa en otro momento político y social. Mientras la historia de Juan Pablo II se vio fuertemente marcada por la avanzada soviética en su tierra natal, la de Francisco fue marcada por su formación teológica y social desde «el Tercer Mundo» y no desde Roma. Vivió procesos de fuerte autoritarismo en el continente en los setenta, resistió en las calles junto a los movimientos sociales en los noventa y durante la crisis política del 2001 en Argentina.
Óscar Arnulfo Romero (1917-1980) es reconocido por su profundo compromiso con los valores cristianos y la defensa de la paz en tiempos turbulentos. Sus homilías e intervenciones denunciaban la persecución política, los asesinatos de campesinos -y otros religiosos- y la violencia que las dictaduras militares ejercían contra la población civil. A pesar de las denuncias, investigaciones y pronunciamientos de la Comisión de la Verdad (1993) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nunca se procesó a los autores materiales e intelectuales de su asesinato: un escuadrón de la muerte vinculado al líder del partido de la extrema derecha, Arena. Más tarde, la conmemoración de su magnicidio inspiró la celebración del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas, declarado por las Naciones Unidas. Por décadas, la canonización de Romero fue obstruida y sólo la llegada de Francisco permitiría reanudar ese proceso. Romero fue beatificado en 2015 y santificado en 2018, en Roma.
La cruzada integral de Francisco
El historiador Gianni La Bella apunta que «Francisco ha construido un discurso profundamente relacionado con las realidades de América Latina». En particular, se inscribe dentro del legado del Concilio Vaticano II (1962-1965), con la Iglesia como un agente comprometido con la justicia social, la paz y la dignidad humana. De allí la opción preferencial por los pobres que encarnó la Iglesia Latinoamericana desde entonces y que el Papa, todavía cura y de apellido Bergoglio, seguía.
Esta se había consolidado en la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (CELAM), celebrada en Medellín en 1968. La última conferencia de la CELAM fue en Aparecida, Brasil (2007) y fue un punto clave para edificar lo que sería el pontificado de Francisco. “Ésta y su documento final, destacaron el compromiso de la Iglesia Latinoamericana con los desafíos sociales y políticos de la región y fue, en gran medida, el resultado del trabajo y la influencia de Bergoglio, responsable de su redacción”, escribe el periodista Hernán Reyes Alcaide en su caracterización del Papa.
Alcaide considera aquel documento como «el último gran aporte del episcopado latinoamericano a la Iglesia universal» donde se da cuenta del deber pastoral de acompañar a los migrantes y refugiados; defender a la naturaleza y a los afectados por su explotación/destrucción; incluso de promover la integración regional.
Podemos reconocer, entonces, que estos antecedentes de Bergoglio en su paso por la CELAM y su trayectoria junto a una iglesia latinoamericana, tienen un marcado correlato, ya como Francisco, a través de sus encíclicas. Laudato si’ (2015) enfatiza el cuidado del medioambiente; y el Sínodo de Obispos dedicado a la Amazonía (2019) reflexiona sobre la región, sus pueblos indígenas y la ecología integral, buscando «nuevos caminos para la Iglesia”; con su posterior exhortación Querida Amazonía (2019). Esta es una coincidencia entre una Conferencia Episcopal salvadoreña, que resucitó en el tema minero recordando a su santo, y la apuesta del Papa sobre el cuidado del medioambiente. ¿Será ésta la muestra taxativa de la influencia que ejerce el Vaticano sobre sus diócesis, o será simplemente una obra de Dios?
Otros niveles importantes de actuación consisten, entre otras cosas, en el establecimiento de una serie de instituciones para ordenar el trabajo territorial, como la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM) con su fundación en 2019, un apoyo para el caso salvadoreño. Otro se refleja en los recientes nombramientos de cardenales en latitudes diversas –quienes eventualmente participarían de la elección del próximo pontífice, entre los cuales hay varios arzobispos latinoamericanos cuyas trayectorias coinciden con su proyecto. «Ahí es donde veo la fuerza transformadora, desde la periferia», sostiene Francisco.
Los nombramientos de cardenales en territorios donde se están dando importantes discusiones geopolíticas, sugieren una de las últimas apuestas del Papa por el medioambiente y la dignidad humana de migrantes. Esto lo confirmará el tiempo, pero por lo pronto entre ellos destacan el actual arzobispo de Porto Alegre, Brasil; el franciscano Jaime Spengler, que ya es presidente de la CELAM y de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB). En una entrevista radial, anunció el lanzamiento de la campaña Fraternidad y Ecología Integral, de cara a la realización de la COP 30 en Belém (PA); motivada por el décimo aniversario de la creación de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y de la publicación de la Carta Encíclica Laudato Si. Cuando le preguntan qué le diría a los «negacionistas climáticos» –que se trata de una parte de la política brasileña–, insiste en que «basta con abrir los ojos» a lo que la ciencia está mostrando, sin perder la perspectiva de la fe. La drástica pérdida de bosques primarios en la Amazonía (15% entre 2021-2022), se corresponde con las acciones y omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro, como el deterioro de protecciones ambientales y el desmantelamiento del control de actividades ilegales sobre los recursos naturales.
En diciembre pasado, el padre Spengler hizo una reflexión sobre la desigualdad, la polarización política y la dificultad para construir consensos, recordando que tanto la Doctrina Social de la Iglesia como la política deben perseguir el bien común. El mismo año, en otra ocasión, alertaba que la democracia vive un tiempo de crisis y destacaba el compromiso cristiano con esa agenda.
Entre otras designaciones de similar jerarquía, el Vaticano optó por nuevos obispos: en Los Ángeles, Estados Unidos, colocó a José Horacio Gómez. Que en la arquidiócesis más grande de ese país se haya designado a un sacerdote de origen latino pareciera un símbolo para que las voces de esas comunidades sean escuchadas ante las políticas migratorias de Trump. También ha encargado al cardenal Robert McElroy de San Diego, como nuevo arzobispo de Washington DC; de perfil progresista, crítico del trumpismo y defensor de los migrantes. En el mismo sentido, la reciente carta a la Iglesia estadounidense expresa su preocupación por el aumento de las deportaciones masivas de la administración Trump y rechaza la identificación de la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad. Publicada en español como idioma oficial por el Vaticano, pide allí velar por la dignidad de los inmigrantes y refugiados.
El regreso de Trump y la sintonía de gobiernos como el de Nayib Bukele, Daniel Noboa en Ecuador, o la amenaza de figuras como Jair Bolsonaro en Brasil, ponen en evidencia que ante los desafíos más urgentes –la crisis medioambiental y la migración–, la Iglesia ya viene construyendo un posicionamiento alternativo y humanista a partir de la llegada del argentino a Roma. El salto que dio la Iglesia en El Salvador también encuentra sintonía en otras acciones que han sido promovidas por Francisco en la región. Dentro de las discusiones políticas y económicas que el continente está dando, en la disputa geopolítica actual, puede ser una voz relevante ante proyectos que atentan contra los derechos humanos. ¿Regresará la opción preferencial por los pobres en tiempos en que reinan los autoritarios, las injusticias, las violaciones a derechos humanos y la depredación del medioambiente?
El tiempo lo dirá. Por ahora, el mundo sigue atento a las condiciones de salud que viene enfrentando Francisco, en el mes que se cumplen 12 años del inicio de su papado. Se abren preguntas por la continuidad del camino que éste traza en la institución, y también en la sociedad. El Sumo Pontífice ha dicho en varias instancias que la tarea es “iniciar procesos más que ocupar espacios de poder». Desde esa óptica pueden interpretarse, entonces, los nombramientos del clero en distintas latitudes, sus textos que orientan la vocación cristiana en estos tiempos y los ecos de sus decisiones.
