Las imágenes de los juicios masivos solo me recuerdan al manejo que hacían de los procesos electorales los gobiernos militaristas durante los años setenta, porque hay imágenes que el poder diseña para quedar como memoria oficial de una época. Para ser transmitidas, para implantar una idea, como una verdad incuestionable, antes de que alguien pueda hacer preguntas.
Según me explicó un especialista electoral hace muchos años, a los gobiernos militares de esos años les encantaban los grandes centros de votación para reproducir una idea de legitimidad, porque en ellos, las cámaras encontraban gente a montones, urnas, papeletas, dedos manchados de tinta, democracia. En fin, una gran fiesta cívica. Y las imágenes gritaban: “¡Aquí hay democracia, no miedo!”
No importaba solo votar. Importaba mostrar que se votaba. Importaba que el país y el mundo vieran centros llenos, no comunidades vigiladas. Urnas, no fusiles.
Por eso, cuando veo las imágenes del juicio masivo con cientos de pandilleros tatuados, acusados de centenares de delitos, no puedo evitar pensar en esa lógica. Otra vez la multitud. Otra vez la escena fabricada en la mente de un publicista. Otra vez el poder aglomerando cuerpos para reproducir una idea, como ya ocurrió con los torsos desnudos en el patio de un penal o con los rostros tatuados tras las rejas del CECOT.
Si antes las imágenes buscaban decir que en regímenes militares había democracia y al inicio del régimen de excepción, nos decían que “hay seguridad”; ahora parece ser que buscan decirnos que en El Salvador “hay justicia”, cuando todo sabemos que el sistema está cooptado y carente de garantías.
Quizá ahí está el problema: un juicio no debería necesitar ser una demostración de fuerza. Un juicio sirve para establecer hechos, determinar responsabilidades en base a pruebas, permitir defensas y generar sentencias apegadas al derecho. Persona por persona. Caso por caso. Sin convertir el número de acusados en argumento de culpabilidad. Pero si lo que manda es la imagen, no hablamos de justicia, sino de comunicación política.
No digo que no haya personas responsables de delitos graves. Claro que las habrá. No digo que el Estado no deba investigar, acusar y juzgar. Al contrario, es su deber hacerlo. Lo que digo es que el castigo sin garantías no repara al país. Y que un juicio organizado como imagen de poder se parece más a una pieza de propaganda que a un acto de justicia.
Y no, no se equivoque: esto no es una defensa de pandilleros. Las pandillas destruyeron vidas, familias, barrios y cualquier idea básica de libertad en muchas comunidades. Pero la justicia no se mide por el tamaño de la audiencia ni por la cantidad de acusados en una misma causa.
La justicia se mide por la posibilidad de que a cada acusado se le aseguren las garantías necesarias para una defensa técnica real. Pero sobre todo, por la independencia de un Ministerio Público y de unos jueces que busquen hacer justicia sin mirar hacia Casa Presidencial. Por la capacidad de acusar sin obedecer al poder.
Ahí está el problema. Muchos de esos acusados que aparecen en las imágenes también fueron beneficiados por el Estado que ahora los acusa. Basta revisar las investigaciones periodísticas que han documentado los pactos del gobierno de Bukele con las pandillas para entender que la historia no empieza en esa sala de audiencias.
Porque detrás de las acusaciones que hoy presentan los fiscales hay preguntas que no aparecen en la imagen: Preguntas por las salidas del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, silencios y omisiones del Ejército, la PNC y muchas omisiones y responsabilidad política de todo el gabinete de seguridad.
Pero esas preguntas no caben en la escena oficial. La imagen necesita acusados. Necesita pandilleros. Necesita rostros tatuados. Necesita una multitud que confirme el relato. Lo que no necesita es preguntar es quién los sacó, quién los protegió, quién negoció con ellos y quién decidió mirar hacia otro lado.
Otros, que no están en esa sala, también deberían despertar la curiosidad de la fiscalía y d la población. El Crook, por ejemplo, debería estar junto a sus compañeros de pandilla, respondiendo ante la justicia salvadoreña. Pero no está. Está bajo la custodia de Estados Unidos, porque, según investigaciones periodísticas, fueron funcionarios del gobierno de Bukele quienes lo sacaron de prisión en noviembre de 2021.
Pero, por lo pronto, la imagen es brutal: juicios masivos a ranfleros de las pandillas. “Justicia”. La propaganda no siempre miente con palabras. A veces necesita que todos miremos imágenes de mucha gente.
Por eso, estas imágenes les importan, porque nos acostumbraron a creer que la multitud prueba algo. Centros de votación llenos probaban democracia. Cárceles llenas que prueban seguridad. Juicios llenos que prueban justicia. Tal vez la pregunta debería ser otra: ¿Qué y quiénes quedaron fuera de esta imagen histórica?
P.D.: Algunos han querido comparar estos procesos con Núremberg, donde se juzgaron crímenes de guerra y de lesa humanidad. La comparación no se sostiene por ningún lado: entre ambos procesos hay diferencias de origen, contexto, propósito y garantías. Pero no sería la primera vez que un gobierno usa la historia como utilería política. Es parte del manual: tomar el pasado, vaciarlo de contexto, acomodarlo a su narrativa y usarlo para justificar cualquier acción de su presente.
