Nayib Bukele, presidente inconstitucional de El Salvador, ha reactivado su campaña contra las voces críticas de las organizaciones de la sociedad civil con el anuncio de una nueva Ley de Agentes Extranjeros que gravaría con un 30 % los ingresos que estas perciben vía donaciones para operar en el país.
“He decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que estas ONG reciben”, escribió en su cuenta oficial en X.
El anuncio de Bukele ocurre un día después de que una comunidad en Santa Tecla, La Libertad, fuera reprimida por agentes antimotines de la Policía y de la Brigada Especial de Seguridad Militar en una protesta pacífica contra una orden de desalojo judicial de 300 familias de la cooperativa El Bosque. Los policías y los agentes de la «Policía Militar», sin facultades para operaciones de seguridad ciudadana, capturaron a José Ángel Pérez, Diego Guzmán Rodezno y Moisés Galeano, líderes de la comunidad; y a Alejandro Hénriquez, abogado de la cooperativa y defensor de derechos humanos.
La manifestación y la represión policial, cubierta por medios de comunicación independientes y denunciada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, ha sido utilizada como excusa por el mandatario para anunciar la revitalización de la ley.
Según Bukele, esa comunidad y esas familias “fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno. La presencia coordinada de medios, el acarreo evidente y los banners impresos profesionalmente lo confirma”, escribió.
El anuncio de Bukele adelanta la repetición de una moción con similares características que intentó impulsar en su primer gobierno, el legítimo, en 2021, con una normativa que iba más lejos de la ley de agentes extranjeros nicaragüense, que en ese país aniquiló el ecosistema de organizaciones de la sociedad civil y potenció la expulsión de más de 3 mil entidades en los últimos cuatro años.
En esa primera apuesta, el gobierno buscaba “prohibir la injerencia extranjera” en El Salvador al regular y gravar con un impuesto del 40 % a todas aquellas organizaciones de sociedad civil o medios de comunicación que el gobierno consideraba que estaban participando en política o alterando el orden y la estabilidad del país.
La cacería contra el “enemigo interno”
Desde junio de ese año, en el marco de su segundo discurso a la nación, Bukele declaró como enemigos de su gobierno a las OSC y medios independientes que cuestionaban y criticaban sus derivas autoritarias y las violaciones a los derechos humanos y al derecho al acceso información de su gobierno.
Según Bukele, el combate al “enemigo interno” era el quinto paso de su proyecto político: una lucha frontal contra organizaciones de la sociedad civil, tanques de pensamiento y medios de comunicación, a quienes definió como el aparato ideológico de los poderes fácticos. “Comienza la batalla del pueblo salvadoreño contra el aparato ideológico”, dijo el 2 de junio de 2021, en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
Cinco meses más tarde, Bukele promovió una primera ley con la cual las personas naturales o jurídicas que recibieran fondos o apoyo del exterior estaban obligadas a registrarse como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación. Además, la propuesta limitaba ampliamente las actividades en las que podían participar aquellas organizaciones y personas consideradas “agentes extranjeros”.
Sin embargo, para enero de 2022 la propuesta dejó de ser impulsada en la Asamblea Legislativa, a pesar de que Nuevas Ideas, el partido de Bukele, contaban con la mayoría de los votos para aprobarla.
De fondo, la presión de la comunidad internacional hizo recular al gobierno, que ahora regresa de nuevo con una medida bajo un nuevo contexto en el que la administración Trump coincide con el gobierno salvadoreño en los discursos contra las entidades no gubernamentales.
