El presidente Nayib Bukele anunció que su gobierno está evaluando expedientes de personas encarceladas durante el régimen de excepción para conceder libertad anticipada a quienes considera culpables de colaborar con pandillas en contextos de “sobrevivencia” u obligados por estas estructuras criminales. La declaración reabre las interrogantes sobre una comisión paralela al sistema de justicia, revelada meses atrás por su hermano Ibrajim Bukele, y plantea una cuestión sobre las interferencias del Ejecutivo en asuntos que le competen a la Fiscalía y los jueces, las únicas entidades mandatadas por la Constitución para investigar el delito y determinar la culpabilidad y resolver sobre la libertad de los procesados, respectivamente.
«Estamos evaluando los casos para ofrecer una liberación anticipada a una gran cantidad de reos que sí son culpables, que sí merecen estar en la cárcel, pero que en las condiciones que vive nuestro país tal vez se puede hacer una excepción con una gran cantidad de ellos», dijo el mandatario, ante la pregunta de una periodista que le pidió explicaciones sobre una comisión paralela al sistema de justicia que estaría revisando expedientes del régimen y anunciada meses atrás por su hermano, Ibrajim Bukele.
Bukele, que negó que su hermano participara en alguna comisión de este tipo, luego señaló que su gobierno tiene un plan para la mitad de los reos detenidos durante el régimen. “Nosotros tenemos un plan, que creo que beneficiaría a un 50 %, más o menos, de los presos que hay en El Salvador, que han colaborado con pandillas, con una liberación anticipada. Es culpable, pero lo liberaríamos condicionalmente. Liberarlo con monitoreo… liberación condicional”, dijo.
Sin embargo, no explicó quién realiza las evaluaciones, bajo qué autoridad ni cómo se distinguirá entre personas condenadas y otras que, pese a llevar desde 2022 encarceladas, no han sido vencidas en juicio.
En abril pasado, su hermano describió un equipo interinstitucional dedicado a revisar capturas, con participación de entidades públicas y personal del despacho de la primera dama. El presidente negó que su hermano formara parte de alguna comisión, pero no aclaró el fundamento legal, la composición ni las atribuciones del mecanismo que ahora asegura estar utilizando.
Hasta la fecha, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) había confirmado la entrega de centenares de expedientes al comisionado de derechos humanos de Bukele, Andrés Guzmán Caballero, quien renunció a su cargo en mayo de 2025. Según MOVIR, Presidencia mantenía una comunicación constante con la Procuraduría General para atender esos expedientes.
En la nueva versión de Bukele, esas “evaluaciones” existen, pero no como las comentó su hermano en redes sociales. Bukele tampoco explicó si las decisiones serán tomadas por fiscales, jueces o una estructura que actúe junto a esas instituciones.
Sin reglas públicas, el anuncio deja abierta la posibilidad de que la suerte de miles de detenidos dependa de criterios cuya aplicación no puede examinarse ni cuestionarse de manera transparente.
Aun así, el anuncio introduce un cambio en el discurso de un gobierno que durante cuatro años ha defendido las capturas masivas como una victoria contra las pandillas y ha presentado a los detenidos como integrantes o colaboradores de estructuras del crimen organizado. Ahora, según Bukele, habrá muchos detenidos que “colaboraron” en delitos menores o que actuaron bajo presión de estas estructuras para “sobrevivir”.
El régimen que no para
Bukele sostuvo que las autoridades continúan capturando pandilleros diariamente y defendió la permanencia del régimen de excepción, aunque reiteró que le gustaría levantar el régimen algún día. No estableció una fecha.
Desde marzo de 2022, más de 93,000 personas han sido capturadas bajo esta política, según cifras oficiales. Las autoridades atribuyen al régimen una reducción extraordinaria de homicidios y otros delitos, después de décadas de violencia y control territorial de las pandillas.
Pero esa reducción ha ocurrido junto a una crisis de derechos humanos. El régimen suspendió garantías constitucionales y permitió detenciones masivas que, según organizaciones nacionales e internacionales, frecuentemente carecieron de investigaciones individualizadas y pruebas suficientes.
Desde 2022, además, investigaciones periodísticas han revelado las arbitrariedades y violaciones a derechos humanos y al debido proceso cometidas desde el sábado 26 de marzo, el día uno de la medida, 24 horas antes de que la Asamblea Legislativa aprobara su primera emisión el 27 de marzo de ese año.
En marzo de 2026, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) denunció que la medida se había convertido en una política permanente de seguridad basada en la suspensión de derechos fundamentales. Advirtió que las reformas penales permitieron mantener personas encarceladas durante años sin juicio y que los procesos colectivos obstaculizan una defensa efectiva.
WOLA contabilizaba entonces al menos 482 muertes bajo custodia estatal, según los informes disponibles en ese momento. Organizaciones salvadoreñas han reportado posteriormente cifras que superan los 500 casos.
El gobierno, a la fecha, rechaza las acusaciones de abusos sistemáticos y defiende los resultados de su estrategia.
Un procedimiento sin reglas conocidas
La propuesta de Bukele abre una interrogante que el presidente no respondió: ¿cómo se concederá libertad condicional a personas que el propio Estado sigue considerando culpables?
Durante la conferencia, el mandatario distinguió entre quienes participaron directamente en crímenes de las pandillas y quienes colaboraron bajo condiciones de sometimiento.
Puso como ejemplo a quienes ayudaron a enterrar cadáveres y los contrastó con jóvenes que avisaban cuando la Policía ingresaba en una comunidad controlada por pandilleros.
Según su explicación, ambos podían haber cometido delitos, pero no merecerían necesariamente el mismo castigo.
Bukele reconoció que numerosas personas vivieron bajo el dominio de las pandillas y que esa circunstancia debería considerarse al evaluar su responsabilidad.
La afirmación contrasta con la lógica de las capturas masivas. Durante cuatro años, el gobierno ha presentado a los detenidos como integrantes o colaboradores de estructuras criminales, mientras las autoridades impulsaron reformas para endurecer las penas y facilitar procesos colectivos.
Ahora el presidente plantea distinguir niveles de participación que debieron establecerse mediante investigaciones y decisiones judiciales individualizadas.
El cambio de discurso vuelve a colocar bajo escrutinio la calidad de las investigaciones previas. También plantea una cuestión fundamental: el Estado sigue considerando culpables a personas cuya responsabilidad penal podría no haber sido establecida por un tribunal.
Las personas detenidas provisionalmente conservan la presunción de inocencia. Si no existen pruebas suficientes, su libertad debe resolverse mediante los mecanismos procesales correspondientes, no como una concesión presidencial.
Para las personas condenadas por delitos cometidos bajo la modalidad de crimen organizado existe, además, una restricción expresa: una reforma aprobada en febrero de 2025, promovida por el Ejecutivo y sancionada por Bukele, prohíbe concederles libertad condicional y libertad condicional anticipada.
La prohibición no alcanza automáticamente a todos los capturados durante el régimen. A la fecha, expertos plantean que por eso resulta indispensable conocer cuántos posibles beneficiarios están condenados, cuántos siguen sin juicio y por qué delitos fueron procesados. El gobierno, sin embargo, mantiene todos los archivos y procesos judiciales del régimen bajo reserva.
La situación, además, se complica por los juicios colectivos que desarrolla la Fiscalía. En estos procedimientos, cientos de personas pueden enfrentar acusaciones dentro de una misma causa. Human Rights Watch ha denunciado deficiencias en la individualización de pruebas y en las posibilidades de defensa.
El sistema que debería establecer qué hizo cada acusado es el mismo al que ahora correspondería distinguir entre colaboradores de mayor y menor responsabilidad.
Las familias exigen verdad, justicia y reparación
El anuncio provocó una reacción del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), que agrupa a familiares de personas detenidas arbitrariamente.
Su coordinador, Samuel Ramírez, difundió un pronunciamiento en el que cuestionó que el gobierno hablara de beneficios penitenciarios sin resolver la situación de quienes nunca debieron ser encarcelados.
«La libertad condicional no es lo mismo que demostrar la inocencia. Una persona que no debió ser encarcelada no necesita un beneficio penitenciario: necesita justicia, una revisión de su caso y la restitución de sus derechos», señaló Ramírez.
La organización exigió que el gobierno haga público el plan anunciado, establezca fechas concretas para ejecutarlo e identifique a quienes integran la comisión encargada de revisar los expedientes.
Pero sus demandas van más allá de las posibles excarcelaciones. MOVIR reclamó esclarecer las muertes bajo custodia estatal, revisar las condenas dictadas en audiencias únicas y juicios masivos, anular aquellas en las que se compruebe la inocencia mediante los procedimientos legales correspondientes y crear un fondo estatal de resarcimiento para las víctimas y sus familias.
«No basta con hablar de quiénes podrían salir de prisión. También hay que responder quiénes fueron encarcelados injustamente, qué ocurrió con quienes murieron en las cárceles y quién responderá por los daños ocasionados», advirtió.
La organización ha presentado demandas de inconstitucionalidad contra el régimen de excepción y promovidos recursos de hábeas corpus para reclamar la libertad de personas capturadas sin pruebas suficientes.
Sus exigencias coinciden con las advertencias de WOLA sobre el deterioro del debido proceso, la prolongación de los encarcelamientos sin sentencia y las dificultades para establecer responsabilidades individuales en los juicios colectivos.
Las víctimas son reales
En abril de 2022, Rafael López Castellón, de 53 años, fue capturado en Jucuapa, Usulután. Su familia aseguró que no pertenecía a ninguna pandilla y que había sufrido extorsiones de esas estructuras.
Murió bajo custodia estatal el 1 de junio de ese año. Su familia continuó buscándolo sin saber que había fallecido y terminó localizando su cuerpo en una fosa común del cementerio La Bermeja, en San Salvador.
Su historia fue reconstruida por Redacción Regional en la investigación Los desaparecidos del régimen de Bukele.
El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez calificó la posibilidad de revisar las detenciones como un «atisbo de esperanza» y llamó a respetar la dignidad humana y el debido proceso.
Para las familias, sin embargo, la esperanza de una liberación no sustituye las exigencias de verdad y reparación.
MOVIR cerró su pronunciamiento con una demanda: “Verdad, no silencio. Justicia, no privilegios. Libertad para los inocentes y reparación para las víctimas”.
Una pregunta valiente en un país que persigue periodistas
El anuncio de Bukele ocurrió luego de una pregunta de una periodista que alzó la voz para exigir un espacio en una conferencia de prensa cerrada, con espacio solo para periodistas afines al régimen y en la que el tema, impuesto por la agenda presidencial, era la inversión de 2,900 millones de dólares del grupo español Cox.
Bukele, que no daba conferencias con acceso a preguntas a periodistas salvadoreños al menos desde enero de 2025 (esta fue la tercera otorgada en lapso de tres años, según registros oficiales en redes sociales) llevó al mandatario a hablar del plan de libertad condicional y de las instituciones que, según su explicación, examinan los expedientes.
La última conferencia de prensa comparable de Bukele que pudo documentarse antes de esta ocurrió el 14 de enero de 2025. Aquella vez respondió cuatro preguntas y cerró la ronda mientras otros periodistas intentaban intervenir. “Ya es tarde”, dijo. Antes de esa comparecencia, otra identificada ocurrió el 4 de febrero de 2024, durante las elecciones presidenciales en las que ganó un segundo mandato a través de procesos inconstitucionales.
La escasez de estos espacios contrasta con la presencia constante del presidente en redes sociales y transmisiones oficiales. También con el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo independiente en El Salvador.
Desde el segundo semestre de 2019, Bukele, comunicaciones de Casa Presidencial y cuentas afines al oficialismo han protagonizado ofensivas públicas contra periodistas y medios críticos.
Esta lógica reaparece ahora, un año y cinco meses después del exilio de medio centenar de periodistas en medio hostigamientos, vigilancias, amenazas y una Ley de Agentes Extranjeros que persigue a voces críticas, medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil.
Horas después de la conferencia, y durante todo el 14 de octubre, cuentas afines al gobierno en redes sociales, comunicadores afines al gobierno que se presentan como ‘periodistas’, voceros, asesores y contratistas del gobierno han atacado a una periodista que hizo algo que incomoda al gobierno de Bukele: que le pregunten.
