Esperaron media hora y cuando el reloj marcaba las 12:30 horas, cinco personas con los rostros cubiertos detuvieron la recepción de documentación para la licitación de obra pública. La pandemia de la COVID-19 los obligaba a ocultarse detrás de una mascarilla. No parecían ni debían ser sospechosos, sin embargo, lo eran. Las pistas se irán descubriendo poco a poco.
Las cinco personas que cerraron la admisión de la papelería eran Carlos Omar Estrada Virula, Herman Gabriel Santos López, Renato José Rodas García, Carlos Manuel Flores García y Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos. Habían acudido a la Dirección General de Caminos aquel 15 de julio de 2020, a cuatro meses de haberse decretado la emergencia sanitaria en el país.
Estaban en uno de los deslucidos salones de la dependencia. En ese espacio tenían una mesa y encima cinco expedientes. Los folios los habían presentado igual número de constructoras. Todas se habían postulado para mejorar la carretera que conecta a los municipios de Cuilco y Tectitán, ambos en Huehuetenango, en el noroccidente del país.
Las cinco personas fueron designadas para estudiar aquellas carpetas, que en realidad eran ofertas. El costo estimado de los trabajos era de Q62 millones (US$8.07 millones). Era una cantidad sacada de la manga, que no tenía ningún respaldo técnico. La había fijado a discreción Fredy Chojolán, el director general de Caminos.
Los propios especialistas del Departamento Técnico de Ingeniería de Caminos le habían advertido que por esta obra se gastarían Q35.06 millones (US$4.56 millones). El detalle quedó registrado en un documento, muy sencillo, pero en el que se pormenorizaban las actividades y materiales necesarios para la ruta.
El funcionario ignoró el aviso y fijó una cifra más alta. Fue ese monto el que se le notificó a aquellas cinco personas, que eran la junta de licitación. Ese dato les serviría a los evaluadores, porque su atribución era encomendar el proyecto a una empresa cuya propuesta estuviera en un rango cercano a los Q62 millones (US$8.07 millones).
Antes de verificar este extremo, dos compañías fueron descalificadas. Una por no presentar copias legalizadas de su patente de comercio y del documento de identificación de su representante legal. La segunda, porque las declaraciones juradas solicitadas no fueron elaboradas correctamente por un notario.
Lo siguiente que hicieron los evaluadores fue calcular que las tres ofertas restantes estuvieran 25% por encima o por debajo del valor que Fredy Chojolán les había notificado. El objetivo de este método, todavía vigente, es encontrar una propuesta que no sea ni muy cara que se salga del presupuesto ni muy barata que resulte en un proyecto de baja calidad.
De esa manera, la junta notó que dos propuestas eran demasiado baratas para considerarlas y sus expedientes fueron desechados. Una empresa de las eliminadas hubiera seguido participando y hasta podría haber ganado el concurso si el costo de referencia hubiese sido el correcto: Q35.06 millones (US$4.56 millones).
Pero el negocio estaba amañado desde que el valor fue modificado. A partir de ese punto, la licitación ya no era para encontrar lo mejor para desarrollar el proyecto, sino la que menos le convenía al Estado.
Tras las operaciones realizadas por la junta, ya solo quedaba una oferta. El negocio todavía no estaba definido. Ahora, se debía estudiar a detalle la única propuesta que quedaba sobre la mesa. Se tendría, a partir de ese 15 de julio de 2020, diez días hábiles para analizar la documentación.
Era imposible que la empresa elegida perdiera la licitación. Era la única oferta que quedaba, debido a que los evaluadores suprimieron la competencia. Su oferta de Q54.99 millones estaba dentro del rango admitido, gracias al costo estimado amañado. De lo contrario, hubiese sido descartada. Era la primera anomalía, aunque no detuvo el proceso y Edmundo Lemus, ministro de Comunicaciones, ordenó firmar el contrato.
Pero había más cosas extrañas detrás del evento. ¿Por qué personas del Ministerio de Desarrollo Social estaban en la Dirección General de Caminos? ¿Por qué integraban la junta? ¿Por qué esta entidad mercantil ganó el concurso a pesar de que su papelería estaba llena de deficiencias?
Juntas
Las personas que califican las ofertas deberían ser un filtro en las licitaciones. Su trabajo es encontrar la mejor oferta en un concurso público. En el caso de los eventos de la Dirección General de Caminos, los profesionales que integran las juntas son recomendados por el jefe de la dependencia.
Pero es el ministro de Comunicaciones el encargado de nombrarlas y verificar la idoneidad de los nominados. Esta “idoneidad” se coteja mediante su experiencia y conocimientos en los ámbitos legal, financiero y técnico. Los elegidos no deben manejar los tres aspectos, pero sí al menos uno de estos.
El objetivo es que se tenga experiencia en las tres áreas. Por eso, los grupos de evaluadores se integran con abogados, ingenieros, contadores o administradores, por ejemplo. En total, se designa a cinco personas para cada junta de licitación: tres son titulares y son los que directamente califican las ofertas; dos más son suplentes e intervienen solo si alguno de los titulares no puede hacerlo.
Es posible que las instituciones no tengan este tipo de personal, por lo que pueden acudir a trabajadores de otras dependencias del Estado. Para hacerlo se debe verificar, al igual que con los internos, que posean las cualidades para participar en este tipo de procedimientos.
En aquella licitación de Cuilco y Tectitán estaban en la Dirección General de Caminos tres personas que eran parte de la planilla del Ministerio de Desarrollo Social. Se trataba del abogado Carlos Omar Estrada Virula y el administrador Herman Gabriel Santos López, ambos como miembros titulares; y de la abogada Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos como suplente.
Los tres estaban contratados en el Fondo de Desarrollo Social, pero en esa ocasión fueron designados para calificar las ofertas de la obra en Huehuetenango. Legalmente, la presencia de los empleados del Ministerio de Desarrollo Social y su participación era posible.
Sin embargo, había un problema. Caminos sí tenía personal para integrar la junta de licitación. Es decir, no era necesario recurrir a los empleados de otro órgano. Entonces, ¿por qué solicitarlos? La respuesta tardaría un año en llegar.
Personal
La carta estaba en manos de la Contraloría General de Cuentas. Había sido firmada y sellada el 30 de julio de 2021. El remitente era de las personas de confianza del presidente Alejandro Giammattei. Fue su asesor, pero se le encomendó posteriormente hacerse cargo de la Dirección General de Caminos. Su nombre: Carlos Rafael Figueroa Caballeros.
El documento del dirigente era problemático para los negocios irregulares que se habían impulsado un año antes de su llegada. En su escrito mencionó que Fredy Chojolán, su antecesor, fue el que gestionó el apoyo para que el Fondo de Desarrollo Social proporcionara trabajadores para las juntas de licitación.
También refirió que desconocía el procedimiento utilizado para requerir ese soporte. Lo más grave fue que Carlos Figueroa reconoció que, para la fecha en la que se realizó el concurso público para mejorar la carretera entre Cuilco y Tectitán, Caminos sí contaba con personal idóneo en las áreas legal, financiera y técnica. Los implicados no se quedaron callados.
Fredy Chojolán dijo que Caminos tenía pocos profesionales y que, por años, se había solicitado la ayuda de distintas entidades para conseguir evaluadores. Para él este tipo de práctica no implicaba ningún obstáculo, porque a su criterio dichas personas pertenecían a una misma estructura estatal.
Edmundo Lemus, por su parte, aseguró que en Caminos no había suficientes colaboradores en los ámbitos financiero y jurídico. Mencionó, incluso, que algunas personas que se han propuesto para analizar las ofertas han manifestado tener relación con los contratistas, por lo que eso les impide ser parte de las juntas.
La Contraloría analizó los argumentos y fue enfática en que esta forma de hacer las cosas incumple los principios de la Ley de Contrataciones. Instó tras estudiar estas respuestas a que se verifique si Caminos cuenta con trabajadores que puedan desempeñarse en esa tarea, previo al nombramiento de empleados de otras instituciones.
La designación de Carlos Omar Estrada Virula, Herman Gabriel Santos López y Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos era dudosa. No estaban contratados en Caminos y tampoco eran los mejores cuadros para esa atribución. Su labor como evaluadores no fue la mejor.
Renato José Rodas García y Carlos Manuel Flores García, las otras dos personas que integraron aquella junta de licitación, sí trabajaban en Caminos. No obstante, como se verá, carecían de la capacidad de hacer las actividades que definían el destino de grandes cantidades de dinero estatal.
Había otro problema: estas cinco personas se turnaron para analizar no solo este, sino trece eventos más en los que sistemáticamente se defraudó al Estado. Es lo que Prensa Comunitaria ha llamado El mecanismo, un largo esquema en el que se modificó los costos estimados para contratar más caro y en este las juntas eran parte del engranaje que posibilitó el desfalco.
Resultados
—Para ejecutar estas obras la constructora necesita tres picops, pero solo tiene uno. Se requiere que tenga dos excavadoras, pero solo tiene una. Tiene que contar con una barredora neumática, pero no la posee. Dice que tiene un compactador neumático, pero no indica su capacidad ni potencia.
¿Cuál debería ser su punteo en “maquinaria» si el 0 es el mínimo y el 15 el máximo? No hubo dudas. La ponderación en ese aspecto debía ser 15 puntos.
—Los especialistas de la empresa que van a trabajar en las carreteras no acreditan tener experiencia. Falta documentación sobre las cuentas bancarias del contratista, la cantidad mínima de ensayos de control de calidad y también el diagrama de actividades sobre cómo la compañía pretende ejecutar las obras.
¿Debería concursar la constructora con estas falencias?
—Da igual. Admitamos sus propuestas, a pesar de que estas circunstancias la deberían eliminar de los eventos— concluyeron los evaluadores.
Estos errores se identificaron al momento de calificar la única oferta que quedaba para darle mantenimiento a la carretera entre Cuilco y Tectitán. La había presentado la Constructora J.J.R.M, que pese a los errores se le encargó realizar los trabajos en Huehuetenango. La evaluación de su expediente fue un mero trámite, uno mal hecho.
Fue tan malo que también ocurrió en otra licitación. Esta segunda era para arreglar una ruta en Momostenango, una localidad de Totonicapán, en el occidente del país. En esta se encontraron los mismos errores en la oferta, también presentada por la Constructora J.J.R.M, aunque finalmente el evento fue cancelado: la contratación no llegó a consumarse y nunca se ejecutó.
Eso sí, hubo otro elemento que une a ambos concursos públicos: la junta. Fue casi la misma en ambas licitaciones. De los cinco que estuvieron en la de Cuilco y Tectitán, cuatro fueron nombrados para la de Momostenango: Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos, Herman Gabriel Santos López, Renato José Rodas García y Carlos Manuel Flores García; la completó Mirna Yesenia Polanco Ordoñez.
Lo que evidenciaba esta pequeña muestra es que los grupos que calificaban las propuestas no estaban actuando transparentemente. ¿Había instrucciones de parte del director de Caminos para actuar de esta manera, dadas estas serias falencias?
Los evaluadores dejaron entrever que no, que en “todo momento” existió transparencia, que se veló para que se cumplieran con los requisitos, que la empresa contaba con la experiencia necesaria para ejecutar los trabajos contratados y que no hubo riesgo de perjudicar los intereses del Estado.
Todo quedó inscrito en informes de la Contraloría, que ya no siguió indagando sobre lo que pasó con el resto de proyectos amañados y evidenciados por Prensa Comunitaria. Había, sí, un esquema que arrancó con la modificación de los costos estimados de las obras y continuó con el nombramiento de las juntas, cuyos integrantes tenían antecedentes de ser ineficientes para calificar ofertas.
Esto solo era una parte de El mecanismo. Una llamada, que escucharon un selecto grupo de personas, daría otras pistas sobre la estructura: había más involucrados.
—¿Aló? —Giorgio Bruni estaba al teléfono. —¿Cómo va el tema? —preguntó.
—Ya está todo listo —le respondió José Luis Benito.
Mañana: Las empresas dueñas del asfalto
