Cuatro personas llegaron para participar en la licitación. En apariencia, todas tenían las mismas posibilidades de ganarla. Sin embargo, antes de cruzar la puerta de la Dirección General de Caminos, una de ellas ya conocía el resultado. Sabía que su empresa triunfaría en el evento y se encargaría de mejorar una carretera en el departamento de Chimaltenango, la cual conecta los municipios de Tecpán y San Martín Jilotepeque.
Era 9 de julio de 2020. En medio de la pandemia, todos los participantes ocultaron sus caras con mascarillas. Sus rostros y sus nombres pasaron desapercibidos. Esto se debía a que la atención estaba en otra parte: en la pandemia de la COVID-19, en los contagios, en la búsqueda de una cura y, tristemente, en sus muertos. Los decesos se acumulaban día a día. También los negocios ilícitos.
Uno de estos estaba a punto de concretarse. La junta de licitación recibió las cuatro ofertas, pero antes de evaluarlas, como era habitual, abrieron el sobre que les envió Fredy Chojolán, el director general de Caminos. Dentro había un papel firmado ese 9 de julio de 2020, unas horas antes de que iniciara el concurso. En este el funcionario aseguraba que el costo estimado de esta ruta era de Q200 millones (US$26.04 millones).
Ese monto era falso. Era una cantidad manipulada con el fin de aumentar el valor del proyecto. La prueba de lo anterior era un documento del Departamento Técnico de Ingeniería de la Dirección General de Caminos. El archivo, que le fue entregado a Fredy Chojolán antes de aquel día enlistaba el precio y la cantidad de excavaciones, acarreo de material, asfalto, acero de refuerzo y otros materiales y actividades necesarios para ejecutar la obra.
Este estudio tasaba los trabajos de la ruta en Q122.38 millones (US$15.93 millones). Esa era la cifra que debía ser introducida en el sobre. En cambio, el funcionario optó por desechar el análisis y sobrevalorar la obra sin ninguna base técnica, por lo que las ofertas más económicas que se presentaron en la licitación no tuvieron oportunidad de competir, porque las propuestas debían estar cercanas a los Q200 millones (US$26.04 millones).
Hubo una sola empresa que logró superar la evaluación. Era la propuesta más cuantiosa. Fue la que aprobó Edmundo Lemus, ministro de Comunicaciones. Era la de la compañía Supervisión, Construcción y Mantenimiento, cuyo propietario es Alejandro Matheu Escamilla. El resultado, quizá, no sorprendió al empresario. Era otro contrato millonario que se agregaba a sus victorias, bastante polémicas, durante el gobierno de Jimmy Morales.
En esa administración, José Luis Benito, amigo de Alejandro Matheu Escamilla y “un genio” según el comediante, le asignó diversos proyectos a dicha compañía. Ya sin el puesto, José Luis Benito pactó con el nuevo presidente, Alejandro Giammattei, para que se le otorgaran nuevas obras a esta y otras constructoras.
Lo anterior quedó grabado en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, dirigida en ese entonces por Juan Francisco Sandoval. A este lugar llegó la “jueza de hierro”, como se le conocía a Erika Aifán, para escuchar una de las tantas artimañas de corrupción a las que estaba acostumbrada. Lo hizo allí y no en su juzgado para proteger el testimonio del denunciante.
—¿Jura decir la verdad? —le preguntó Erika Aifán.
—Lo prometo —respondió Jorge Baldizón.
Las palabras se sucedían y formaban frases. En estas, Jorge Baldizón dijo que Giorgio Bruni, recaudador de fondos del partido Vamos, tuvo una conversación telefónica con José Luis Benito. La llamada, que estaba en altavoz, sirvió para afinar los detalles del dinero ilícito que José Luis Benito les entregaría. Las oraciones de Jorge Baldizón se siguieron hilvanando y auguraban una crisis para el iracundo Alejandro Giammattei.
El equipo de élite de Juan Francisco Sandoval tenía en sus manos nuevamente a un presidente. Alejandro Giammattei, según el testimonio que fue divulgado en medios internacionales y que fue analizado para esta investigación, también escuchó aquella llamada y hasta platicó con José Luis Benito para mostrarle su beneplácito por esa contribución. Había un acuerdo.
Era un soborno de Q20 millones (US$2.60 millones). El dinero lo daría la constructora Coamco y serviría para financiar la campaña presidencial de Vamos y para que el “genio” se quedara dirigiendo el Ministerio de Comunicaciones durante 2020.
—A pesar de que José Luis Benito no llega a ser ministro (…) todos estos tramos son, básicamente, por el cumplimiento del soporte de campaña —reveló Jorge Baldizón.
Él señaló que la licitación de Tecpán y San Martín Jilotepeque fue arreglada por ese trato. Hubo otras licitaciones que también lo estuvieron y que se entregaron a otras empresas: el mejoramiento de la carretera de Cuilco a Tectitán que se le asignó a la Constructora J.J.R.M.; y la construcción de la ruta de Santa Cruz a Río Espíritu, también en el departamento de Huehuetenango, que se le adjudicó a Proyectos Múltiples Prourba.
Lo que se desconocía para el 18 mayo de 2021, cuando el Testigo A —como se le conoce a Jorge Baldizón— brindó su declaración y sobre la que ya no se siguió indagando, era la existencia de El mecanismo y la magnitud del esquema de corrupción.
Ese engranaje empezó a funcionar con la modificación de costos estimados de los proyectos para sobrevalorar las obras e implicaba, además, que las juntas de licitación —integradas con personas ineficientes— operaran en función de este pacto ilícito. Todo estaba ajustado para que los negocios se concretaran.
Incluso, la evaluación de las propuestas privilegiaba el valor de la oferta, en donde las más caras saldrían beneficiadas. Y cuando ese elemento no funcionara para eliminar la competencia, se utilizaría la “experiencia” de la empresa en la ejecución de infraestructura y la de su personal para ponderar de mejor manera sus ofertas, aspectos en los que no perderían las constructoras finalmente ganadoras porque tenían muchos años de hacer obras para el Estado.
Fue así como se definieron no uno, dos o tres, sino 14 proyectos amañados y revelados en esta investigación por Prensa Comunitaria.
¿Consecuencias?
—Y como resultado del trabajo realizado se detectó lo siguiente…
Esta frase fue escrita en un informe de más de dos centenares de hojas. El documento quedó perdido entre la pila de archivos que la Contraloría General de Cuentas elabora y entrega año con año. A pesar de estar extraviado y pasar inadvertido, Prensa Comunitaria recibió una copia y lo analizó. El camino abierto a las profundidades por Jorge Baldizón tenía una dimensión aún más honda.
La verdad no puede permanecer oculta, aunque descubrirla puede ser un acto con pocas consecuencias. Y eso describe el trabajo de las dos auditoras que investigaron a Fredy Chojolán y Edmundo Lemus. “Incumplimiento”, “irregularidades” y “deficiencias” fueron algunos de los términos que utilizaron frente a ellos.
Las palabras aparecieron por un análisis hecho a la licitación de la carretera que une Cuilco y Tectitán en Huehuetenango. Se repitieron constantemente a lo largo del escrito. Cada vez que brotaban, desbarrancaban a Fredy Chojolán y Edmundo Lemus, quienes intentaron mantenerse en pie, pero fue inútil. El informe fue categórico: las cosas no se hicieron nada bien.
Los trabajos en este tramo le fueron encargados a la Constructora J.J.R.M, cuyo fundador es el primo de Fredy Chojolán. Por eso, el negocio era sospechoso por el vínculo familiar. Había, además, otras cosas graves como la designación de las juntas de licitación y la ausencia de maquinaria en la entidad mercantil para desarrollar el proyecto.
No obstante, las auditoras no daban crédito del costo estimado de reparar la carretera entre Cuilco y Tectitán había sido inflado hasta los Q62 millones (US$8.07 millones), cuando el Departamento Técnico de Ingeniería estipuló que debía ser de Q35.06 millones (US$4.56 millones).
Ese hallazgo, de hecho, fue la pista que permitió construir esta investigación de Prensa Comunitaria. Lo que parecía un negocio perfecto, se empezaba a resquebrajar. Pese a eso, las auditoras no identificaron que había un patrón con esta misma inconsistencia y con la que se concretaron un total de 14 contratos públicos.
No hubo denuncias. Las pérdidas millonarias que tuvo el Estado por esta trampa, les significó a Fredy Chojolán y Edmundo Lemus únicamente Q19,642 (US$2,558). Esa fue la multa que, de forma conjunta, les impuso la Contraloría por amañar el valor de referencia en las licitaciones.
Fredy Chojolán reconoció que modificó el número porque año con año existe una fluctuación de precios en materia de construcción y porque los análisis y estudios que estaban en el Sistema Nacional de Inversión Pública estipulaban un valor aproximado de la carretera hasta los Q63 millones (US$8.20 millones).
Ese sistema es el que evalúa si se le asigna fondos a determinados proyectos, en caso haya condiciones que justifiquen su realización. Si bien esta plataforma, manejada por la Segeplan, establece un precio total para las obras, la Contraloría sostuvo que ese parámetro no era el que se debía tener en cuenta al momento de la licitación.
Lo anterior tiene sentido, porque para definir el costo estimado el Departamento Técnico de Ingeniería utiliza un método, en la que se compara los precios que arrojan los estudios de ingeniería del proyecto, los precios de referencia que han sido elaborados por Covial, la Dirección General de Caminos y la Cámara Guatemalteca de Construcción, además de los precios de mercado.
Por su parte, Edmundo Lemus se limitó a expresar que nunca incumplió sus obligaciones como ministro y afirmó que, en todo momento, veló por el estricto cumplimiento de la ley.
Las auditoras rechazaron los argumentos de ambos.
—Los comentarios y documentos de soporte enviados no desvanecen el hallazgo —en esas 11 palabras la Contraloría puso punto final a su guión.
De créditos para el capítulo, las auditoras expresaron que el ministro de Comunicaciones debía girar instrucciones al director general de Caminos, para que en futuras contrataciones trasladara a la junta de licitación el costo estimado elaborado por el Departamento Técnico de Ingeniería. Después de eso, nada podría defender lo que ocurrió.
¿Corruptores?
Pocos creían que iba a regresar a Guatemala. Viajó desde Italia. Pasó por Países Bajos. Llegó a México. Se aproximó a Tapachula y tras cruzar la frontera, fue capturado. El calificativo de “prófugo de la justicia” se borraba a cada paso que daba. Un helicóptero lo esperaba en Coatepeque para llevarlo a la capital. Tenía una chaqueta negra que manchó el cielo por algunos minutos. En la ciudad, las patrullas brillaban y las sirenas chirriaban anunciando su llegada.
—He tomado la decisión de enfrentar voluntariamente este proceso, para que se conozca toda la verdad que impera en el Estado —advirtió en un comunicado.
Sus palabras avisaban de un huracán el 24 de agosto de 2020. Era el último líder del Partido Patriota que caía. Era el más poderoso. Siendo funcionario acumuló muchas riquezas, la mayoría de procedencia ilícita, según las acusaciones. Se convirtió en uno de los principales rostros de la corrupción. Pero Alejandro Sinabaldi tenía otra perspectiva de los hechos.
—Los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones son los constructores. Los políticos y los ministros son “aves de paso”. Ellos han creado un sistema de corrupción para lograr adjudicarse, prácticamente a dedo, las obras que les interesan — fueron sus declaraciones al ser llevado ese mismo día a los tribunales.
Era la primera vez que un político de alto nivel admitía que la corrupción tiene doble vía: una que apunta a los funcionarios y los mecanismos que emplean para aprovecharse del Estado; la otra, la de los empresarios que alimentan el sistema y se benefician de igual manera de la corrupción. Algunos constructores que nutrieron estos actos fueron condenados. Otros que fueron señalados de hacerlo, siguen recibiendo dinero del Estado.
Son esas compañías, las que todavía no han sido sancionadas, las que se beneficiaron de El mecanismo que ahora presenta Prensa Comunitaria. La mayoría aparecieron en los casos del Testigo A y B410 —uno de los casos más grandes de defraudación de la historia guatemalteca—.
El primero se basó en el testimonio de Jorge Baldizón y los contratos que se pactaron a cambio de los Q20 millones (US$2.60 millones) que José Luis Benito le entregaría a Alejandro Giammattei. En esa pesquisa fueron señaladas Coamco; Constructora J.J.R.M.; Proyectos Múltiples Prourba; y Supervisión, Construcción y Mantenimiento.
El segundo lo construyó la Superintendencia de Administración Tributaria, que evidenció que un grupo de personas creó y utilizó empresas fantasma para simular transacciones comerciales, evadir impuestos y lavar dinero. De participar en este esquema fueron señaladas Sermat; V&T; Asfaltos y Petróleos; Construcción, Movimiento y Vivienda; Proyectos Generales y Construcciones; y 4 Carriles.
Hay otras que no han sido involucradas en casos penales, pero que han realizado prácticas cuestionables. En este combo se encuentran Constructora Roza, cuyo propietario tuvo una reunión con José Luis Benito, según Plaza Pública; y Concretos y Dragados, que fue acusada por la Contraloría por utilizar una línea de crédito para financiar sus operaciones, la cual fue brindada por una entidad que no estaba autorizada para realizar esa operación y cuya ubicación era “ficticia”.
A todas las compañías mencionadas se les preguntó cómo adaptaron sus ofertas para que fueran aceptadas, a pesar de que el precio de la obra había sido manipulado. En condiciones reales jamás habrían ganado los eventos.
En el caso Coamco y Proyectos Generales y Construcciones no recibieron los correos ni contestaron las llamadas. Las demás constructoras optaron por guardar silencio, a excepción de 4 Carriles, la cual indicó que su oferta, para trabajar el tramo entre San Pedro Soloma y la aldea Pet en el departamento de Huehuetenango, respondió a precios competitivos dentro del mercado nacional.
Mañana: Las rutas podridas de la corrupción
