Con el anuncio de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de Nicaragua y Honduras, vigente desde 1999 luego del huracán Mitch, unas 80,000 personas corren el peligro de ser deportadas a países en los que tienen décadas de ni vivir, mientras los gobiernos centroamericanos no tienen políticas ni están preparados para recibirlos.
En esta entrevista con Helena Olea, vicedirectora de organización de Alianza Americas, ella señala que la cancelación del TPS no solo afectaría a las personas sino que también se extiende a sus familias. Los afectados también deberán vender o ceder sus bienes muebles e inmuebles que hayan adquirido en Estados Unidos.
También apunta a que El Salvador es el único país centroamericano que “mágicamente” se ha salvado de la cancelación del TPS, en un contexto en el que Bukele ha aceptado que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) sirva de cárcel para migrantes que Estados Unidos no quiere en su territorio, como el caso de los 252 venezolanos retenidos durante cuatro meses y repatriados a Venezuela el 18 de julio pasado.
Pero El Salvador no es el único destino al que las personas deportadas podrían llegar. En los últimos meses, la administración Trump ha comenzado a enviar a migrantes a terceros países, algunos que incluso están en conflictos armados o adolescen de sistemas democráticos. Según Olea, esta es una “es una política migratoria infinitamente cruel e inhumana”.
¿Cuál es la situación para los ciudadanos de Honduras y Nicaragua afectados por la cancelación del TPS?
El TPS era un ancla de estabilidad para todas esas familias. Las estimaciones del gobierno estadounidense es que el número de personas beneficiarias de TPS eran 72,000 solamente, pero es importante agregar que se trata de personas que llevaban décadas viviendo en este país; por lo tanto, estamos hablando muy probablemente de 72,000 familias. Eso es crítico ponerlo así porque el pacto no solo lo tiene la persona, sino sin duda alguna todo el grupo familiar. Esas personas vuelven a tener la situación migratoria que tenían antes de la designación de TPS. Muchas de ellas quedan en situación de irregularidad migratoria; por lo tanto, tienen autorización para trabajar hasta el 8 de septiembre y a partir de esa fecha quedan realmente en riesgo de ser detenidas y deportadas.
Eso genera, sin duda, inestabilidad económica en la familia y en muchos casos pone a la familia en mayor riesgo, porque si esa persona la detienen conduciendo y no tiene licencia de conducir y ellos viven en un estado en que hay cooperación entre la policía y ICE, esa persona será detenida y deportada.
¿La cancelación del del TPS para esas dos nacionalidades afectarían también a las personas que entraron con la CBP One y el parole humanitario?
Ellos ya quedaron en situación irregular. Esas personas ya están en situación irregular y en este momento corren el riesgo de ser arrestadas y deportadas.
Es decir que los nicaragüenses y hondureños se quedan sin protecciones, al menos hasta septiembre.
Excepto que hayan pedido asilo y tengan un caso de asilo pendiente, por ejemplo. O que les hayan pedido asilo y se los hayan reconocido. De hecho, la última información, lo que nos mostraba es que alrededor del 20 % de las personas beneficiarias de TPS también habían pedido asilo. Esta práctica se hizo más común en los últimos años, así que nosotros creemos que buena parte de la población venezolana hizo las dos cosas: pidió asilo y tuvo TPS, pero también creemos que hay población hondureña y nicaragüense que está en esa situación. Y puede ser que antes no pidieron asilo, pero ahora ante la eventualidad de tener que ser deportados a su país, sí temen por su vida o por su seguridad. Es bastante probable que muchas personas nicaragüenses estén pidiendo asilo.
¿Tienen posibilidades de conseguirlo o corren riesgos de ser deportados al hacer el trámite?
La tasa de asilo en general en Estados Unidos fluctuaba entre un 25 o 30%, a veces es un poco más alta para ciertas nacionalidades y también depende en qué parte del país lo solicitan. Las últimas cifras indicaban que bajo la administración Trump se está concediendo asilo a menos del 20 % de los casos. Es indudable que hay una presión muy fuerte tanto hacia los jueces de inmigración como hacia los oficiales de asilo a que lo nieguen.
¿Qué explicación hay detrás de que El Salvador se haya salvado de la cancelación del TPS? ¿Está relacionado con las negociaciones de Bukele con la administración de Trump por haber recibido migrantes venezolanos o hay otras razones detrás?
No se ha dicho nada públicamente, pero sí hay muchas preguntas de si esto es producto de la buena relación entre los dos jefes de Gobierno; y si es como un favor, entendiendo la importancia de las remesas en las economías centroamericanas, por ejemplo. El golpe de las remesas lo van a sentir y es central para Guatemala, para Honduras, para Nicaragua, para El Salvador. Entonces podría ser simplemente una concesión o también podría ser parte de los acuerdos entre los dos gobiernos que se concretaron con el acuerdo del CECOT o en otras medidas que tampoco conocemos.
Ni siquiera el Congreso de Estados Unidos sabe qué negociaciones hubo entre El Salvador y Estados Unidos, ¿verdad?
No, y no se ha insistido mucho en el Congreso por pedir una copia del acuerdo bajo el cual se enviaron a a las personas venezolanas al CECOT y entender cuál es el contexto de ese acuerdo.
En este contexto, Estados Unidos sigue teniendo el control. ¿Prácticamente el TPS podría ser revocado en cualquier momento si así lo desea la secretaria de Seguridad Nacional?
En principio sí, pero lo que hemos visto con los casos de Haití y de Venezuela es que aparentemente la secretaria de Seguridad Nacional entendió que es mucho más fácil simplemente dejar que el TPS termine y no renovarlo. Eso le genera, digamos, menos posibilidad de litigio y hace más fácil la terminación, aunque se está intentando interponer unas demandas por la terminación del TPS para Nicaragua y para Honduras, pero probablemente será más difícil porque ahí entran los argumentos que dio la secretaria de Seguridad Nacional para decir que la situación en el país mejoró.
¿Cuál es el escenario para los salvadoreños beneficiados con TPS? Se están viendo casos en los que son afectadospor la actual política de capturas de ICE.
Las personas salvadoreñas tienen que registrarse nuevamente ante el sistema, es decir, volver a llenar, a entregar toda su información incluyendo su dirección en este contexto y además pedir la autorización para trabajar. Ese proceso está ocurriendo de manera muy lenta. Las personas salvadoreñas con TPS, que tienen en teoría el TPS, no tienen una autorización para trabajar vigente porque están atrasadas en dar la documentación. Entonces, si las personas salen a la calle y no tienen tampoco una copia de ese papel, que están tramitando el TPS, la presunción de ICE es que usted está indocumentado y hay personas que efectivamente están siendo detenidas.
Me gustaría regresar a este punto: ¿Estados Unidos realmente está evaluando la situación de los países para cancelar el TPS? Porque casos como el de Nicaragua o Haíti, parecen estar peores.
Exacto, lo de Haití no tiene justificación, no hay racionalidad alguna, exactamente.
¿Los países centroamericanos están listos para acoger a los tepesianos que podrían ser deportados?
Yo creo que no. Incluso ni México mismo. No están preparados para acoger a ese número de personas. Si entendemos que acoger a una persona migrante que regresa es mucho más que darle una comida y un monto de dinero, que es lo que han hecho México, Guatemala y Honduras, y entendemos que el desafío realmente está en dónde esas personas van a vivir, en qué condiciones van a vivir, cómo se van a reinsertar laboralmente, cómo los niños y niñas serán recibidos en el sistema escolar, cómo se va a manejar el desafío de la educación bilingüe, porque hay niños que tienen niveles muy bajos de español… ¿Cómo se van a atender las necesidades de salud de la población? Es un desafío muy grande y los Estados no están preparados para ello. Pensar que cuando regresen, mágicamente lo van a poder resolver, es definitivamente ingenuo y es hipócrita. También es injusto con personas que a través de las remesas ayudaron a mantener a la economía de su país durante el tiempo que estuvieron afuera. Ese es el mayor desafío. En Alianza Americas hemos hemos estado haciendo visitas a los países para indagar qué es lo que hay, qué respuesta real existe y lo que vemos es que el Estado entiende que emite un documento de identidad, da una comida entrega un dinero y es como “buena suerte”. A veces, la respuesta es un pasaje de bus para que regresen a donde quieran y ya está.
Pero nosotros sabemos que el desafío es mucho mayor que eso y también vemos a las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas que perdieron el financiamiento con el corte de fondos de USAID; sin la capacidad para poder responder a las necesidades de la población.
Hay algunas organizaciones que trabajan en la reinserción de población deportada, pero evidentemente ni tienen el financiamiento ni la capacidad para abordar un desafío de este tamaño, que además genera una dispersión de la población. Estas personas van a llegar y van a estar localizadas en diferentes puntos del país. Entonces, realmente se necesitaría una política nacional para la reintegración de las personas nacionales y sus familias, muchos de los cuales pueden no haber vivido nunca en ese país. Van a llegar con el resto de su familia y es el comienzo de su vida en un país que ya no era suyo.
¿Es decir que actualmente ningún país centroamericano tiene alguna política de reinserción o de acompañamiento para estas personas?
No hay absolutamente nada. Y eso es lo más grave, y por eso es que el proceso va a ser más difícil.
Esta cancelación del TPS podría terminar generando, a futuro, un aumento en intentos de ingreso irregular a Estados Unidos.
Nosotros lo que históricamente hemos visto es que hay personas deportadas que una vez las regresaban a su país volvían a emprender el viaje. Lo que es importante destacar y mencionar es que en este momento tenemos 10,00 efectivos de la Guardia Nacional del lado mexicano y tenemos 10,000 soldados estadounidenses del otro lado de la frontera. Lo que era cruzar la frontera antes, no es lo mismo que hoy en día. Será mucho más difícil que las personas puedan reingresar al país. La militarización de la frontera es una realidad de la cual, curiosamente, se habla y se reconoce muy poco, pero es muy difícil en este momento.
A mi juicio, algo que decimos importante valorar sin querer alarmar, pero es un punto de alerta, es esta nueva práctica de estar enviando personas de un país a otro país. La incertidumbre de no ser ni siquiera deportados al país de origen, sino la posibilidad de ser deportados a un tercer país es otro elemento que creo que va a hacer incluso más peligrosa la migración. Muy probablemente sean aprehendidos, pero además pueden ni siquiera ser deportados a su país.
Hay personas que fueron enviadas a Panamá que fueron justamente aprehendidas cruzando en la frontera, fueron enviadas a Costa Rica. Son enviadas a México todo el tiempo y las personas que no son mexicanas son detenidas y enviadas en bus hacia el sur del país. Nosotros sabemos que la mayoría está llegando al estado de Tabasco, y ahí les dicen que tienen que salir por su propia cuenta en condiciones de muchísima inseguridad en este momento en el sur de México. Han sido enviadas a El Salvador, un grupo más reducido de personas que tenían condenas penales que fue enviado a Sudán del Sur, incluyendo un ciudadano mexicano; y ahora hay este reciente acuerdo firmado entre el gobierno de Estados Unidos y de Honduras, cuyo texto se desconoce. Tampoco se conoce el texto del acuerdo con Guatemala, pero habría un acuerdo similar en el cual estos países se han comprometido a recibir personas de diferentes nacionalidades.
Aparte del riesgo de llegar a Estados Unidos, ahora se le suma el riesgo de que lo vayan a deportar a otro país que no sea el de origen.
Exactamente, y la situación de Sudán del Sur es particularmente cruel porque es un país inmerso en un conflicto armado. Y no está claro si estas personas van a quedar privadas de libertad en Sudán del Sur o van a quedar libres, ni siquiera. Va a ser una odisea si esas personas logran sobrevivir.
La otra cosa que el gobierno había mencionado es que ya tiene suscrito un acuerdo con Ruanda, y un acuerdo con Gran Bretaña también para recibir solicitantes de asilo. Así que esta idea, digamos, de enviarlos… No me gusta este término, pero hay que reconocer que es como castigarlos enviándolos a un destino más lejano del cual sea más difícil regresar. Es una posibilidad lamentablemente. Es una política migratoria infinitamente cruel e inhumana.
