“Me siguieron pegando en el estómago y, cuando traté de agarrar aire, me empecé a ahogar con la sangre. Mis compañeros [de celda] gritaban auxilio [diciendo] que nos estaban matando, pero los oficiales decían que solo nos querían hacer sufrir”.
El testimonio que arranca esta nota es de Daniel B., uno de los 130 casos de venezolanos que una exhaustiva investigación conjunta de Human Rights Watch y Cristosal han logrado documentar para evidenciar prácticas sistemáticas de tortura, violencia sexual, detención arbitraria y desapariciones forzadas contra los migrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos y recluidos durante más de cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.
La investigación, revelada esta semana, es el resultado de más de 190 entrevistas que describen las vejaciones que sufrieron los migrantes desde que fueron detenidos en EUA hasta que fueron liberados del Cecot. Entre las entrevistas hay relatos en primera persona de las víctimas, familiares, amigos, empleadores y abogados de los detenidos “que proporcionaron información creíble” desde Venezuela, Estados Unidos y Colombia para documentar los casos.
Como resultado, la investigación reseña graves abusos cometidos contra los migrantes, entre los que se incluyeron golpizas constantes y condiciones carcelarias inhumanas.
Según el informe, no fueron incidentes aislados, sino violaciones «sistemáticas» diseñadas para someter, humillar y disciplinar a los detenidos mediante un sufrimiento físico y psicológico extremo.
Torturar al inocente
A pesar de que los gobiernos de EE. UU. y El Salvador los acusaron de ser «terroristas» y miembros del grupo criminal Tren de Aragua, la investigación también revela con información oficial del gobierno estadounidense que casi la mitad (48.8 % de los 252 migrantes deportados) no tenían condenas penales en Estados Unidos. Muchos habían huido de Venezuela debido a la crisis humanitaria, la pobreza o la persecución del gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad.
Los perpetradores de los abusos físicos fueron guardias de prisión y agentes de la policía antimotines (UMO) del CECOT. Para las organizaciones que elaboraron el informe, los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador fueron señalados como responsables de la detención arbitraria y cómplices de las desapariciones forzadas, al negarse a revelar el paradero de los detenidos y carecer de una base legal para la reclusión.
Los venezolanos fueron deportados en tres vuelos entre marzo y abril de 2025 bajo procedimientos migratorios ordinarios (Título 8) o invocando la Ley de Enemigos Extranjeros. El gobierno de El Salvador recibió financiamiento de EE. UU. para alojar a estas personas y, además, la promesa de un pacto en el que las autoridades estadounidenses se comprometieron a enviar de regreso a El Salvador a un grupo de cabecillas de la MS-13 que son piezas claves en un juicio en el que también se vinculan negociaciones del gobierno de Bukele con estas estructuras para reducir los homicidios.
En los últimos meses, investigaciones periodísticas han revelado que el Departamento de Justicia incluso cedió a las peticiones del Departamento de Estado para traicionar a aquellos pandilleros que había ofrecido colaborar como testigos en las investigaciones.
La deportación de los migrantes venezolanos sirvió, además, para que EUA iniciara una negociación con el régimen de Maduro para intercambiar a los 252 migrantes por un grupo de estadounidenses detenidos en las cárceles venezolanas.
De fondo, los detenidos en la megacárcel de Bukele en El Salvador habrían comenzado a sufrir un calvario inmediatamente después de ingresar a ese recinto, según la investigación.
A la luz de los testimonios, el trato recibido por los venezolanos fue similar al recibido por los reos del régimen de excepción que han sido vejados, según las denuncias, en las otras cárceles del sistema penitenciario salvadoreño. Al llegar al Cecot, por ejemplo, los agentes forzaron a los deportados a arrodillarse, los golpearon con bastones y puñetazos, y los raparon. El director de la prisión les habría dicho: “Llegaron al infierno”. Otro ex detenido, Julián G., recordó que el director les advirtió: “La única manera de salir de acá [es] en una bolsa negra”.
Los venezolanos estuvieron específicamente recluidos en el Módulo 8. Las golpizas más graves tuvieron lugar en los pasillos de vigilancia del módulo y en las celdas de aislamiento conocidas como “la Isla”.
Durante su detención, que se extendió por unos cuatro meses, las golpizas fueron la norma. Los abusos se producían diariamente durante las requisas, por infringir normas menores (como hablar en voz alta o ducharse fuera de horario), o en retaliación directa tras visitas de observadores.
Tras una de esas visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue que Daniel B. fue torturado: “Me siguieron pegando en el estómago y, cuando traté de agarrar aire, me empecé a ahogar con la sangre”. Daniel fue llevado a la celda de castigo, conocida como “la Isla”, donde sufrió la golpiza. Luis S. relató la brutalidad a su llegada: “[Un] oficial me pegó con un bastón negro en la cara, en la boca exactamente, de eso me tumbaron un diente de adelante”.
Se documentaron incluso casos de violencia sexual. Mario J. dijo que fue llevado a “la Isla” donde cuatro guardias abusaron sexualmente de él, afirmando que “Jugaron con sus bastones en mi cuerpo” y lo obligaron a practicar sexo oral a uno de ellos. Otro detenido, Leonel H., fue golpeado y acosado repetidamente por tener una modificación genital.
Las condiciones de reclusión también fueron inhumanas. Los detenidos sufrieron detención prolongada en régimen de incomunicación (cuatro meses) sin acceso a abogados ni a sus familiares. También se enfrentaron a la negación de higiene y saneamiento básicos: recibían jabón en polvo solo una vez a la semana, las celdas estaban sucias y el agua para beber y bañarse era de mala calidad, a veces amarillenta o con insectos. Nelson F. comentó sobre el trato: “El trato era degradante, peor que si fuéramos animales”.
Los migrantes también recibieron golpizas por el hecho de solicitar atención médica, que siempre era ignorada.
Los detenidos permanecieron incomunicados en el CECOT hasta el 18 de julio de 2025, cuando fueron devueltos a Venezuela como parte del intercambio de prisioneros entre EUA y Venezuela.
“El Abu Ghraib del presidente Bukele”
Las víctimas señalaron que, a su regreso a Venezuela, siguen sufriendo lesiones físicas y traumas psicológicos que temen sean duraderos.
Los abusos psicológicos fueron constantes. Julián G. resumió la angustia: “La tortura psicológica era no saber qué iba a pasar con nosotros, cuál iba a ser nuestro futuro, si nuestras familias sabían dónde estábamos”. Daniel B. describió el impacto continuo del encarcelamiento: “Estoy en alerta todo el tiempo porque cada vez que escuchaba el sonido de las llaves y de las esposas, significaba que ya venían a pegarnos”.
La detención en el CECOT también generó pensamientos suicidas en al menos cuatro detenidos. Felipe C. manifestó la necesidad de ayuda psicológica: “Me despierto con un trauma de que me van a detener y que me van a golpear. No puedo dormir bien…. Me gustaría recibir ayuda para poder superar el trauma”.
Los migrantes, cuya mayoría no tenía antecedentes penales, expresaron su frustración por el trato recibido: “No somos terroristas, éramos migrantes. Fuimos a Estados Unidos a pedir protección y la oportunidad de un futuro mejor, pero terminamos en una prisión en un país que ni siquiera conocíamos, siendo tratados peor que animales”.
Human Rights Watch y Cristosal instan a que Estados Unidos ponga fin a los traslados de ciudadanos de terceros países a El Salvador, dado el riesgo previsible de tortura y malos tratos, y exigen que El Salvador garantice la rendición de cuentas y lleve a cabo investigaciones creíbles sobre estos graves abusos.
“Estados Unidos no había participado en actos de tortura de esta magnitud desde la guerra contra el terrorismo. La tortura no hace que nadie esté más seguro y nunca puede justificarse como parte de una política pública. Indudablemente, la tortura es la norma en las cárceles salvadoreñas”, señaló en redes sociales el director ejecutivo de Cristosal, una de las organizaciones que más ha denunciado las violaciones a los derechos humanos del gobierno Bukele, en el exilio desde junio pasado debido al acoso, persecución y cárcel en contra de sus miembros.
En Estados Unidos, Peter Welch, senador demócrata de Vermont, se pronunció señalando que los hallazgos son “horribles”.
«(…) Y son doblemente inquietantes porque Estados Unidos está directamente implicado. No sería una exageración describir lo que sucede a diario en CECOT como el Abu Ghraib del presidente Bukele”.
