Hoy quizá hasta cuesta recordarlo, pero este día se conmemora un nuevo aniversario de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador. Han pasado ya 34 años desde que la razón, el diálogo y el entendimiento acabaron con los regímenes militares y los doce años de violencia, profundas heridas y graves violaciones a los derechos humanos. La firma de la paz en El Salvador fue un momento histórico en el que salvadoreñas y salvadoreños —en diálogo con la comunidad internacional— despertaron hacia una esperanza compartida de reconciliación, democratización y justicia.
Este año, sin embargo, la conmemoración pasa de nuevo en silencio. No hay actos estatales que honren la gesta porque el régimen de Nayib Bukele ha dado un paso al costado. De hecho, desde su primer periodo, el constitucional, Bukele fue más allá: declaró que los Acuerdos de Paz son poco más que una “farsa” y sustituyó la fecha por un día para honrar a las víctimas del conflicto, desmontando de hecho el simbolismo de aquel pacto social que un día aspiró a sanar una nación.
Ese silencio y repudio oficial no es casualidad. Es parte de una obra mayor en la que se han erosionado los fundamentos mismos de lo que se construyó con sangre y diálogo. Los Acuerdos no sólo sellaron el cese de hostilidades; establecieron un marco para la construcción colectiva de un nuevo país, en el que la separación de poderes, el establecimiento de reglas electorales transparentes y claras, la inclusión y aceptación de nuevas voces políticas y la búsqueda de la igualdad y el respeto a los derechos humanos estuvieron a la cabeza de las negociaciones. Y, en ese marco, dos puntos clave permitieron el desenlace que acabó con la guerra: la desmilitarización del país y la creación de instituciones civiles orientadas al respeto de los derechos humanos, como la Policía Nacional Civil (PNC). Esta institución fue pensada para reemplazar a las fuerzas represivas del pasado, construida sobre la base de una doctrina civil, profesionalismo democrático y respeto a los derechos humanos.
Pero hoy, en cambio, la PNC ha perdido ese carácter civilista y se ha convertido en un brazo político subordinado a las fuerzas armadas. El Ejército, otrora corregido por los Acuerdos de paz, ha retomado el control de la seguridad pública y de facto la conducción del orden interno sin los límites constitucionales que antes se celebraban. Lo que nació como garantía democrática ha sido transformado en instrumento de control.
Pero lo más inquietante es el contexto en el que este cambio ocurre. Sin el diálogo, sin apertura a la disidencia, sin espacio para una oposición genuina, El Salvador ha visto cómo el Estado puede detener —con un régimen de excepción prolongado e inconstitucional— a más de 90,000 personas sin juicio, en muchos casos bajo acusaciones sin pruebas o marcadas por prejuicios socialmente estigmatizantes.
Y detrás del régimen de Bukele han reaparecido de nuevo hechos que creíamos en el pasado: la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales. Y, más grave, la cooptación del poder ha dejado a la persona salvadoreña, razón de ser del Estado, desnuda y sin protección. Ahora, de hecho, El Salvador cuenta con una Procuraduría de Derechos Humanos, institución nacida gracias a los Acuerdos, pero solo en el papel, porque su regente ha demostrado públicamente estar cooptada por el gobierno de Bukele.
El desgaste de las instituciones no es un accidente ni una consecuencia inevitable. Es resultado de decisiones políticas deliberadas. La desaparición simbólica de la conmemoración de los Acuerdos de Paz refleja un proyecto de país que ya no mira hacia la reconciliación, sino hacia la concentración del poder en torno a una figura única, con las garantías de derechos humanos en segundo plano.
Recordar hoy aquel 16 de enero de 1992 es hacerlo con un sabor agridulce. Aquella paz fue fruto de luchas, de memorias difíciles, de dolor compartido. Fue un pacto para construir, justamente, un país donde la violencia no fuera la herramienta de regulación social. Hoy, la lógica dominante parece ignorar décadas de lecciones aprendidas, sustituyéndolas por prácticas que sólo reproducen la lógica de fuerza que alguna vez nos llevó a la guerra.
Este silencio oficial, lejos de borrar la memoria, debería iluminar nuestra responsabilidad como sociedad. Porque la paz no es un día en el calendario ni un decreto que se elimina con un tuit. La paz está en las instituciones que funcionan, en los derechos garantizados, en la justicia que se cumple y en la capacidad de disentir sin miedo. Esas son las conquistas que los Acuerdos de Paz quisieron sembrar y que hoy están desapareciendo a toda velocidad.
Que no se nos muera el recuerdo de un hecho histórico e importante, que nos marcó como sociedad y que nos abrió los ojos para pensar en un mundo mejor y más igualitario. Sobre todo, hoy, cuando de nuevo suenan los tambores de guerra en el planeta, la nuestra es una memoria que deberíamos cargar con orgullo, y no ignorarla por conveniencia o no proclamarla por miedo.
