La marcha está por comenzar cuando me reencuentro con Carmen, una de las madres del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir). Ella no me reconoce. Le recuerdo entonces que nos vimos hace un año frente al penal La Esperanza, conocido como Mariona, una de las principales cárceles del régimen de Nayib Bukele. Aquella vez acompañaba a otras madres en un acto con escasa cobertura mediática: la búsqueda de información sobre sus familiares desaparecidos.
Esa vez me contó que su hijo, Reynaldo, fue detenido el 25 de abril de 2022, en el primer mes del régimen, y que desde entonces no sabía nada de él. Solo rumores: que estaba en Mariona, o en Izalco, o quién sabe dónde.
Le muestro un video de aquel encuentro y recién entonces Carmen me reconoce. Estoy por preguntarle si ha sabido algo más de su hijo cuando me empuja suavemente hacia la mujer que camina a su lado.
“Hable con ella”, me dice. “Aproveche”.
—¿A usted puedo contarle el caso de mi hijo? —lanza Ana, casi sin preámbulos.
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En las afueras del Parque Cuscatlán se concentran unas quinientas personas, tal vez un poco más, tal vez menos. Entre los manifestantes hay madres y padres del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), integrantes del Bloque de Resistencia Popular, comunidades históricamente organizadas contra la minería provenientes de Cabañas y excombatientes de la guerra civil. Cada grupo convocó para este domingo a una marcha para no olvidar los Acuerdos de Paz.
Si hubiera que tomar una foto de la actual resistencia contra Bukele, sería esta: todos estos muy pocos. Son los únicos defensores visibles de la paz, los únicos que se atreven en un país al que pareciera habérsele olvidado la protesta, la organización, la fuerza de la calle y de la plaza.
Aquellos grandes “líderes” de la derecha que firmó la paz, los que no están refugiados o perseguidos por el régimen, han desaparecido del mapa. Exactamente lo mismo ocurre con los “líderes” de la izquierda. Y con los empresarios ‘progresistas’. Hoy, la oposición política más visible se reduce a tres diputados y algunos concejales dispersos por el país que todavía se atreven a alzar la voz. Ninguno está aquí esta mañana.
Desde que Bukele declaró que los Acuerdos de Paz fueron “una farsa”, porque es conveniente para su régimen que olvidemos el militarismo, la separación de poderes, la defensa de los derechos humanos, esta marcha se ha vuelto recurrente. Pero nunca ha alcanzado la masividad de la única manifestación que realmente lo incomodó: la del 15 de septiembre de 2021. Aquel día marcó un parteaguas. Bukele llevaba cuatro meses y medio gobernando con poder absoluto. En mayo había destituido a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, reemplazándolos por funcionarios dóciles.
Esa marcha logró algo excepcional: coordinación entre movimientos sociales y participación espontánea de ciudadanos no partidarios. En la segunda convocatoria, policías y soldados bloquearon los accesos a la capital para impedir la llegada de buses con manifestantes.
Con el tiempo, el régimen hasta se inventó acusaciones contra algunos de los protagonistas, que ahora guardan prisión gracias a un testigo inverosímil y un caso lleno de mentiras. Con el tiempo, las marchas se fueron diluyendo hasta llegar a esta edición de 2026, nueve meses después de que Bukele asestara nuevos golpes contra la sociedad civil organizada.
En mayo de 2025 aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que amenaza con multas de hasta 150 mil dólares, persecuciones penales y carga con un impuesto del 30 % a los fondos de cooperación internacional que reciben las organizaciones. Ese mismo mes capturó a Ruth Eleonora López, jefa del equipo legal y anticorrupción de Cristosal.
La marcha arranca y, en la cola, una pareja carga una pancarta por la libertad de Ruth.
Un mes después, el 1 de junio, Bukele apuntó directamente contra la prensa independiente en un discurso público. Una semana más tarde fue capturado Enrique Anaya, abogado constitucionalista y una de las voces más críticas del régimen.
En la marcha, dos mujeres avanzan con una pancarta exigiendo su libertad y, la otra, con el recuerdo de monseñor Óscar Romero, la voz de los sin voz.
La persecución ha calado hondo. Organizaciones sociales han cerrado operaciones, la falta de acceso a fondos a diezmado a muchas otras, mientras medios y periodistas se han exiliado. En el país, el debate público agoniza. No ha muerto, pero son muy pocos quienes se atreven a sostenerlo.
Desde 2022, quienes protagonizan estas marchas son los mismos de esta edición: y ellos reclaman que no se olvide la paz, pero también que no se olvide que a ellos les arrebataron la suya. Entre esos valientes están las madres del Movir, como Ana, una mujer sin paz desde el 29 de mayo de 2022.
Ese día se llevaron a su hijo, Milton Ernesto López Aguiluz, motorista del transporte público. Tenía 30 años. En febrero cumplirá 34, lejos de una hija que ya no lo recuerda. Ella cumple siete años este 2026.
Una “llamada anónima” lo acusó de ser pandillero. Así nació el régimen: inconstitucional, sin pruebas, con capturas masivas y cuotas impuestas a policías y militares. Muchos detenidos fueron señalados solo por llamadas anónimas. Otros, porque “se mostraron nerviosos”.
Milton no se mostró nervioso. Lo llamaron a su celular para que se presentara en su lugar de trabajo y ahí lo capturaron. Llevaba diez años trabajando en la ruta 140, en Ilobasco. En tiempos de control pandillero, ser motorista era vivir al filo de la muerte. “A veces toca trabajar solo para comprar pan”, le explicaba a su madre, porque los pandilleros exigían casi toda la ganancia.
—Nosotros éramos víctimas de las pandillas —dice Ana—. Ahora somos víctimas del Estado.
Milton había sobrevivido a una leucemia a los 14 años. Los médicos le dieron seis meses de vida. Vivió quince años más, hasta que el régimen se lo tragó, lejos de los tratamientos que aún necesita.
Ana se quiebra, los ojos se le rompen y las lágrimas caen por sus mejillas: “Sus consultas, su medicina, sus exámenes… siempre estábamos pendientes. Y ahora no sé nada…”.
La marcha avanza por la calle Rubén Darío hacia el centro histórico. Seis días antes, Bukele celebró un Desayuno Nacional de Oración con pastores evangélicos. Hoy, las consignas lo interpelan a él y a sus comensales:
—¡No se puede estar con Dios si se está lastimando al prójimo!
Los vendedores del centro remozado salen a mirar. En el mercado Hula-Hula, una docena de mujeres dejan sus puestos para grabar con el celular. Marchan pocos, pero los observan cientos, turistas incluidos.
Antes del final, en las gradas de la Biblioteca Nacional, regreso con Carmen. Reynaldo sigue detenido. Ella no sabe con certeza si está en Izalco, uno de los penales con más muertes bajo el régimen. Según organizaciones civiles, más de 400 reos han muerto bajo custodia del Estado.
Carmen sigue llevando cada quince días un paquete alimenticio y de limpieza que le cuesta 70 dólares. Ella es vendedora ambulante y reconoce que ahora trabaja para comprar ese paquete. Lo poco que le queda va para su propia supervivencia. Cuatro años después, si sus cálculos no fallan, ella habrá gastado más de 6 mil dólares en unos paquetes que no sabe si realmente le llegan a su hijo, del que no tiene noticias.
—No sé si está vivo o muerto —dice—. Y para una madre, eso es bien duro.
La marcha termina en las gradas de la Binaes. Los voceros llaman a la organización. Se extraña a médicos, sindicalistas, maestros. Bukele ha golpeado a casi todos los colectivos. Tal vez por eso el llamado ahora es apenas a empezar de nuevo.
Por lo pronto, esto es lo que hay. Pero no es poco. Para Carmen y Ana, esta marcha ha sido una oportunidad para gritar, pancartas en mano, que les devuelvan a sus hijos.
Que les devuelvan la paz.
