Una investigación de los fiscales -que incluye el testimonio del ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, en el centro de varios escándalos de corrupción- indica que el préstamo del BCIE pudo haber sido una parte clave del esquema de sobornos de la constructora brasileña.
Las últimas dos administraciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) utilizaron su poder para favorecer el polémico proyecto de una represa que derivó en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. En la administración de Dante Mossi, el Banco vendió al por menor la deuda del proyecto, en una trama en la que el empresario Guillermo Bueso, presidente ejecutivo de Banco Atlántida y amigo de Mossi, terminó como nuevo dueño del financiamiento. Con 500,000 dólares de esa deuda, el BCIE financió un proyecto de Ley de Consulta Previa que planeaba facilitar el camino a los generadores privados de energía con al menos 115 contratos, incluyendo el reinicio del proyecto Agua Zarca. Las comunidades impactadas por los proyectos siguen resistiendo y la violencia prevalece en ellas.
Empresas vinculadas a dos consultores del BCIE obtuvieron contratos por valor de más de 1,6 millones de dólares para asesorar al banco en su relación con Corea del Sur. Uno de los asesores, además, fue delegado por Dante Mossi para adquirir en ese país asiático $2.1 millones en pruebas PCR a “bajo costo” para apoyar a los países centroamericanos durante la pandemia. Las pruebas, sin embargo, eran inservibles. Para corregir el error, el Banco terminó pagando más del doble de lo presupuestado para distribuir los insumos en la región.
Cuatro meses antes de las elecciones de 2021, el Banco Centroamericano de Integración Económica autorizó un préstamo de 1,750 millones de lempiras (unos 70 millones de dólares) a Honduras, para paliar la devastación de las tormentas tropicales Eta e Iota. El primer desembolso llegó un mes antes de los comicios y el gobierno de Juan Orlando Hernández, hoy preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico, utilizó parte de ese dinero para otorgar bonos a cambio de que las personas beneficiadas votaran por el candidato presidencial de su partido. La hija del expresidente, Ivonne Hernández, trabajaba como ejecutiva de finanzas en el BCIE en esa época.
Desde 2018, bajo el estado policial de facto, el presidente ejecutivo del BCIE otorgó a Ortega USD 2068.5 millones, 72% más que en el quinquenio anterior. La cifra al régimen nicaragüense solo fue superada con los montos otorgados a El Salvador: $2649.91. En conjunto, ambos países recibieron $4717 millones versus los $3700 millones que recibieron los otros tres países fundadores del BCIE en Centroamérica.
Por lo menos nueve activistas que se opusieron a represas financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han sido asesinados, según registros judiciales, reportes de medios e informes de grupos de derechos humanos.
Documentos internos revelan que el Banco Centroamericano de Integración Económica hizo caso omiso de las señales de alarma, llevó a cabo una escasa diligencia debida y mantuvo su apoyo a la construcción de la represa hondureña incluso después de que una persona de la localidad fue asesinada por un soldado en medio de las protestas de las comunidades indígenas y de que otro financiador dijera que era demasiado arriesgado continuar.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se creó para dar a la región más control sobre su propio desarrollo, pero una nueva investigación de OCCRP y sus aliados, entre ellos La Redacción Regional, plantea dudas sobre las prácticas para otorgar préstamos que tiene el banco.