Ni Dios ni Patria: presos políticos, persecución religiosa y “barbaridad” en la dictadura de Nicaragua

Ilustración: Monserrat Benítez

El sacerdote Uriel Vallejos se internó una madrugada de finales de agosto en las veredas de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Llevaba dos mudadas, un par de botas y zozobra. “Póngase en las manos de Dios”, le dijo el coyote que lo condujo por puntos ciegos al exilio. “Si usted está circulando lo pueden apresar y llevar a la cárcel”.

El religioso huía entre la oscuridad porque el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo llevaba casi un mes persiguiéndolo. El 1 de agosto la policía, el principal brazo represor del gobierno, cerró la radio que Vallejos dirigía en la ciudad de Sébaco y luego fue sitiado en la curia de su parroquia, la Divina Misericordia, donde pasó encerrado cuatro días comiendo pan, agua y yogurt. Después, la vicepresidenta Murillo ordenó trasladarlo a Managua para recluirlo en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima. Allí le asignaron custodia policial y tenía prohibido volver a Sébaco, en el departamento de Matagalpa, cuya diócesis es dirigida por el obispo Rolando Álvarez, también secuestrado policialmente esos mismos días. Hoy monseñor Álvarez está bajo casa por cárcel y el cardenal Leopoldo Brenes, según fuentes católicas, le ha pedido a sus clérigos que en las homilías no se hable de él. 

Vallejos burló el cerco policial y llegó a Costa Rica. No se refugió en ese país, como sí lo han hecho unos 120,000 nicaragüenses, sino que lo usó de trampolín para llegar a Roma. Frente a la imagen de San Francisco y Santa Clara de Asís anunció su exilio y denunció la persecución que sufre en estos días la Iglesia Católica de Nicaragua. Este sacerdote es uno de los cinco religiosos que se han exiliado en las últimas semanas. El pasado martes cuando el párroco Juan de Dios García intentó volver a Nicaragua desde Estados Unidos, donde realizaba un viaje familiar, las autoridades migratorias sandinistas le negaron el ingreso, imponiendo destierro. 

La persecución a la Iglesia desatada por el régimen Ortega-Murillo en las últimas semanas es una escalada más en la represión total que se sufre en Nicaragua. Al hostigamiento de religiosos, se suma el cierre de otro centenar de organizaciones de sociedad civil, cuyos edificios han sido confiscados; la aprobación de una ley de bienes y raíces para castigar a las propiedades de opositores, la persecución contra los periodistas del diario La Prensa, el arresto constante de más activistas en las ciudades de Managua, León y Nueva Guinea. Cuatro directivos de las estructuras municipales de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes Movimiento Renovador Sandinista, fueron detenidos este lunes 11 de septiembre y al menos tres más están siendo asediados por la policía en el contexto de las fiestas patrias. 

El Presbítero Uriel Vallejos salió de Nicaragua por puntos ciegos hacia Costa Rica. Foto: Cortesía.

El 31 de agosto, después de múltiples demandas de los familiares, quienes denuncian malos tratos y pésima alimentación en la prisión de El Chipote, el gobierno presentó por primera vez en más de un año a los presos políticos. La mítica exguerrillera Dora María Téllez fue presentada demacrada y traslúcida por la falta de sol y, al igual que los otros presos políticos, con signos de desnutrición. 

La exguerrillera sandinista e historiadora Mónica Baltodano sostiene que Ortega se ha ensañado contra los sandinistas disidentes y figuras claves en la lucha contra la dictadura de los Somoza porque los considera traidores. Sostiene que si no hubiese exiliado en Costa Rica después que su organización no gubernamental fue allanada por la policía, hoy estaría presa junto a Dora María Téllez. 

“Nunca esperé que el régimen de Daniel Ortega llegara a estos extremos, de torturar presos políticos y perseguir a todos. Nosotros fuimos los primeros en advertir que se venía una nueva dictadura en Nicaragua. Sobre todo en su primera reelección fuimos enfáticos en señalar lo gravísimo de permitírselo porque estaba develando totalmente su plan dictatorial, pero no pensamos que iba a llegar a arrestar a Hugo Torres y lo iba a dejar morir como perro. Lo que está haciendo con los presos políticos es debilitarlos desde el punto de vista físico, subjetivo y de su equilibrio”. 

La presa política Suyen Barahona, presidenta de Unamos, fue presentada en los juzgados de Managua con una pérdida de peso que sobrepasa las 30 libras, según sus familiares. Foto: Cortesía.

El impacto de los presos políticos famélicos fue un fuerte golpe emocional para sus allegados, como lo siente Baltodano con Dora María Téllez, pero también dejó claro que los Ortega-Murillo siguen radicalizando su postura. 

“Se radicalizan  más y su poder descansa en las armas y el terror que infunde, en especial la policía. Ortega logró construir una subordinación total de las instituciones que lo ha convertido en uno de los dictadores con más control de los demás poderes en la región. En el tiempo del somocismo había fisuras en el Poder Judicial y en la Asamblea Nacional; podías escuchar a algunos diputados criticar, pero ahora todo está absolutamente subordinado a la pareja presidencial. Tenemos un Parlamento haciendo, diseñando leyes como camisa de fuerza para la oposición; leyes orientadas específicamente a asfixiar y a aplastar todo lo que se le oponga”, dice Baltodano. 

Un diálogo imposible

El obispo Monseñor Álvarez cercado en la curia de Matagalpa antes de ser capturado y trasladado a Managua, donde le han impuesto casa por cárcel. Foto: Cortesía.

Este martes 13 de septiembre, 45 países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo la brutal represión impuesta por el régimen y las constantes violaciones a los derechos de asociación, expresión y religiosa de los nicaragüenses.

“Nicaragua ha continuado reprimiendo los derechos a las libertades de reunión pacífica y asociación, y de religión”, destaca el documento. El grupo de países lamentó que el régimen sume más de mil organizaciones civiles y una docena de universidades canceladas, “impactando el derecho a la educación”. Destaca que también empeoró el “disfrute” de la libertad de opinión y expresión, con más de cien periodistas obligados al exilio y una decena de radios y televisoras censuradas en agosto.

“Los embates a la libertad de asociación se han incrementado de manera exponencial. Este año se ha cancelado la personalidad jurídica de 1.512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas médicas, y entidades asociadas a la Iglesia Católica”, dijo un representante del organismo en el marco del 51° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se lleva a cabo del 12 de septiembre al 7 de octubre en Ginebra, Suiza. 

La ONU sugirió a los Ortega-Murillo dialogar, pero el último acercamiento que intentó Colombia dejó claro que no es una opción en el tablero de Managua. “Durante el examen periódico universal, siete Estados también lo recomendaron (el diálogo) y si bien Nicaragua aceptó cuatro de esas recomendaciones, el diálogo hasta el día de hoy no se ha reanudado, a pesar del anuncio del presidente Daniel Ortega, en 2021”, remarcó la ONU.

La presentación de los presos políticos el pasado 31 de agosto coincidió con un acercamiento con “fines humanitarios” que intentó el nuevo gobierno colombiano de Gustavo Petro con los Ortega-Murillo. Sin embargo, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, dijo que las cosas de orden público “no se pueden tratar a las patadas”, como lo ha venido haciendo Ortega, tampoco “metiendo a los amigos en la cárcel, ni acabando con las asociaciones nacionales defensoras de derechos humanos”. “Esto ha sido una barbaridad”, lamentó. 

La negociación fracasó. 

Ante una oposición y sociedad civil desarticulada, la comunidad internacional se ha dado de bruces con el orteguismo y la receta, hasta ahora poco efectiva, parece no variar mucho. Baltodano cree, que en este momento, Ortega y Murillo se “están saliendo con la suya”. “No existe todavía una fuerza ni nacional ni internacional que diga hay que ponerle fin a esta dictadura”, dice en San José, Costa Rica, donde está exiliada desde 2021, cuando su antiguo compañero de lucha emprendió una cacería contra todos los liderazgos opositores que le permitió perpetuarse en el poder, a través de unas elecciones sin competencia. 

Financiamiento internacional aún oxigena

La comandante guerrillera sandinista, Monica Baltodano, perseguida por los Ortega-Murillo se exilió desde 2021 en Costa Rica. Foto: Carlos Herrera | Divergentes.

El exdiputado Eliseo Núñez sostiene que los Ortega-Murillo han criminalizado “todo” para consolidar un régimen totalitario. “En este momento están tratando de desmontar la red de la Iglesia Católica para evitar que por ese lado le pueda venir una línea discursiva que permita que la oposición tenga espíritu de cuerpo. Porque una de las cosas que perdés en estos regímenes es el espíritu de cuerpo. Rompen con el tejido social, pero antes rompen los tejidos organizativos. Por eso se criminaliza la libertad de asociación. El ataque que recibió la sociedad civil y la Iglesia es parte de lo mismo. Hacen que te sientas absolutamente solo. No quieren que nadie asista a una misa y escuche una homilía crítica”, analiza Núñez. 

Baltodano y Núñez coinciden que mientras Ortega y Murillo puedan seguir garantizando recursos para que su engranaje represivo funcione, el régimen seguirá a flote. “Él ha tenido el financiamiento de la represión en las IFI (Instituciones Financieras Internacionales). Lo que el BID y el Banco Mundial le quitaron, ahora se lo da el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Mientras él tenga esa capacidad de pagar su planilla y de sostenerse económicamente, crear inversión pública para poder dar empleo y mantener al círculo de empresarios que está alrededor de él, Ortega va a poder sostenerse en este modelo, pero es un modelo que es fácil pararlo desde afuera. El único que es difícil de sostener de los pilares que sostiene a la dictadura es el pilar de las remesas”, dice Núñez. Y agrega: “El otro pilar de las exportaciones es muy incierto porque su principal cliente, que es Estados Unidos, en cualquier momento puede cerrar el chorro”.

Rosario Murillo y Daniel Ortega en un acto partidario en plaza pública antes de 2018. Foto: Carlos Herrera | Divergentes.

Aunque de manera tibia, en Washington se han impuesto algunas medidas económicas en los últimos meses para presionar al régimen de Ortega-Murillo. El miércoles 20 de julio, Washington dio una prueba de que puede frenar las importaciones: excluyó a Nicaragua de la cuota azucarera de su año fiscal 2023 en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este golpe a los azucareros se traduce en “un mensaje” a otros sectores empresariales que todavía se encuentran cómodos con el régimen de Ortega-Murillo, según fuentes económicas vinculadas al CAFTA-DR. El principal perjudicado fue el magnate azucarero Carlos Pellas quien, hasta hoy, ha mantenido una postura muda frente a los embates represivos del régimen. 

“Lo más importante es la señal que está enviando Estados Unidos de que, así como le está haciendo con el sector azucarero, también se lo pueden hacer a otros sectores importantes como lo son el tabaco, la carne y otros que tienen cuotas preferenciales con Estados Unidos”, dijo un economista que trabajó como consultor en las negociaciones del CAFTA entre 2003 y 2004. 

A finales de agosto, el gobierno Biden empezó a considerar frenar importaciones desde Nicaragua, al bloquear algunos de los rubros más importantes a través del CAFTA-DR. Otras voces en Washington proponen ir más allá. El senador Marco Rubio hizo un llamado a la administración Biden para que aplique sanciones directas a los funcionarios del régimen y suspenda los beneficios del Tratado de Libre Comercio. 

Poder absoluto

Las elecciones de 2021, en las que Ortega y Murillo se reeligieron sin competencia, estuvieron marcadas por el abstencionismo ciudadano y la presencia policial. Foto: Divergentes.

Mientras este panorama sigue trabado, a Baltodano le preocupa la menguante salud de los presos políticos, cuya permanencia en prisión puede extenderse de cara a las elecciones municipales fechadas para noviembre próximo. En ellas el sandinismo “consolidará el poder absoluto” en las localidades, de acuerdo a la organización Urnas Abiertas. 

“Ortega va a aniquilar a toda la oposición y no pensé que se pudiera llegar a tal grado de criminalidad, al punto que persigue a figuras históricas del sandinismo o nos ha llevado al exilio, donde nos persiguen con métodos diferentes: con hostigamiento fiscal, financiero; nos niegan el pasaporte en los consulados o la licencia de conducir… trata de reducirnos a una inexistencia ciudadana”, lamenta Baltodano, quien cree que la eventual muerte de Daniel Ortega no resuelve el acertijo de la represión en Nicaragua.  “Con la muerte de Ortega se debilitaría la dictadura, pero hay construido todo un esquema de poder que podría permitirles maniobrar a sus heredero. Ya ves lo que pasó con Somoza García: no sirvió para nada su desaparición física y esa dictadura continuó. Lo esencial es cómo los nicaragüenses seamos capaces de organizar fuerzas dentro y fuera de Nicaragua, que no nos conduzcan a las transformaciones de fondo; al proceso de transición que necesita Nicaragua para reconstruirse como República”.

Autor

  • Periodista nicaragüense. Cubre violaciones de derechos humanos, desplazamiento forzado, tráfico ilegal de tierras indígenas, medio ambiente y ejecuciones extrajudiciales en Centroamérica. Es cofundador de Divergentes y colabora para El País. Premio Rey de España 2018, Ortega y Gasset y SIP 2022.

    Ver todas las entradas

Por

Comparte: