Nayib Bukele llegó al poder con un discurso anticorrupción, pero tras seis años en el poder es precisamente su gobierno uno de los más cuestionados por la inmensa opacidad con la que opera. Mientras, en el mismo periodo, su clan familiar y 28 de sus funcionarios han experimentado una primavera inmobiliaria gracias a sociedades que de la noche a la mañana pasaron de tener muy poco a invertir millones en propiedades; o gracias a los favores de un banco estatal al servicio del Ejecutivo. El último caso conocido es el del subjefe de la fracción oficialista de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, quien pasó de no tener una tan sola propiedad a poseer “un apartamento de lujo con vista al volcán de San Salvador; dos terrenos en una paradisíaca zona del Golfo de Fonseca, en La Unión; y una casa y dos lotes en San Miguel. Los seis inmuebles están valorados en $447,000”, según reveló Revista Factum.
En diciembre de 2024, Navarro se unió al club de los funcionarios financiados con fondos del Banco Hipotecario, una entidad financiera estatal que nació con el propósito de ayudar a pequeños comerciantes. La investigación periodística reveló que recibió un crédito de $240,000 por un apartamento lujoso en la colonia Escalón, una de las zonas más exclusivas de El Salvador, que compró por $242,000. El suyo es el último de una serie de enriquecimientos que, según la Constitución deberían de ser de interés de los entes contralores del Estado.
En el quinquenio constitucional de Bukele, además de los funcionarios oficialistas, el Hipotecario también otorgó créditos con superávit a tres primos de Bukele. En conjunto, los políticos de Nuevas Ideas recibieron más de $6.7 millones en préstamos del banco estatal sobre 29 inmuebles. En esta lista destacan el presidente de Nuevas Ideas y primo de Nayib, Xavier Zablah Bukele; el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro; la vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas; miembros del gabinete de Gobierno como el ministro de Defensa o el secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, y de comunicaciones, Sofía Medina, y otros 11 diputados, incluido Navarro.
En ese mismo periodo, el clan familiar con el que el autoproclamado ‘dictador cool’ gobierna ha acumulado casi 365 hectáreas, valoradas en un estimado de $10.5 millones. Entre los nuevos terrenos que Nayib, Karim, Ibrahim y Yusef Bukele y su madre Olga Ortez han adquirido están la finca de café donde produce su marca Bean of Fire, una playa que colinda con el área natural protegida de Los Cóbanos, un edificio exento de impuestos en el Centro Histórico de San Salvador y apartamentos de lujo.
Los Bukele no han querido explicar el origen de los fondos con los que han comprado tantos inmuebles. En octubre de 2024, el mandatario se dirigió a Twitter (ahora X) para insultarnos, llamándonos “imbéciles” por haber revelado que en los últimos seis años sus negocios y su patrimonio personal experimentaron una exponencial bonanza. Luego, en su primer discurso como presidente inconstitucional dijo que las revelaciones periodísticas han sido “críticas y ataques, incluso personales y a mi familia”. Lo que más se puede acercar a una explicación la dio su hermano Karim Bukele, quien es su principal asesor sin tener un cargo público. Para intentar explicar la adquisición de una de las nuevas propiedades del clan, en la misma red social dijo que se había tratado de un traslado de activos y no de una multiplicación de activos. Aunque se le solicitó, no quiso ampliar ni una entrevista.
Los Bukele, como muchos presidentes antes de ellos, prefieren evadir la rendición de cuentas y en su lugar buscan atacar al periodismo desde su torre de marfil ante hechos confirmados por fuentes oficiales.
Como la familia que gobierna El Salvador, los diputados, funcionarios y parientes de Bukele que recibieron financiamiento de un banco estatal para comprar sus propiedades lujosas también continúan guardando un silencio rotundo. El diputado Navarro, de nuevo, fue el vivo ejemplo de la opacidad y la inmunidad con la que gobiernan. Un día después de que Factum revelara sus nuevas propiedades, publicó una foto estrechándole la mano al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, luego de una comisión legislativa. Delgado fue impuesto por la bancada oficialista en mayo de 2021 y reelecto en el cargo a finales del mismo año. Desde su llegada la FGR se ha dedicado a enterrar toda investigación que perjudique la administración de Bukele.
Utilizando al fiscal como figura ‘aliada’, este gobierno y sus funcionarios se venden como los paladines anticorrupción. Prometieron acabar con el sistema corrupto de “los mismos de siempre”, pero en su lugar instalaron un modelo que los blinda.
Lejos y mal añejada ha quedado la instauración de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en El Salvador (Cicíes), apoyada por la Organización de Estados Americanos (OEA). Bukele aseguró que la Cicíes no solo ayudaría a combatir al corruptor y al narcotraficante, “sino también a modificar los sistemas y poner en práctica formas de trabajo que eviten la corrupción y que eviten la impunidad”. Luego, en marzo de 2020, cuando inició la pandemia y frente al comisionado de la Cicíes, Ronalth Ochaeta, redobló su apuesta: “Quien robe dinero, yo mismo me encargaré de meterlo preso”.
Pero nadie en grandes casos de corrupción ha caído preso ni ha dado explicaciones al gasto de $3,000 millones sin rendir cuentas de su gobierno. Y cuando la Cicíes comenzó a investigar esas irregularidades, Bukele lo tomó como un ataque y sepultó su principal promesa de campaña… con apoyo de su fiscal impuesto.
Antes de tomarse su licencia para reelegirse inconstitucionalmente, Bukele reunió a sus funcionarios y al fiscal Delgado para decirle que investigara a toda su administración. Aún no hemos visto a ningún funcionario de peso acusado. “Yo no voy a ser el Presidente que no robó pero que se rodeó de ladrones. Que me recuerden como el Presidente que no robó y que no dejó que nadie robara y al que robó le metió en la cárcel”, les dijo Bukele.
Exceptuando a una alcaldesa promovida por su partido y a un funcionario mando medio en el Ejecutivo, la depuración interna no toca ni a su clan ni a sus diputados. La Fiscalía, en cambio, apunta con vehemencia a exfuncionarios de los gobiernos de Arena y el FMLN y a importantes voces críticas, como los abogados Ruth López y Enrique Anaya.
Han pasado seis meses desde la última apuesta de Bukele y su clan presuntamente contra la corrupción. Sin embargo, desde la entrada en vigor de una ley que obliga a todos los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, aún no hemos visto ni una sola explicación del milagro económico que han vivido en Nuevas Ideas.
Bukele ha hecho todo lo posible para que no se investiguen sus nuevas propiedades, sus pactos con las pandillas y el mal uso de fondos públicos. Y sus funcionarios, que más parecen empleados aduladores, simple y sencillamente lo imitan.
*Imagen de portada tomada de redes sociales de diputados de Nuevas Ideas.
