A menos de dos semanas para que arranque su segundo año como presidente inconstitucional, Nayib Bukele logró, sin ningún obstáculo, la aprobación de la ‘Ley de Agentes Extranjeros’ teledirigida contra oenegés críticas de su gobierno y periodistas incómodos al régimen. La normativa argumenta que busca “identificar a los agentes extranjeros que buscan incidir en la opinión pública” para salvaguardar “la seguridad, soberanía nacional y estabilidad social y política del país”.
Cerca de las siete de la noche del 20 de mayo, en menos de dos horas y con dispensa de trámite (es decir, de manera exprés), 57 diputados oficialistas avalaron la moción de la Presidencia presentada a través del Ministerio de Gobernación.
La Ley impulsada por el mismo Bukele llega una semana después de que este anunciara en redes sociales la medida en alusión a “oenegés globalistas” cuyo “único objetivo real es atacar al gobierno”, escribió, un día después de que una protesta pacífica de una cooperativa de campesinos fuera reprimida por policías y agentes de la Policía Militar. Desde entonces, hay tres capturados: un líder de la cooperativa, un pastor evangélico y un defensor de derechos humanos.
La aprobación ocurre, además, en una escalada de la persecución del régimen contra las voces disidentes: el domingo 18, la Fiscalía y la Policía oficialistas detuvieron, en su casa, a la abogada y defensora de derechos Humanos Ruth Eleonora López, una de las voces más críticas del régimen de Bukele en los últimos seis años. López, reconocida por su trabajo a nivel nacional e internacional, es además jefa del equipo Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal.
Una ley para registrar y “aprobar” actividades
Además de un impuesto del 30 % sobre los fondos que organizaciones jurídicas o personas naturales reciban desde el exterior para desarrollar trabajos que “inciden en la opinión pública”, la ley crea el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX). Según la normativa, aquellos que incumplan la ley no podrán operar en el país y estarán sujetos a procesos penales y a multas de entre 150 mil y 250 mil dólares.
La ley es aplicable a las entidades “naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses o sean financiadas, directa o indirectamente, por una persona extranjera”.
En la presentación legislativa de la propuesta, la diputada oficialista Suecy Callejas argumentó que con la ley no se busca bloquear el trabajo de las organizaciones, sino garantizar transparencia en sus acciones y que la población conozca quiénes financian las actividades de estas entidades.
El planteamiento, sin embargo, omite que las entidades que en El Salvador reciben apoyos desde el exterior ya informan de sus actividades al Ministerio de Gobernación y son auditadas por el Ministerio de Hacienda.
Nuevo aparato censor
El Registro de Agentes Extranjeros adscrito al Ministerio de Gobernación tendrá la facultad de determinar qué organizaciones o sujetos pueden ser excluidos de la ley e incluso denegar los proyectos y operaciones de las entidades o personas naturales.
El RAEX también podrá “supervisar, fiscalizar, llevar un control de actividades de los agentes extranjeros, de acuerdo con el giro, actividad, tamaño y demás características, así como requerir los informes necesarios cuando lo estime conveniente”.
La ley también faculta al RAEX a imponer sanciones e informar a la Fiscalía oficialista “en lo dispuesto a la Ley contra el lavado de dinero y activos”. Hace tres meses, en redes sociales, Bukele acusó a las organizaciones de la sociedad civil y medios independientes, afectados por el recorte de Estados Unidos a los fondos de ayuda al exterior, de ser parte de una red global de lavado de dinero.
La nueva entidad podrá, además, solicitar la suspensión o cancelación de las personerías jurídicas o de las inscripciones de funcionamiento en el país de las entidades afectadas por la normativa.
También establece que estarán sujetos a la ley las “personas naturales” y que, será un incumplimiento a la misma, “transmitir o hacer que se transmitan en El Salvador, cualquier material informativo físico, electrónico o digital, para o en interés de un mandante en el extranjero, sin colocar en dichos materiales informativos la etiqueta que indique que el mismo se transmite en nombre de un mandante extranjero o es financiado por este último”.
“Esta ley es un instrumento de censura contra organizaciones de la sociedad civil y atenta contra la libertad de asociación, de expresión y de prensa”, cuestionó la diputada Claudia Ortiz de Vamos, uno de los tres votos en contra de la medida.
Según la directora para la Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, la aprobación de la ley busca «impedir el trabajo de la sociedad civil y medios independientes” y supone “un paso más en la dirección de Nicaragua. La deriva autoritaria avanza a pasos agigantados”, dijo en su cuenta oficial en X.
“La ley pone en riesgo a la sociedad civil organizada”
El miércoles 21, por la mañana, representantes de más de 20 organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron contra la medida y acusaron al gobierno de atacar a las voces críticas.
«La posibilidad de cancelación de la personería jurídica por presuntos incumplimientos atenta contra el principio de proporcionalidad ampliamente reconocido por los sistemas internacionales de protección de derechos humanos», dijo Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, unas de las organizaciones que ha elevado denuncias internacionales por los atropellos y violaciones del Estado en el marco del régimen de excepción, que en marzo pasado cumplió tres años.
Según las organizaciones, la Ley de Agentes Extranjeros no define lo que considera una «amenaza a la seguridad nacional», lo cual abre el espacio a la interpretación que Bukele y régimen quiera darle, poniendo en riesgo la labor de las oenegés y medios independientes.
En el pronunciamiento conjunto también participaron representantes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), entidad que ha llevado un monitoreo sistemático del incremento de abusos y atropellos contra la libertad de prensa por parte de agentes del Estado en los seis años de gobierno de Bukele. Recientemente, la APES señaló que en 2024 se registraron 789 agresiones contra la prensa, el dato más alto en los últimos seis años. «Creemos que es un golpe más a la prensa independiente”, dijo Suchit Chávez, representante de la junta directiva de la asociación.
Para Abraham Ábrego, de Cristosal, esta ley va más allá en la escalada contras las voces disidentes. «Quién quiera denunciar un mal servicio público o un acto de corrupción, puede ser sujeto de criminalización (…) La población debería estar viendo que no solo es un tema de las oenegés”, dijo.
Hace una semana, cuando Bukele anunció que propondría la ley, la Relatora Especial para la Libertad de Asociación de Naciones Unidas alertó de los riesgos de esta medida.
“Etiquetar como ‘agentes extranjeros’ a quienes reciben fondos legítimos estigmatiza, silencia y debilita al tejido cívico del país. No es compatible con una sociedad democrática”, escribió en su cuenta oficial en X.
Otra consolidación de la dictadura
La campaña de Bukele contra las organizaciones de la sociedad civil y medios independientes no es nueva. A la prensa independiente comenzó a atacarla desde un mes antes de que asumiera el poder, a finales de abril de 2019. Y contra las oenegés críticas al gobierno, los ataques se intensificaron en mayo de 2021, cuando su partido se hizo con el control de la Asamblea Legislativa.
Una de las primeras acciones de los diputados oficialistas fue crear la ‘Comisión anti oenegés’, como le llamaron a una comisión legislativa que ‘investigó’ el reparto irregular de fondos a organizaciones no gubernamentales a través del Presupuesto General de la Nación.
En redes sociales, sin embargo, las cuentas afines al oficialismo e incluso diputados oficialistas apuntaban contra organizaciones de la sociedad civil críticas al gobierno ajenas a ese reparto irregular de fondos públicos. Entre estas estaban aquellas que denuncian las violaciones a derechos humanos, corrupción y la falta de acceso al derecho a la información.
En junio de 2021, en el marco de su segundo año de gobierno, Bukele declaró enemigos de su gobierno a las organizaciones de la sociedad civil y medios independientes que cuestionaban y criticaban sus derivas autoritarias y las violaciones a los derechos humanos y al derecho al acceso información en su gestión.
Según Bukele, el combate al “enemigo interno” era el quinto paso de su proyecto político: una lucha frontal contra organizaciones de la sociedad civil, tanques de pensamiento y medios de comunicación, a quienes definió como el aparato ideológico de los poderes fácticos. “Comienza la batalla del pueblo salvadoreño contra el aparato ideológico”, dijo el 2 de junio de 2021, en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
Cinco meses más tarde, Bukele promovió una primera ley de agentes extranjeros, con la cual las personas naturales o jurídicas que recibieran fondos o apoyo del exterior estaban obligadas a registrarse ante el Ministerio de Gobernación y estar expuestas a un impuesto del 40 % sobre los fondos recibidos. Además, la propuesta limitaba ampliamente las actividades en las que podían participar aquellas organizaciones y personas consideradas “agentes extranjeros”.
Sin embargo, para enero de 2022, la propuesta dejó de ser impulsada en la Asamblea Legislativa, a pesar de que Nuevas Ideas, el partido de Bukele, contaban con la mayoría de los votos para aprobarla. De fondo, la presión de la comunidad internacional hizo recular al gobierno. En esta ocasión, nadie ha podido detener a Bukele.
Con la aprobación de la ley, Bukele empata a Daniel Ortega, cuya dictadura aniquiló en los últimos tres años a más de 5 mil organizaciones de la sociedad civil, la mayoría con apuestas de programas sociales que impactaban a cientos de miles de nicaragüenses, en una campaña con una ley similar contra las voces críticas bajo el argumento de la protección de la “soberanía nacional”.
