El gobierno de Nayib Bukele ha dado un nuevo paso en su escalada contra el periodismo independiente salvadoreño al intervenir bienes personales de socios de El Faro bajo la figura de “anotaciones preventivas”, una medida fiscal que el medio considera parte de una persecución política y judicial destinada a silenciar sus investigaciones sobre corrupción, pactos criminales de funcionarios con pandillas y violaciones a derechos humanos.
Este 7 de mayo, el periodista Carlos Dada, uno de los fundadores y director del medio, denunció que entre febrero y abril de 2026, las autoridades salvadoreñas emitieron la figura del ‘embargo preventivo’ contra una cuenta bancaria y un inmueble pertenecientes a dos socios de Trípode S.A. de C.V., la sociedad que fue dueña de El Faro en El Salvador.
En la práctica, la figura utilizada se presenta como una garantía patrimonial ante posibles deudas tributarias en El Salvador, pero el medio sostiene que se trata de un uso arbitrario del aparato estatal para intimidar y castigar a periodistas críticos. “Esta nueva medida no puede leerse de otra manera más que de la continuidad de un problema político que El Faro representa para el gobierno de Bukele por nuestras publicaciones, y que no solo ha tenido aristas legales”, denunció Dada en conferencia de prensa, haciendo alusión a los seguimientos de periodistas, amenazas de capturas e intervenciones de comunicaciones con el software Pegasus denunciadas por el medio en 2022.
La medida representa un punto de inflexión en una ofensiva que comenzó públicamente en septiembre de 2020, cuando Bukele acusó en cadena nacional a El Faro de estar bajo una “investigación seria por lavado de dinero”, pocos días después de que el medio publicara una investigación sobre negociaciones secretas entre funcionarios de su gobierno y la pandilla MS-13.
Aquella acusación nunca derivó en pruebas de lavado de dinero. Sin embargo, dio pie a una serie de auditorías fiscales impulsadas por el Ministerio de Hacienda contra Trípode. Según El Faro, al no poder sostener la acusación presidencial inicial, las autoridades cambiaron la narrativa hacia presuntos casos de evasión fiscal.
El problema, afirma el medio, es que dichas acusaciones se construyeron sobre irregularidades administrativas y reinterpretaciones tributarias que ya han sido impugnadas. Entre ellas, auditorías sobre ejercicios fiscales cuyo plazo legal para revisión había expirado, así como reclamos por impuestos vinculados a fondos de cooperación internacional que, aseguran, sí fueron declarados y pagados en los años correspondientes.
“Sostenemos que no hemos evadido impuestos”, dijo Dada.
A pesar de que no existe una sentencia firme en ninguno de los procesos abiertos contra Trípode, las autoridades decidieron avanzar sobre el patrimonio individual de accionistas del medio. Para El Faro, esto evidencia que el objetivo ya no es resolver una disputa tributaria, sino trasladar la presión directamente hacia las personas detrás del proyecto periodístico.
Claudia Paz y Paz, directora de CEJIL, organización que representa a El Faro y sus periodistas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que esta nueva ofensiva supone una “retaliación” contra el medio por su trabajo periodístico. En 2021, con el apoyo de la organización, el medio logró que la CIDH emitiera medidas cautelares a favor de 34 periodistas y empleados, mismas que fueron ratificadas en 2022.
“Es un intento de disciplinamiento para callar las voces de periodistas que simplemente están cumpliendo con su trabajo de informar a la población y, también, es un intento de controlar las voces que pueden presentar información crítica respecto de las actuaciones del actual ejecutivo de El Salvador”, dijo Paz y Paz.
Carlos Gaio, representante de Media Defence, organización que acompaña a periodistas a nivel mundial para apoyarles en procesos de defensa legal contra procesos arbitrarios por el ejercicio de su oficio, señaló que las actuaciones del gobierno de Bukele son comparables a actuaciones vistas en regímenes como el de Venezuela, Azerbaiyán o Turquía.
La avanzada de Bukele contra los accionistas de El Faro supone la utilización de las instituciones del Estado para amedrentar a un medio de comunicación. No es la primera, pero sí la más avanzada y grave conocida hasta la fecha. Entre 2021 y 2022, el Ministerio de Trabajo durante el primer gobierno de Bukele realizó una serie de procesos por presuntas faltas laborales contra La Prensa Gráfica luego de que el medio revelara las investigaciones fiscales y policiales en un caso que involucraba al ministro del ramo en un reparto irregular de fondos de la pandemia hacia miembros de pandillas en el centro de San Salvador.
Ahora, la nueva ofensiva contra El Faro emula a la cacería de periodistas emprendida por la dictadura de Ortega en Nicaragua, que desde 2020 impulsó su persecución a la prensa independiente con una serie de confiscaciones y embargos a las sociedades de medios independientes del país, a las propiedades de sus directores e incluso de sus periodistas y familias.
Hasta inicios de 2026, se calcula que 61 medios de comunicación han sido confiscados o cerrados en el país y más de 300 periodistas han sido obligados a refugiarse en el exilio. En Nicaragua, además, el régimen de Ortega incluso ha retirado la nacionalidad de manera arbitraria a periodistas, intelectuales, líderes políticos de oposición y de la sociedad civil organizada.
«El ataque a El Faro es un ataque a toda la prensa independiente de El Salvador»
Desde 2019, las agresiones contra periodistas salvadoreños se han multiplicado y en 2025, como no se veía desde hacía décadas, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) contabilizó el exilio de 43 periodistas que tuvieron que salir del país para garantizar su seguridad luego de la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros y bajo amenazas de persecución y seguimiento ocurridas en mayo pasado.
A 2025, las agresiones contra periodistas superan las cinco centenas de casos. La ofensiva contra la prensa, sin embargo, comenzó a registrarse desde el primer semestre del gobierno Bukele, con una campaña sistemática desde el gobierno contra periodistas, cierre de espacios públicos y de acceso a la información.
Luego, en 2022, investigaciones internacionales revelaron que 34 miembros de El Faro y dos decenas de otros periodistas, políticos de oposición y líderes de sociedad civil fueron víctimas de espionaje mediante el software Pegasus, una herramienta militar utilizada para intervenir teléfonos celulares.
En el caso de El Faro, un análisis forense dado a conocer en 2022 mostró que los ataques coincidían con publicaciones sensibles relacionadas con corrupción gubernamental, pactos con pandillas o investigaciones patrimoniales sobre círculos cercanos al presidente.
El objetivo, según el propio medio, siempre fue el mismo: conocer fuentes, anticipar publicaciones y eventualmente neutralizar investigaciones incómodas.
Luego, en 2023, y en medio de la avanzada de las auditorías del gobierno, El Faro decidió mudar su personería jurídica en Costa Rica. En 2025, dos medios salvadoreños más también anunciaron la misma medida.
“No somos el único medio salvadoreño contra el que Bukele está utilizando todo el aparato de Estado, incluyendo el aparato de seguridad, para perseguir. Hay varios de nuestros colegas a los que la situación de sus medios es de absoluta vulnerabilidad. No somos los únicos, pero somos los últimos que estamos recibiendo esta última embestida y la queríamos denunciar”, dijo Dada.
Daniel Valencia, director de Redacción Regional y presidente de la Alianza Periodística Intermedios (API), que aglutina a una docena de medios independientes salvadoreños, señala que la nueva ofensiva del gobierno Bukele contra El Faro es ‘grave’ y abre la puerta para una escalada mayor, «en un contexto de cierre de espacios y en el que el ecosistema de medios ha tenido que irse al exilio o está amenazado, perseguido y bajo vigilancia de la Ley de Agentes Extranjeros».
«El ataque a El Faro es un ataque a toda la prensa independiente de El Salvador», añadió.
La APES también alertó a la comunidad internacional sobre esta nueva forma de asfixia económica y judicial e hizo un llamado urgente al gobierno a «cesar inmediatamente el acoso y la persecución».
La Red Centroamericana de Periodistas también emitió un comunicado en el que se solidariza con El Faro y hace un llamado a la vigilancia de la comunidad internacional.
A finales de abril, el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras reveló que el deterioro de la libertad de prensa a nivel mundial alcanzó el peor registro en los últimos 25 años. En Centroamérica, retrocedió con creces El Salvador con una política antiprensa que Bukele coronó con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que faculta a las entidades del Estado a fiscalizar el trabajo de medios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil bajo amenaza de multas de cientos de miles de dólares e incluso persecuciones penales. “Los medios son víctimas de la violencia generalizada que reina en El Salvador. El ejercicio periodístico está marcado por el acoso a medios críticos y la criminalización de los periodistas que cubren temas de seguridad pública y pandillas. En los últimos años, el desplazamiento y el exilio de periodistas y redacciones se ha consolidado como una salida forzada, con impacto directo en las coberturas dentro del país”, señala dicho informe.
