A las puertas de las elecciones del 30 de noviembre, Honduras vive una campaña atravesada por crisis de los órganos electorales, polarización y presiones externas que rebasan la disputa entre partidos. La audiencia del Subcomité de Asuntos Hemisféricos del Congreso estadounidense, presidida por la congresista republicana María Elvira Salazar, no solo agitó el debate local, también mostró nuevamente cómo Honduras termina siendo un escenario para las pugnas ideológicas y estratégicas de grandes potencias. La presencia del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla junto con otros miembros de ese partido y del Partido Nacional, recordó el papel que juega Estados Unidos en la democracia hondureña.
Nasralla asistió acompañado de su esposa y candidata, Iroshka Elvir; de la exprecandidata liberal Maribel Espinoza y de aspirantes a diputaciones del Partido Nacional y del Partido Liberal. La imagen de políticos adversarios al gobierno de Xiomara Castro reunidos en Washington alimentó la narrativa oficialista, que los acusó de buscar «injerencia extranjera» y de preparar un reconocimiento anticipado de triunfo. Mientras tanto, el candidato presidencial del Partido Nacional optó por el silencio, delegando la participación en voceros como Kilvett Bertrand y María Antonieta Mejía, alineados con la retórica republicana de que el Gobierno de Xiomara Castro podría interrumpir el proceso electoral si los resultados no le favorecen o que el plan de continuismo de ese Gobierno se alinea con enemigos como Venezuela y Cuba.
La presencia del embajador estadounidense en la OEA, el republicano Carlos Trujillo, agregó otro nivel de cuestionamiento. Trujillo, quien acudió como testigo, ha representado en su práctica privada a empresas como Próspera, una empresa sumamente controversial debido a su intento de mantener un experimento libertario que fue declarado inconstitucional en 2024 y su demanda en un millonario arbitraje contra Honduras ante el CIADI. Los conflictos por las ZEDE siguen abiertos bajo el gobierno actual, por lo que su participación quedó muy demeritada tras los cuestionamientos del congresista Castro quien evidenció un conflicto de intereses y reforzó la percepción de que la audiencia respondía más a agendas económicas particulares que a una preocupación genuina por la situación democrática hondureña.
En la audiencia del subcomité se destacó la ausencia del Departamento de Estado, el actor que realmente definiría el posicionamiento de Estados Unidos hacia Honduras. Sin esa representación, la audiencia se convirtió en un foro dominado por discursos partidistas, más que en una evaluación técnica sobre las condiciones electorales hondureñas. Esa ausencia no es accidental pues ocurre en un momento en que Washington está cada vez más absorbido por su propia crisis democrática y sus negociaciones con países como Venezuela justamente.
Este 22 de noviembre, el subsecretario de Estado Christopher Landau escribió en su cuenta de X sobre la preocupación del sector empresarial hondureño ante las próximas elecciones y señaló lo siguiente: «El Congreso (hondureño) —que podría ser llamado a declarar un ganador en caso de que el Consejo no pueda hacerlo— ha sido reemplazado por una “Comisión Permanente” de nueve miembros, que obviamente carece de la legitimidad para abordar asuntos de tal peso. El mensaje de los líderes empresariales fue claro: antes de que se emita un solo voto, todas las partes deben acordar las reglas y quién será el responsable de hacerlas cumplir. La estabilidad política y la legitimidad son fundamentales para el crecimiento económico y la prosperidad».
El mismo día de la audiencia, se debatía en redes sociales un post del presidente Donald Trump insinuando pena de muerte para congresistas demócratas que llamaron a la desobediencia militar. En medio de un proceso de militarización interna impulsado por Trump, que presenta a los migrantes como enemigo externo y a los demócratas como enemigo interno, Honduras aparece como ese fantasma de países dependientes de lo que en el norte se dicte para marcar un rumbo.
La congresista María Elvira Salazar, férrea republicana anticomunista, repitió un guion que nos suena a la década de los 80, llamó a los hondureños a no elegir un régimen comunista y reivindicó el golpe de 2009 como el momento en que «las Fuerzas Armadas salvaron al país del comunismo».
Salazar hizo mención sobre la decisión del gobierno de Xiomara Castro de romper relaciones como Taiwán y elegir asociarse con la República Popular de China, en un movimiento que ella señaló como una muestra de no estar de acuerdo con la democracia.
En esta semana también la Embajada de la República Popular de China en Honduras publicó un comunicado en el que recordó a los partidos hondureños los límites de su política exterior, «en el mundo existe una sola China; Taiwán forma parte inalienable del territorio chino, y el Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China. Esto es la esencia medular del principio de una sola China, que se ha convertido en un consenso general de la comunidad internacional y una norma básica en las relaciones internacionales».
La Embajada añadió que esperaba que «las distintas fuerzas políticas de Honduras comprendan plenamente la alta sensibilidad de la cuestión de Taiwán, observen estrictamente el principio de una sola China, actúen con prudencia sobre la cuestión de Taiwán, no perjudiquen en ninguna forma la soberanía de China ni envíen cualquier señal equivocada a las fuerzas secesionistas por la “independencia de Taiwán”».
La advertencia llega en un momento en que algunos sectores opositores, alentados por figuras republicanas, sugieren revisar la relación con China si ganan las elecciones. Pekín no menciona el proceso hondureño, pero su mensaje es claro: la continuidad diplomática con China es un requisito para cualquier gobierno entrante.
En una caravana de cierre de campaña organizada este sábado 22 de noviembre, el candidato Nasralla afirmó que su relación con el gobierno de Estados Unidos es «muy fuerte» y aseguró que ese país únicamente busca que haya elecciones limpias en Honduras, no favorecer a un candidato en particular, pese a que él fue el único aspirante presidencial que asistió a la audiencia en Washington.
Mientras tanto, Honduras se prepara para recibir 68 misiones de observación electoral, entre ellas las de la OEA y de la Unión Europea. Su presencia, más que un sello de confianza, evidencia la preocupación internacional por los procesos electorales en este país.
Cinco países de la OEA pidieron una audiencia urgente para el 25 de noviembre. El gobierno enviará al ministro consejero Marlon Ochoa y al magistrado Omar Morazán, quienes han acusado repetidamente a la oposición de preparar un fraude. La institucionalidad electoral hondureña llega debilitada desde las primarias de 2025 tras varios complots que hicieron que el proceso electoral fuera interrumpido y que en varios centros de votación la gente incluso votara una semana después.
En su cierre de campaña en San Pedro Sula, la candidata oficialista Rixi Moncada apuntó contra estas instancias internacionales y otros actores controversiales que han manifestado preocupación por las elecciones. «Le decimos a la OEA, a los banqueros y a las Zedes que ni un pedacito de Honduras más, que este país es del pueblo hondureño».
Los precedentes de Estados Unidos en la democracia hondureña
Estados Unidos ha sido un actor determinante en las elecciones hondureñas. En 2009, el involucramiento del Departamento de Estado —entonces dirigido por Hillary Clinton— en la gestión del quiebre constitucional terminó consolidando un golpe de Estado. A pesar de que Salazar lo celebra como una «salvación del comunismo», el golpe de Estado fue un hecho que devolvió al país a prácticas represivas ahora más enraizadas que nunca.
En 2017, el gobierno de Trump reconoció la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández a pesar de las graves irregularidades del proceso. En medio de la crisis y la represión, Nasralla viajó a Washington; poco después, aceptó la derrota.
En 2021, la alianza entre Nasralla y Libre tuvo el aval explícito de Washington pues la vicepresidenta Kamala Harris viajó al país antes de la toma de posesión y semanas después se consumó la extradición de Juan Orlando Hernández hacia una cárcel estadounidense. En Honduras, el mensaje fue claro: Washington no solo observa, también decide.
Hoy, la narrativa estadounidense se caracteriza por sus negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro, tras unas elecciones venezolanas ampliamente cuestionadas. Washington oscila entre sanciones, acuerdos parciales y pragmatismo, enviando señales ambiguas sobre su compromiso democrático en la región.
Es en ese contexto —con Estados Unidos mirando más hacia su crisis interna y sus cálculos en Venezuela, y con China reforzando su presencia en Centroamérica— que los hondureños votarán el 30 de noviembre.
Honduras se acerca a una elección en la que el voto es hondureño, pero el tablero es global. El país intenta decidir su rumbo en medio de narrativas ajenas, presiones externas y un aparato electoral frágil. Y mientras el oficialismo y la oposición se acusan mutuamente de provocar un fraude, los actores más poderosos no están dentro de las urnas, sino afuera.
Honduras votará el 30 de noviembre. Pero la disputa sobre quién interpreta, valida o cuestiona ese voto comenzó mucho antes.
