Domingo 12 de enero de 2025. Amanece en Tegucigalpa y la audiencia que definirá si irán a juicio los tres comandantes militares que lideraron el golpe de Estado de 2009 está llegando a su fin. El general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto en pleno golpe; Venancio Cervantes Suazo, su segundo; y Carlos Roberto Puerto, comandante de las Operaciones Especiales esperan en el banquillo de los acusados desde hace más de 30 horas. Los militares no han dormido en la última jornada de un proceso en el que están acusados por el homicidio de Isis Obed Murillo y de lesiones agravadas contra Álex Zavala. Quince años después de los hechos, quizá todos en Honduras sepan que este es un juicio importante y simbólico; y que la búsqueda de justicia para esas dos víctimas bien podría representar a los cientos que fueron reprimidas o asesinadas por agentes del Estado en las horas, días, y semanas después de que un comando armado sacara de su casa, en pijamas, al expresidente Manuel Zelaya y lo enviara en un vuelo directo al exilio en Costa Rica.
Hasta ahora, los autores intelectuales y materiales del Golpe no han sido enjuiciados por golpistas y quizá nunca lo sean. En 2011 Zelaya firmó un pacto para garantizar su retorno al país y, aunque el documento establece el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el Golpe, desde el gobierno de Pepe Lobo (que firmó el acuerdo), los sucesivos gobiernos siempre defendieron que el pacto eliminaba los delitos del golpe. Sin embargo, quince años después de los hechos, con el retorno del Clan Zelaya-Castro en el poder, la Fiscalía afín al oficialismo presentó en el inicio del año electoral un caso emblemático contra los generales golpistas, pero por homicidio y lesiones; un caso que muchos protagonistas en el proceso consideran débil, incompleto y mal planteado.
En la sala no cabe ni un alma y, más que un juzgado, la sala parece un archivero, culpa de un abogado defensor que ha esparcido un puñado de cajas de cartón llenas de documentos en el piso.
Hay 20 personas apiñadas aquí, esperando el veredicto del juez Plinio Consuegra, un juez liberal con 19 años de carrera y una candidatura desestimada para fiscal general en 2023 porque, según el acta de eliminación de su candidatura, había enfrentado un proceso judicial por violencia doméstica.
Entre los que esperamos hay seis abogados defensores, la secretaria judicial, dos fiscales de Derechos Humanos, dos abogados querellantes que representan a las víctimas y un puñado de observadores – dos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, una del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, y dos de una organización suiza de veeduría.
Para esta audiencia el juez no permitió que entrara la prensa, que quedó rezagada afuera. Y, sin embargo, aquí estoy yo, no como periodista sino como observadora de derechos humanos. A finales de 2024 decidí tomar una pausa y la organización en la que me enrolé me envió a esta audiencia sin periodistas. Pero la costumbre es la costumbre y tomo notas, registro lo que ocurre para un informe y las cosas que veo y escucho me abren demasiadas preguntas e interrogantes. En esta última audiencia pasan algunas cosas extrañas que merecen ser contadas y conocidas y a mí no se me salen de la cabeza. Así que luego de muchas dudas, decido regresar a mi papel de periodista para reconstruir aquelló que vi y escuché porque me parece importante revelar cómo un fallo cambió en cuestión de minutos y terminó beneficiando al general golpista de Honduras, ahora reconvertido en un tiktokero contra el gobierno de turno, el gobierno de los Zelaya, la familia a la que mandó al exilio.
Un juez que titubea
A las ocho de la mañana, el juez Consuegra, un hombre que podría parecerse a un maestro de escuela, tranquilo, pero a veces regañón, inicia su fallo así: «Es un momento histórico, hay heridas que no se cierran». Estima que hay mínimos indicios probatorios. Dicta auto de formal procesamiento, es decir el inicio del proceso por el delito de homicidio y tentativa de homicidio. También decide mandar a los tres imputados a la cárcel, en detención preventiva.
El fallo, sorpresivo, despierta a los abogados de la defensa, quienes piden de inmediato que cambie el fallo: le hacen recordar al juez las deplorables condiciones de las cárceles hondureñas y que la prisión preventiva es el último recurso. Sobre todo, ofrecen fianzas millonarias a cambio del arresto domiciliario. Sentado desde su escritorio, el juez guarda silencio un par de segundos, menciona que recibió una llamada extraña en el último receso, la cual fue “desagradable”, y cambia de decisión. Concede arresto domiciliario a los imputados y solo les impone la prohibición de salir del país. Los fiscales apelaron la contraorden, pero a ellos el juez no les hizo caso.
A las nueve de la mañana, la audiencia ya ha terminado y todas las partes escapan discretamente por las puertas traseras del tribunal para no cruzarse con los periodistas. Precaución inútil, ya que afuera ya no hay nadie cubriendo la audiencia.
Pero la noticia se esparció rápido: el general Romeo Vásquez Velásquez está formalmente enjuiciado por homicidio, pero con arresto domiciliario. La noticia agridulce no provocó gran sorpresa en la ciudadanía. Lo que siguió, sí.
A los dos meses, el general Vásquez Velásquez se habrá fugado. A los tres meses, se convertirá en un tiktokero viral burlándose de las autoridades. A los cuatro meses, el Ministerio Público emitirá un nuevo requerimiento fiscal contra él por lavado de activos. A los cinco meses, la Corte Suprema de Justicia decidirá suspender al juez Consuegra de sus funciones; enseguida él denunciará públicamente ser el chivo expiatorio de un juicio politizado que amenaza con la independencia judicial. A los seis meses, las autoridades ofrecerán más de un millón de dólares para dar con el paradero del fugitivo. A los nueve meses, el juez Consuegra negará haber sido presionado para emitir el fallo que sirvió de antesala a la fuga de Vásquez Velásquez, y me confesará que no dictó prisión preventiva para un militar todavía con poder porque consideró que “era demasiado”.
Patria grande, me fui, atentamente. Romeo
Desde abril de 2025, es costumbre en Honduras mirar periódicamente los vídeos que el exjefe de Estado Mayor sube a Tik Tok desde un lugar boscoso que él mismo denomina “la montaña”. Ahí, en este espacio virtual, da riendas sueltas a su desprecio por las instituciones hondureñas a pesar de presentarse como un Salva-Patria. En los videos, viste con su uniforme militar, su gorra verde oliva con una bandera de Honduras, y luce un set de vajilla de metal para acampar en el bosque. A veces se ve bien rasurado, otras no. Con este estilo de guerrillero clandestino, presenta contenidos cortos para comentar su caso y opinar sobre la política del país. Su participación semanal en esa red social dista mucho del acusado silencioso que vi en la audiencia.
Desde TikTok, el general amenaza:
“Se lo digo de frente al Fiscal General, cuando esto termine, yo mismo le voy a caer para que responda por abuso de poder. Usted va a dejar de ser Fiscal General algún día, yo seré general toda la vida…”, expresó el 23 de mayo. Antes de eso, y después de eso, lo clásico : la denuncia de la persecución política para explicar su huida, una “venganza” por haber defendido la Constitución en 2009. “Me persiguen porque no me pueden callar, pero conmigo no podrán. Pueblo, unámonos para aplastar estas cucarachas. Eso apenas comienza, la verdad va a salir a la luz y vamos a seguir informando. ”
A las vísperas de las elecciones presidenciales en Honduras, el 30 de noviembre de 2025, los mensajes del general Vásquez en Tik Tok sonaban como si fuera parte de la contienda. Desde su escondite, llamó a una “ coalición patriótica” contra el partido Libre: “Hondureños, frente a nosotros está un enemigo cruel : la izquierda radical que no respeta a Dios ni al pueblo…”, publicó en su cuenta de Tik Tok que tiene 75 mil seguidores y casi un millón de me gusta. Los mensajes de apoyo al general exaltan a un mártir de la persecución política, un héroe nacional. Casi profético, antes de las elecciones dijo: » Pueden mover jueces, comprar aliados y cerrar puertas, pero el 30 de noviembre el pueblo les dará un golpe electoral masivo. ¡Prepárense para la derrota!”.
El proceso electoral opacó a la fuga del general y los casos de Isis Obed y Álex Zavala han sido opacados.
Los que siguen exigiendo justicia
5 de julio de 2009. Miles de manifestantes se dirigen hacia el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa. Un avión sobrevuela el aeropuerto; en su interior, el derrocado Manuel Zelaya intenta regresar a Honduras. Abajo, sus simpatizantes lo esperan cerca de las vallas que dan a la pista, pero el avión no logra aterrizar porque está custodiada por el ejército. La multitud se dispersa cuando suenan los primeros disparos. Se esparce un mismo grito en medio del caos y del gas lacrimógeno: «¡Son balas vivas ! ¡Son balas vivas !».
Esta escena fue grabada por un camarógrafo y difundida en la BBC. Entre las personas que manifestaban aquel día se encontraba Isis Obed, un joven de 19 años, estudiante del instituto “21 de febrero” y empleado de un supermercado de la capital. Isis fue abatido por una bala en la cabeza. Murió en el carro que lo llevaba hacia el hospital. Pero hubo más disparos y más víctimas. Uno de estos impactó en la pierna de un opositor a Zelaya que fue al aeropuerto para ver que lo metieran preso. Su nombre es Álex Zavala.
El caso es el de víctimas contra un Ejército dirigido por tres comandantes clave. Por lo tanto, el Ministerio Público hace desfilar testigos que buscan vincular al Ejército y a sus comandantes con las violaciones a derechos cometidos aquel día. Se habla de calibres, de balas de muy alta velocidad, de posición del cuerpo de las víctimas, de distancia y altura, espacio y tiempo. Es una mezcla entre ciencia y memoria, entre cálculos precisos y visión de los testigos.
Lo importante para los fiscales es que el juez comprenda que hay indicios fuertes que prueban que el disparo que mató a Isis Obed –y los que hirieron a otros manifestantes– no fueron casuísticos, sino ejecutados por tiradores experimentados. “No se pudo determinar con certeza la trayectoria de la bala que mató a Isis Obed porque no sabíamos en qué posición cayó y no contábamos con el permiso para entrar en el aeropuerto, pero si pudimos determinar las trayectorias de disparos a la motocicleta y al muro de Popeyes. Las balas venían desde la pista del aeropuerto. Eran balas de alta velocidad correspondientes a rifles o fusiles”, dice un experto.
La defensa de los militares, por el contrario, busca desvirtuar las pruebas señalando que los manifestantes andaban armados y, por lo tanto, el disparo que recibió Isis Obed provenía de la muchedumbre y que el arma homicida pudo haber sido una supuestamente robada a un vigilante del restaurante Popeye.
Lo que es ineludible es que el aeropuerto estaba militarizado. El coordinador de disciplina de los manifestantes asegura que, el 5 de julio de 2009, en el aeropuerto había una mayoría de militares, identificables con sus uniformes verde oliva, pero también policías. Según él, los soldados de a pie cargaban armas de grueso calibre y los oficiales armas cortas. Indica que el tiroteo duró entre 20 y 30 minutos. El padre de Isis Obed, quien estaba con sus tres hijos en la manifestación, recuerda haber regalado bolsas de agua a los militares antes del caos y haberles dicho “somos todos hermanos, no vayan a hacer desastre”. Cuando por fin escuchó los primeros disparos, se tiró al suelo, gateó hacia un escondite y, ahí, mientras rezaba, recibió la llamada que le avisó que su hijo había muerto.
16 años después, el padre de Isis Obed, David Murillo, por fin puede testificar ante un juez que después de haber denunciado el asesinato de su hijo, sufrió una larga persecución por parte de las autoridades e incluso un “secuestro” por policías que lo tuvieron 37 días detenido.
David Murillo da su testimonio, sin miedo, frente al general que protagonizó el golpe. «Yo no sé nada sobre armas, pero todo Honduras sabe que el General podía dar la orden de disparar o de dejar de disparar. No siento odio ni rencor, solo quiero justicia», dijo. Luego, se levantó y estrechó la mano de cada uno de los acusados antes de abandonar la sala del tribunal.
Un “mini-juicio mal preparado”
Fue una sorpresa para Honduras cuando, el domingo 5 de enero de 2025, Romeo Vásquez Velásquez y los otros dos comandantes fueron capturados a petición del Ministerio Público y fueron llevados, esposados, hasta la cárcel de Támara. La acusación señaló que la “negligencia e inacción” de los altos mandos “configuraron graves violaciones a derechos humanos, dejando a los manifestantes a merced de una fuerza que actuó con una violencia inhumana y desmedida”.
El expediente establece que, en el aeropuerto Toncontín, se encontraron 167 casquillos de calibre 5.56, correspondientes a balas usadas por las fuerzas estatales. Pero no fue la única escena de violencia: la represión de las manifestaciones públicas y el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales fue más bien un patrón que se repitió en todo el territorio hondureño. Según el informe La voz más autorizada es la de las víctimas de la Comisión de Verdad, publicado en 2012, se dieron acontecimientos similares en El Paraíso, en Choloma, en San Pedro Sula y en diferentes puntos del Distrito Central.
“Romeo Vásquez Velásquez sabía de antemano que si los soldados disparaban iban a matarlos”, sostiene Marlon Duarte, el abogado de Álex Zavala, la víctima que recibió un disparo en el muslo. “Él tuvo la posibilidad de darle instrucciones a sus soldados ‘cuidadito, disparan’, ‘no usen balas vivas’, pero no lo hizo. Estaba en la obligación de proteger a los manifestantes desde su posición de garante, sabiendo que podía ocurrir lo que pasó”, añade.
Me reúno con él en su oficina nueve meses después de la audiencia, para tratar de entender el fallo y el caso.
Duarte no es un abogado cualquiera. Antes de este juicio, ya era conocido en Honduras por defender a narcotraficantes y lavadores de activos, según cortes estadounidenses, como la familia Rosenthal o como Tony Hernández, el hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Duarte dice que le gusta vivir bien y que no rechaza a ningún caso, excepto a aquellos que son acusados como violadores de niños. Dice que por amistad con la víctima agarró el expediente de Álex Zavala.
Duarte quiere justicia para su representado, pero desconfía del caso. Según él, la acusación no es sostenible. “No se puede acusar absolutamente a nadie como autor intelectual de un homicidio. El homicidio es algo inminente, no planificado. Si hay planeación se llama asesinato”, dice. Según Duarte, hay indicios de que los jefes militares sabían lo que iba a pasar y –por no impedirlo– son responsables del delito por omisión. Según él, la Fiscalía debió acusar al general Vásquez por traición a la patria y por todas las muertes que ocurrieron en el marco de la represión posgolpe.
Esa es también la opinión del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), la otra querellante y representante de la familia de Isis Obed. “Tenían un juicio en bandeja de plata y presentaron un caso muy limitado y mal preparado”, dice Bertha Oliva, coordinadora de la entidad.
El Cofadeh es, desde los ochenta, una institución que lucha por las víctimas de violaciones a derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad. Junto a la familia de Isis Obed, en 2013 presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se pronunció al respecto afirmando que no se puede “tratar a la población civil como el enemigo”. Sin embargo, el Estado de Honduras rechazó siempre su responsabilidad por la muerte de Isis Obed, argumentando que no se han agotado los recursos internos para obtener justicia.
Ahora que es posible buscar esa justicia, el Cofadeh documentó 167 asesinatos relacionados con la crisis de 2009, y presentó ante el Ministerio Público 90 casos de violaciones graves a derechos humanos: detenciones arbitrarias, tortura, violaciones, homicidios. Entre todos esos casos, el asesinato de Vicky Hernández, en San Pedro Sula, por el cual el Estado de Honduras fue declarado culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Todo ese trabajo le ha dado argumentos para pedir ampliar el requerimiento por dos vías: más víctimas y más perpetradores, pero hasta la fecha no han tenido respuesta.
Según Oliva, que el caso se haya armado como se armó “es una falta de experiencia” o “un espacio para hacer negociaciones políticas”.
—¿Cómo ‘negociaciones políticas’?
—Tipo: ‘Te tiro esto y negociemos’. Y cuando se negocia, se deben favores. Pero no midieron la reacción de Romeo Vásquez Velásquez. Se les fue de las manos.
Los soldados se defienden
En el penúltimo día de la audiencia inicial, la defensa del general Romeo Vásquez Velásquez llamó a su testigo estrella, un hombre con modales rígidos que, al pasar enfrente de los tres imputados, los saludó con una mano hacia la sien para marcar el respeto que se debe a una jerarquía militar. El general José Isaias Barahona Herrera explicó en qué consistía el Plan Democracia en 2009 y por qué el Estado Mayor Conjunto no tiene ninguna responsabilidad en las muertes cometidas por los disparos de soldados.
—¿Cómo funciona la cadena de mando?, le pregunta el juez.
—La cadena de mando va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y nunca se rompe.
Pero el general alega que los soldados actuaron en conformidad con las “reglas de empeñamiento”, un jergón militar que significa que si hay peligro pueden usar sus armas. “El soldado está entrenado para defenderse, decide si hacer uso de su armamento, en el mundo real si una manifestación se pone violenta no se detiene con un grito, no es como en las películas”, dijo.
Minutos después, el abogado Duarte le pregunta : «¿Para usted fue golpe de Estado o no?». El general Barahona contesta que no. Barahona fue precandidato presidencial por el Partido Nacional en las las elecciones de 2021 y es un opositor del partido Libre, el partido del derrocado Zelaya.
Entre los otros testigos de la defensa destacan Francisco Isaias Alvarez Urbina, exjefe de Estado Mayor nombrado por Juan Orlando Hernandez en 2015; y jefe del Comando de Operaciones Especiales (COES) en 2009, un militar con una postura clara a favor del golpe ; Gustavo Adolfo Paz Escalante, quien pasó de ser comandante del COES en 2009 a ser jefe de Fusina en 2015; y Edilberto Enrique Ortiz Canales, igualmente comandante del COES en 2009.
Militares testificando a favor de militares en un país en el que la impunidad que rodea a la milicia, y en general a las fuerzas de seguridad, es alta. Entre 2010 y 2025, el Ministerio Público contabiliza 11 645 denuncias contra miembros de las fuerzas de seguridad – policías y militares – con picos en los años 2010, 2011 y 2015. La mayoría de ellas fueron interpuestas en contra de policías, sin embargo 1236 denuncias señalaron a “militares” (1062), “soldados” (154) o a “suboficiales” (20), un grado mediano en el ejército. La mayoría de ellas son por abuso de autoridad, allanamiento de morada, lesiones, tortura y homicidio. Pero hay también muchas denuncias por violación y privación injusta de libertad.
Solicité también a la Secretaría de Seguridad las denuncias recibidas en contra de militares o supuestos militares por el mismo periodo, pero contestaron que no pueden brindar la información ya que la Dirección Policial de Investigación (DPI) no registra estadísticas referentes a actos cometidos por militares o supuestos militares. En Honduras, la Policía no sabe nada de delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Ni siquiera se les ocurrió abrir una línea de estadísticas.
De todas esas denuncias que recibe el MP, muy pocas desembocan en un juicio y aún menos en condenas. Entre 2020 y 2024, el Ministerio Público emitió 104 requerimientos fiscales en contra de militares. El poder judicial, hace constar que, en el mismo lapso de tiempo, 78 militares fueron imputados, pero sólo 9 obtuvieron una sentencia condenatoria. Las condenas fueron por tratos inhumanos, homicidios, portación ilegal de armas y lesiones agravadas.
El proceso que ningún juez quería en sus manos
Nueve meses después de la audiencia, en medio de las lluvias torrenciales de octubre en Tegucigalpa, el juez Plinio Consuegra acepta reunirse conmigo, ahora como periodista, para hablar del caso. Llega a un café cercano a su despacho con la pinta de un maestro simpático. Ahora se ve más tranquilo, sin el peso de la audiencia encima. La última vez que lo vi, en la mañana del fallo, se acercó a las observadoras que estábamos en la audiencia para agradecernos por haber atestiguado ese momento. Aquello, me pareció, fue como el descargo de una persona afligida.
“Gracias por estar. Ustedes pudieron ver todo el proceso. ¿Qué les pareció? Fuimos un poco apresurados por el tiempo, nos tocó desvelarnos, y sufrimos varios problemas técnicos del sistema para grabar la audiencia…”, nos dijo. Recuerdo haberle preguntado por el cambio de medida cautelar y añadió que no había garantías de seguridad, que tenía familia y que era bien difícil ser juez en Honduras.
Pero ahora se ve menos afligido, pese a que le ha pasado mucho desde enero. El 27 de junio, la Corte Suprema de Justicia lo suspendió por tres meses sin goce salarial por “irregularidades” en la audiencia. Se le reprocha haber dado su opinión en el proceso y haber permitido el ingreso de una jueza ejecutora en la sala de audiencia. El papel de esta figura busca asegurarse de que los detenidos no hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos durante su detención y su estancia bajo custodia del Estado. La entonces supervisora de la Inspectoría de Tribunales, Sandra Rodríguez, investigó al juez Consuegra por las supuestas irregularidades, pero manifestó en medios de comunicación que el proceso no tenía que ver con su resolución.
Antes de encender la grabadora, le explico que ya no formo parte de la organización que me envió a observar la audiencia, y que vengo a entrevistarlo en calidad de periodista.
—¿Qué pensó cuando recibió este expediente en su escritorio?, le pregunto.
—¡Ah, caray !
El juez Consuegra no quería el caso. Según Consuegra, en Honduras casos “delicados” como este no hay muchos que acepten tomarlos por miedo. “Pedimos por ti”, “que Dios esté contigo”, “que te dé fortaleza”, “ten mucho cuidado con la decisión que vas a tomar”, le decían sus colegas.
Cuando fue notificado oficialmente, el juez aceleró los pasos para la audiencia inicial. En Honduras, un imputado no puede estar encarcelado más de 7 días entre su captura y la audiencia inicial.
El juez ha apelado las sanciones en su contra y defiende sus actuaciones: dejó entrar a una funcionaria de la defensa pública, dice, para que verificara si los acusados se encontraban en detención ilegal o si sufrían algún tipo de vejámenes. Y sobre el otro punto que se le reprocha por haber emitido opiniones en la audiencia es tajante: dice que si regañó a los abogados para que no dieran declaraciones a la prensa es porque “no le correspondía a los medios de comunicación resolver el caso, sino que le correspondía al juez hacerlo con independencia. Ese llamado de atención fue mal interpretado por Inspectoría.”
A su favor, dice, 19 años de carrera judicial, una maestría en derechos humanos en la Universidad de Costa Rica, y que ninguna de las partes se quejó de su conducta ante la Inspectoría.
Al juez le da un mal sabor de boca que la Corte Suprema de Justicia abriera de oficio una investigación por su comportamiento en la audiencia y cree que algunos sectores del poder judicial, bajo influencia política, quieren perjudicarlo. Al juez no se le sale de la cabeza la idea de que su suspensión fue un especie de regalo a la militancia de Libre, porque la decisión de la Corte Suprema de Justicia se anunció el pasado 27 de junio, un día antes del aniversario del golpe de Estado y fecha simbólica de celebración para el partido.
“Lo que quisieron hacer es armar un caso rápido creyendo que podían obtener un beneficio del juez que iba a asumir la posición, pero se toparon con el muro. ¿Cuál muro? Mi persona”, dice.
“El Ministerio Público tenía 20 años para presentar un caso antes de la prescripción. ¿Cuál fue la prisa? Preparen el caso, háganlo bien. Presenten algo que realmente va a funcionar”, dice, a manera de justificación de su fallo.
La incógnita de la llamada
Desde nuestra mesa, tenemos una vista sobre un paso a desnivel donde está colgado un cartel gigante de la candidata presidencial del partido Libre, Rixi Moncada. Me decido a preguntar al juez por la llamada que supuestamente recibió en un receso antes del fallo. Sin embargo, ahora el juez niega haber comentado que recibió esa llamada.
—¿Llamada? No…
Pero sí mencionó una llamada. O al menos así lo recordamos varios de los presentes. El abogado Duarte también lo recuerda. “Todos lo escuchamos”, dice. “Eso estuvo mal. Nunca dijo en qué consistía esa llamada, pero un juez no debe dejarse intimidar por nadie. Nunca hubiera debido mencionar esa llamada”, añade.
Duarte también recuerda que el juez hizo un cambio abrupto en su alegato : ya había argumentado la necesidad de la prisión preventiva por el peligro de fuga y la gravedad del delito, pero aún así decidió darle vuelta a su resolución. “Pasó. Y está para la historia”.
Le preguntó al juez por qué cambió súbitamente de decisión y los dejó en arresto domiciliario?
—Lo que ocurrió fue que, después de dictada la resolución, ¿recuerda usted el momento?, se vino todo un silencio absoluto. Y solo escucho que todo el mundo le hace como un sollozo. En ese sollozo, yo dije: «se me pasó la mano». Cuando yo decido dictar auto de formal procesamiento y mandarlos presos, al escuchar que todo mundo se expresa de esa manera, siento como que he cometido un exceso.
—¿Recibió presiones, amenazas?
—No. Y por eso me siento mal, molesto, porque no fueron amenazas, fueron comentarios ofensivos…
El juez hace una pausa para recordar comentarios en los que sugerían que él estaba recibiendo dinero para fallar en contra del general Vásquez Velásquez. Dice que esos comentarios dinfundidos en medios de prensa eran una forma de “presión”.
—¿Fue por eso que le dio vuelta a la medida cautelar y los dejó libres?
—No. No. Es que soy un juez que defiende el Estado de Derecho. La persona puede defenderse en libertad bajo el principio de inocencia. La prisión preventiva debe ser el último recurso.
Otra vez, la cara del juez fuerte. Sigo:
—¿Se arrepiente de su decisión, ahora que sabemos las consecuencias que tuvo?
—No me arrepiento. No tengo por qué arrepentirme de mi trabajo.
El juicio sigue sin el general (que no se calla)
Mientras la Policía sigue buscando al general Vásquez, los otros dos comandantes del Golpe se encuentran encarcelados en espera de las siguientes audiencias. Marlon Duarte, el defensor de Álex Zavala, come ansías por empezar a litigar y, a pesar de todas las dudas que tiene acerca de la acusación del Ministerio Público, vaticina: “va a ser un juicio bueno”.
Solicité una entrevista con las autoridades del Ministerio Público y al jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos para conocer la estrategia de acusación en este caso, sin embargo me pidieron que mandara un correo con las preguntas escritas; lo que hice. La única respuesta recibida fue que “eran preguntas difíciles de contestar”. Las preguntas giraban en torno a las dificultades para investigar a las Fuerzas Armadas, la elección del caso de Isis Obed para acusar a la ex cúpula militar aunque existían muchos otros casos de violaciones graves que hubieran podido ser parte de la acusación. Y sobre la elección del delito.
Once meses después de la audiencia, en la sede del Partido Liberal de Tegucigalpa, me encuentro con Álex Zavala, vestido de rojo, apoyando a Salvador Nasralla, quien está denunciando supuestos fraudes en las elecciones y pide a su militancia que no se deje engañar por los resultados del Consejo Nacional Electoral. Me acerco a Zavala para preguntarle cómo está desde enero de 2025 y cómo sigue el caso, pero dice que no quiere hablar del tema y señala que él solo espera justicia.
En las elecciones, el Partido Libre y su candidata quedaron relegados en un lejano tercer lugar y ahora exigen que se declare nula la elección, en gran medida por la interferencia del presidente Donald Trump, que llamó a votar por el candidato Nasry Asfura, del Partido Nacional, y cuestionó a Salvador Nasralla, del Partido Liberal.
Esos dos son los finalistas y, desde las montañas, el general Vásquez Velázquez celebra que los Zelaya vayan a salir del poder. “Respeten la voluntad del pueblo. Acepten con hidalguía la derrota. Eso es más digno a que los tengamos que sacar por la fuerza. Su tiempo termina el 27 de enero”, dijo el 4 de diciembre pasado.
