A una semana de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras sigue esperando resultados oficiales de una contienda con múltiples denuncias de irregularidades. Los días han transcurrido entre comunicados del CNE, caídas del sistema, acusaciones cruzadas y la narrativa insistente del oficialismo –relegado a un tercer lugar– de que el país habría sido víctima de un «golpe electoral». Con menos de un punto de diferencia, Salvador Nasralla candidato presidencial del Partido Liberal y Nasry Asfura del Partido Nacional han estado uno superando al otro en dos ocasiones en la última semana.
El último conteo publicado por el CNE, da como virtual ganador a Asfura, el candidato que fue apoyado públicamente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y ante esto, el candidato liberal, Salvador Nasralla ha denunciado fraude y solicita que se haga un conteo «voto por voto».
El 6 de diciembre, Edson Argueta Palma, apoderado legal del partido oficialista Libre, presentó ante el CNE una Acción de Nulidad Administrativa para invalidar los escrutinios de 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en los niveles presidencial, designados y Parlacen. La petición, inédita en su alcance, busca anular totalmente la elección presidencial y repetirla.
Argueta sostiene que el colapso del sistema de transmisión de resultados (TREP), operado por la empresa colombiana ASD, adulteró la voluntad popular. Afirma tener reglamentos, informes, oficios policiales que demuestran amenazas hacia la población exigiendo no votar por Libre, capturas de mensajes conspirativos, las publicaciones de Donald Trump y los 26 audios divulgados por el consejero Marlon Ochoa para fundamentar su petición.
Aunque la ley contempla la figura de nulidad administrativa, nunca ha sido utilizada para anular una elección presidencial completa. Ni en 2013 ni en 2017, cuando también hubo denuncias de fraude.
Tras conocer esta acción, dos de las consejeras del CNE ofrecieron una conferencia de prensa en la que explicaron que habían previsto un sistema respaldado por soporte tecnológico externo para garantizar la transmisión y divulgación de resultados, pero que el diseño no pudo ejecutarse como estaba planificado debido a dificultades técnicas. «Todo el proceso electoral ha sido una batalla constante. Quisiéramos que esta etapa fuera distinta, pero lastimosamente no lo es», expresó la consejera, Cosette López.
La consejera presidenta, Ana Paola Hall, dijo que el recurso será analizado conforme a la ley, sin embargo, advirtió que, en caso de repetirse la elección, los plazos constitucionales impedirían emitir una declaratoria en tiempo y obligarían a convocar nuevos comicios entre cuatro y seis meses después. «Vale la pena preguntarse quiénes estarían al frente del país en ese tiempo», añadió, además de cuestionar si la ciudadanía estaría dispuesta a repetir las elecciones tras haber acudido masivamente a las urnas.
Para completar el escrutinio, detallaron que el CNE seguirá con tres etapas: La primera consiste en la incorporación manual de actas no transmitidas desde las Juntas Receptoras de Votos, digitalizadas al llegar al centro logístico electoral. La segunda etapa contempla la corrección mediante verificación visual de inconsistencias detectadas en actas ya divulgadas, con auditoría para garantizar que los datos coincidan con las imágenes de los documentos. Finalmente, el escrutinio especial permitirá a juntas integradas por representantes de los partidos resolver actas con inconsistencias mayores. El CNE informó que la divulgación total de resultados continuará pronto, priorizando el nivel presidencial y con acompañamiento de observadores y delegados partidarios.
Recientemente la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en un comunicado llamó al CNE a agilizar el escrutinio, garantizar trazabilidad y aseguró que sus observadores han documentado un resultado sumamente ajustado. También señaló la poca pericia técnica en el manejo de soluciones tecnológicas, así como los intervalos en los que el sitio de divulgación quedó fuera de servicio desde la noche electoral hasta el jueves.
Un movimiento del CNE que deja más preguntas que respuestas
Horas después de la acción de Argueta, el CNE publicó el Comunicado 054-2025, anunciando dos prórrogas clave: 2.5 días adicionales para interponer acciones de nulidad, con fecha límite el lunes 8 de diciembre al mediodía, y cinco días adicionales para solicitar revisiones y recuentos especiales, hasta el 15 de diciembre.
El CNE argumentó «demoras en el procesamiento» e «indisponibilidad de la página de divulgación». Para críticos del oficialismo, la prórroga abre una ventana para que Libre impulse su narrativa de nulidad total; para sus defensores, es una respuesta administrativa lógica frente a la crisis técnica del sistema.
Edson Argueta no es un actor menor dentro de Libre. Es abogado del partido y secretario privado del presidente del Congreso, Luis Redondo, quien no está logrando los votos para reelegirse. Argueta ya había sido señalado cuando Contracorriente reveló que él y Redondo usaban tarjetas de crédito pagadas con fondos del Congreso cuyos estados de cuenta no aparecían en portales de transparencia.
Mientras Libre intenta empujar la nulidad completa, los dos candidatos que encabezan la contienda, Nasralla y Asfura, han tenido posturas opuestas. Por un lado, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, rechazó tajantemente anular la elección.
«No hay que anular las elecciones, hay que poner a alguien que cuente lo que ya se votó, aunque tarde. Las elecciones fueron limpias, lo que falló fue el operador de transmisión llamado ASD», dijo a medios durante una visita a San Antonio de Flores, El Paraíso, donde este domingo unas 6 mil personas podrán votar ya que el 30 de noviembre no se instalaron las Juntas Receptoras de Votos. Nasralla insistió en que el voto ya está expresado y que el país no puede entrar en un nuevo ciclo electoral.
Mientras que Nasry «Tito» Asfura ha guardado silencio públicamente, pero su partido no. El diputado Kilvett Bertrand publicó un vídeo afirmando que «la mayoría del pueblo hondureño votó por Nasry Asfura». La narrativa nacionalista sostiene que Asfura ganó y que el oficialismo intenta manipular la elección, además añadió a este medio que «todos los medios y sociedad civil tenemos las actas».
En esa misma línea, Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, exigió al CNE acelerar la divulgación de resultados. Señaló en redes sociales que el organismo llevaba 24 horas sin actualizar el apartado presidencial, desestimó la nulidad de Libre por «no tener pies ni cabeza» y pidió a los liberales no prestarse «al juego del oficialismo», argumentando que la nulidad podría usarse para prolongar el poder de los Zelaya.
Mientras la oposición pide cerrar el proceso, el oficialismo amplifica su mensaje: Honduras habría sido víctima de un fraude electoral. El vicecanciller Gerardo Torres Zelaya calificó el fraude como «escandaloso» y respaldó públicamente al consejero Marlon Ochoa, quien insiste en que el TREP fue manipulado para alterar resultados.
El CNA actualiza datos y coloca a Asfura al frente
El sábado 6 de diciembre, a medianoche, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) actualizó su plataforma de resultados preliminares con el 91.94 % de actas procesadas dentro de su propio sistema, que colocan como virtual ganador al candidato nacionalista Nasry Asfura, con una ventaja de alrededor de 52,000 votos sobre el candidato liberal Salvador Nasralla.
Según nos explicó que CNA anteriormente, su TREP funciona como un conteo paralelo construido a partir de múltiples fuentes: actas oficiales del CNE, documentos obtenidos mediante convenios con partidos como la Democracia Cristiana y el PINU, y fotografías remitidas por observadores y miembros de Juntas Receptoras de Votos en casi todo el país. Su sistema interno utiliza herramientas de reconocimiento de caracteres para sumar, cotejar y descartar automáticamente actas con anomalías aritméticas o datos incompatibles. Solo las actas consideradas válidas y verificables se publican en su plataforma abierta al público.
Desde el Partido Nacional, las reacciones no tardaron en llegar. El diputado Kilvett Zabdiel Bertrand afirmó en X que el conteo del CNA confirma un triunfo «contundente» de Asfura por más de 52,000 votos, mensaje que fue replicado por Fernando Cerimedo, asesor de campaña del candidato nacionalista.
Mientras que Libre respondió en sentido contrario. El ministro de la Secretaría de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado, acusó al CNA de ser parte de una «maquinaria para consumar un Golpe Electoral» y aseguró que los resultados difundidos buscan suplir la falta de legitimidad de las consejeras bipartidistas del CNE. También afirmó que el proceso electoral ha sido manipulado por intereses externos y que sectores afines a la oposición están intentando imponer una declaratoria paralela. Su mensaje cerró insistiendo en que no aceptarán lo que consideran un intento de «golpe» mediante el uso político de datos no oficiales.
Las inconsistencias reportadas
Las irregularidades más visibles comenzaron con los apagones del sistema de transmisión del CNE, que dejaron al país sin acceso a los resultados durante horas clave y abrieron espacio para la sospecha. La caída completa del portal de resultados la madrugada del 1 de diciembre que la empresa ASD atribuyó a un supuesto exceso de solicitudes, pero que fue desmentido por tres expertos consultados por Contracorriente, quienes confirmaron que la plataforma presentó una desconexión total.
A esto se sumaron inconsistencias en actas que circularon en redes sociales y que fueron detectadas tanto por la ciudadanía como por equipos de verificación independientes. Monitoreos espontáneos identificaron actas que no sumaban votos, otras con cifras duplicadas respecto a la capacidad real de las urnas y anomalías que favorecían en su mayoría al Partido Liberal, según los hallazgos preliminares de usuarios que revisaron cientos de documentos. Aunque algunas de estas actas estaban correctamente registradas en el sistema del CNE, varias no aparecían o mostraban discrepancias entre lo publicado y lo que partidos políticos tenían en sus bases de datos, alimentando aún más la percepción de manipulación o desorden.
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Otro punto de preocupación fue la falta de coherencia en las cifras globales del CNE. Analistas independientes denunciaron que el número de actas divulgadas y pendientes no coincidía con el total oficial, llegando a reportarse hasta seis actas «de más» en el sistema. Al mismo tiempo, candidatos como Salvador Nasralla señalaron supuestas irregularidades en departamentos específicos como Lempira, donde los promedios de votos por urna para el Partido Nacional resultaban atípicamente altos en comparación con zonas urbanas más densas.
El colapso del TREP, sumado a la mínima diferencia entre los dos candidatos a nivel presidencial, una diferencia en la que Libre no compite, ha sido el terreno perfecto para especulaciones y teorías. El ambiente recuerda al 2017: apagones, acusaciones cruzadas, conferencias simultáneas y denuncias de manipulación. Mientras el país intenta entender qué ha ocurrido, la espera continúa sin un presidente electo, con una elección impugnada y con un sistema electoral una vez más en entredicho.
