Estados Unidos concluyó que en toda Centroamérica se violan los derechos humanos, pero que solo en El Salvador “no hay reportes creíbles” de casos significantes. El informe del Departamento de Estado exhibe el trato y la cercanía de la administración Trump hacia su principal aliado en la región, mientras que para Guatemala y Honduras señala que “no hubo cambios significativos” y para Nicaragua destaca que la situación “empeoró”.
La fotografía de la administración Trump hacia El Salvador, en el último año, contrasta con la mirada que el país norteamericano tenía hasta 2023, bajo la última administración demócrata. En el informe de 2024 sobre “Prácticas de los Países sobre los Derechos Humanos”, omite los informes de organismos nacionales e internacionales, las denuncias de miles de víctimas y los casos reportados en investigaciones periodisticas que han señalado tratos crueles e inhumanos en los más de tres años de la política de seguridad.
El nuevo espaldarazo de la adminsitración Trump al gobierno de salvadoreño ocurre en un contexto en el que Bukele ha incrementados los ataques contra las voces disidentes y las organizaciones de derechos humanos en el país. Solo entre mayo y julio, alrededor de 140 salvadoreños, entre periodistas y defensores de derechos humanos, huyeron de El Salvador en medio de amenazas, persecuciones y acoso de agentes del Estado y las capturas arbitrarias de defensores de derechos humanos.
Desde mayo, además, se implementa en el país la Ley de agentes extranjeros, que impone un impuesto del 30 % a los fondos de organizaciones de la sociedad civil, medios independientes y periodistas. La ley permite además que el ministerio de Gobernación suspenda actividades de los sujetos afectados por la ley y que la Fiscalía oficialista pueda abrir investigaciones y procesos penales de manera oficiosa o a través de denuncias de terceros.
Para este nuevo informe, Estados Unidos suprimió el análisis de las secciones referidas al respeto por la integridad de la persona; respeto por las libertades; corrupción en el gobierno; postura gubernamental hacia la supervisión e investigación internacional y no gubernamental de supuestos abusos a los derechos humanos; discriminación y abusos sociales; y derechos de los trabajadores.
Esta vez, el Departamento de Estado se centró solo en tres secciones para el caso de El Salvador: vida, libertad y seguridad de la persona. Con este recorte, la administración Trump elogió la reducción de la violencia pandilleril, que “se mantiene en un mínimo histórico bajo el régimen de excepción, pues los arrestos masivos suprimieron la actividad de las pandillas” y, de manera contradictoria, afirmó que “el Gobierno tomó pasos creíbles para identificar y castigar a oficiales que cometieron abusos contra los derechos humanos”, sin identificar a qué casos se refiere y sin que se conozca, públicamente en El Salvador, cuáles funcionarios han sido sancionados por estos abusos.
Las cifras del régimen solo son las oficiales: 115 fallecidos bajo custodia
En la reestructuración de la evaluación, la administración Trump también omitió las denuncias sobre detenciones arbitrarias, las condiciones dentro de las prisiones, irregularidades en el sistema judicial y las abundantes denuncias de irregularidades en el manejo de fondos públicos reveladas por periodistas independientes y organizaciones nacionales e internacionales.
Desde el inicio del régimen de excepción informes periodísticos y de diferentes organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han registrado cientos de muertes dentro de las cárceles de Bukele. Hasta el 13 de agosto, el Socorro Jurídico Humanitario, una de las organizaciones civiles que más han documentado los abusos del régimen, registró 433 muertes de privados de libertad.
Las únicas fuentes que el informe retomó sobre las muertes bajo la tutela de Estado fueron las cifras que el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dio el 8 de julio cuando reconoció solo 115 muertes dentro de las prisiones en los 41 meses de régimen de excepción y que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) estaba investigando solo ocho.
Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico, lamentó desde el exilio que Estados Unidos dio como verdaderas las cifras de Villatoro. “Estados Unidos y El Salvador son aliados y a ninguno les conviene hablar mal en términos de derechos humanos porque estarían asumiendo una culpa y les traería consecuencias. Lamentamos que el ministros de Seguridad sea un mitómano por reportar solo 115 muertes cuando él mismo sabe que en las cárceles no solo hay 433 muertes que nosotros hemos reportado, sino que pueden ser muchos”, apuntó.
Los registros del Departamento de Estado además chocan con los datos que las organizaciones sociales han recolectado de manera independiente. El 24 de julio, en la 193 audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), titulada “El Salvador: Consecuencias del cierre del espacio cívico para las personas defensoras de derechos humanos”, Olga Guzmán, de la Organización Mundial Contra la Tortura, reveló que la PDDH reporta 92 casos de presunta ejecución extrajudicial.
Lejos de reconocer las denuncias de capturas arbitrarias, Estados Unidos felicitó el empoderamiento que el Gobierno de Bukele le dio a las fuerzas de seguridad para “arrestar a cualquier sospechoso de pertenecer a una pandilla o de proveer apoyo a las pandillas. Como resultado, miles de sospechosos fueron detenidos”. Frente a la CIDH, Guzmán dijo que la PDDH reportó 742 casos por detención arbitraria e ilegal; sin embargo, el subregistro podría ser mucho más grande.
Un informe presentado este año por varias organizaciones de derechos humanos reveló que desde la implementación del régimen, en marzo de 2022, han recibido en conjunto más de 17 mil denuncias. La mayoría de estas relacionadas con capturas arbitrarias e ilegales.
En cuanto a las desapariciones forzosas, Estados Unidos se plegó a la versión de El Salvador y señaló que el comité internacional de la Cruz Roja y Procuraduría General de la República afirmaron que había suficientes mecanismos que permiten que “la mayoría de los ciudadanos localicen a sus familiares detenidos”.
Una investigación de Redacción Regional y Dromómanos reveló que entre 2019 y el 10 de marzo de 2025 solo la PDDH recibió 130 denuncias, de las cuales 66 ocurrieron en los tres años del régimen de excepción; aunque solo le reportó ocho casos al Departamento de Estado. Según cifras de organizaciones no gubernamentales, los casos superan los 500.
El mismo informe en el que señaló que no hay reportes creíbles de violaciones a derechos humanos también reconoció que “el gobierno (salvadoreño) reportó e investigó denuncias de violaciones” sobre tortura y cruel, inhumano y trato o castigo. Según el documento, “La PNC registró dos denuncias de tortura, 47 denuncias de atentados contra la integridad física, 53 denuncias de maltrato, 34 denuncias de abuso físico y tres denuncias de agresión y discriminación cometidas por agentes de policía.
La PNC remitió 171 denuncias a la Fiscalía General de la República, sancionó a 14 agentes de policía y destituyó a 12. Diez víctimas presentaron denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, alegando tortura o tratos crueles e inhumanos a manos de agentes de la PNC, y una víctima presentó una denuncia por el mismo trato infligido por miembros de las fuerzas armadas”, además de 23 denuncias de abuso sexual, 19 denuncias de violencia contra la mujer y cuatro denuncias de abuso infantil presuntamente cometidos por la policía.
Según datos de las organizaciones sociales, la PDDH registró 179 casos por malos tratos, incluyendo 28 denuncias por torturas.
Para Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, una de las organizaciones de la sociedad civil que mejor han documentado la corrupción y la violaciones a los derechos humanos en El Salvador y que desde julio cerró sus operaciones y se exilió, el informe del Departamento de Estado “presenta dos hallazgos contradictorios: que no hubo informes creíbles de violaciones a los derechos humanos y, al mismo tiempo, que sí hubo acciones creíbles para identificar y sancionar a funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos”.
“Cristosal ha presentado pruebas testimoniales, documentales y forenses de tortura sistemática en las prisiones, la cual ha causado la muerte de al menos 400 personas, y creemos que la cifra real de fallecimientos es mucho mayor. No existe constancia pública de que algún funcionario haya sido sancionado por estos crímenes; por el contrario, en los casos presentados por las familias de las víctimas, el sistema de justicia ha actuado para proteger a los responsables de violaciones a los derechos humanos, evitando su rendición de cuentas”, concluyó.
El vuelco en la evaluación sobre la situación de los derechos humanos responde a la política exterior de Donald Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, quienes han elogiado las políticas represivas de Bukele e incluso lo contrataron como carcelero de migrantes venezolanos (liberados en julio en un canje de reos con el régimen de Nicolás Maduro), a pesar de las denuncias de tortura y violaciones a los derechos humanos en las prisiones salvadoreñas.
En El Salvador se respeta la libertad de expresión… según el Gobierno Trump
Desde su primer periodo legítimo, Bukele entendió que para mantener su popularidad tenía que desacreditar cualquier reporte que perjudicara su imagen. Por eso, ha mantenido un ataque frontal contra el periodismo independiente. Para los Estados Unidos de Trump, el Gobierno salvadoreño “generalmente ha respetado” el derecho a la libertad de expresión.
Aunque, gracias a reportes del Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), reconoció “cinco actos de intimidación en línea contra periodistas cometidos por funcionarios gubernamentales y tres casos en los que funcionarios gubernamentales amenazaron con acciones legales contra periodistas”.
Sin embargo, los informes de la APES van mucho más allá. En 2024, registró 789 agresiones contra periodistas, un récord histórico según los datos de la asociación, de los cuales siete de cada diez de ellas provenían de funcionarios o instituciones estatales. Hasta el 14 de julio de este año, había contabilizado 314 agresiones, siendo mayo el mes con más vulneraciones, con 91.
Además, mayo de 2025 marcó un parteaguas en la represión gubernamental contra voces críticas en El Salvador con la captura de la abogada y jefe de la unidad anticorrupción de Cristosal, Ruth López, la captura del abogado constitucionalista Enrique Anaya y el exilio de unos 40 periodistas.
Reporteros Sin Frontera ha señalado que desde que Bukele llegó al poder año tras año la libertad de expresión y prensa han ido en declive, cayendo 61 puestos desde 2020 hasta posicionarse en el 135 de 180 países evaluados.
El 20 de enero, Donald Trump asumió su segundo periodo como presidente de Estados Unidos y con él vino un deterioro en la libertad de expresión y un giro autoritario en sus políticas en las que ha usado toda la fuerza del Gobierno estadounidense para intimidar a sus críticos. Según Reporteros Sin Fronteras, “su administración ha instrumentalizado las instituciones, recortado el apoyo a los medios independientes y marginado a los periodistas”.
El índice de la libertad de expresión que hace RSF también refleja esa opinión: bajó dos puntos, llegando al 57 de 180 países, de 2024 a 2025. “Después de un siglo de expansión gradual de los derechos de prensa en Estados Unidos, el país está experimentando su primer declive significativo y prolongado de la libertad de prensa en la historia moderna, y el regreso de Donald Trump a la presidencia está agravando enormemente la situación”.
El Salvador no es un “régimen dictatorial ilegítimo”
Bukele se ha convertido en el mandatario que la administración Trump más ha mimado en la región. Los acercamientos entre los Gobiernos salvadoreños y estadounidense han pasado por visitas de Bukele a la Casa Blanca, por reuniones entre Marco Rubio y Bukele en el lago de Coatepeque y por encarcelar arbitrariamente a migrantes venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) acusado sin pruebas de pertenecer al Tren de Aragua.
Sin embargo, El Salvador no fue el único beneficiario de la reestructuración del informe bajo la óptica de Trump. También Rusia, en plena guerra contra Ucrania, e Israel, haciendo un genocidio en Gaza, recibieron el mismo trato. Mientras que países que han criticado abiertamente las políticas exteriores estadounidenses, como Brasil, recibieron el mismo trato que dictaduras como Venezuela o Nicaragua.
El 12 de agosto, en conferencia de prensa, la vocera del Departamento de Estado Tammy Bruce evadió responder el porqué del trato preferencial a El Salvador. Sin embargo, dijo que “era necesario cambiarlo, según el punto de vista y la visión de la Administración Trump. Y así se hicieron esos cambios, además de que una de las cosas de las que estamos orgullosos, y que también verán el próximo año, es la noción de algo legible para la gente, algo que refleje en general la situación con la que lidiamos en ciertas naciones”.
Además de la minimización de los abusos estatales, el Gobierno de Trump también respaldó la reelección indefinida que la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el 31 de julio. “La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país. Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región”. En Latinoamérica solo las dictaduras de Nicaragua y Venezuela permiten la reelección indefinida.
Redacción Regional pidió reacciones al Gobierno de El Salvador y a la Embajada de Estados Unidos en El Salvador pero al cierre de esta nota no hubo respuesta de ninguna de las dos instituciones.
Guatemala y Honduras, igual; Nicaragua, peor
Según el Departamento de Estado, tanto en Guatemala como en Honduras “no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos durante el año”. En ambos casos reconoce que los dos países actuaron de manera significativa para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron violaciones, pero que se enfrentaron a obstáculos en sus sistemas judiciales cooptados y débiles.
A diferencia de El Salvador, Estados Unidos considera que las denuncias en ambos países son creíbles. Entre las principales violaciones destacan “ejecuciones arbitrarias o ilegales; tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; arrestos o detenciones arbitrarias; represión transnacional contra personas en otro país; graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa, incluyendo violencia o amenazas de violencia contra periodistas y censura”.
Para Guatemala agrega las “restricciones significativas a la libertad de asociación de los trabajadores; y violencia y amenazas contra activistas laborales o sindicalistas”.
Además, en Honduras también recalcó la existencia de grupos criminales locales y transnacionales que perpetúan crímenes violentos, como homicidios y torturas. “El gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la impunidad fue generalizada”.
En la región, los mayores señalamientos se los llevó la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua. “El gobierno intensificó los ataques a las libertades civiles y también violó la libertad religiosa al acosar y detener a feligreses y líderes religiosos”, señaló el informe, y agregó que “el gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos”.
Además, señaló que los parapolicías llevaron “a cabo una campaña de acoso, intimidación y violencia contra supuestos enemigos del régimen, como ex presos políticos y sus familias, activistas campesinos, grupos de oposición prodemocracia, defensores de derechos humanos, líderes del sector privado, clérigos, otros actores religiosos y grupos de la sociedad civil afiliados a la Iglesia, así como miembros del partido gobernante que expresaron su disidencia o su intención de desertar. Las autoridades no investigaron ni procesaron estas acciones”.
