Un informe elaborado por un grupo de expertos en derechos humanos concluyó que existe una “base razonable” para creer que el Estado salvadoreño, bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele, ha cometido crímenes de lesa humanidad contra miles de salvadoreños detenidos en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
El documento, cuyos hallazgos serán presentados ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, dimensiona un patrón de encarcelamientos arbitrarios, tortura, desapariciones forzadas, asesinatos y persecución política dirigido contra la población civil.
Según el informe, estas violaciones no deben interpretarse como “excesos aislados” dentro de una política de seguridad, sino como acciones sistemáticas que responden a una estrategia estatal orientada a consolidar el poder político sin contrapesos democráticos.
Elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (Gipes), conformado en 2024 con apoyo de diversas organizaciones, entre ellas DPLF, el informe constituye una de las evaluaciones internacionales más severas realizadas hasta ahora sobre la política de seguridad del gobierno salvadoreño y abre la puerta para que la Corte Penal Internacional les ponga atención a miles de denuncias de sobrevivientes y familiares de centenares de víctimas recabadas en los cuatro años de vigencia de la medida.
En sus conclusiones, los expertos también piden a la Corte Penal Internacional (CPI) que analice la situación en El Salvador bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma.
Los expertos urgen a la Fiscalía de la CPI a evaluar si existe una base razonable para iniciar una investigación de oficio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele.
Además, el informe recomienda a los Estados Parte del Estatuto de Roma que consideren remitir la situación de El Salvador a la Fiscalía de dicho tribunal para agilizar el inicio de las indagaciones.
Los juristas internacionales sostienen que esta intervención es necesaria para poner fin a los crímenes y asegurar que los perpetradores, tanto intelectuales como materiales, rindan cuentas ante la justicia ante la falta de independencia judicial en el país.
El documento plantea además la necesidad de establecer un mecanismo independiente de revisión que permita examinar los miles de casos derivados del régimen de excepción.
La propuesta, dirigida tanto al Estado salvadoreño como a las Naciones Unidas, busca crear una instancia técnica capaz de revisar expedientes, identificar irregularidades en los procesos y promover soluciones jurídicas o humanitarias para personas que habrían sido detenidas sin fundamento o cuyos derechos han sido vulnerados.
El informe, que se extiende a lo largo de 275 páginas, está respaldado por una extensa base de evidencia. Sus conclusiones se apoyan en más de 1,700 fuentes, entre ellas testimonios de víctimas y familiares, documentos oficiales del Estado salvadoreño, pronunciamientos de funcionarios gubernamentales, reportes de organismos internacionales de derechos humanos, investigaciones periodísticas y análisis producidos por organizaciones de la sociedad civil.
Un patrón de violencia masiva
El informe sitúa el origen de este escenario en el régimen de excepción decretado en marzo de 2022, tras un repunte de homicidios atribuido a pandillas. Desde entonces, el Estado ha detenido a más de 100,000 personas, según el ministro de Seguridad, muchas de ellas capturadas con base en criterios como la apariencia física, el lugar de residencia o denuncias anónimas, según investigaciones periodísticas e informes de organizaciones defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con el GIPES, el sistema judicial salvadoreño ha operado bajo un esquema que restringe severamente las garantías procesales. El informe describe audiencias virtuales masivas, procesos colectivos y la utilización de jueces anónimos o “sin rostro”, prácticas que, según los expertos, equivalen a una negación del derecho a una defensa efectiva.
La dimensión humana del fenómeno también se refleja en las muertes registradas dentro del sistema penitenciario. Datos citados en el informe, provenientes de organizaciones de derechos humanos como Cristosal, indican que hasta el 18 de agosto de 2025 se habían documentado al menos 403 muertes bajo custodia estatal.
El informe sostiene que este conjunto de hechos podría constituir crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional.
“Las graves privaciones de libertad física (…) la tortura y las desapariciones forzadas, al haber sido cometidas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, concluye el documento.
La persecución de la disidencia
Además de las violaciones asociadas a las detenciones masivas, el GIPES identifica un segundo patrón de ataque dirigido contra la disidencia política, periodistas y defensores de derechos humanos.
Entre los casos citados por el informe figura el de la abogada anticorrupción Ruth López, detenida en mayo de 2025, así como la muerte bajo custodia estatal del exasesor presidencial Alejandro Muyshondt, cuyo fallecimiento se produjo tras meses de detención y con indicios de tortura documentados por su familia.
Para los expertos, estos casos reflejan una estrategia orientada a silenciar a las voces críticas y desalentar cualquier forma de oposición política o fiscalización pública.
Militarización previa al régimen de excepción
El informe también sitúa el origen de esta política en decisiones adoptadas años antes de la emergencia declarada en 2022.
Investigaciones periodísticas de Redacción Regional y otros medios salvadoreños, así como documentos filtrados por el colectivo Guacamaya, revelaron que desde 2019 el gobierno salvadoreño avanzó hacia una militarización progresiva de la seguridad pública, otorgando a las Fuerzas Armadas atribuciones operativas equiparables a las de la policía.
Según los expertos, estas medidas representaron una ruptura con los principios establecidos en los Acuerdos de Paz de Chapultepec de 1992, que buscaban precisamente limitar el rol de los militares en tareas de seguridad interna tras la guerra civil salvadoreña.
El informe también retoma hallazgos periodísticos sobre el momento en que se dio la orden política que precedió al régimen de excepción. De acuerdo una investigación revelada por este medio en 2022, el régimen en realidad inició un día antes de que lo aprobara la Asamblea Legislativa, con la instrucción de “capturarlos a todos” transmitida en un recinto militar.
A partir de su implementación, los casos de torturas, violaciones y muertes de reos del régimen bajo custodia del Estado sacudieron a un país completamente militarizado y sin garantías constitucionales.
Redacción Regional logró identificar el caso de Adrián Solórzano, un joven padre de familia quien murió en 2022 dentro del penal La Esperanza con rasgos de torturas. Según se expediente forense, murió por “asfixia mecánica por estrangulación”. Su expediente fue retomado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como un posible caso de “ejecución extrajudicial”. Desde entonces, la PDDH ha guardado silencio y la procuradora Raquel Caballero de Guevara ha negado que la institución haya recibido denuncias de violaciones a derechos humanos.
Una postura similar a la del Ejecutivo, que también ha negado los centenares de denuncias de desapariciones forzadas de reos del régimen. Este medio también logró documentar el caso de Rafael López Castellón, un adulto mayor que no era pandillero, y quien fue enterrado en una fosa común estatal sin que su familia fuera informada previamente de su fallecimiento.
Bukele se ‘divierte’
Tras la publicación del informe, ni el presidente Nayib Bukele ni su gobierno respondieron directamente a las conclusiones de los juristas internacionales. En lugar de abordar los hallazgos sobre posibles crímenes de lesa humanidad, el mandatario optó por descalificar a quienes han denunciado abusos. En un mensaje difundido en redes sociales, Bukele afirmó que resulta “divertido” ver a organizaciones no gubernamentales, centros de pensamiento, medios y periodistas que —según él— actúan coordinadamente para atacar a su gobierno, a los que calificó como “tarifados de Soros”, en alusión al magnate y filántropo, a quien Bukele atribuye, desde inicios de su primer gobierno, una campaña de desprestigio en su contra a través de organizaciones y medios de comunicación.
“Me preocuparía si no fuera así. Significa que vamos por el camino correcto. Gracias a Dios”, escribió el presidente, sin responder a los señalamientos específicos del informe.
Una línea similar adoptó el vicepresidente Félix Ulloa, quien evitó pronunciarse sobre las denuncias actuales y, en cambio, redirigió la discusión hacia los niveles de violencia registrados en gobiernos anteriores.
*Escena de la imagen de portada: Familiares y amigos lamentan la muerte de Germán Orlando Escobar (28) en Veracruz, Cuscatlán, el 13 de junio de 2022. Escobar fue arrestado el 13 de mayo durante el estado de emergencia y falleció menos de un mes después en el penal de Izalco, Sonsonate. El certificado de defunción de Escobar atribuyó su muerte a un edema pulmonar. La policía acusó a Escobar de ser pandillero y de asesinar a varias personas en Veracruz, acusaciones que sus familiares y el sacerdote local niegan.
