El asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres no fue solo un acto de violencia aislada, sino el resultado de una operación criminal planificada y financiada con recursos provenientes de préstamos internacionales otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) destinados a la construcción de la represa Agua Zarca.
Un informe designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), reveló que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), liderada por la familia Atala, unas de las más poderosas de Honduras, operó una «arquitectura financiera deliberada» para desviar capital de los bancos BCIE y FMO hacia fines ilícitos.
«Los fondos desembolsados por el BCIE y FMO (…) fueron desviados de su finalidad original y utilizados para financiar un conjunto de actividades ilícitas (…) así como, en última instancia, el asesinato de Berta Cáceres», dice el informe.
Según los hallazgos, el 3 y 4 de marzo de 2016, solo horas después de que Cáceres fuera acribillada en su hogar, empleados de confianza del gerente financiero de DESA, Daniel Atala, cobraron tres cheques consecutivos que sumaron exactamente 500,000 lempiras. Este monto coincide con la cifra que el teniente Mariano Díaz Chávez, uno de los condenados en el caso, mencionó como el precio fijado por la vida de la ambientalista.
Los cobradores, trabajadores de bajo rango, confesaron que entregaron el efectivo directamente a los directivos de la empresa, tras operaciones diseñadas para evitar las alertas de lavado de activos del sistema bancario.
El desvío de fondos que habría llegado a manos de los sicarios fue posible, según la investigación y las fuentes consultadas, a un esquema de «arquitectura financiera deliberada» donde se utilizaron empresas ligadas al proyecto lcomo un instrumento para el desvío de fondos provenientes de préstamos internacionales hacia cuentas controladas por los directivos de DESA.
En concreto, la investigación identifica que al menos $8,991,067.80 dólares fueron canalizados a una cuenta de la empresa llamada CONCASA, a pesar de que los pagos fueron solicitados formalmente a favor de COPRECA, una constructora guatemalteca que estuvo ligada como contratista del proyecto. Según los investigadores, no existe constancia documental de que COPRECA haya percibido realmente esos fondos.
«Frank Underwood» y la captura de las instituciones
La prepotencia y el tráfico de influencias marcaron la gestión del proyecto. En mensajes de WhatsApp, Daniel Atala presumía de haber utilizado «canales traseros tipo Frank Underwood» (en referencia a la serie House of Cards) para agilizar la aprobación del préstamo de 24.4 millones de dólares ante el BCIE.
La evidencia recolectada por el GIEI y contenida en las fuentes analizadas confirma que agentes del Estado y altas autoridades no solo tenían conocimiento de la violencia y la trama contra Berta Cáceres, sino que participaron activamente en la coordinación de la seguridad del proyecto, la represión de las comunidades y la posterior obstrucción de la justicia.
Esta influencia se tradujo en una colusión total con las fuerzas de seguridad del Estado hondureño, que tuvieron información del operativo y pudieron haberlo impedido. El jefe de seguridad de DESA, Jorge Ávila, llegó a referirse al subcomisionado de policía local como su «mejor aliado».
La empresa no solo coordinaba operativos de represión contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), sino que también financiaba el mantenimiento de los destacamentos militares y policiales apostados en la zona.
Comunicadores comprados para desprestigiar a Cáceres
Para encubrir la motivación empresarial, el Estado y DESA articularon una campaña de desinformación. El entonces Ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, promovió activamente la hipótesis de un «crimen de faldas» (pasional) para despolitizar el asesinato y proteger a los ejecutivos de la represa. Mientras tanto, el banco BCIE ignoraba 71 quejas comunitarias y advertencias sobre la violencia creciente en el territorio lenca.
En 2023, en una investigación transnacional junto a OCCRP y medios aliados, revelamos cómo la entidad hizo caso omiso de las alarmas en torno al conflicto con las comunidades que se oponían al proyecto. Junto a contracorriente también revelamos que el BCIE tuvo información esencial que pudo haber frenado el proyecto contra el que protestaba Cáceres, y en definitiva prevenido la violencia en la zona y su asesinato, pero se quedó de brazos cruzados
Un ciclo que no cierra
A pesar de las condenas judiciales, la concesión sobre el río Gualcarque sigue vigente, y las comunidades denuncian que la violencia persiste. Hace dos años, el BCIE vendió la deuda del proyecto a un grupo controlado por el banquero Guillermo Bueso, amigo personal del expresidente del banco Dante Mossi, por apenas 500,000 dólares. Esos fondos fueron donados al gobierno para redactar una ley de consulta previa que, según organizaciones indígenas, busca legalizar el despojo de tierras y facilitar nuevos megaproyectos
