En la Sierra del Merendón, también llamada por los lugareños como «Montaña sagrada», al norte de Choloma, existe una sombra grande, cubre miles de hectáreas y una decena de aldeas. Esta sombra desprende miedo, tiene cara y nombre, pero este no se pronuncia. Los habitantes dicen «el señor», «el hombre» o «el que se fue para Miami». Muchas veces solamente dicen «él», y entonces hay que asegurarse de que hablamos del mismo hombre.
Edwin* es de los pocos que pronuncia el nombre de Geovanny Fuentes sin bajar la voz. Quizás porque lo conoció de cerca cuando un día el narcotraficante irrumpió en su casa, como un huésped que debía ser atendido aunque no fuera bienvenido, pidiéndole que le vendiera un terreno.
Primer acercamiento: la mina del Tamarindo
Fuentes irrumpió en la vida de Edwin en 2012 con dos guardaespaldas. En aquel entonces, no se sabía muy bien quién era Geovanny Fuentes, la gente sólo murmuraba que era propietario de unas tierras en el Cerro Negro, municipio de Choloma. De droga no se hablaba. Fuentes se sentó en el sofá de Edwin y le dijo que quería comprar su terreno para explotar minerales. Edwin le informó que ya había un señor interesado, un tal Don Manuel, y que tenían un contrato. Fuentes se fue, pero regresó a los pocos días para citarlo en un restaurante de San Pedro Sula. Para su gran sorpresa, Don Manuel estaba ahí, con Geovanny y su hermano, Cristian. Acordaron que Don Manuel iba a recibir 18 dólares por tonelada de mineral que se sacara.
«Después de la reunión, no supe nada de Don Manuel. Nunca me pagó la compraventa. No sé que se hizo. De ahí Geovanny entró sin avisar en mi terreno con sus máquinas y empezaron a escarbar», recordó.
Al ver la intrusión Edwin se quedó callado ya que pensó que con esa clase de personaje no es recomendable buscar pleito. Semanas después, Fuentes le propuso negociar el precio del mineral. Se reunieron en la propiedad de Fuad Jarufe, el dueño de una arrocera cholomeña que lavaba el dinero de Geovanny Fuentes, y le ofrecieron un contrato de seis meses por cuatro dólares la tonelada. Edwin aceptó, pero el día de la firma del contrato, vio que las condiciones habían cambiado. Era un contrato para 30 años por un dólar la tonelada, y fuera del marco legal que tiene el país para la explotación minera, sin un contrato de concesión minera ni una licencia ambiental.
Edwin recuerda al abogado que presentó aquel contrato, Julio César Barahona, exjuez y exconsejero de la Corte Suprema de Justicia y mencionado en el juicio de Fuentes, pues el contador de Fuad Jarufe declaró que Barahona recibió 300.000 lempiras para entorpecer la investigación policial en contra de un narcolaboratorio que Fuentes había montado.
Aquel día, Geovanny le dijo: «si quieres firma; si no quieres, no firmes». Edwin firmó. No le dieron copia.
Buscaron oro, hierro, plata y bronce, a lo salvaje. «Geovanny me dejó el terreno fregado», resumió Edwin. En la mina a cielo abierto, un hombre de la comunidad apoyó a Fuentes y aceptó hablar con Contracorriente. Recibía 2,500 lempiras (unos cien dólares) a la quincena para dar de comer a los que trabajaban en la mina y a los policías, porque «detrás de él, venían siempre dos patrullas», contó. Escondía también armas en su casa, cuando se lo pedía.
«La primera vez que vino, el hombre me dijo “¿ Vos conoces allá ? Esas piedras de allá se miran bien relumbrantes, como plata”. Le enseñé las piedras en el terreno de Edwin y le acompañé hacia otro terreno en Agua Blanca. “N’hombre – me dijo – estás hecho, te voy a dar un carro y una pistola”. A los 15 días regresó y preguntó a sus guardias “¿cómo se lo pagamos?”. “Démosle con tiros”, dijo uno de ellos. Yo me asusté y le quedé viendo. Veía que todos se manoseaban la pistola. Sentí que me habían tirado al barranco», relató.
Un pedazo de hierro extraído de la mina del Tamarindo en El Merendón. Foto CC/ Jorge Cabrera
Uno de los dos esbirros de Fuentes era el presidente del patronato de la Jutosa, la aldea más grande de esta zona en las faldas de El Merendón.
Si hay una cosa que Geovanny Fuentes manejaba bien, aparte de las armas (AR 15 y nueve milímetros según la fiscalía estadounidense), eran sus conexiones políticas. Otro de sus aliados fue el entonces alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli.
«Aquí vino el alcalde de Choloma [entonces Leopoldo Crivelli] con Geovanny. Estuvieron en la casa, me hicieron una propuesta por lo del mineral. Yo le dije a Crivelli que no tenía permiso de explotación. Contestó él “te vale maceta. Te vamos a dar 250,000 lempiras, el único requisito que ocupamos es que nos prestes tu nombre para las exportaciones”. Mi nombre no lo presto, le dije. Entonces Geovanny se enojó, “Puta ni se puede armar un negocio con vos».
En entrevista telefónica con este medio, Leopoldo Crivelli desmintió con fuerza haber ayudado a Fuentes en sus negocios: «Yo no soy muy dado a andar ahí en la montaña. Tengo fobia por las alturas. Por eso no voy al cerro yo», dijo cuando le preguntamos sobre su supuesta visita a la zona acompañando a Fuentes a quien además describió como un «cipote» de Choloma.
«Yo era amigo del papá. Yo trabajaba para el señor Don Fuad Jarufe. Soy un especialista en arroz, manejaba un proyecto en los bajos de Choloma. Y cuando yo iba donde Jarufe para cobrar la quincena, Fuentes siempre estaba ahí. De ahí, platicamos, de manera normal. Pero, nada más. Yo soy un hombre público, alcalde de Choloma por 16 años. Puede preguntar en Choloma quién soy yo, y la gente se lo va a contar. No tengo ninguna relación con ningún narco. No conozco ni la coca, nunca he andado armas, siempre he andado solo, no he fumado marihuana ni en mi juventud, es la palabra de Polo Crivelli ante Dios, no sé nada de todo esto», expresó.
Crivelli insistió en que nunca vio una «pesquisa de que Geovanny se dedicaba al narcotráfico», pero que sí se veía como «un muchacho peligroso, capaz de ultimar a alguien. Todo el mundo le tenía miedo.»
En aquel entonces, cuando pasó lo de la mina, ya varios hombres habían caído de la mano de Geovanny Fuentes. Primero, se compró la simpatía de Leonel Rivera Maradiaga, el jefe del cartel de Los Cachiros, asesinando a un mecánico que hablaba mal de él. Tal como un gato enseña a su dueño una presa muerta, Geovanny le mostró una foto del cadáver a Maradiaga, mientras Melvin Sanders, el presidente del club de fútbol el Atlético Choloma, le decía que Geovanny «era una buena persona para tener de su lado […] puede matar a cualquiera si se lo pedimos.»
Leonel Maradiaga rechazó participar en el negocio del laboratorio porque consideraba que era preferible traer la cocaína desde Colombia y no fabricarla en Honduras. Sin embargo, tras esa muestra de lealtad, Fuentes empezó a mover droga de los Cachiros en Honduras hacia el rancho de Juan Carlos «el Tigre» Bonilla —el exjefe de la Policía hondureña que ahora está en espera de su juicio en Nueva York— o de Los Valle, el cartel más poderoso del Occidente antes de su desarticulación en 2014. Geovanny cumplió con sus misiones de traslado de droga, pero sin renunciar a su narcolaboratorio en Cerro Negro que producía entre 200 y 300 kg de cocaína al mes, empleando a dos cocineros colombianos y una decena de guardias.
Además, después del único allanamiento en Cerro Negro en 2011, ocurrieron otros dos asesinatos que retumbaron en Choloma como actos de represalia.
El policía que organizó el allanamiento fue secuestrado por Fuentes y sus hombres. El requerimiento fiscal estadounidense describió que «el imputado y sus cómplices torturaron al oficial, le pegaron en la cara y le asfixiaron con una bolsa plástica. Clavaron sus dedos con alfileres […] la tortura servía a interrogarlo porque el imputado quería saber si su lavador de dinero y benefactor, Fuad Jarufe, estaba implicado en la investigación en contra de su laboratorio. Después de enterarse que no, el imputado mató al oficial con tres tiros en la cabeza».
Según la fiscalía estadounidense, no se halló nada durante el allanamiento porque el hijo de Leopoldo Crivelli filtró la investigación policial y Chepe Handal, otro narcotraficante de San Pedro y colaborador del laboratorio, alertó del operativo.
Otro asesinato fue el de Denis Muñoz, entonces un regidor de la alcaldía de Choloma cuya propiedad colindaba con la de Fuentes en Cerro Negro. Según los habitantes de las aldeas del Merendón, Muñoz denunció a Fuentes por delitos ambientales. Pero al día de hoy, ese crimen sigue impune. En 2015, su hijo fue acribillado en la Jutosa y tampoco se han esclarecido las circunstancias.
Sobre esas muertes violentas, Crivelli declaró : «no sé nada de eso. Soy un hombre muy amigo de las personas, soy incapaz de andar en estas papadas».
En marzo de 2020, la DEA detuvo a Geovanny Fuentes en Miami por importación de cocaína. Fue condenado en febrero de 2022 a cadena perpetua por el Distrito Sur de Nueva York.
Pobladores de El Merendón trasladan madera para la construcción de sus casas. Foto CC/ Jorge Cabrera
En El Merendón, al borde de un camino hacia el Tamarindo, hay una casa abandonada, totalmente derrumbada. Los habitantes dicen que es el refugio de espíritus maliciosos. Sin embargo, por esos lares, el espectro de la muerte no es sólo una leyenda. El hombre que trabajó con Fuentes en la mina suele decir «Aquí están vivos los que nunca le dijeron “no” a Geovanny».
Segundo acercamiento: el proyecto forestal
«Juez, tiene 52 años. Es hondureño. Creció en humildes circunstancias en un país violento. Trabajó duro. Es bachiller. Trabajó como agricultor. Empezó en una arrocera donde se desempeñó como barrendero. Pero se superó, juez. Trabajó en una empresa textil como manager por 26 años. No tenía nada al principio y se abrió camino hacia lo más alto. Entre 2013 y 2018, tuvo una empresa de biomasa. Podría decir una empresa forestal», así es como el abogado John Burke presentó y defendió a Geovanny Fuentes durante su juicio en la audiencia para establecer la pena, tras el fallo condenatorio de la Corte. Burke reclamaba 40 años de cárcel para su cliente.
Sin embargo, la «empresa forestal» que le servía de carta de respetabilidad a Fuentes no tenía nada de respetable. En Honduras enfrentó un juicio por delitos ambientales y con el nombre de esta empresa fueron escrituradas e hipotecadas tierras que han pertenecido desde generaciones a campesinos de El Merendón.
Gustavo Mejía, el actual alcalde de Choloma afiliado al partido Libre, quien fue regidor desde 2014, dijo a Contracorriente que «nosotros a Geovanny Fuentes siempre lo vimos como empresario de la madera, para mí fue el mayor deforestador que hubo en Choloma a vista y paciencia de las autoridades. Nunca lo vimos como un narcotraficante. No fue un tipo extravagante como muchos narcos que andan empistolados, borrachos; era un tipo muy reservado. Tal vez en su ambiente hacía sus cosas. Yo lo conocí por su negocio de biomasa. Luego, uno de los puntos más críticos que hizo es que sacó un montón de dinero de terrenos que no eran de él. Esa es la peor picardía que hizo. Y todos aquellos que avalaron eso son de la misma administración municipal».
Vista general de El Merendón por el lado de la Jutosa, municipio de Choloma. Foto CC/ Jorge Cabrera
Pocos meses antes de hipotecar sus tierras, Geovanny Fuentes se reunió con los habitantes de dos aldeas de El Merendón —San Antonio de las Quebradas y La Jutosa— para presentarles su nuevo proyecto a fin de «desarrollar» las comunidades. Fue el segundo acercamiento.
Don Rafa, líder de la comunidad de Las Quebradas, recuerda muy bien la llegada de Fuentes y de Crivelli a su casa a finales de 2012, cuando ya estaban operando en la mina ilegal del Tamarindo.
«Se presentó un señor que dijo que venía a hacer viveros para reforestar el sector. Hubo una reunión donde yo me presenté con dos vecinos para escuchar las propuestas. Vinieron tres señores, supuestamente abogados, para hablar del plan de trabajo, el alcalde “Polo” Crivelli y hombres bien armados. Dijeron que el proyecto abarcaba oportunidades para ayudar a las comunidades: arreglo de carreteras, dispensarios médicos, buenos sueldos para los que iban a trabajar en el vivero. El señor dijo que nos iba a hacer la escuela en Las Quebradas, pero que a cambio, nosotros teníamos que plantar árboles y que el bosque que nos rodeaba ya había dado vida útil y se podía cortar», contó.
El árbol que Fuentes quería cultivar era el guaje. Un árbol poco robusto que incluso sirve de comida para el ganado. «Le respondimos ¿para qué volar lo que ya está?», recordó Rafa.
Eso era una constante en la técnica empresarial de Agroforestal Fuentes: aprovecharse de terrenos ricos en biodiversidad para pulverizar sus árboles y producir aserrín. La biomasa es una energía renovable generada a partir de la combustión de materia orgánica, pero es muy diferente que esa materia provenga de desechos (como desperdicios de la caña, de palma africana, raíces) a que salga de robles, caobas, pinos, ceibas y guanacastes.
En 2015, la Fiscalía del Ambiente de San Pedro Sula solicitó una orden de captura contra Fuentes y presentó un requerimiento fiscal por «corte y aprovechamiento ilegal de productos forestales con fines comerciales agravados». Pero los hechos por los que se imputó a Fuentes no fueron los de Choloma, sino otros en el municipio de Santa Cruz de Yojoa en el departamento de Cortés. La Unidad Municipal Ambiental remitió a la fiscalía un informe en el que describió cómo Agroforestal Fuentes operó sin permiso del Instituto de Conservación Forestal (ICF) en un terreno privado: «descubrimos que se estaba realizando el corte de los árboles, los cuales eran introducidos en una máquina chipeadora, el aserrín se utilizaba para la generación de biomasa y era vendida a la empresa Gildan».
Ver documento aquí
Gildan es una empresa canadiense textilera que trabaja con varias maquilas en Choloma. Es también dueña de una caldera en las afueras de la ciudad industrial que produce energía. En su sitio web abandera orgullosamente su responsabilidad social y ambiental. «Desde nuestro uso de energía y agua, nos responsabilizamos y prestamos tanta atención a lo que entra en el trabajo como a lo que sale de él», aseguran. Agroforestal Fuentes no era sólamente un proveedor de materia orgánica pues la relación iba más allá, ya que Gildan fungía igualmente como prestamista de Agroforestal.
No pudimos obtener explicaciones por parte de Gildan. Enviamos correos a dos empleadas del servicio de comunicación en Canadá, pero ambos quedaron sin respuesta.
Por su parte, Luis Soliz, Director del Instituto de Conservación Forestal (ICF) dijo que «el narcotráfico y el lavado de activos dañaron terriblemente nuestros bosques. Sabemos que el negocio de la biomasa servía para lavar dinero. Se declaraba más producto de lo que en realidad ingresaba, y como todo era incinerado para producir energía, pues no había control. Todavía no tengo el control sobre eso, porque es un desorden que hay ahí».
La caldera de biomasa de Gildan dónde era llevado el desecho de árboles de Agroforestal Fuentes. Foto CC/ Jorge Cabrera
La Sierra El Merendón es un pulmón atravesado por ríos y quebradas, moldeado por crestas y barrancos. Las comunidades protegieron sus bosques, negándose a cortar lo que ya tenían. Pero Fuentes hizo dos viveros en el Merendón, uno en la Jutosa y otro a la par de la mina del Tamarindo. «Algunas de las personas de la comunidad fueron a trabajar allá, limpiar y embolsar plantas. En el vivero del Tamarindo había 50,000 plantas, pero sólo un cuarto fue sembrado, el resto se perdió», manifestó Rafa.
La razón de ser de los viveros era que esto le permitía a Fuentes y a sus empleados circular libremente en toda la zona de El Merendón, subir al Cerro Negro con arbustos —y la coca importada por go fast de Colombia, según el requerimiento fiscal— y bajar con troncos. «Él pasaba por acá con hombres bien armados, bajaban madera del Cerro Negro con camiones del ejército», afirmó un campesino de la Jutosa. Dice que por eso Denis Muñoz denunció a Geovanny y lo pagó con su vida.
Agroforestal Fuentes fue constituida en 2008. El notario que realizó el trámite, Carlos Augusto Hernandez Alvarado, director de Asesoría Legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en San Pedro Sula, detalló a Contracorriente que «hacemos escrituras porque nos buscan. Uno como notario no tiene que someterse a investigar la vida privada de los socios que quieren constituir una sociedad. Si cumplen los requisitos legales, que en Honduras son bastante mínimos, pueden constituirla.» En el juicio de Nueva York, Geovanny alegó que esa empresa operó entre 2013 y 2018 empleando a 30 trabajadores permanentes y una centena de temporales. Afirmó que ganaba 70,000 dólares a la semana con esa actividad.
Uno de los exempleados de Agroforestal Fuentes compartió con Contracorriente esa vivencia que quiere «dejar atrás». Lo encontramos en un centro comercial y estaba intranquilo, huidizo, preguntando si las cámaras de seguridad podrían estar grabando su voz. «Yo me salí con la frente en alto. No me metía en nada. No me enteré de nada. Ya sabe cómo es», dijo a modo de preámbulo. Explicó que trabajaban en cuadrillas de diez personas con motosierras y máquinas para triturar la madera. Un trabajo extenuante y peligroso. «A veces, tocaba dormir en el monte». Limpiaban las propiedades de grandes terratenientes y compraban la materia orgánica. Pero admitió que después «se pasaron con los pinos y deforestaron para tener materia prima» y que « la energía limpia es una mentira porque cortaban árboles». Él ya se había salido por las «cosas malas que sentía».
Cuando le preguntamos por las «cosas malas», de nuevo esquivó diciendo que no se enteró de nada. Pero, palmo a palmo, esbozó el retrato de un jefe iracundo y violento que abofeteaba a sus propios guardias. «Eran militares o exmilitares, se notaba en la manera de andar», añadió.
«Le pedí a Dios que me sacara de este negocio y milagrosamente lo hizo», concluyó al levantarse para irse.
Las motosierras de Fuentes no lograron entrar en todos lados; no entraron en San Antonio de las Quebradas por la resistencia de su pueblo. A esas alturas de 2013, la mina era un fracaso porque no encontraron el oro y la plata esperada y el «proyecto de reforestación» nunca cuajó. Geovanny Fuentes decidió entonces robarles a los habitantes la tierra que no quisieron regalar.
Golpe de gracia: las hipotecas y el fraude de la tierra
Entre abril de 2013 y mayo de 2014, Geovanny Fuentes contrajo cuatro líneas de crédito asegurando el pago de estos con bienes inmuebles en El Merendón cholomeño; fueron cuatro hipotecas otorgadas por el Banco Promerica que, en total, sumaron 92 millones de lempiras.
Las comunidades afectadas son El Ocotillo, El Majaine, Planes María, San Antonio de Las quebradas, El Tamarindo, Agua Blanca, Chachahuala y El Chorrerón, donde viven menos de 1000 habitantes.
Hasta marzo de 2021, los habitantes se dieron cuenta de que sus terrenos se encontraban bajo gravamen. «Descubrimos en la Gaceta que todo el sector iba a ser subastado el 25 de marzo y que los terrenos estaban en manos de un banco», explicó un agricultor de 50 años de El Majaine cuya tierra fue hipotecada en septiembre de 2013.
«No sabemos cómo nuestras tierras terminaron a ser de otro, pero el señor que hipotecó la tierra tuvo que tener el visto bueno de la municipalidad para escriturar a su nombre. Se duplicaron los títulos ya que nuestras escrituras son de años. La mía viene de mi abuelo. Mi papá me heredó las tierras. Son 29 manzanas. Pero, que manden militares o que compre otro narco, estamos jodidos. Cualquier cosa puede suceder porque la gente no quiere salir de aquí», manifestó.
San Antonio de las Quebradas es una comunidad de unas 60 personas cuya mayoritaria fuente de ingresos proviene de los cultivos de maíz y frijoles. Foto CC/ Jorge Cabrera
Pocos meses antes de las hipotecas, en enero de 2013, fue asesinado el jefe de catastro de la alcaldía de Choloma, José Ulises Guevara. Los habitantes de El Merendón sospechan que Ulises se oponía a las prácticas de corrupción que existían en el otorgamiento de títulos.
En Honduras, la escritura de tierras debe seguir un protocolo definido: con un contrato de compraventa de bienes inmuebles, un título de dominio pleno o de dominio útil, se debe registrar el terreno en el Instituto de la Propiedad (IP) que a cambio crea un asiento registral por el que hace constar que se escribió el título de propiedad.
Según dicen los habitantes, la escritura de sus tierras a nombre de la empresa de Fuentes fue avalada por la corporación municipal y posteriormente estas fueron registradas en el Instituto de la Propiedad.
La primera hipoteca en el banco Promérica por 3 millones de lempiras, para garantizar una línea de crédito. abarca dos predios en el Cerro Negro, anteriormente donados por Fuad Jarufe a Geovanny Fuentes, y un lote de terrenos en Río Blanquito. La segunda, por 7 millones de lempiras cubre más de 1000 hectáreas entre El Chorrerón, El Tamarindo y el Majaine. La tercera amplía el crédito por 9 millones e hipoteca más tierras y dos máquinas para triturar madera. Por fin, Fuentes hipotecó un contrato de suministro de biomasa que había firmado con la transnacional Gildan por 73 millones de lempiras.
Ver documentos aquí
Al día siguiente de enterarse de la subasta, Rafa, el líder de San Antonio de las Quebradas, llegó a la municipalidad de Choloma para consultar el mapa catastral e identificar los terrenos abarcados por las hipotecas. «El agente catastral me dijo “tu aldea no está”. No, le dije, quiero ver el mapa. Y resultó que mi propiedad está en el plan de subasta.» Rafa tiene en su posesión un título de dominio pleno sobre cuatro hectáreas otorgado por el Instituto Nacional Agrario en 1995.
«Esta es mi tierra. ¿Cómo es posible que propiedades con dominio pleno hayan caído dentro de las hipotecas? Pero, gracias a Dios tenemos todavía el bosque», se consoló Rafa.
Rafa, líder de San Antonio de las Quebradas, muestra el título de dominio pleno de sus terrenos hipotecados por Geovanny Fuentes. Foto CC/ Jorge Cabrera
La demanda de ejecución hipotecaria por parte del banco se dio en 2018, porque Geovanny Fuentes y sus fiadores solidarios —Frederick y Fuad Jarufe— no pagaban las cuotas. Fue un trámite largo porque la jueza manifestaba desconocer la dirección de Fuentes para notificarle las citas. La abogada Maribel Espinoza, cuyo bufete llevó el caso en representación del banco, declaró a Contracorriente que fue un proceso anormal y difícil y que se debió probablemente a la colusión entre el juzgado de Choloma y Fuentes. «El juzgado ignoró la norma procedimental respecto a la fijación y cambio de domicilio para favorecer al ejecutado dándole tiempo para evitar la subasta de los inmuebles hipotecados» dijo.
Finalmente, un año después de la detención de Geovanny Fuentes, el juzgado de Letras de Choloma anunció la subasta.
Unas 300 personas de las comunidades de El Merendón protestaron en frente del banco en San Pedro Sula ante la amenaza del remate. El gerente del banco propuso que tres personas entraran en el edificio para conversar. Rechazaron la propuesta, pues «todos o nadie», dijeron.
Aquel día, el 25 de marzo, no hubo postores. El juez adjudicó entonces los bienes inmuebles al banco Promerica con un valor de 717,623.98 dólares. Desde ahora, las comunidades viven bajo el riesgo del desalojo.
«La vida es amable, pero uno sabe que a punta de pistola, uno tiene que salir», observó Rafa desde el patio de su casa, justo enfrente de «Lempira», la escuela que la comunidad construyó sin la ayuda del «señor» de la montaña.
La escuela Lempira fue construida gracias al esfuerzo de todos los pobladores de la comunidad. Alumnos y alumnas vienen a pie desde Chachaguala, una aldea a más de una hora de Las Quebradas. Foto CC/ Jorge Cabrera
Después de la captura del narcotraficante
Capturar a un narcotraficante no es el final de la historia. Las instituciones hondureñas, ya sean policiales, militares, municipales o judiciales y también las empresas transnacionales como Gildan y el sistema bancario participaron directa o indirectamente en las actividades delictivas de Geovanny Fuentes Ramirez. «A los estadounidenses les interesa la droga, a nosotros nos debería interesar limpiar nuestro país y reformar las instituciones corruptas, esa es nuestra tarea. No todo se resuelve en Estados Unidos. Es importante que actuemos en lo que nos corresponde: la corrupción», opinó Carlos Paz de la misión Cáritas en Honduras, organización a la que las comunidades acudieron para exponer su problema.
Contracorriente habló con una fuente cercana a la alcaldía de Choloma que pidió mantener el anonimato y repitió una decena de veces que siempre se «mantenía al margen de muchas cosas». Negó que la alcaldía tuviera que ver con el otorgamiento de títulos a Geovanny Fuentes. «Lo mencionamos en corporación, pero cómo le digo, nunca pasó por nuestras manos el asunto. Creo que fue el Gobierno, a través del Instituto de Conservación Forestal, que maniobró algunas cosas con el Instituto de la Propiedad, pero no lo supimos, se hizo a espaldas de la municipalidad» dijo. Sin embargo, mientras defiende a la institución, vuelve sobre la mesa el tema de «uno tenía que ver y callar, pues sabíamos cómo corría el agua», un argumento que deja entrever que las cosas no fueron así de claras. «Internamente fue complicado. Hubo los asesinatos del compañero jefe de catastro y de un regidor. Otro abogado tuvo que huir de Choloma, porque no quería permitirles hacer este tipo de cosas […]» dijo.
Finalmente, declaró que el problema viene del banco Promérica por recibir hipotecas de manera irregular.
Preguntamos al banco en qué condiciones fueron otorgadas las hipotecas a Geovanny Fuentes y si se realizó una inspección de terreno para verificar que las más de mil hectáreas reivindicadas le pertenecían realmente. Recibimos esta respuesta: «Se le otorgó financiamiento de acuerdo a las políticas de crédito vigentes y a la normativa y regulaciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Cumpliendo la normativa bancaria y las políticas internas del banco se realizó un avalúo. Dentro de los procedimientos del banco se verifica en el Instituto de la Propiedad las garantías a ser otorgadas por los clientes para verificar la legitimidad del propietario».
Es una verificación más que limitada, pues el IP ha sido cuestionado por ser un nido de corrupción. José Cardona, presidente de su junta directiva y también ministro de la Secretaría de Desarrollo Solidario (Sedesol), culpó a la gestión de los gobiernos nacionalistas pues «se prestaron a la corrupción en la regularización predial a favor de narcotraficantes. Muchos alcaldes se dedicaron a dar títulos a gente que les daba dinero y no les importaba que ahí vivía gente. Se han otorgado títulos sobre títulos. Se desaparecieron expedientes. Falta todavía un mecanismo de vigilancia que evite la doble titulación de tierra y el tráfico de influencia. El desorden es histórico y no lo podremos resolver en cuatro años», argumentó.
Buscamos en el Sistema Nacional de Administración de la Propiedad los antecedentes de los terrenos que Fuentes hipotecó para saber cómo los obtuvo, pero no se pudo rastrear los propietarios anteriores, aparte del predio donado por Fuad Jarufe. Un empleado de la Dirección General de Regularización Predial comentó que «no podemos ver las escrituras anteriores a las de Geovanny Fuentes, pero lo que sí observamos es que Fuentes registró en 2013 títulos de dominio útil, para uso y goce de la tierra. Algo que sólo puede dar una municipalidad».
Sólo una municipalidad. Pero, según el exalcalde Crivelli, no la suya : «Yo era el alcalde ¿cómo hubiera podido permitir eso, siendo vecino de ellos? ¿Cómo puedo arrebatar tierras que no son mías, que no conozco ni nunca he visto, a beneficio de este señor? Desconozco cómo pudo registrar esas tierras en el IP, yo me di cuenta de las hipotecas cuando ya se daba la subasta. Se dice que me había regalado 220 000 lempiras para la campaña política, pero nunca me dio nada, ni quiera Dios. Son líos en los que me han metido a mí. Hay un poco de mala intención políticamente hablando, por eso perdí las elecciones. En parte. No sé qué dicen los documentos de Nueva York, pero son chambres. No es porque lo diga Juan, Pedro o Luis que sea cierto. Usted puede venir e investigar acá. La puedo llevar… Aunque no soy muy aficionado a las alturas.»
Crivelli perdió las elecciones en las que optaba por su cuarta reelección pero su hija, Katia Crivelli, sí ganó las elecciones y ahora es diputada en el Congreso Nacional por el partido Liberal, presidido por Yani Rosenthal, quien cumplió su pena en Estados Unidos por lavado de activos procedentes del narcotráfico.
Ezequiel, un habitante de la zona, es cortador de leña. Foto CC/ Jorge Cabrera
Gustavo Mejía, el actual alcalde de Choloma, admitió que tenía como promesa de campaña ayudar a los habitantes de El Merendón, pero ahora se deshace de la papa caliente alegando que el Congreso Nacional resolverá el problema. Durante la entrevista, hizo una llamada a la diputada del partido Libre, Iris Pineda, a quien dice haber remitido un informe sobre el caso.
—No, profe, eso lo tiene Tania [jefa de medioambiente de la alcaldía] —contestó la diputada Pineda.
—Pues Tania me dice que se lo entregó a usted.
—Bueno, no sé, habría que buscarlo en ese montón de papel que tengo en la casa.
—Revísemelo pues.
Mientras tanto, las comunidades viven con la espada de Damocles sobre su cabeza: el posible desalojo. A la pregunta hecha al banco sobre el futuro de los habitantes que viven en esas tierras, el banco contestó «actualmente no tenemos ofertas, al momento de tenerlas se analizará la situación mencionada».
«¿Sabe lo más irónico? —nos dijo Rafa— es que continuamos pagando impuestos a la municipalidad.»
A la hora de salir de la montaña, cuando casi oscurece y los campesinos se apresuran para dejar el campo y regresar a sus casas, nos cruzamos con un jinete con su caballo blanco, las botas llenas de polvo. Dijo llamarse Ezequiel. Nos habló de política, religión y dinero, describiendo los tres como instrumentos de opresión. Conoce bien la historia de la zona: la mina, la empresa de Fuentes, las hipotecas… Pero, mientras intentábamos recoger su visión de la situación —una última mirada antes de irnos— se rió un poco y dijo desde la altura de su caballo: «Es como siempre. Pero, sabes, aquí la lucha nace y crece en la sangre. Es lo que tenemos».
Edición: Jennifer Avila
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
