La más reciente investigación de The Washington Post sobre el pacto del gobierno de Nayib Bukele con la administración estadounidense revela que el secretario de Estado, Marco Rubio, cedió a las peticiones del presidente salvadoreño para intercambiar un grupo de reos de la Mara Salvatrucha-13, entre estos informantes de las autoridades estadounidenses en una investigación contra funcionarios salvadoreños acusados de pactar con las pandillas, a cambio de recibir en el Centro de Confinamiento contra Terroristas (Cecot) a los migrantes venezolanos que Trump no quería en suelo estadounidense.
La investigación publicada el pasado 19 de octubre ofrece detalles inéditos en el juicio contra la ranfla de la MS-13 en Estados Unidos. Entre estos, que el Departamento de Justicia acordó por petición del Departamento de Estado traicionar a sus informantes en uno de los juicios federales más importantes contra esa estructura criminal.
Entre 2021 y 2023, Estados Unidos montó uno de los principales casos para desarticular a la pandilla MS-13 a través de una investigación que no solo apunta hacia sus actos criminales en suelo norteamericano, sino que además extiende la acusación a su poder y capacidad de interlocución con funcionarios de los últimos tres gobiernos en El Salvador, incluido el de Bukele, para pactar beneficios carcelarios a cambio de reducir los homicidios en las calles del país.
En esos dos años, Estados Unidos no solo potenció su caso, sino que exigió al gobierno salvadoreño la extradición de los cabecillas de la ranfla de la MS-13, una petición a la que el gobierno siempre se opuso y que, según archivos de inteligencia policial y militar filtrados por GuacamayaLeaks, era una petición clave de las mismas pandillas para continuar las negociaciones con el gobierno de Bukele.
Con el tiempo, Estados Unidos logró capturar fuera de El Salvador a nueve cabecillas pandilleros de alto perfil vinculados a estos casos y, según la investigación del Post, algunos de estos ya habían accedido colaborar con las autoridades estadounidenses para aportar pruebas de sus vínculos con el gobierno salvadoreño.
Estos acuerdos, sin embargo, se desmoronaron en marzo pasado, cuando el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia apelaron a propósitos de seguridad nacional para desestimar las acusaciones contra este grupo de pandilleros y, a uno de nueve reos, su deportación hacia El Salvador.
Crook vuelve a ser clave y está en la mira del gobierno que lo liberó
Según la investigación, el primer afectado con el pacto Bukele-Trump gestionado por Marco Rubio fue César Antonio López Larios, alias “Greñas”, a quien la Fiscalía estadounidense le retiró los cargos y lo deportó el 15 de marzo, junto al primer contingente de migrantes venezolanos deportados hacia El Salvador.
Además, la investigación señala que uno de los principales cabecillas de la MS-13, Élmer Canales Rivera, alias Crook, liberado por el propio gobierno salvadoreño en noviembre de 2021 y recapturado en México en 2023, ahora bajo custodia de las autoridades estadounidenses, ha establecido acuerdos de cooperación.
“Una vez bajo custodia de Estados Unidos, Canales Rivera se ofreció a entregar grabaciones, fotos, videos y otra documentación, según tres personas familiarizadas con el asunto, que implicarían al gobierno salvadoreño en la negociación con la MS-13”, señala la investigación del Post.
“Aceptó un acuerdo de culpabilidad y proporcionó a los investigadores información fundamental para una investigación que habían estado construyendo durante años, una destinada a exponer cómo los acuerdos alcanzados entre la MS-13 y el gobierno de Bukele usaron recursos estadounidenses y pusieron en peligro a los estadounidenses, dijeron varias personas familiarizadas con el asunto”, añade el texto.
Crook sea quizá una de las piezas más importantes en el tablero de las pesquisas contra el gobierno salvadoreño en Estados Unidos. Luego de ser liberado de manera irregular en noviembre de 2021, según reveló La Prensa Gráfica, fue llevado a una zona lujosa de la capital de San Salvador, se le entregó un arma y posteriormente se le facilitó su salida del país hacia Guatemala antes de saltar hasta México. Así lo reveló El Faro en dos investigaciones, una de las cuales expone un audio en el que Carlos Marroquín, director de la oficina de Tejido Social del gobierno Bukele, confiesa que él mismo fue quien sacó a Crook de la cárcel de máxima seguridad.
Pero Estados Unidos aún tiene bajo su poder a otros ocho cabecillas más que también poseen información relevante.
Uno de estos es José Wilfredo Ayala Alcántara, Indio de Hollywood, un emisario del pacto de del gobierno Bukele con las pandillas en las calles del país. Indio gozó de salidas irregulares del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca antes de ser liberado en 2021 y migrar hacia México, donde también fue capturado y posteriormente enviado hacia Estados Unidos.
Como él, otros cabecillas de la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18 protagonizaron al menos 749 salidas del penal de Zacatecoluca hacia consultas en centros de salud públicos y privados, entre estos un asilo de ancianos que acogió durante un mes con internet, visitas y aire acondicionado a Diablito de Hollywood, considerado el principal cabecilla de la MS-13.
En sus acusaciones contra la estructura, las autoridades estadounidenses han señalado que estas salidas médicas eran “falsas” y eran utilizadas para que los cabecillas de las pandillas diseminaran a agentes en las calles los acuerdos con el gobierno salvadoreño.
Redacción Regional reveló que los acuerdos y las salidas duraron al menos 33 meses, hasta que el pacto se rompió a finales de marzo de 2022, dando inicio al régimen de excepción, una política que viola derechos humanos y ha provocado más de 400 muertes de reos del régimen bajo custodia del Estado.
Nuevo manto de impunidad
En El Salvador, al menos desde mayo de 2021, no existe ninguna autoridad contralora del Estado que investigue y busque esclarecer los pactos del gobierno Bukele con las pandillas salvadoreñas.
Desde mayo de 2021, cuando el partido de Bukele destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general; y en su lugar impuso a magistrados afines y Rodolfo Delgado, que continúa al frente del Ministerio Público, la investigación contra estas negociaciones para reducir los homicidios a cambio de beneficios carcelarios fue suspendidas y el equipo élite que las llevaba a cabo, ahora en el exilio, fue desmantelado y perseguido.
La investigación en Estados Unidos, por tanto, es la única causa abierta que ya tiene dos implicados: el director de centros penales y viceministro de Seguridad, Osiris Luna; y Carlos Marroquín, el director de Tejido Social.
En diciembre de 2021, ambos funcionarios fueron sancionados por Estados Unidos por pactar con pandillas y actos de corrupción. Bukele, a la fecha, los mantiene en su gobierno
En junio pasado, The New York Times reveló que Luna incluso habría solicitado en 2020 un “asilo de lujo” en Estados Unidos a cambio de proveer información de importancia en el caso de las negociaciones del gobierno Bukele con las pandillas, según cables filtrados de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.
Estados Unidos, por el momento, mantiene bajo custodia a la mayoría de los cabecillas de la MS-13 solicitados por Bukele, pero el caso, según el Post, pende de un hilo y ya es muy poco lo que las cortes federales puedan hacer para prevenir el envío de esos reos a suelo salvadoreño.
En marzo pasado, la jueza Joan Azrack había firmado el traslado del reo López Larios hacia El Salvador dado el argumento de una fuerza mayor (estabilidad de Estados Unidos), pero ahora intenta recopilar información sobre el pacto de Bukele-Trump para tratar de entender por qué la Fiscalía está pidiendo desestimaciones contra cabecillas de la MS-13 en un caso que busca frenar a dicha estructura.
Un mes después, en abril, los fiscales estadounidenses pidieron retirar los cargos contra otro de los presuntos líderes de la MS-13, pero este no se encuentra cooperando con las autoridades, según la investigación.
Según El Faro, Jorge Alexánder de la Cruz, alias “Cruger” y Marlon Antonio Menjívar Portillo, alias “Rojo”, ya se han declarado culpables de sus cargos desde marzo pasado, una medida que podría evidenciar su disposición a colaborar con la justicia de Estados Unidos en otros procesos.
El post reseña que ahora la jueza Azrack lamenta haber autorizado la deportación de López Larios, a la luz de las revelaciones sobre el pacto Bukele-Trump, pero tiene poco margen de maniobra para negar las solicitudes de la fiscalía para retirar los cargos contra cualquiera de los otros cabecillas o para evitar que el gobierno eventualmente los deporte.
La paradoja del caso, en el que Trump y Rubio supeditaron el interés de un intercambio de reos estadounidenses por los venezolanos recibidos en el Cecot con el régimen de Nicolas Maduro, es que el costo a pagar sea la destrucción de una las investigaciones federales más importantes de EE. UU. contra la MS-13, iniciada durante la primera administración de Trump con la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan.
«Sería muy desalentador si trabajara duro durante un año para recopilar esa evidencia … para ponerlo bajo custodia, para llevarlo ante la justicia, solo para que el Departamento de Justicia o el Departamento de Estado se den la vuelta y digan: ‘Está bien, vamos a retirar todos los cargos’. Me destriparía como agente de casos», dijo Daniel Brunner, un ex agente del FBI que trabajó en Vulcan citado por el Post.
A la fecha, el proceso contra la MS-13 y las negociaciones entre la pandilla y el gobierno salvadoreño continúan, pero funcionarios y exfuncionarios citados por el Post destacan El Salvador es intocable.
«Nadie quiere investigar nada relacionado con El Salvador o Bukele, porque la administración de Bukele en este momento tiene una línea directa con la Casa Blanca. Nadie está tocando eso», dijo un exfuncionario del Departamento de Estado citado por el Post.
