En este sitio se maquinó todo. Es un edificio muy rico y a la vez luce tan desamparado. En este desvencijado lugar, ubicado en la zona 13 capitalina a escasos metros del aeropuerto internacional La Aurora, aguarda mucho dinero para construir carreteras y darles mantenimiento. Ese no es el problema. Lo es que esos recursos estaban en las manos equivocadas, que asignaron irregularmente las obras y provocaron que el Estado perdiera Q197.87 millones (US$25.76 millones) solo por ese hecho. Esa fue apenas una parte del dinero extraído. La suma se iría incrementando y la forma de hacerlo se iría revelando pieza por pieza, como un engranaje.
Esta historia maltrecha arrancó en aquel edificio de arquitectura colonial, mal pintado, sin cielo falso y techo de lámina. Es el lugar donde está la Dirección General de Caminos. El inmueble tiene un amplio pasillo que se inunda con el bullicio. No hay oficinas, solo improvisados cubículos de tablayeso donde el calor irrita. No es un lugar atractivo. Sin embargo, los políticos le han puesto mucho interés: no por su valor histórico, sino por los fondos que maneja.
Es aquí donde trabajaba Fredy Chojolán, un empresario que conocía muy bien el funcionamiento del Ministerio de Comunicaciones, porque fue supervisor de proyectos de infraestructura y su familia creó una extensa red de constructoras que firmaron contratos millonarios con el Estado. Además, adquirió experiencia en el sector público al laborar para el Instituto de Fomento Municipal y varias municipalidades.
Era un hombre de mediana edad, rostro sereno y actitud calculadora. En público, en cambio, su mirada revelaba nerviosismo. Pero en su oficina nadie lo molestaba. No había periodistas que lo cuestionaran. No había pobladores que le reclamaran. No había diputados que le recriminaran. Era el 17 de julio de 2020 y estaba a punto de firmar un documento.
Plasmó su firma en el papel. Lo hizo con tinta azul. Colocó dos sellos. El primero decía “ingeniero civil», su profesión; el segundo, “director general”, su puesto en Caminos. Después, introdujo la hoja en un sobre. Esta tenía apenas quince líneas. Las más importantes no pasaban desapercibidas. Estaban en negritas y decían en letras y números: Q118 millones (US$15.36 millones).
Esto era una trampa: era “El mecanismo” que serviría para saquear. La triquiñuela estaba, precisamente, en esas dos líneas resaltadas. Fredy Chojolán sabía que era un engaño, pero no dudó en afirmar que ese era el precio que la Dirección General de Caminos estimaba que costaba arreglar la ruta que conecta las aldeas Nuevo Chuatuj y Los Encuentros, dos comunidades del suroccidente del país, ubicadas en el cálido municipio de Coatepeque, en la bocacosta que conecta al Pacífico con el departamento de Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante de Guatemala.
El sobre fue enviado a una junta de licitación. La trampa todavía no sería descubierta. Esta se desconocía, incluso, cuando el sobre fue abierto unas horas después por Evelyn Yolanda Rodríguez Palacios, Carlos Manuel Flores García, Herman Gabriel Santos López, Renato José Rodas García y Mirna Yesenia Polanco Ordónez. Ellos eran los encargados de evaluar las ofertas que se presentaron para trabajar en el tramo. Hubo cinco empresas interesadas en hacerlo.
Alrededor de las 13:30 del 17 de julio de 2020, en uno de los salones de la Dirección General de Caminos, los evaluadores abrieron el sobre. No había público, salvo los representantes de las constructoras. Escucharon que Fredy Chojolán escribió que el precio estimado de la obra era de Q118 millones (US$15.36 millones). No sabemos cuáles fueron sus reacciones, pero tres constructoras fueron descalificadas inmediatamente al escuchar ese precio.
En cambio, otras dos empresas siguieron en la contienda. La ganadora se conocería días más tarde. Sin embargo, en ese momento, la licitación ya estaba amañada. El mecanismo, un largo esquema en el que se modificaron los costos estimados para sobrevalorar las obras, se había puesto en marcha y afectaría a este y otros trece proyectos. El monto que perdería el Estado sería similar a la estafa de las vacunas rusas Sputnik V o la defraudación identificada en el caso B410, que identificó una red de empresas de cartón que sirvieron para evadir impuestos.
Cálculos
La hoja firmada por Fredy Chojolán fue clave para manipular el concurso. Era tan importante porque el costo estimado que se escribió en ese archivo permite controlar el precio de un proyecto. Este es un valor referencial que evita que las ofertas de las constructoras sean muy caras y se salgan del presupuesto o muy baratas que puedan comprometer la calidad de la obra.
El costo estimado es primordial para aceptar o rechazar una oferta, porque a partir de ese valor se establecen los límites en los que debe encontrarse una propuesta para poder concursar en un evento de infraestructura. Es un valor que, en teoría, es secreto para las empresas. No se conoce hasta que los evaluadores abren el sobre que el director general de Caminos les envía para cada licitación.
Por supuesto, una compañía no le va a acertar exactamente al costo estimado que se ha definido. Por eso, el artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado permite flexibilidad y da un margen en el que se pueden encontrar las ofertas. Son cálculos sencillos que se hicieron rápidamente aquel 17 de julio de 2020 por los integrantes de la junta de licitación. No hubo errores en las operaciones, salvo que todo el procedimiento estaba mal.
Fredy Chojolán modificó e incrementó, sin respaldo técnico, una, dos, tres, cuatro, cinco… catorce veces el costo estimado de las obras. Fue algo sistemático. Lo hizo de manera antojadiza, lo que afectó los cálculos de varias licitaciones y provocó que los proyectos fueran más costosos de lo planeado. Lo dicen los documentos de Caminos que Prensa Comunitaria estuvo recopilando. Hace cinco años, parecía que El mecanismo y que todas estas irregularidades estaban fríamente calculadas. Parecía…
Alegría
—A continuación tendremos las palabras de un gran líder, que ha hecho que todas estas cosas sean posibles a nivel nacional, no solo acá. Me refiero al ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus. Recibámoslo con un fuerte aplauso.
Hubo aplausos. Muchos.
“Chemundo”, como le apodan, obtuvo el respaldo del presidente Alejandro Giammattei, quien le pidió dirigir el desarrollo de infraestructura del país. Ingeniero y también empresario obtuvo réditos de su cargo y rápidamente se convirtió en un cacique del departamento de Quiché, su lugar de origen. El respaldo de su región se capitalizó en una curul en el Congreso de la República tras las elecciones generales en 2023, en donde pertenece al bloque del partido Vamos.
En aquella ocasión, al escuchar su nombre, el funcionario se levantó, se limpió las manos, se quitó la mascarilla, se acercó al micrófono y dio un discurso de casi seis minutos. Dijo estar contento. Mencionó que la economía de los guatemaltecos pasa por tener buenas carreteras. Después, anunció que se pondría nuevo asfalto y añadió que arreglar aquel tramo era uno de los objetivos del gobernante.
—Cumplimos con el compromiso del señor presidente —aseveró.
Edmundo Lemus hablaba del mejoramiento de la carretera de las aldeas Nuevo Chuatuj y Los Encuentros. Llegó a Coatepeque para inaugurar los trabajos el 26 de febrero de 2021. Las personas se secaban el sudor; otros usaban sombreros o gorras. El calor estaba pesado. Sin embargo, este proyecto se convertiría en un oasis.
—Serán 29 kilómetros menos de enojo —dijo Duay Martínez, otro diputado por el distrito de Quetzaltenango del partido Vamos que estuvo en el lugar.
Los pormenores de la obra habían sido definidos tres meses antes, cuando se firmó el contrato: la empresa Asfaltos y Petróleos se encargaría de mejorar la carretera, colocaría un asfalto de ocho centímetros y tendría 18 meses para concluir los trabajos. Edmundo Lemus fue el que dio el visto bueno a estos detalles al aprobar la totalidad del contrato. Con su aval, el negocio trucado estaba hecho.
Lo oculto
Hubo cosas ocultas. ¿Sabía Edmundo Lemus que había concretado un evento amañado? ¿Notó que faltaba un documento que evidenciaba que todo el proceso estaba viciado? Su silencio no deja claro estos puntos. Quien sí lo sabía era Fredy Chojolán, porque recibió ese documento antes de que firmara aquella hoja en la que aseguró que el costo estimado del proyecto era de Q118 millones (US$15.36 millones).
Este documento estuvo oculto por mucho tiempo. Es un archivo breve, que enumera los materiales que se emplearían en la obra y sus precios, además de los costos por elaborar los planos, el retiro de alcantarillas, la excavación de canales y un listado de actividades relacionadas con el proyecto. La hoja era la síntesis de un análisis técnico y pormenorizado de cuánto debía valer la obra. Era el verdadero costo estimado.
Y, por supuesto, no coincide con el que brindó Fredy Chojolán.
Este estudio fue hecho, sellado y firmado por el Departamento Técnico de Ingeniería. Esta unidad elaboró los análisis y definió los costos estimados de los proyectos durante la administración del partido Vamos. Lo hizo con una metodología, que comparaba información de diversas fuentes para establecer las estimaciones. Los datos calculados por esta sección arrojaron que los trabajos en Coatepeque tendrían un costo de Q60.35 millones (US$7.85 millones).
Fredy Chojolán rechazó el estudio y decidió valuar la obra en casi el doble. Si el director general de Caminos no hubiera cambiado el precio estimado de la obra, el Estado habría obtenido una oferta más asequible. Incluso, la empresa a la que se le asignó el proyecto jamás habría sido contratada, porque su oferta nunca hubiera entrado entre los márgenes de precios aceptados por la Ley de Contrataciones del Estado.
Este mecanismo, lamentablemente, se aplicó en catorce proyectos carreteros, cuya contratación se inició en el primer año del gobierno de Alejandro Giammattei. Las obras perjudicadas por este procedimiento están en los departamentos de Jalapa, Petén, Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, Sololá, Huehuetenango, Retalhuleu, Quetzaltenango y Guatemala. Solo por esta operación, como se adelantó al inicio, el Estado perdió Q197.87 millones (US$25.76 millones).
Sin embargo, esa es solo la primera parte de El mecanismo de extracción. El erario perdió otros cientos de millones de quetzales y para sacarlos de las arcas públicas se fraguó otro esquema, cuyos protagonistas dejarán de ser Fredy Chojolán y Edmundo Lemus. Sus puestos serían ocupados por otros funcionarios.
Antes de ser sustituido, Fredy Chojolán tomó probablemente con sorpresa que dos auditoras empezaron a pedir y revisar documentos en la Dirección General de Caminos, buscando irregularidades en las contrataciones. No fue la única alarma y problema que los acechaba a él y a Edmundo Lemus.
En la zona 1 capitalina, un exfutbolista convertido en político, se movió con seguridad. Subió hasta el cuarto nivel del Ministerio Público. Enfiló hacia donde estaba el equipo de élite del todavía fiscal Juan Francisco Sandoval. Entró a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Juró que diría la verdad y empezó a delatar.
Una jueza lo escuchó con atención.
Mañana: La estafa de las juntas de licitación
