Las accidentadas elecciones primarias celebradas este domingo perfilan a Rixi Moncada, Nasry Asfura y Salvador Nasralla como los candidatos que buscarán la presidencia de la república por los partidos Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y Partido Liberal en las elecciones generales del 30 de noviembre.
Según el último corte de resultados emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), actualizado hasta las 10:10 a. m. del lunes 10 de marzo, en el Partido Liberal, Salvador Nasralla, un presentador televisivo y ex aliado de Libre que busca la presidencia por tercera ocasión, aventaja con un 59.36 % s a Jorge Cálix, un diputado y exlíder de Libre con un 29.91 %. Les siguen Luis Zelaya con un 5.59 % y Maribel Espinoza con 5.11 %.
En el Partido Nacional, Asfura, el dos veces alcalde de Tegucigalpa (2014-2022) y con un proceso de antejuicio por malversación de más de 28 millones de lempiras, lidera con un 76.01 %, seguido de lejos por Ana García, la exprimera dama y esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Nueva York, con un 21.26 %. Les siguen los precandidatos Jorge Zelaya con un 1.85 % y Roberto Martínez Lozano con un 0.86 %.
En el Partido Libre, la ministra de Defensa Rixi Moncada, con familiares con cargos de poder en el gobierno, ungida por la familia Zelaya y apoyada por una red de propaganda vinculada a funcionarios y empleados de gobierno, lidera con un 92.22 %, mientras que el diputado Rasel Tomé obtiene un 7.77 %. Este corte del CNE se basa en el escrutinio de un 34.58 % del total de las actas.
Unas primarias opacadas por las irregularidades
El domingo 9, la jornada electoral estuvo marcada por diversas violaciones a la cadena de custodia del traslado del material electoral, señalamientos de fraude y boicot, incumplimiento de cláusulas por parte de empresas contratadas por el CNE, entre otras irregularidades, según reporta Contracorriente.
En las elecciones primarias, que le costaron al Estado de Honduras más de 2 mil millones de lempiras, compitieron 5,880 aspirantes a los cargos presidenciales, diputaciones y alcaldías de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.
El domingo, más de 2,571 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en Tegucigalpa, de un total de 24,800 en todo el país, fueron afectadas por retrasos en las entregas de las maletas con material electoral (papeletas, urnas y lectores biométricos), que tuvieron un retraso de entre 10 y 14 horas para llegar a los centros de votación.
El CNE atribuyó los retrasos a un incumplimiento por parte de una de las empresas contratadas. Según un informe de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), hacia las 4:00 de la tarde, el 39 % de las JRV en Tegucigalpa presentaban problemas.
Esto provocó que, afuera de los centros de votación de la capital, las personas se sintieran decepcionadas. Por ejemplo, en la Escuela República de Nicaragua, donde Contracorriente realizó una cobertura desde las 6:00 a. m., las personas abandonaban el lugar debido a la desesperación provocada por la falta de llegada del material electoral, que arribó al centro después del mediodía. En otros centros el material llegó a las 9 o 10 de la noche. En centros como la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, o en la colonia Kennedy, las filas eran largas con decenas de personas esperando en la oscuridad ejercer el sufragio cerca de las 10:30 de la noche.
Fallas en la contratación para transporte de material electoral
El CNE responsabilizó de los incumplimientos a la empresa encargada de prestar el servicio de traslado del material electoral desde las instalaciones en Tegucigalpa del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde operan las bodegas del CNE, hacia los diferentes centros de votación. Se trata de Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., que, según verificó Contracorriente, apenas fue notificada de la adjudicación del servicio por más de 64 millones de lempiras el 25 de febrero, es decir, dos semanas antes de las elecciones.
En un pronunciamiento público emitido por Cossette López, consejera presidenta del CNE, se denunció un «retraso malicioso» en el proceso electoral y se advirtió sobre la presentación de acciones legales contra las o los responsables ante el Ministerio Público (MP). De igual modo, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ente contralor del Estado, anunció una investigación de oficio contra el CNE tras lo ocurrido.
«Atrasar innecesariamente o impedir la celebración de los comicios deliberadamente constituye un delito electoral. Desde ya hago un llamado al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas», dijo en conferencia la consejera López, quien aseguró que ella misma pondrá a disposición de la justicia a las personas responsables.
Por su parte, el consejero propietario Marlon Ochoa calificó el proceso de traslado del material de «desorganizado» y «alejado de la planificación a cargo del CNE». «Adicionalmente, a la desorganización en la carga del Distrito Central, se constató que hubo mala planificación, lo que provocó que las maletas fueran cargadas en medios de transporte distintos», indicó.
Contracorriente analizó la documentación correspondiente al proceso de contratación de la empresa para prestar este servicio, específicamente el pliego de términos de referencia y la resolución de adjudicación emitida el 25 de febrero de 2025 por el pleno de consejeros del CNE, mediante la certificación 630-2025. En el pliego se solicitaba que los vehículos utilizados fueran de carga y que el CNE realizaría una inspección de los mismos.
Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., que se comprometió a cumplir con lo establecido, arrendaría al CNE 497 camiones de 24 pies, 143 furgones de 48 pies y 82 camiones livianos de 12 pies, para trasladar el material electoral desde las instalaciones del Infop en Tegucigalpa hasta los centros de acopio departamentales y municipales.
Sin embargo, en Tegucigalpa se produjo un cambio en los equipos de transporte utilizados, que el CNE atribuyó a una «subcontratación de última hora», lo que violó una de las cláusulas que establecía características técnicas específicas para los vehículos. Además, se había dispuesto que el CNE realizaría una inspección uno a uno de las unidades. En la capital se fotografiaron unidades de pasajeros, pertenecientes a rutas de transporte urbano, que fueron vistas transportando maletas electorales.
Ante los señalamientos, Roosevelt Hernández, el jefe de las Fuerzas Armadas, ente encargado de garantizar la cadena de custodia del material electoral, reconoció en declaraciones a los medios de comunicación que existió un error y un fallo en la organización, pero señaló que «se sale de las manos» de la institución castrense.
«Este cambio de camiones a autobuses solo vino a afectar, y posteriormente, entiendo que fue la organización de la carga de ese material, lo que también afectó porque se llegaba a determinados centros de votación tarde o con material que correspondía a otros centros de votación. Eso se nos sale de nuestras manos», explicó.
Acerca de las denuncias sobre una supuesta ruptura de la cadena de custodia del material electoral transportado, el jefe del ejército hondureño declaró que son señalamientos erróneos y que «hemos cumplido nuestro deber de transportar, custodiar y vigilar el material electoral. Nosotros estamos a toda disposición».
El consejero propietario del CNE, Marlon Ochoa, señaló públicamente a la empresa adjudicada, cuyo representante legal es Carlos Fonseca, de haber incumplido las cláusulas de la adjudicación y haber subcontratado a otras empresas en las horas previas a la elección y sin notificación al CNE, lo que impidió que miles de personas en la capital hondureña pudieran ejercer su derecho al voto en las horas programadas.
El funcionario del CNE responsabilizó también a otros funcionarios del órgano electoral encargados del Centro Logístico Electoral, apuntando a Carlos Chavarría, Blanca Laínez, Allan Alvarenga, Geovanny Arias, Yahaira Matute y Hernández. También señaló a Joel Ramos, coordinador del Proyecto de Transporte Electoral.
Según un informe de incidencias por visita presentado hacia las 4:00 de la tarde del domingo por la RDD, que desplegó más de 1,200 observadores electorales, más de 1,000 Juntas Receptoras de Votos presentaban inconsistencias en Tegucigalpa. Una hora después, la consejera presidenta del CNE, en cadena nacional y vía comunicado, informó que se había girado la orden para que las 4,131 Juntas Receptoras de Votos habilitadas en el Distrito Central y San Pedro Sula cerraran sus puertas a los electores hasta las 9:00 p.m. y no a las 5:00 p.m. como estaba previsto inicialmente. Hubo centros de votación cuyas Juntas Receptoras de Votos seguían atendiendo electores hacia las 11:00 p.m. y 12:00 a.m. del lunes 10 de marzo, algo nunca antes visto en la historia del país.
A través de mensajes de texto Contracorriente intentó obtener una reacción de Carlos Fonseca, representante legal de la empresa señalada por las autoridades de incumplir con el servicio y provocar el caos en los centros de votación, pero no se recibió respuesta. También intentó sin éxito obtener una declaración de las personas encargadas de la logística dentro del CNE.
Desconfianza en el proceso electoral
German Lobo, quien se desempeñó como consejero suplente del CNE entre 2019 y 2024, dijo a Contracorriente que lo ocurrido este domingo, en cuanto a los retrasos en la entrega de equipo material, envía un mensaje de desconfianza a la ciudadanía de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.
«El pleno tiene que realizar una investigación exhaustiva para determinar cuál fue el error y, si fue así, deducir quiénes son los responsables y ponerlos a la orden del Ministerio Público. Eso es algo delicado, atenta contra el sistema electoral y democrático de Honduras, y sin duda pone en precario la credibilidad de las elecciones de noviembre, afirmó Lobo.
El analista Héctor Corrales señaló que las múltiples fallas en cuanto a logística atestiguadas durante las elecciones primarias y, consonancia con el exconsejero del CNE, generan una «confianza destruida en el proceso».
«La tecnología que el CNE adquirió no falló, sino que lo hizo la obsoleta falta de coordinación y lo que sea que hay detrás de esto, de lo que pasó en San Pedro Sula y en el Distrito Central», indicó Corrales. El pleno de consejeros del CNE admitió que hubo desorganización y fallos logísticos.
En la víspera de las elecciones primarias también surgieron otros señalamientos al proceso. En el Partido Liberal, el movimiento de Salvador Nasralla, ¡Vamos, Honduras!, señaló el jueves 5 de marzo supuestos intentos de fraude y publicó un audio en el que Fabiola Abudoj, del movimiento Juntos por el Cambio, liderado por Cálix, se refiere a acciones destinadas a dañar los lectores biométricos.
El sábado, horas antes de las elecciones, el fiscal general Johel Zelaya anunció que se iniciaría una investigación y citó a Nasralla y otras personas cercanas a su corriente política a presentar las evidencias, después de que el viernes 6 esta candidato asegurara contar con el teléfono celular donde se originó el audio y una USB con una copia de la grabación.
Las elecciones primarias en Honduras se desarrollaron en el contexto de la suspensión de garantías constitucionales enmarcadas en el estado de excepción que promueve la administración de Xiomara Castro desde diciembre de 2022, como una medida para combatir el crimen organizado, pero que, según diversas instancias defensoras de derechos humanos, ha dejado múltiples abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
*La versión original de este artículo fue publicada por Contracorriente.
