El próximo 30 de noviembre, los electores en Honduras definirán quién ostentará la presidencia, quiénes ocuparán el Congreso Nacional y las alcaldías. Sin embargo, a pocos días de los comicios, lo que reina en el país es un clima de crecientes tensiones institucionales y mucha sospecha. El Ministerio Público (MP) anunció que está realizando investigaciones contra funcionarios vinculados a la oposición en órganos electorales como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), mientras que casi al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas solicitaron acceso a los resultados de las actas electorales a nivel presidencial el día de los comicios. En las últimas jornadas proselitistas, la candidata oficialista ha dicho que desconocerá la «transmisión tramposa y fallida» de resultados que se lance al cierre de la jornada electoral y la oposición también cierra campañas con marchas multitudinarias y denuncias de un presunto ‘fraude electoral’ mientras una millonaria campaña oficialista disemina propaganda a favor del partido Libre y ataques contra opositores en medios públicos. Por otro lado, la oposición en el Congreso Nacional (CN) convocó a sesiones extraordinarias ante la falta de acuerdos con el oficialismo para sesionar y actores políticos caóticos retrasan el proceso para colarse en la papeleta.
La carrera electoral lleva por el Partido Libertad y Refundación (Libre) a la candidata Rixi Moncada —exministra de Finanzas y Defensa ungida por el clan Zelaya— quien busca consolidar el proyecto político de la «refundación»; por el Partido Nacional, va el exalcalde capitalino Nasry «Tito» Asfura, más conocido como «Papi a la orden» quien intenta recomponer la imagen de una fuerza política golpeada por escándalos de corrupción y la extradición del expresidente nacionalista Juan Orlando Hernandez; y por el Partido Liberal, corre Salvador Nasralla quien regresa a la contienda más populista que nunca con un discurso anticorrupción y una especie de libertarianismo copiando al presidente Javier Milei de Argentina. Los competidores de partidos pequeños son el economista Nelson Ávila, quien participó en las bases fundacionales de Libre pero se alejó por diferencias con la cúpula y ahora intenta posicionarse como una alternativa progresista independiente y por último va Mario «Chano» Rivera conocido por ser el candidato que propone la anexión de Honduras a Estados Unidos y la eliminación del Estado laico.
Las encuestas más recientes dibujan un escenario altamente competitivo, con una diferencia mínima entre Moncada, Asfura y Nasralla, algo que en Honduras suele anteceder a una elección conflictiva.
Los audios que reprodujo el fiscal
La mayor controversia se desató el pasado 29 de octubre, cuando el Fiscal General, Johel Zelaya, anunció en una conferencia de prensa el inicio de una investigación en contra la consejera del CNE representante del Partido Nacional, Cosette López, el diputado del mismo partido Tomás Zambrano y un miembro activo de las Fuerzas Armadas no identificado, por supuestamente integrar una «asociación ilícita para alterar la voluntad popular del pueblo, buscando imponer un resultado en el nivel electivo presidencial», en pocas palabras: una conspiración para el fraude electoral.
Aunque el fiscal no mencionó nombres en su conferencia, reprodujo frente a todos los medios de comunicación que transmitían en vivo a toda la ciudadanía hondureña, 24 audios en los que se escucha una voz femenina como la de la consejera Cossette López, en conversaciones con quien sería Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso, y un supuesto miembro activo de las Fuerzas Armadas. El fiscal calificó las acciones de las personas involucradas como posibles delitos de traición a la patria, mientras que militantes del Partido Libre, funcionarios, diputados y analistas afines liberaban los mensajes en video, audio y texto sobre la presunta conspiración pidiendo la destitución de la consejera López.
La revelación de los audios llevó incluso a la presidenta Xiomara Castro a referirse públicamente a una «conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral» e instruir a las Fuerzas Armadas a investigar «la participación de cualquier militar activo».
En los audios que el fiscal reprodujo en la conferencia se escuchan frases supuestamente dichas por López como: «Lo importante es que los revoltosos salgan a la calle y aleguen que es fraude»; «El punto es que sea Salvador Nasralla [candidato del Partido Liberal] el que se nombre primero [como ganador en el primer corte de resultados]»; «Si puyamos a Ana Paola [en referencia a Ana Paola Hall, también consejera del CNE] para que saquemos el primer corte»; «No sé técnicamente, y eso no lo voy a hablar por aquí, pero técnicamente no sé cómo esta empresa nos va a garantizar que esos datos no lleguen así, sino que lleguen de otra manera»; y «Ya a esta altura poco se puede hacer más que atrasar, debilitar y empeorar el proceso».
Puntualmente, uno de los audios expone una presunta conversación entre Cossette López y una persona identificada como «Papi», apodo por el que se conoce a Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional. López le indica: «Me gustaría que lanzara eso de que ningún candidato serio puede adelantarse que a las 12 del mediodía se proclama ganador, y desde ahí nosotros montamos todo lo que es […] y si llega a suceder a las 12, nosotros proclamamos las elecciones inválidas».
Uno de los audios también se refiere al proceso de contratación CNE-PEG-UCCE-026-2025, relacionado con el servicio de transporte pesado para la distribución y el retorno de maletas electorales. «Mirá, esa empresa de transporte es la que nos dijeron que teníamos que meter» y «la idea es tener el control por lo menos del transporte», se escucha que presuntamente le indica López a Tomás Zambrano.
En otro material, López supuestamente se dirige a un abogado, cuyo nombre no se especifica, y le hace referencia a otro proceso de contratación relacionado con la adquisición de suministro de impresoras para las elecciones generales, el CNE-PEG-UCCE-009-2025. «Mándeme el nombre de la empresa suya» y «ese es el documento, cualquiera puede ganar, ahí no sé cómo ayudarlo, la verdad», son algunas de las expresiones en el audio.
Contracorriente verificó que ambos procesos de contratación son reales y que uno está en etapa de revisión y el otro en recepción de ofertas, pero en ninguno de los dos ha existido una adjudicación.
Después de la exposición del fiscal, la consejera Cossette López negó la autenticidad de los audios y los atribuyó a una manipulación de voz mediante inteligencia artificial. El fiscal general, en cambio, aseguró que «los audios son auténticos», aunque no precisó qué peritaje se utilizó para determinarlo ni brindó detalles sobre la denuncia que permitió al MP obtenerlos. Dicha denuncia fue presentada por el también consejero del CNE Marlon Ochoa, afín al oficialismo.
Contracorriente utilizó la herramienta Hiya para detectar posible uso de inteligencia artificial en los audios presentados por el MP. Se realizaron 11 análisis sobre distintos fragmentos: dos mostraron indicios de haber sido creados con inteligencia artificial o de ser falsos, otros dos tenían alta probabilidad de ser reales y el resto resultaron inciertos. Según la herramienta, la probabilidad de autenticidad promedio fue del 49,1 %. No obstante, este análisis no constituye un peritaje oficial ya que este medio no posee los audios de la fuente original, la prueba se realizó como parte del ejercicio periodístico.
El fiscal Zelaya instruyó a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución (FEPDC) y a la Unidad Especial contra Delitos Electorales (UECDE) a ejecutar las investigaciones, asegurar la cadena de custodia de los audios, realizar peritajes, documentar los indicios electrónicos y citar a los testigos.
Por su parte, la consejera Cossette López presentó el jueves 30 de octubre un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para suspender las investigaciones del MP, al considerar que carecen de objetividad. Contracorriente tuvo acceso al documento, en el que se notifica al Supremo hondureño que López es investigada por los presuntos delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
En el recurso, la defensa sostuvo que la investigación constituye «violaciones graves a derechos fundamentales» de la consejera y al ejercicio de sus funciones, y que representa una «persecución grave» contra ella y su equipo de trabajo. También se acusa al fiscal general de emitir «apreciaciones prejuiciosas» al afirmar la existencia de una «asociación ilícita» antes de ordenar las investigaciones. Asimismo, se argumenta que los audios son una prueba ilícita, conforme al artículo 200 del Código Procesal Penal y el artículo 3 de la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas, por vulnerar el secreto de las comunicaciones.
El recurso de amparo también plantea que podrían tratarse de «conversaciones entre particulares que nunca ocurrieron» y que Cossette López «nunca sostuvo esas conversaciones». En caso de que los audios fueran reales, se acusa al consejero Marlon Ochoa de haber incurrido en un «acceso ilegítimo a comunicaciones privadas».
Contracorriente solicitó una entrevista con la consejera López en relación con los señalamientos del fiscal general. La funcionaria confirmó su disposición a concederla, pero no definió fecha antes del cierre de esta edición.
Sobre la incertidumbre de la ciudadanía acerca de la autenticidad de los audios, que se da en un contexto en el que la desinformación y la manipulación son muy altas, Aldo Salgado, analista de la organización de derechos digitales «Laboratorio Ciudadano» asegura que la confianza se ha convertido en la moneda más escasa del proceso electoral y en ese terreno cae esta denuncia del fiscal general, «las certezas se construyen a través de la confianza. Y esa confianza se puede reconstruir mediante la alfabetización mediática y digital. Lo que estamos viendo ahora ya ocurrió en otras elecciones de la región», advirtió y agregó que la institucionalidad podría construir certezas llegándole a la gente con un método para que pueda verificar con sus propios medios y apropiarse del proceso.
«La inteligencia artificial se está usando para generar contenido. Inundar la zona, o lo que se conoce como las cinco D de la desinformación, nunca había sido tan barato de operativizar. Las campañas de desinformación encontraron en la IA una oportunidad para seguir siendo relevantes ante clientes que ya veían agotada la propaganda tradicional a través de espacios tradicionales», explicó y añadió que la IA no solo produce contenido falso, sino también contenedores: cuentas, perfiles y canales con identidades cuidadosamente diseñadas para amplificar mensajes dirigidos a distraer, dividir o desmovilizar a ciertos sectores de la población.
Insistió en que, en un contexto donde la evidencia digital es cada vez más manipulable, la credibilidad depende de los procedimientos técnicos y la independencia pericial, «para dar credibilidad a cualquier caso en el que hay evidencia digital, es clave mantener la cadena de custodia, documentar cada paso y permitir peritajes independientes sobre evidencias que no han sido alteradas. Probablemente se necesiten peritajes de terceras personas neutrales y reconocidas en el campo forense digital para disipar cualquier duda».
Por otro lado, Leonardo Pineda, analista e investigador en temas de seguridad, declaró a Contracorriente que la denuncia presentada por el MP es grave y que, si se comprueba judicialmente, podría tener validez. Sin embargo, cuestionó que el fiscal general no explicara el procedimiento técnico para autenticar los audios.
«Esos audios deben pasar por un peritaje independiente, de alguien de fuera, alguien en quien se pueda confiar. No descarto que sean auténticos, pero dada la debilidad institucional que tenemos en Honduras, hay que verificarlo», señaló.
Pineda recordó que los artículos 100 de la Constitución de la República y 273 del Código Procesal Penal establecen que toda intervención telefónica requiere autorización judicial. Añadió que podría existir una motivación política detrás de la actuación del fiscal general, al presentar públicamente pruebas sin que haya un proceso judicial en curso.
«Si esos audios se obtuvieron sin orden de un juez, por mucho que la acusación sea cierta, al menos esa prueba no tiene validez», enfatizó.
El analista también explicó que, al haber sido electa por el Congreso Nacional, Cossette López podría ser sometida a un juicio político al enfrentar denuncias como las indicadas por el fiscal general, conforme al artículo 234 de la Constitución de la República. Sin embargo, la figura del juicio político no la exime de responsabilidades administrativas, civiles o penales, también de acuerdo con ese precepto.
En medio de la tormenta, la consejera Ana Paola Hall apenas posteó en redes sociales, que «los consejeros electos por el Congreso deben ser protegidos mientras permanezcan en sus cargos», en aparente alusión al caso de su colega Cossette López. El mensaje fue leído como una defensa a la independencia del CNE, pero también evidenció las fracturas internas del órgano electoral, dividido entre la lealtad institucional y las tensiones partidarias que marcan el rumbo hacia las elecciones.
Militares al control de las elecciones
Otro de los actores clave en esta crisis es las Fuerzas Armadas, que no solamente resaltan por la inclusión de un supuesto militar activo en los audios de la supuesta conspiración, sino porque apenas un par de días antes del escándalo de los audios, el general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, manifestó de forma verbal a medios de comunicación que iba a pedir para las Fuerzas Armadas una copia del acta de cierre de cada urna el próximo 30 de noviembre. «No es una injerencia, son facultades que nos da la Constitución», dijo.
Cuatro días después, la institución castrense envió una nota escrita al CNE para que se le facilite una copia del acta con fines de «verificación del resguardo y custodia del proceso», amparando la solicitud en el artículo 272 donde menciona que las Fuerzas Armadas son una institución apolítica, obediente y no deliberante. El artículo mencionado manda a los militares a garantizar el libre sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales estarán a disposición del CNE un mes antes de las elecciones. Este mismo mandato se le exigió sin mucho éxito a las Fuerzas Armadas el pasado 9 de marzo cuando se realizaron las elecciones primarias afectadas por un caos logístico.
Después de las elecciones primarias del 9 de marzo, la consejera Cossette López, que entonces ocupaba la presidencia del órgano electoral, denunció que previo a una reunión entre el CNE y las Fuerzas Armadas relacionada con el desarrollo de los comicios, el general Hernández le gritó en reiteradas ocasiones y supuestamente le manifestó: «Que le quede claro que usted no es mi superior».
El desarrollo de las elecciones primarias se vio manchado después de que fallos logísticos afectaron la distribución de material electoral en un 3 % de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), con mayor incidencia en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las ciudades con mayor concentración de electores. Posteriormente, los fallos logísticos fueron atribuidos por el MP al representante legal de Ingeniería Logística y Transporte S. A. de C. V. -contratada para el transporte-, Carlos Fonseca, y a funcionarios del CNE, contra quienes se presentaron requerimientos fiscales.
El 30 de junio de 2025, Contracorriente reveló las vinculaciones de uno de los socios de esta empresa, Óscar Aguilera, con el Partido Libre y el coordinador general de ese partido, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Al momento del descalabro logístico, su hermano, Bernardo Aguilera, estaba contratado dentro del CNE como jefe de área del Centro Logístico Electoral (CLE). En el CLE también figuraba como gerente Hernán Ávila, quien, de acuerdo con nuestras indagaciones, favoreció a Fonseca con diferentes contratos cuando ocupó la gerencia del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).
En este contexto, la reciente petición de las Fuerzas Armadas a través del general Hernández provocó varias reacciones. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) emitió un comunicado donde resalta que la Constitución de la República «limita la participación de la Fuerzas Armadas al ámbito de la seguridad y la logística», mientras que la Ley Electoral atribuye exclusivamente al CNE, la divulgación y administración de resultados electorales.
«Permitir dicha injerencia supondría un retroceso democrático, afectando la legitimidad del sufragio y la confianza ciudadana en las instituciones electorales», destaca el comunicado.
Además, la catedrática y abogada Ana Pineda publicó una columna en la web de Radio Progreso bajo el título: «Las Fuerzas Armadas no cuentan votos: un mandato constitucional». En la exposición, la también catedrática universitaria destaca que las responsabilidades esenciales de las Fuerzas Armadas que se contraen en el artículo 272 son: Defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, mantener el imperio de la Constitución, garantizar los principios del libre sufragio y garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia.
«La solicitud del general Hernández no solo es insostenible jurídicamente, sino que violenta el marco constitucional y legal y, por tanto, representa una amenaza al Estado de Derecho, la Democracia y el libre sufragio», concluyó Pineda en su columna.
El 27 de octubre de 2025, en un oficio enviado por la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall a la consejera Cossette López y al consejero Marlon Ochoa, se estableció que las Fuerzas Armadas «no pueden interferir en decisiones técnicas o logísticas electorales». Además, el documento advierte que «cualquier desobediencia o injerencia de autoridades distintas al CNE en las tareas ya asignadas a las Fuerzas Armadas constituiría una violación a su autonomía, independencia y facultades constitucionales, así como una transgresión del principio de neutralidad militar».
En los audios presentados por el MP, en los que supuestamente conspiran la consejera Cosette López, el diputado Tomás Zambrano y un militar activo, la voz que se supone es López sostiene que «los militares están con nosotros» y sostiene que nunca han estado con «ellos». En otro fragmento del material publicado por el MP, el supuesto militar activo le dice a López que el general Hernández está investigando la filtración de información, pero aún así ofrece hacer una operación si es necesaria.
Este jueves, en un comunicado difundido en sus redes sociales, las Fuerzas Armadas aseguraron que se inició una «investigación exhaustiva» que pondrá a disposición de las autoridades a «cualquier integrante de la institución militar que esté vinculado o brinde apoyo a actos conspirativos que pretendan alterar el proceso electoral».
La presidenta Xiomara Castro quien en estos momentos ostenta el cargo de Comandante general del Ejército y al mismo tiempo el de Ministra de Defensa concluyó esta tarde con un post en X poniendo a disposición del CNE a las FFAA para «la vigencia de la Constitución de la República, la seguridad, vigilancia, custodia y transporte del material electoral, antes, durante y después de celebradas las elecciones; aseguramiento de la transmisión y resguardo de las actas de resultados, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República en el proceso electoral que tendrá lugar el domingo 30 de noviembre, hasta la declaratoria final».
Caso de Jorge Cálix y el Tribunal de Justicia Electoral
Cuando aún estábamos procesando la solicitud de las FFAA y la crisis del CNE apareció ante la opinión pública otro de los casos que contribuye con el clima de incertidumbre previo a las elecciones: la inscripción del excandidato presidencial Jorge Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho, aunque actualmente está en el Congreso representando a Francisco Morazán.
Este capítulo del gran circo electoral es importante, ya que debido a esto la impresión de las papeletas electorales sufrieron un retraso preocupante.
Todo comenzó el 24 de septiembre de 2025 cuando el actual diputado del Partido Liberal por Olancho, Samuel García renunció a su candidatura para cederla a Cálix, quien al perder en las elecciones internas la candidatura presidencial frente a Salvador Nasralla se quedó sin posibilidad de ser electo en cualquier cargo para las próximas elecciones generales.
Jorge Cálix es un personaje caótico de la política hondureña. Primero, es conocido por su transfuguismo al pertenecer primero al Partido Libre, por el cual quedó electo como diputado y luego de su intento fallido por presidir el Congreso Nacional sin la venia de los líderes de su partido, pasó al Partido Liberal de donde él asegura nunca debió irse porque allí comenzó sus primeros pasos en la política. En su construcción de poder con Libre, Cálix también fue conocido por gobernar pequeños feudos y negociar con ellos, así se le ha atribuido el control del Instituto de la Propiedad y de Copeco.
En su afán de más poder, Jorge Cálix decidió competir por la presidencia en las internas del Partido Liberal contra el outsider Salvador Nasralla, y tras su pérdida ha intentado por vías cuestionables colarse en la papeleta electoral.
Según la Ley Electoral en su artículo 115 se prohíbe la inscripción de candidatos en las generales que hayan participado en el mismo período electoral. Tras la petición, el CNE resolvió no aprobar la solicitud de Cálix y el caso fue llevado al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y ahí comenzó la polémica.
Antes de eso, Cálix trató de probar sus raíces olanchanas pues aparte del impedimento del artículo 115 también se encuentra el requisito de vecindad, ya que el candidato tiene que haber nacido en lugar de elección o en su defecto haber residido los últimos 5 años en el mismo. Cálix presentó una constancia de vecindad del municipio de Esquipulas del Norte, Olancho y sostuvo que permanecía más en ese departamento que en Tegucigalpa. Para refrendar sus raíces mostró una foto de cuándo ganó un concurso de poesía en Dulce Nombre de Culmí.
Pero en el TJE, hubo trabas. Este órgano entró en parálisis por la ausencia de magistrados e incluso con la recusación que el magistrado Morazán hizo su homólogo Flores Urrutia. El 27 de octubre el TJE dio un sorpresivo fallo a favor de Cálix con el voto de solamente dos magistrados. El magistrado oficialista Mario Morazán aseguró que no fue convocado por el presidente del órgano, Mario Flores Urrutia de filiación nacionalista, por oponerse férreamente a la inscripción de Cálix.
Morazán declaró que todas las actuaciones del TJE sin la presencia del pleno son ilegítimas argumentando que las resoluciones del tribunal solo son válidas si participan los tres magistrados.
El CNE, inmerso en el escándalo de los audios, aún no ha incluido a Cálix en la papeleta de Olancho, pero miembros del oficialismo han solicitado ignorar esa orden, mientras los magistrados que aprobaron la inscripción de Cálix han externado su temor que se gire una orden de captura en su contra.
El martes 28 de octubre de 2025, fiscales de la Unidad de Delitos Electorales del MP y agentes de las Dirección Policial de Investigaciones (DPI) allanaron las oficinas del TJE para requerir documentos, mientras el magistrado Flores Urrutia, desde su casa dijo que las actuaciones eran legales ya que la Ley Orgánica del TJE «me obliga a dar continuidad a los procesos y no como lo estuvo deteniendo durante un mes el representante de Libre».
Sostuvo que se sentía «totalmente vulnerable ante los órganos represores, siento temor por mi vida» y afirmó que no saldría de su domicilio. Desde el MP, el portavoz Yuri Mora afirmó que no había ningún requerimiento contra magistrados y solo se inició una investigación ante la denuncia del magistrado Morazán sobre supuestas irregularidades.
Los riesgos del Congreso paralizado
Este caos preelectoral también ha alcanzado al Congreso Nacional, cuyo presidente Luis Redondo no ha convocado a sesión ordinaria en casi dos meses. Su argumento, es que hay un paquete de leyes por aprobarse y él quiere obtener los consensos con los jefes de bancada previo a llegar a la discusión en las curules.
La crisis del Congreso no comenzó este año. Su origen se remonta a 2022, cuando una violenta disputa por la junta directiva del Legislativo enfrentó al diputado Jorge Cálix con Luis Redondo y una facción del Partido Libre. Aquella pelea —que incluyó empujones, gritos, intromisión de activistas de Libre en el hemiciclo y hasta patadas entre diputados— marcó el inicio de una fractura política que hasta hoy sigue paralizando el funcionamiento del Congreso.
Desde entonces, los desacuerdos internos y la falta de consensos se han vuelto la norma. En 2023, por ejemplo, esa división impidió alcanzar un acuerdo para elegir al Fiscal General, ya que la propuesta de Libre —Johel Zelaya— no consiguió los votos necesarios. Finalmente, en noviembre de ese año, Redondo conformó una Comisión Permanente con apenas nueve diputados, que nombró a Zelaya como fiscal interino, una decisión que desató críticas por su legalidad y que terminó de sellar la desconfianza entre las bancadas.
Ahora, miembros de la oposición alegan que Redondo y el Partido Libre quieren otra vez usar la receta de una Comisión Permanente para hacer la declaratoria del ganador de las elecciones. Y para evitar tal cosa, las congresistas Iroshka Elvir, Maribel Espinoza, Fátima Mena y Suyapa Figueroa más el diputado Carlos Umaña, realizaron una autoconvocatoria para el martes 28 de octubre de 2025 a las 3:00pm.
Previo a la autoconvocatoria, Luis Redondo aseguró que eran los grupos de poder a través de diputados a su servicio quienes pretendían usurpar las funciones de la presidencia y la junta directiva y la calificó de ilegal por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 191 de la Constitución de la República.
El artículo en mención literalmente dice: Un número de cinco diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República, cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito, impidan su instalación o la celebración de sesiones.
La sesión convocada por las congresistas mencionadas fue dirigida por las diputadas Fátima Mena y la nacionalista Merary Díaz, quienes apretujadas por sus compañeros diputados y varios periodistas leyeron el decreto que extendía las sesiones ordinarias del Congreso Nacional hasta el 20 de enero de 2026. Defendieron la legalidad de la autoconvocatoria manifestando que la junta directiva del Congreso no les había convocado durante dos meses. Se quejaron también que ni siquiera se les permitió reunirse en los bajos del Congreso, que fue cerrado y custodiado por la Policía Nacional.
A la reunión asistieron más de 70 diputados según aseguró el diputado Carlos Umaña– aunque no se han publicado listados– el único punto a tratar fue la prolongación del período legislativo que finaliza el 31 de octubre –cuando los diputados se van de vacaciones– hasta el 20 de enero del 2026.
El oficialismo ha restado importancia a la reunión, el diputado de Libre por Francisco Morazán, Marco Eliud Girón, afirmó que era un show de la oposición, mientras que el diputado Bartolo Fuentes lo calificó en Canal 11 como una «reunión de amigos». Días antes de la reunión, el diputado Manuel Rodríguez dijo en televisión nacional, que ellos podían reunirse, pero que la reunión quedaría en nada pues nadie en la Empresa Nacional de Artes Gráficas iba a imprimir el decreto. Y en cadena nacional, el presidente del CN, Luis Redondo recordó que la presidencia es la única instancia con potestad constitucional para definir la agenda legislativa.
Desde la oposición han mencionado que el oficialismo quiere alcanzar consenso en al menos 58 decretos, que incluyen la aprobación de préstamos para la construcción de tramos carreteros en el norte y la costa atlántica del país con los que pretenden endeudar el país para hacer proselitismo político.
Redondo y otros diputados oficialistas han externado que sus adversarios en el Congreso no apoyan estos decretos porque de hacerlo Libre volvería a ganar las elecciones.
La abogada Ana Pineda descartó en entrevista al programa de televisión TVC que la Comisión Permanente, a la cual la Constitución le otorga 15 atribuciones, pueda hacer la declaratoria del ganador de las elecciones en el caso que no pudiera hacerlo el CNE: «Si no lo hiciera el CNE —que no puede dejar de hacerlo porque es su obligación principal— le corresponde al pleno del Congreso según el artículo 205 hacer esa declaratoria y no a la Comisión Permanente».
El CNE aprobó 68 misiones de observación para los próximos comicios y hasta ahora esto podría dar garantía de un arbitraje internacional frente a la crisis de los órganos electorales y los poderes del Estado hondureño. Mientras tanto, en un momento de confusión y falta de certezas como en el que se encuentra Honduras a un mes de las elecciones, el analista Aldo Salgado propone una estrategia de prebunking, es decir, preparar a la ciudadanía antes de que llegue la desinformación, «conocer las técnicas de manipulación, las narrativas y las formas que adopta la desinformación es el ejercicio que podría preparar a la comunidad. Es como las tareas previas a un huracán: la diferencia entre un país que se inunda y otro que vuelve a la normalidad depende de esa preparación» señaló.
En ese sentido, sostiene que la institucionalidad electoral aún podría recuperar credibilidad si abre el proceso a más actores sociales «las instituciones pueden construir certezas transparentando el proceso a través de medios, organizaciones e influenciadores. Se trata de llegarle a la gente con un mensaje claro y con herramientas para verificar por sus propios medios».
*La versión original de esta nota fue publicada en Contracorriente.
