Hay momentos en la historia de un país que iluminan lo que parecía condenado al silencio. No llegan por decisión del poder, sino por la fuerza de quienes nunca dejaron de buscar justicia. Que, después de más de cuarenta años, los responsables de la masacre de El Mozote y sitios aledaños enfrenten un juicio histórico es uno de esos momentos.
Cuarenta y cuatro años después de que más de un millar de civiles —la mayoría niños, niñas y adolescentes— fueran asesinados por tropas del Batallón Atlácatl, el proceso judicial finalmente llegará a su etapa final. Es la primera vez, desde diciembre de 1981, que este crimen de guerra y de lesa humanidad se encuentra a pocos pasos de un juicio público. En un país donde la impunidad ha sido regla, este avance no es solo jurídico: es profundamente histórico.
Porque la historia de El Mozote no la escribieron los gobiernos que intentaron negarla, minimizarla, sepultarla en archivos militares o instrumentalizarla con fines de propaganda. La escribieron las víctimas y las organizaciones que las acompañaron. Este logro no es un gesto del Estado. Es una conquista de quienes convirtieron el duelo en fuerza moral.
La elevación a plenario también evidencia el peso del trabajo que sostuvo este caso frente a todos los intentos de silenciarlo. La prueba determinante fue el valiente testimonio de las víctimas. A ello se sumó la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense, que permitió reconstruir científicamente lo que el poder quiso borrar; mientras que las organizaciones de acompañamiento, Cristosal y Tutela Legal, sostuvieron durante años la complejidad procesal del caso y la defensa de las víctimas frente a un aparato estatal que buscó cerrar este expediente una y otra vez.
Participaron en la investigación personas expertas de prestigio internacional, quienes presentaron dictámenes especializados que ayudaron a reconstruir la atrocidad de los crímenes y la responsabilidad de los perpetradores. Asimismo, después de la reapertura se contó con un juez independiente que aplicó la ley por primera vez en el caso hasta que fue destituido ilegalmente en 2021.
Cristosal, que acompañó esta causa desde 2016 hasta su salida forzada de El Salvador por persecución política en 2025, deja un registro irrevocable: la verdad puede ser contenida, pero no puede ser destruida. Su compromiso —como el de todas las organizaciones y comunidades que han defendido este proceso— permanece vivo no en una oficina, sino en la memoria histórica y en las víctimas que dieron sentido a cada avance.
Porque si algo ha mantenido abierto este camino hacia la justicia, es esa tenacidad colectiva. Las voces que sobrevivieron. Los testimonios que resistieron décadas de indiferencia estatal. La evidencia científica que, pieza a pieza, reconstruyó lo que la impunidad intentó desmantelar. Y, sobre todo, la convicción de que ningún poder es eterno cuando la dignidad insiste.
Hoy, cuando el caso avanza a la fase plenaria —en el año que se conmemorará el 45.º aniversario de la masacre— estamos ante un punto de quiebre en la memoria de El Salvador. No solo porque se aproxima, por primera vez, la posibilidad real de juzgar a quienes dirigieron la operación militar —el exministro de Defensa Guillermo García y más de una decena de oficiales del Batallón Atlácatl— sino porque este avance desmiente décadas de negacionismo estatal, desde la ocultación de archivos militares hasta el bloqueo de inspecciones ordenadas judicialmente.
Cada paso que ha dado este caso es una derrota simbólica, política y moral para los aparatos de impunidad que intentaron borrarlo.
Por eso este momento importa. Importa para las más de 140 víctimas que murieron sin ver justicia. Para las familias que aún esperan. Para un país que necesita reencontrarse con la verdad que le fue negada. Importa porque es un recordatorio de que incluso en los capítulos más oscuros de la historia salvadoreña, la dignidad puede abrir una grieta por donde entra la luz.
El desafío ahora es proteger este avance histórico de cualquier intento de manipulación o propaganda estatal. Que supere la fase de apelaciones o cualquier nuevo intento de instrumentalización, para que el juicio llegue a su fin con independencia, rigor y respeto; es lo mínimo que merece una de las comunidades más golpeadas por la violencia estatal en la región.
El avance procesal en el caso de El Mozote se produce en un momento de incertidumbre, marcado por la pérdida de capacidades institucionales tras la instalación de un régimen autoritario que ha socavado la independencia judicial y los contrapesos democráticos. Un régimen que bloqueó las inspecciones de los archivos militares, atacó públicamente a los representantes de las víctimas y que ahora persigue a las organizaciones que las han acompañado.
Pero de incertidumbres y persistencias está llena la historia de la batalla por la verdad en este caso, iniciada desde la consumación misma del exterminio por valientes sobrevivientes, como Rufina Amaya, cuyo testimonio derrotó el negacionismo de los más poderosos.
Por eso, la elevación a plenario no será el final, aunque abre un espacio para sostener la esperanza. Es una promesa en voz alta: la justicia, aunque tarde, aún es posible. Y el pueblo de El Mozote —con su perseverancia, su memoria y su verdad— acaba de recordarle al país entero que la dignidad puede tardar, pero no retrocede.
