En muchos cantones y comunidades rurales de El Salvador, el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva sigue marcado por el miedo, la precariedad y la ausencia del Estado. Para muchas, una emergencia obstétrica no es solo un problema de salud, sino una posible puerta de entrada a la criminalización. Las mujeres se cuestionan si el dolor que sienten será atendido o será interrogado; si la bata blanca traerá alivio o sospecha; o si salir viva del embarazo implicará también salir libre. Esta realidad no es nueva ni excepcional: forma parte de una estructura que prioriza el castigo sobre el cuidado.
Un año después de la sentencia del caso de Beatriz, esta escena sigue siendo cotidiana.
Ella vivía en Jiquilisco, en pobreza, tenía lupus y nefropatía lúpica. Su cuerpo ya era un campo de batalla antes del embarazo y el Estado lo sabía. El feto que se gestaba era anencefálico e incompatible con la vida tal como lo documentaron médicos.
El 20 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado salvadoreño por violar sus derechos a la integridad personal, a la vida privada y a la salud. El fallo estableció que la dilación judicial y la falta de seguridad jurídica para el personal médico constituyeron una forma de violencia obstétrica que afectó tanto a Beatriz como a su familia.
La sentencia marcó un precedente relevante al reconocer que la prohibición absoluta del aborto y la ausencia de protocolos claros no son simples deficiencias administrativas, sino factores que colocan a las mujeres, especialmente a las más pobres, en situaciones de riesgo real. Sin embargo, un año después de ese fallo, la distancia entre lo ordenado y lo que ocurre en la práctica sigue siendo profunda.
Entre las medidas dispuestas hay reparaciones económicas, médicas y psicológicas para la familia de Beatriz, así como la publicación de la sentencia. De manera central, la Corte ordenó la implementación de garantías de no repetición, como la adopción de protocolos o guías de actuación para que el personal médico pueda responder de forma oportuna y sin obstáculos legales ante embarazos que pongan en riesgo la vida y salud de las mujeres.
Estas disposiciones deberían traducirse en cambios concretos dentro del sistema público de salud. No obstante, aún no existe información pública que indique avances sustantivos en su implementación. La sentencia es un referente jurídico, pero sin mayor impacto en la atención cotidiana de las mujeres.
El incumplimiento de estas medidas no es un hecho aislado, ni menor. Tiene consecuencias directas y profundas. Al no acatar las garantías de no repetición, el Estado perpetúa un entorno de riesgo para la vida de las mujeres y mantiene una violación sistemática de sus derechos sexuales y reproductivos. La violencia obstétrica continúa normalizada, y las mujeres siguen siendo sometidas a tratos deshumanizados, negligentes o irrespetuosos en un sistema de salud pública que atraviesa una crisis estructural que también violenta a mujeres que trabajan en la salud.
En este contexto, las decisiones médicas continúan condicionadas por la burocracia y la judicialización. Las mujeres permanecen hospitalizadas durante largos períodos sin recibir el tratamiento adecuado, mientras el personal médico enfrenta el temor constante de posibles consecuencias penales. El derecho penal sigue operando como un mecanismo de control que inhibe el cuidado oportuno, en lugar de garantizarlo.
Esta situación afecta de manera desproporcionada a mujeres jóvenes y en situación de pobreza, quienes dependen casi exclusivamente del sistema público de salud. El incumplimiento de la sentencia profundiza una discriminación interseccional: mientras las mujeres con recursos económicos pueden acceder a alternativas privadas, las mujeres de las comunidades quedan atrapadas en un sistema que prioriza la sanción penal sobre la salud y la integridad.
Los territorios evidencian esta desigualdad. En comunidades como Las Mesas, en el departamento de La Libertad, no existe un centro médico cercano para la atención de partos. Las mujeres deben desplazarse durante una o dos horas para llegar a un hospital, si las condiciones climáticas y el estado de los caminos lo permiten. El riesgo no es circunstancial, sino un problema estructural.
También en Panchimalco, San Salvador, la atención en salud sexual y reproductiva recae en gran medida en organizaciones de la sociedad civil que realizan jornadas médicas voluntarias o atención de las mujeres que se organizan en el territorio para la toma citologías, detección temprana de cáncer o atención materno-infantil. La ausencia de Estado obliga a las mujeres a buscar apoyo fuera del sistema público, profundizando la brecha entre discurso gubernamental y la realidad territorial.
A este panorama se suma un contexto de criminalización que se intensifica por la implementación del régimen de excepción. Según CRISTOSAL, hasta 2024 al menos 8,000 mujeres habían sido detenidas, algunas estando embarazadas y otras que habían perdido a sus bebés dentro de los penales.
El incumplimiento de las garantías de no repetición en el caso Beatriz evidencia la falta de voluntad estatal para prevenir la mortalidad materna y proteger la salud física y mental de las mujeres. Se continúa imponiendo la maternidad como obligación, anulando su autonomía reproductiva que reduce e ignora su dignidad y derechos
El caso de Beatriz no es una historia cerrada. Es el reflejo de una realidad que sigue atravesando a miles de mujeres en los territorios, donde el acceso a una salud comunitaria de calidad y con calidez continúa siendo una deuda.
La sentencia existe y el Estado fue condenado, pero mientras el cuidado no llegue a donde se necesita y la persecución siga siendo más eficaz que la protección, la justicia seguirá llegando tarde, como ocurrió con Beatriz: la justicia en su caso llegó años después y sin su presencia, pues falleció por causas ajenas a su embarazo.
Para muchas otras mujeres, la justicia seguirá sin llegar nunca. La deuda no sólo es jurídica. Es profundamente humana.
