El 20 de diciembre de 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentó un precedente histórico: condenó al Estado salvadoreño por incurrir en violencia obstétrica y violar el derecho a la salud de Beatriz, una joven de 22 años que padecía lupus y que en el año 2013 fue obligada por el Estado salvadoreño a dar a luz a un feto que no tenía posibilidades de sobrevivir.
Beatriz fue un parteaguas en la lucha feminista salvadoreña. Tuvo el ímpetu de defender su vida, aunque eso le implicara enfrentarse a todo el poder de un Estado influenciado por poderes conservadores y religiosos. Tras un largo proceso judicial, la Sala de lo Constitucional resolvió que los médicos debían decidir. Beatriz fue sometida a una histerectomía, un proceso mucho más invasivo del propuesto originalmente; pasó cinco días en cuidados intensivos y el feto murió al nacer, como los médicos previeron.
Once años después, la CIDH declaró responsable a El Salvador por violar el derecho a la vida de Beatriz al no protegerla de manera efectiva, a pesar de las repetidas recomendaciones médicas. La sentencia señaló que la prohibición de interrumpir el embarazo de un feto anencefálico era “desproporcionada”.
En El Salvador lo común es lo desproporcionado. Ser uno de los cinco países latinoamericanos donde el aborto está completamente prohibido en todas las circunstancias es desproporcionado. Que al menos 17 mujeres hayan sido condenadas a 30 años de cárcel a partir de pérdidas involuntarias es, claramente, desproporcionado. Que sigan abriendo procesos y condenando mujeres que tuvieron emergencias obstétricas es, a todas luces, desproporcionado.
Desde 2022, en el marco de una política antipandillas, en El Salvador existe un régimen de excepción que suspende el derecho a la defensa, con el fin de mantener la ‘seguridad nacional’. En la práctica, el régimen ha sido utilizado para detener a miles de inocentes en procesos arbitrarios y sin pruebas y, de paso, también es utilizado como arma política para amedrentar a la disidencia y a los opositores.
Ahora mismo, el Estado de derecho está roto y la comunidad internacional es incapaz incluso de señalar el régimen, mucho menos de detenerlo. Ante esa falta de presión, Bukele se alió con Trump y se convirtió en su carcelero, para aplicar su régimen a más de 200 migrantes venezolanos que ahora denuncian violaciones a sus derechos humanos.
Las acciones de Bukele con los migrantes venezolanos deportados a El Salvador fueron criticadas y condenadas por gobiernos y organizaciones de derechos humanos, pero el presidente salvadoreño suele actuar más en consonancia con el presidente de Estados Unidos que conforme al derecho internacional. Nos dimos cuenta de que nadie podía o quería hacer ya nada. Por eso, pensar que el actual gobierno inconstitucional cumplirá acoplándose a las leyes y respetando los fallos de entidades vinculantes es ingenuo.
La realidad es que, en este momento histórico, el derecho internacional carece de garantías reales. Para nadie, y menos aún para las mujeres pobres, que siguen siendo las principales víctimas de un Estado que vulnera sus derechos.
¿Sirven los precedentes si cumplirlos se vuelve opcional? En 2022, la CIDH condenó a El Salvador por el caso de Manuela, una mujer condenada a 30 años de prisión por un aborto involuntario y que murió encarcelada. En esa sentencia, la Corte ordenó explícitamente al Estado garantizar la atención integral en salud a las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas, evitar su denuncia, criminalización y proteger el secreto profesional médico. El Estado se comprometió a cambiar esta situación tras el caso, pero los cambios fueron mínimos.
En 2024, la CIDH ordenó el tratamiento psiquiátrico a los familiares de Beatriz y la adopción de medidas normativas necesarias frente a situaciones de embarazos que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer. Los cambios también han sido mínimos.
¿Pero cómo va a dar un Estado protocolos y medidas para proteger la vida y la salud de las mujeres si el aborto sigue siendo ilegal y criminalizado? En las sentencias tanto del caso Manuela como del caso Beatriz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos eludió abordar de forma directa la prohibición absoluta del aborto, que permanece intacta desde 1998.
A pesar de mi pesimismo, sí creo que los precedentes valen la pena. Sobre todo porque, a pesar de los pocos cambios, estos permiten nombrar -al menos- parte del problema y, más importante, permiten reconocer que mujeres como Beatriz y Manuela sufrieron violencia perpetrada por el Estado. Sentencias como estas son un reconocimiento a la lucha y a la vida que vivieron. Esta orden es memoria. Y en un país como El Salvador, eso no es poca cosa.
La sentencia fue un combustible para seguir buscando que las cosas cambien. Fue el resultado de un trabajo largo por poner sobre la mesa el tema de la interrupción del embarazo: un trabajo de mujeres organizadas y feministas para sacar el debate de la clandestinidad y convertirlo en un tema de salud pública.
Beatriz es sinónimo de lucha por el cuerpo y su autonomía. Un año después de la sentencia me queda cada vez más claro que a las mujeres nos toca organizarnos entre nosotras, resistir y defendernos ante la ausencia de garantías reales por parte del Estado.
Nos toca resistir juntas para que la lucha de Beatriz, y la de todas las mujeres obligadas a parir en contra de su voluntad, encarceladas de manera injusta, empujadas a llevar a término embarazos riesgosos y violentos, o que perdieron la vida, no haya sido en vano. La realidad es que nunca hemos vivido en un país ni en una región que haga algo por nosotras. Por eso nos toca construir ese país y esa región donde podamos ser más que incubadoras.
