Por varios años se ha advertido de una tendencia global de retrocesos democráticos que, de manera gradual y sostenida, apuntan a una erosión institucional y normativa que amenazan el ejercicio de derechos y libertades. En diferentes países, corrientes que promueven valores contrarios a la democracia liberal han aprovechado el descontento generalizado a causa de diversos males sociales, ganando terreno en el plano electoral y discursivo. Si bien los diversos estudios que sostienen estas conclusiones cuentan con metodologías y coberturas diversas, todos coinciden en señalar a la desinformación como uno de los principales impulsores de este proceso de erosión.
Conforme se ha extendido la digitalización y el tratamiento de lo público en estos espacios, la generación de olas de información y desinformación resulta inevitable. Pero las virtudes innegables de una mayor disposición de información y la conformación de una ciudadanía digital encuentran un espejo en los efectos perjudiciales que supone la desinformación. Estos efectos, naturalmente, se profundizan en un entorno de demandas sociales insatisfechas y polarización política exacerbada.
En el ámbito electoral, estos se encuentran ampliamente documentados. En el marco de diversos procesos electorales ̶ incluso en democracias consideradas más sólidas ̶ se ha comprobado la implementación de diversas tácticas de desinformación mediante el uso de redes sociales para socavar la confianza en las instituciones y los procesos democráticos e influenciar los resultados. Tan solo en 2024, en que más de mil 600 millones de personas en todo el mundo estuvieron convocadas a las urnas, IDEA Internacional documentó la existencia de narrativas de desinformación en 43 de 54 procesos electorales monitoreados.
En un informe publicado este verano, la organización con sede en Estocolmo calificó la desinformación como una de las mayores amenazas a los procesos electorales, destacando que el ambiente informativo en torno a las elecciones constituye un blanco para diversos actores en el marco de estrategias más amplias para la consecución de objetivos geopolíticos. Asimismo, señaló a los dueños de plataformas de redes sociales como un reto existencial de las democracias, al contar con el poder para inclinar la balanza de la cobertura informativa de las elecciones alrededor del mundo. Ello, dado que pueden utilizar algoritmos para difundir información determinada, así como para atacar a actores específicos. Pero, además, por el uso potencial de sus plataformas para esparcir desinformación, sin la mínima voluntad para contrarrestar esta amenaza, como lo demuestra el abandono de políticas de verificación de información a inicios de este año.
Pero las amenazas impuestas por la desinformación trascienden el ámbito electoral. En su informe de riesgos globales de 2025, el Foro Económico Mundial colocó este fenómeno a la cabeza de su listado por segundo año consecutivo por su potencial para fomentar la inestabilidad y socavar la confianza en las instituciones y la gobernanza. De este modo, se señala a la desinformación como el mecanismo principal para generar complicaciones de índole geopolítica. Por ejemplo, entidades nacionales y extranjeras pueden utilizar estas tácticas para sembrar dudas o información falsa obre lo que sucede en zonas de conflicto, para afectar la imagen de productos y servicios ofrecidos en otros países o para influir en la opinión de la ciudadanía sobre algún tema o actor en el ámbito internacional. Ello, en conjunto con la multiplicación de conflictos internacionales, los efectos extremos del cambio climático y la polarización política generalizada producen un entorno de optimismo bajo en el corto, mediano y largo plazo con respecto a la capacidad de la sociedad y las instituciones para procesar y enfrentar exitosamente estas amenazas a la estabilidad.
En este contexto, resulta relevante destacar el impacto diferenciado de la desinformación sobre las mujeres, lo que ha conducido a la investigación en la materia a distinguir el fenómeno de desinformación de género. Ésta se puede identificar como la diseminación de información engañosa o imprecisa y/o imágenes en contra de mujeres en posiciones de liderazgo o con un perfil muy público, como lo son las políticas, las periodistas, las activistas, entre otras, sobre narrativas basadas en estereotipos de género para promover objetivos políticos, sociales y/o económicos. Ciertamente, estos ataques generan un impacto en torno a la percepción pública sobre las capacidades de las mujeres para ocupar posiciones de liderazgo, colocándolas como poco confiables, poco inteligentes o muy emocionales.
En este sentido, diversas investigaciones ya apuntan al reto que implica la violencia digital en contextos políticos. En su evaluación de los procesos electorales de 2024, IDEA Internacional destaca los casos de México, Moldova, Macedonia del Norte, Rumania y Estados Unidos, al haber tenido una mujer entre los dos principales contendientes por el cargo ejecutivo público de mayor jerarquía. Pero, además, destaca los niveles extremos de agresividad en contra de las mujeres en espacios digitales en estos países, con impactos profundos que resultan en la autocensura o la auto exclusión de las mujeres en la participación política y, por ende, en la representación y la deliberación en todas las etapas de los procesos electorales. Ello merma inevitablemente la integridad de las elecciones, lo que demanda una atención mayor y más comprehensiva a este fenómeno.
Sin embargo, si bien los ataques de desinformación de género son comunes en el contexto de las contiendas electorales, existen datos que permiten identificar que éstos trascienden el periodo electoral y se pueden identificar también en el ejercicio de los cargos y la toma de decisiones. En ese sentido, se puede afirmar que éstos constituyen, más bien, una extensión de la violencia y la discriminación que enfrentan las mujeres en la cotidianidad.
A pesar de las tendencias globales para apartarse de los valores de la democracia liberal, nutridas por debates sesgados en torno a la libertad de expresión, resulta necesario visibilizar y condenar las instancias de desinformación propagadas por los actores. Es necesario seguir presionando a las plataformas y personas tomadoras de decisiones para la generación de condiciones más propicias para entornos digitales seguros, algoritmos transparentes y políticas robustas de verificación de información. Como se ha presentado, la estabilidad en contextos nacionales y en el ámbito geopolítico internacional son altamente dependientes de ello. La buena noticia sobre las tendencias regresivas es que estas siempre se pueden revertir.
