La movilidad humana se ha convertido en una prioridad regional en las Américas debido a sus implicaciones humanitarias, económicas y sociales, y a la naturaleza propiamente hemisférica del fenómeno. Las cifras hablan por sí solas: los migrantes internacionales representaban el 3,7 % de la población mundial en 2023, y la región alberga actualmente a 78,7 millones de los 308 millones de migrantes internacionales a nivel mundial. De igual manera, según ACNUR, a mediados de 2024, al menos 117,3 millones de personas se habían visto desplazadas forzosamente a nivel mundial. En las Américas, 20,3 millones de personas se vieron desplazadas, lo que representa el 17 % del total mundial.
Más allá de los retos urgentes de cómo mitigar las causas estructurales de estos movimientos de personas, como abordar las necesidades de protección de estas poblaciones, como asegurar la seguridad nacional en los países de tránsito y receptores o como garantizar su plena inclusión socio-económica, estos niveles sin precedentes de migración intrarregional están generando nuevos debates. Uno de ellos está relacionado con los derechos políticos de las personas migrantes y desplazadas una vez se asientan en sus países receptores. Las diásporas cada vez más crecientes cumplen un rol fundamental al ejercer una influencia directa en sus países de origen influyendo en políticas a favor o desafiando a sus gobiernos, apoyando u oponiéndose a las clases gobernantes en sus países de origen, brindando apoyo financiero y de otro tipo a partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, entre otros roles que incluyen también el envío de remesas financieras y “remesas sociales,” o transferencia de ideas, conocimientos y capital humano. Para capturar estas contribuciones de las diásporas a sus países de origen, es clave generar un contrato social que incluya la votación de estas diásporas, y defina los alcances, tipos de elecciones, y condiciones en las que las personas migrantes también puedan votar.
Una vez acordado que los migrantes puedan votar, y en aras de facilitar el ejercicio de sus derechos políticos, el marco legislativo debe reformarse. La buena noticia es que en las Américas se ha generado una serie de reformas y prácticas innovadoras, que en subsiguientes iteraciones se han venido afinando y consolidándose como modelo para otros países. El voto en consulados y embajadas, el voto a distancia, el voto por correo son algunos ejemplos, pero pueden considerarse también otras formas de votación para la diáspora usando nuevas tecnologías tales como el blockchain, y las apps de votación móvil.
El sistema de votación blockchain es una herramienta que puede considerarse en el futuro a medida que se normaliza el uso de esta tecnología para otros temas como las criptomonedas, la trazabilidad de productos comerciales o agrícolas, la tenencia de títulos, entre otros usos. La implementación de esta tecnología podría garantizar una votación segura, transparente y a prueba de manipulaciones. Los votantes en la diáspora podrían tener la posibilidad de votar desde cualquier parte del mundo usando una identidad digital segura, y el registro blockchain garantizaría la integridad del voto. Por supuesto, esto debería estar acompañado por acciones de transparencia y accountability como auditorías de los partidos en contienda o de entes externos con reconocimiento nacional e internacional, y una importante campaña de educación para generar confianza en esta opción del voto. Voatz es un ejemplo notable de un sistema de votación basado en blockchain, que fue puesto en uso en Estados Unidos para votantes militares en el extranjero para emitir sus votos en los estados de West Virginia en 2018 y Colorado en 2019 con el fin de contribuir a una votación segura, transparente y a prueba de manipulaciones.
Otra alternativa es el desarrollo de Apps de votación móviles. Estas apps pueden incluir funciones como autenticación biométrica (huella dactilar o reconocimiento facial) para garantizar la seguridad, y pueden proporcionar actualizaciones y notificaciones en tiempo real sobre el proceso de votación. Para que esta tecnología funcione en America Latina y el Caribe, los niveles de confianza electoral tienen que ser casi absolutos pero pueden usarse mecanismos adicionales de seguridadad. Herramientas como ElectionGuard pueden contribuir a aumentar esta confianza. ElectionGuard es un kit de desarrollo de software (SDK) de código abierto diseñado para mejorar la seguridad, la transparencia y la verificabilidad de las elecciones usando técnicas criptográficas avanzadas. Este software no sustituye la infraestructura del voto, pero podría añadir esa verificación en espacios virtuales necesaria para que los votos sean reconocidos como legítimos. Esta tecnología ha sido usada en elecciones en Estados Unidos en los estados de Wisconsin, California, Idaho, Utah y Maryland, así como en las elecciones primarias del Congreso.
En nuestra región, países como México, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Argentina, Colombia y Ecuador permiten a sus ciudadanos en el extranjero votar en elecciones presidenciales. Hasta la fecha, solo cinco países permiten la elección de representantes de la diáspora en sus Congresos nacionales: Colombia (1991), Ecuador (2008), México (2020), Perú (2020) y República Dominicana (2012), pero seguramente más países se irán progresivamente sumando a esta lista (consulta la base de datos del Observatorio de Reformas en Políticas en América Latina). La experiencia de estos países muestra que las candidaturas adaptan sus mensajes para abordar los intereses y preocupaciones de sus compatriotas en el exterior como por ejemplo el enfocar sus campañas en incentivos para invertir en el país y discusiones sobre impuestos de entrada e inversión, o el acceso a servicios consulares, o en cómo mejorar las condiciones para comprar propiedades en el país de origen, entre otros.
A medida que los procesos de globalización y migración continúan profundizándose y se establecen nuevas y mayores diásporas en diversos países de la región, es vital seguir avanzando en esta discusión sobre cómo permitir a la ciudadanía en el extranjero el acceso pleno a sus derechos político-electorales. Permitir esta participación, y su representación, contribuye a la democratización de los países al vincular a esta comunidad en el exterior con la política nacional, facilitándoles promover su propia agenda legislativa e intervenir directamente en los debates y procesos de toma de decisiones políticas sobre los temas de interés nacional y aquellos que les afectan directamente como diáspora.
