El encuadre de Otto a las declaraciones de la procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero. Hace una semana, el 6 de octubre, en una entrevista con la Comisión política de la Asamblea Legislativa, la funcionaria que busca la reelección declaró que desde octubre de 2022 no han recibido denuncias por casos de torturas en el contexto del régimen de excepción.
Caballero fue desmentida por organizaciones no gubernamentales como el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), Socorro Jurídico Humanitario y la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc). Según estas organizaciones, Caballero, cercana al régimen de Bukele, no ha atendido sus denuncias en los últimos dos años y medio.
La institución que dirige la actual procuradora, hasta el 30 de septiembre de 2022, tenía en fila una serie de casos por torturas, vejaciones y violaciones a los derechos humanos en las cárceles del régimen. Entre estos, el caso de Adrián Solórzano, fallecido bajo custodia del Estado. Su caso era investigado por la PDDH como una «ejecución extrajudicial». A la fecha, se desconoce el rumbo de esta investigación.
