En la mañana del 7 de noviembre de 2021, monseñor Silvio Fonseca, una de las voces más críticas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, llegó al aeropuerto Augusto C. Sandino, en Managua, para viajar hacia Estados Unidos, donde se haría unos chequeos médicos y visitaría a familiares y amigos. En aquel entonces ya había dicho que los mandatarios nicaragüenses “se han creado un Dios de acuerdo a sus perversidades” o que “el imperio del mal gobierna Nicaragua”, y se registraban más de 100 ataques a la Iglesia, pero hasta ese domingo nunca había tenido problemas para salir del país.
Cuando llegó al control de pasaportes, recuerda Fonseca, un funcionario de Migración le dijo que “su pasaporte está húmedo, no funciona”, mientras le indicaba con amagues que el documento no era “leído” por las computadoras. Monseñor Fonseca perdió su vuelo y Migración le retuvo el pasaporte con la promesa de que sería devuelto, renovado, al siguiente día en la oficina central. “Todavía sigo esperando que me llamen para que me entreguen el pasaporte”, dice con una sonrisa irónica, un año después del secuestro de su documento.
Monseñor Fonseca estaba en realidad frente a un eslabón de una cadena ideada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para convertir a Nicaragua en un “país por cárcel” para sus críticos y hasta para los propios funcionarios públicos a través de las potestades de la Dirección General de Migración y Extranjería. El mecanismo consiste en limitar los ingresos y salidas del país en todas las fronteras, cancelar y no renovar pasaportes, desterrar, impedir la entrada y expulsar a extranjeros.
DIVERGENTES y Redacción Regional contabilizaron en los últimos tres meses 47 casos de retención de pasaportes, no renovación, impedimento de entrar al país a nacionales y extranjeros, destierro y expulsión de extranjeros. Dos de los casos de retención de pasaportes ocurrieron contra periodistas de DIVERGENTES, y en otros casos, las afectaciones confirmadas fueron a colectivos, como la expulsión de 18 monjas de la Orden Madre Teresa de Calcuta ocurrida en julio de 2022.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), un colectivo que monitorea la violencia contra las defensoras de derechos humanos en la región, contabilizó 140 casos de restricción migratoria, según un conteo realizado hasta el 13 de octubre de 2022. Este grupo hizo un mapeo preliminar, con redes territoriales y organizaciones, para dar con esta cifra, entre las que destacan que 16 defensoras fueron desterradas del país. Se trata de un subregistro, pues sólo se hacen público algunos casos debido al miedo que impone el régimen contra sus críticos y familiares de ellos.
La retención de pasaportes fue de una de las primeras estrategias represivas de Migración y Extranjería contra periodistas, opositores y críticos de la dictadura Ortega-Murillo. Divergentes.
El mecanismo de control político es más eficaz en el Aeropuerto Augusto C. Sandino, la principal puerta internacional del país, según fuentes de Migración. Los agentes migratorios reciben, con 72 horas de anticipación, listas actualizadas de parte de Gobernación de pasajeros con “alertas a reportar”. Las listas son solicitadas antes a las aerolíneas, aunque los agentes también rastrean la información de los pasajeros que aterrizan o despegan desde Managua. Son una decena de oficiales que conforman tres grupos del Departamento de Despacho y Control Migratorio, que no sobrepasan los 35 años y tienen conocimientos de informática, uso de buscadores y redes sociales. Cualquier dato, publicación en redes sociales o vínculo que a ellos “les parezca sospechoso” es suficiente para armar una ficha del pasajero y considerarlo no apto para ingresar o salir del país o para decomisar el pasaporte al viajero si es nacional.
Los funcionarios fueron capacitados en “nuevas tecnologías” después de las masivas protestas sociales de 2018, cuando los opositores viajaban al extranjero para realizar lobby en contra de los Ortega-Murillo. En ese momento, era un mecanismo de control rutinario. Sin embargo, luego de la deserción en 2019 del magistrado Rafael Solís, figura fundamental del régimen y padrino de bodas de la pareja presidencial, que se marchó a Costa Rica, el mecanismo comenzó a ser aplicado para impedir ingresos y salidas de aquellos considerados como “opositores” o posibles desertores del régimen, según fuentes de Migración. Es el caso de la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quien se le impuso retención migratoria, y sólo ha podido salir del país en dos ocasiones, ambas por razones médicas, y luego de una autorización escrita de Daniel Ortega.
Para cuando Monseñor Fonseca llegó al aeropuerto el engranaje estaba afinado. Al día siguiente que le quitaron su pasaporte, llegó a la oficina de Migración para retirarlo, como le habían indicado en el aeropuerto. Fue atendido, dice, por el subdirector de Migración, Pablo Morales, a quien le entregó una constancia médica que validaba el motivo del viaje: atender una crisis neurológica que sufre desde hace unos años. Desde aquella cita, todas las veces que va a Migración –entre dos y tres por mes– a preguntar por su pasaporte, recibe la misma respuesta: “Está en revisión y lo vamos a llamar telefónicamente cuando esté listo”.
La llamada no llega nunca. Antes de ser expulsado en marzo pasado, el nuncio Waldemar Sommertag escribió al viceministro de Gobernación, Luis Cañas, para que le regresaran el pasaporte al sacerdote. También intercedió el cardenal Leopoldo Brenes. Ellos tampoco recibieron respuesta.“Mientras no me regresen mi pasaporte, yo siento que tengo el país por la cárcel”, dice Fonseca, desde su parroquia en Managua. Él es el primer sacerdote al que el orteguismo encierra en el país. En los últimos meses, a otros más los han encerrado en sus propias parroquias, custodiados por barricadas policiales. “El problema es que aquí no hay instituciones dónde acudir cuando pasan estas cosas, queda uno con las manos amarradas”, dice el religioso.
Checkpoint I: El comandante Acevedo, Luis Cañas y la pareja presidencial
Luis Cañas, el poderoso viceministro de Gobernación, encargado de la política represiva en Migración.. Divergentes.
El arquitecto que ha convertido a Nicaragua en una gran cárcel para los señalados como opositores o disidentes es Luis Cañas, viceministro de Gobernación, según fuentes de Migración y correos a los que ha accedido Divergentes y Redacción Regional, en los que los funcionarios públicos le solicitan permisos para viajar, y él se firma como el “enlace”, es decir, un canal directo con la infranqueable presidencia de los Ortega-Murillo.
Cañas es uno de los hombres de mayor confianza de la pareja presidencial, controla de facto Migración y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) de la mano de la también viceministra Arlette Marenco. Ambos tienen una red de informantes para vigilar a diplomáticos y figuras del gobierno, sobre todo después de algunas deserciones de funcionarios. Apartado de la Policía Nacional en 2007, tras estar ligado a casos de corrupción, Cañas tiene vasta experiencia en inteligencia policial, una habilidad que pone en práctica en su actual carrera civil, a tal punto que trabajadores del Estado consultados para este reportaje le temen. “Luis Cañas ha montado una red de inteligencia en las instituciones. Cuando él habla, es como que hable Rosario Murillo”, dice un extrabajador de la Cancillería.
Las mismas fuentes migratorias y otras de Cancillería señalan a Cañas como el ejecutor de la cancelación masiva de oenegés en el país y quien envía al aeropuerto las listas actualizadas de “fichas a reportar”. Estas son comunicadas al comandante Edgar Gerardo Acevedo Cruz, director de Fronteras. Acevedo puede ordenar quién sale o entra, pero si hay dudas , estas se remiten a Cañas. El viceministro tiene discrecionalidad para decidir, pero en ocasiones sólo sirve de “enlace” para consultar con Daniel Ortega y Rosario Murillo qué decisión tomar.
Las fuentes migratorias afirman que esta cadena de “aprobación” no ocurre con todos los pasajeros, sino solo con las “fichas” que ellos consideren de “mayor relevancia”. Por ejemplo, en septiembre de 2019, Migración y Extranjería solicitó a los gerentes de aerolíneas con acceso a la conexión de Managua negar el ingreso a territorio nicaragüense a una comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), enviada por el secretario de ese organismo, Luis Almagro. Gracias a este mecanismo también fue detenido por la Policía el precandidato presidencial Arturo Cruz el cinco de junio de 2021, cuando regresaba de un viaje por Estados Unidos. El exembajador de Nicaragua en Washington infringió, alegó la Policía, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Fuentes migratorias coinciden que el mecanismo empezó cuando quisieron controlar las informaciones de las aerolíneas. El primer blanco fue Delta, debido a que conectaba Managua con Washington, la capital donde “los golpistas viajaban a pedir sanciones”.
“Lo primero que hicieron –dice un extrabajador de Delta– fue ‘reclutar’ a algunos trabajadores que éramos Ground Security Coordinator (GSC). Ese es un puesto en el que se entrenaba a personal de seguridad del aeropuerto, enfocado en seguridad de aeronave, posibles secuestros durante el vuelo, signos de alertas de posibles personas que pueden atentar contra la seguridad”.
Se intentó obtener una versión oficial de Delta Airlines vía correo electrónico, la aerolínea que cerró operaciones en Nicaragua desde mayo de 2020, pero no hubo respuesta.
Los GSC tienen acceso a la lista SELECTEE, un registro exclusivo de las líneas aéreas. Esta lista tiene información relacionada con la forma de pagos de un boleto. Por citar un ejemplo: si el pasajero compra un boleto en efectivo el mismo día que va viajando es una alerta para el sistema y lo va a colocar en esa lista. Otra razón para entrar en esa lista es por su nombre y apellido, porque tal vez es una persona “buscada” que hay que identificar antes de abordar el vuelo. “En esa lista se colocaban a personas basado en su comportamiento durante el chequeo, pero no podían poner a una persona en esta lista con base a su religión, etnia o preferencia política”, narra la fuente.
Pese a que la lista SELECTEE era entregada a trabajadores del aeropuerto, Migración y Extranjería exigía un filtro previo para todos los pasajeros. Uno que incluyera la dirección de estancia, fecha de retorno, entre otros datos personales. Así nació la creación de una lista de pasajeros que los operadores aéreos debían enviar con 72 horas de antelación. Eso daba un plazo para poder chequearlos y decidir sobre su ingreso o salidas.
Al inicio sólo se impedía la salida del país a los opositores. Luego, Migración y Extranjería comenzó a decomisar y cancelar pasaportes… A afinar el mecanismo. Fue en ese momento que se establecieron los eslabones de la cadena con sus respectivos responsables.
María Josefina “Pinita” Gurdián, madre de la presa política, Ana Margarita Vijil, quiso viajar a Costa Rica el 2 de septiembre de 2021. Pinita iba a hacerse un examen por el cáncer que padece desde 2019, acompañada de dos de sus hijos. “Al llegar a Peñas Blancas (frontera sur), entró al bus un oficial de Migración y pasó lista de todas las personas que íbamos en el bus. Cuando llegó a donde nosotros nos dijo ‘¿me entregan sus pasaportes?’, nadie más se lo pidió”, cuenta Pinita. Luego les dijeron que no podían continuar el viaje. Cuando les preguntaron al oficial de Migración las razones de las retenciones, este respondió: “son órdenes de arriba”.
Mientras, en el aeropuerto de Managua, el Departamento de Despacho y Control Migratorio debe verificar a un promedio diario de 2,708 personas que entran y salen del país. Estos oficiales de migración realizan búsquedas básicas en Google y en perfiles de Facebook para obtener información sobre cada uno de los pasajeros. Capturas de pantallas, enlaces y descargas son los elementos que se adjuntan en una hoja de Word que es compartida al jefe de turno.
Hay ocasiones en que los pasaportes se retienen de manera arbitraria. El periodista del medio Onda Local, Julio López, denunció que en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, funcionarios de Migración le quitaron su pasaporte y porque tenía “restricción migratoria”. “En la lista de pasajeros había un asterisco en mi nombre. Al preguntarme el número de asiento, uno de los funcionarios dijo: ´¡Este es Julito!́ y me aislaron”, dijo López, quien días después salió por punto ciego y se exilió en Costa Rica.
Checkpoint II: “Vamos a perforar su pasaporte”
Dos trabajadoras de la Dirección General de Aduanas cubren sus rostros con tapabocas durante la atención a los pasajeros en el aeropuerto Internacional de Managua. Divergentes.
Vladimir Vásquez recuerda todavía con “horror” su encuentro con un oficial de Migración en septiembre de 2021. Cuando este intentaba salir del país hacia Estados Unidos, le preguntó si publicaba en redes sociales en contra del gobierno. Vásquez es un periodista con 15 años de experiencia en diferentes medios independientes, entre ellos el diario La Prensa y Confidencial, ambos medios perseguidos y sus instalaciones confiscadas por el régimen. Con un celular le mostró su perfil de Twitter y le increpó: “¿Ese sos vos?”. Minutos después le dijo las palabras que Vásquez no puede olvidar: “no vas a poder viajar”, “tu pasaporte va a quedar retenido y tenés retención migratoria”.
Vásquez salió del aeropuerto nervioso y asustado. No sabía que pasaría después. “Pensé que quizá me seguirían, me detendrían y meterían a ‘El Chipote’, las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial donde la dictadura ha encarcelado a unos cuarenta presos políticos, desde finales de mayo”, escribió en un artículo de opinión en Confidencial, en noviembre de 2021, el día de su cumpleaños.
Vásquez quería salir, pero aquella vez no pudo. En Nicaragua ya no dormía, no comía en paz sin sentirse perseguido, así que vendió “todo aquello que con tanto esfuerzo” había adquirido durante años de trabajo.. Sin pasaporte, a los días cruzó hacia Costa Rica por puntos ciegos. No tenía documentos ni equipaje, pues había quedado en el aeropuerto cuando se verificó en la aerolínea, antes de pasar por Migración. Sólo llegó con la ropa que llevaba puesta. “En la mochila, que cargaba casi vacía, aún sentía el peso de los temores: que me persiguieran, me metieran preso. Ese miedo viaja con vos”, cuenta.
Uno de los primeros casos de pasaportes anulados que se hizo público fue el de Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Las autoridades lo anularon el ocho de agosto de 2021, como parte de una serie de medidas represivas contra los contendientes a las elecciones presidenciales del año pasado. En ese caso, Gobernación intentó justificarse diciendo que la dirigente política, de 71 años, también ciudadana estadounidense, tenía 198 viajes registrados, y “en una minoría lo hizo con pasaporte nicaragüense”. Cuatro días después, Monterrey huyó hacia Costa Rica. “No tenía sentido (quedarme en Nicaragua), porque una de dos: o me iban a llevar presa o me iban a deportar, entonces para qué quedarme”, dice.
Un año más tarde, para mediados de 2022, el sistema ya no solo impide las salidas a los “fichados” en las fronteras. La nueva modalidad es la no renovación y decomiso de pasaportes en Migración. Un periodista –que omite su identidad– cuenta que le decomisaron el pasaporte cuando intentó renovarlo porque estaba próximo a vencerse. “Vamos a perforar (anular) su pasaporte viejo”, le dijo una funcionaria de Migración, con la promesa de que le entregaría el nuevo dentro de ocho días hábiles. Cuando llegó a retirarlo, una oficial le dijo que el pasaporte todavía no había llegado porque “tenía un problema con los lectores de barras, por lo que no lo leen los escáneres”. Le pidieron el número de teléfono y prometieron llamarlo cuando estuviera listo. Eso ocurrió el 23 de junio. El periodista siguió “esperando la llamada”, hasta que decidió huir del país por puntos ciegos en julio pasado, cuando la Policía allanó su casa después de hacer una cobertura periodística.
Desde mediados de 2022, la única opción segura que tienen los perseguidos pasa salir del país son los puntos ciegos. El 21 de julio el diario La Prensa anunció que había sacado a todo su personal del país por la cacería del régimen en su contra. En la publicación, La Prensa denunció que “aunque todas las personas salieron de forma irregular debido al temor de ser detenidas en las fronteras del país, varias tuvieron que huir sin llevarse consigo sus pasaportes o llevando únicamente los documentos vencidos, ya que desde hace meses el régimen se ha negado a renovar los documentos de viaje de periodistas de medios independientes”.
La no renovación de pasaportes también trasciende las fronteras. Diferentes ciudadanos han denunciado que los consulados nicaragüenses se niegan a renovar los pasaportes a los exiliados. La exguerrillera sandinista, Mónica Baltodano, dijo que a ella, a su esposo, Julio López Campos, y a su hijo, Umanzor Campos Baltodano “nos negaron la renovación de nuestros pasaportes”. Baltodano dijo que “nos comunicaron que ‘por instrucciones de Migración en Managua, debíamos realizar el trámite en Nicaragua’, cuando ellos saben que estamos exiliados”.
El viceministro Luis Cañas es también quien decide, desde Nicaragua, a quién renovar el pasaporte en el extranjero. Sin embargo, la cantidad de información y trabajo que conlleva este espionaje provoca que algunas veces existan fallas, asegura una fuente de cancillería. “Por ejemplo, en Miami se hacen 100 pasaportes diarios, porque es uno de los pocos consulados que tienen una máquina para fabricar pasaportes. Entonces, a veces algunos pasaportes se entregan porque Luis Cañas no logra ver la lista de aprobados. Es demasiada demanda, pero sí tiene un control bien estricto”, dice.
La práctica, denuncian expertos, es una violación a la Constitución de Nicaragua y a los derechos humanos. “La retención de pasaportes, la migración forzosa y el impedimento a regresar a tu país constituyen otras violaciones a los derechos. Sin duda dejar a las personas en un vacío de documentación”, asegura el politólogo y experto en relaciones internacionales Pedro Fonseca. “Ciertamente, el destierro y la expulsión no es un caso específico de estas situaciones. Es un proceso que forma parte de todo régimen autoritario”, agrega.
Además del destierro, el régimen ha deportado a ciudadanos con doble nacionalidad, como fue el caso de la académica Ana Quirós, quien nació en Costa Rica y vivió en Nicaragua desde los 15 años. Otro caso similar fue el de Salvador Espinoza y Xóchitl Tapia, productores de SaXo, una empresa que se encargaba de administrar bandas nicaragüenses. Fueron arrestados por la Policía Nacional luego de allanar su vivienda en Managua. En un periodo de 48 horas fueron puestos en libertad con la condición de que salieran del país. La pareja de músicos tuvo que exiliarse en Alemania, país en el que han iniciado un proceso de asilo.
Una nueva modalidad del régimen también consiste en reservarse el derecho de admisión de ciudadanos extranjeros. Tal fue el caso de la periodista y columnista guatemalteca Irma Alicia Velásquez, quien fue retenida durante horas por autoridades migratorias de Nicaragua, para luego ser deportada a Panamá. “Al bajar del avión me detuvieron y me quitaron todo. Solo pude quedarme con el teléfono. Un agente del régimen me detuvo y me quitó todo”, expresó.
Los hijos e hijas de opositores igualmente castigados
Después del aeropuerto en Managua, la frontera de Peñas Blancas es uno de los puntos fronterizos más vigilados, debido al alto número de opositores que se refugian en Costa Rica. Divergentes.
La represión impulsada por Migración incluso afecta a muchos niños y niñas cuyos padres son considerados opositores por el régimen Ortega-Murillo. Existen varios casos de hijos e hijas de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores, a los que se les ha negado las visas de salida y la renovación de pasaportes sin una razón justificable.
La doctora Yonarqui Martínez, abogada y defensora de derechos humanos, denuncia que hizo todos los trámites para obtener las visas de salidas de dos de sus hijos menores de edad, pero en lugar de eso les quitaron los pasaportes y le dijeron que “no estaban autorizados para salir del país”. Por insistencia de su esposo, días después, les regresaron los pasaportes pero sin el permiso de salida.
La Ley General de Migración y Extranjería en su artículo 95 establece que todo nicaragüense menor de 18 años que viaje fuera del territorio nacional debe expedir una visa de salida con el requisito fundamental de tener un “permiso de salida de sus progenitores o tutor, debidamente autorizado por Notario Público. En caso de que uno de sus progenitores se encuentre fuera del país, deberá presentar Certificado de Movimiento Migratorio de su última salida, la cual se deberá insertar en el permiso notarial”, señala el artículo.
Martínez cuenta que nunca había tenido problemas en sacar a sus hijos fuera del país, ni en gobiernos anteriores.
Hay casos en los que Migración se niega a otorgar o renovar pasaportes a los menores. Una activista opositora, quien por motivos de seguridad prefirió contar su historia de forma anónima, dijo que en 2021 en Migración no quisieron otorgarle permiso de salida a su hijo de cuatro años de edad. Por esa razón, ella y su familia, eventualmente fueron obligados a salir del país de forma irregular hacia Costa Rica.
Como la fecha de vencimiento del pasaporte de su hijo está cercana, la fuente fue al consulado de Nicaragua en Costa Rica para solicitar la renovación del documento. Sin embargo, les contestaron que iban a revisar “el expediente” del niño. “Creo que este mecanismo es una forma de chantaje para los padres, porque creen que tal vez no te vas a ir del país si tus hijos no salen… No todos deciden salir de forma irregular con sus hijos, no es una decisión fácil cruzar la frontera con ellos”.
La activista siente que el pasaporte de su hijo no se lo otorgarán y quedarán varados en Costa Rica, hasta que sus solicitudes de refugio sean aprobadas, un trámite que puede tomar hasta cuatro años.
Como todas las transgresiones de derechos que comete el régimen, este es uno más de los que son contradictorios, ya que Nicaragua es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que fue suscrito el 20 de noviembre de 1989, aprobado el 19 de abril de 1990 y luego ratificado en el mes de octubre del mismo año.
El artículo 2 dispone que todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños y niñas, sin excepción alguna, y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para proteger al niño y niña de toda forma de discriminación. Entre ellas se encuentran: la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño y la niña.
Checkpoint III: “No puede entrar a Nicaragua”
La mano de la represión migratoria también se extiende a aerolíneas de países vecinos. El primero de julio de 2022, en el aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, a 518 kilómetros de Managua, un agente de la aerolínea Avianca le dijo a la socióloga nicaragüense María Teresa Blandón que no podía abordar el avión para regresar a Nicaragua. “El gobierno de Nicaragua nos envió una lista en la que usted está y señala que tiene prohibido entrar a su país”, le dijeron a Blandón. Así inició lo que ella llama un “destierro” por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
DIVERGENTES envió una consulta vía correo electrónico a Avianca para confirmar la veracidad de estos casos y conocer cómo funciona el mecanismo para no permitir el abordaje de pasajeros que viajan hacia Nicaragua, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.
“Somos desterrados, somos personas que el régimen nos ha obligado al destierro”, aseguró Blandón. En mayo de 2022 la dictadura ordenó el cierre del Programa Feminista La Corriente, una organización feminista que brindaba talleres y un espacio para jóvenes nicaragüenses y miembros de la diversdidad sexual. La cancelación de la organización Blandón dirigía se orquestó a través de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, como parte de la embestida contra oenegés que ha ejecutado desde el inicio de las protestas de abril de 2018.
Blandón había logrado salir del país hacia Chile el 24 de junio, un mes después de la cancelación de la oenegé. Una fuente de Migración asegura que esta estrategia es más reciente y consiste en dejar salir a aquellos señalados como opositores para después dejarlos sin posibilidades de poder retornar. “Se implementa esta modalidad para quitar un poco la responsabilidad a Migración de toda la represión, y que sean las aerolíneas las que se encargan de comunicar a las personas que no pueden regresar”, dice la fuente. Un eufemismo para el destierro.
El 30 de noviembre, el delegado de la agencia EFE en Nicaragua, Luis Felipe Palacios, corrió con la misma suerte cuando intentó regresar de Panamá después de un viaje de trabajo. “Le compartimos que la solicitud de ingreso no ha sido autorizada por las autoridades de Migración y Extranjería de Nicaragua. No le será permitido embarcar”, según el correo electrónico que remitió al delegado de EFE en Nicaragua la aerolínea Avianca.
El viaje de Blandón fue por motivos personales. Una semana después, cuando intentó volver, ya no pudo.“Puedo decirte que es una situación muy difícil porque nadie está preparado para quedarse en ningún lugar. Yo tenía mi boleto de regreso y no estaba en mis planes quedarme fuera del país. Resulta una situación muy desconcertante”, agregó. Lo es porque durante los últimos 30 años de su vida se dedicó a trabajar con mujeres y jóvenes nicaragüenses en La Corriente Feminista.
Para la socióloga, es una “grave violación a los derechos constitucionales de los nicaragüenses”. “Nadie puede obligar a ningún ciudadano, ni por la fuerza, a residir o a abandonar el lugar donde vive”, expuso Blandón.
El artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua establece que “los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional”.
Desde el exilio, María Teresa Blandón defiende que nadie le puede quitar su nacionalidad, aunque el régimen le negara el ingreso al país.
“Para eso tiene el control de todo el Estado, porque puede quitar nacionalidad, cédula, pasaportes, te puede dejar sin los documentos legales que necesitás como ciudadano, te expropia de todos tus derechos. Somos ciudadanos nicaragüenses a quienes se les han privado de sus derechos políticos, y civiles. Ese es para mí el estatus. Soy nicaragüense y lo seré hasta que me muera”, finalizó.
La disposición de la dictadura también ha sido aplicada a periodistas nicaragüenses con megáfonos internacionales, como es el caso de Tifani Roberts, corresponsal de la cadena Univision. Roberts iba a tomar un vuelo desde Miami hacia Managua con el fin de visitar a su familia, pero antes de abordar le comunicaron en el aeropuerto que no podía subir el avión. “No dieron ninguna razón. La aerolínea solo dijo que el gobierno de Nicaragua no había aceptado mi solicitud”, detalló.
Checkpoint IV: “Vivimos en una cárcel”
En los últimos meses, miles de nicaragüenses se agolpan en las oficinas de Migración para solicitar un pasaporte y huir de Nicaragua. Divergentes.
El bloqueo en los puntos de salidas del país también toca a los empleados públicos y mandos medios del régimen. En marzo de 2022, a Carlos, un funcionario del Poder Judicial, le dijeron en Migración del aeropuerto de Managua que no podía salir porque “no tenía autorización”.
“Me quedé helado”, dice Carlos, quien acepta contar su historia bajo la condición de anonimato. “Le pedí explicaciones y me dijo que no había solicitado el permiso”, relató el funcionario público. Carlos estaba al tanto de ciertas prohibiciones de salida que el régimen había impuesto a alguno de sus superiores. Sin embargo, nunca esperó que un día le tocase a él.
“Llamé a mi jefe inmediato y le conté todo. Pero me respondió que no podía hacer nada porque a él tampoco le habían permitido salir del país desde 2019”, cuenta Carlos. El viaje de regreso a su casa fue largo, más de lo habitual. Sin estar preso en una celda del sistema penitenciario nacional, la prohibición de salir del país le hizo entender que en Nicaragua ningún funcionario que es de interés del régimen sandinista puede salir sin autorización.
El caso de Carlos no es una excepción. En todas las oficinas de los ministerios del Gobierno sandinista ocurre lo mismo. Dos fuentes consultadas por este medio de comunicación, una de Cancillería y la otra del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), confirmaron que existe un control total sobre las solicitudes de vacaciones y las salidas del país.
La red de espionaje tejida por el viceministro Cañas delega en otros funcionarios de su entera confianza la misión de recolectar información de los trabajadores del Estado. Sus “orejas”, asegura la fuente de Cancillería, son los secretarios políticos que están dentro de cada una de las instituciones del Gobierno. Estos “espías” se encargan de seguir los pasos de los empleados públicos que tienen información sensible y el “anhelo” de irse de Nicaragua.
Pero no todos los funcionarios del Gobierno son de interés de Cañas y del régimen sandinista. La fuente de Intur consultada detalló que los empleados públicos que mayor presión tienen encima son los que han estado vinculados directamente con la represión oficial que aumentó a partir de 2018.
“En primer lugar están los trabajadores del Poder Judicial. Me refiero a jueces, fiscales, magistrados. Luego están los funcionarios de otras instituciones que tienen información importante del Gobierno y que pueden hablar si salen del país. Y más abajo los arrepentidos, que también saben cosas, y que están cansados y quieren salir del sistema”, afirmó la fuente de Intur que ha estado en reuniones donde se han discutido estas directrices.
El abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial exiliado en Estados Unidos, reveló que el juez Roberto Zúñiga, originario de Puerto Morazán, Chinandega, salió del país en julio de este año y solicitó asilo político en Estados Unidos.
Antes de la deserción de Zúñiga, también dejaron sus cargos figuras de peso como Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA, y Javier Martínez Ramírez, ex comisionado mayor de la Policía en Madriz. El exdiplomático lo hizo en marzo de este año y Ramírez en noviembre de 2021.
La renuncia de los funcionarios públicos a sus cargos, además de tener un impacto moral en el Sandinismo, ha elevado los niveles de paranoia al punto de vigilar cuidadosamente cada paso de los empleados que tienen pocas ganas de continuar en el país.
“Mientras unos inseguros tienen que mostrar su fidelidad rindiendo culto a Ortega y su proyecto familiar, en una realidad paralela el juez abandonó el cargo y el país para salir por veredas junto a toda su familia”, aseguró el abogado.
Según Morazán, Zúñiga pertenecía a los juzgados locales de los municipios en los que generalmente llevan delitos menos graves, causas civiles de menor cuantía, juicios de familias. A diferencia de los juzgados departamentales, estos no tienen nada que ver con procesos de presos políticos.
Carlos no conoció personalmente a Zúñiga. Sin embargo, tiene una idea de por qué, a pesar de no ser un funcionario de interés dentro del esquema represivo del régimen sandinista, abandonó el país junto a toda su familia. “Quizás al igual que muchos que han logrado salir y que me han contado, estaba harto de servir a Daniel Ortega”, expresó.
El bloqueo también se extiende contra los “allegados al gobierno”. En noviembre de 2021 las autoridades migratorias impidieron la salida Álvaro Baltodano Monroy, hijo del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, Delegado Presidencial para Fomento de las Inversiones. Otro que fue imposibilitado de salir fue Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), cuya personería jurídica fue cancelada este año por la Asamblea Nacional.
El 23 de noviembre de ese mismo año se le impuso “país por cárcel” a Daniel Rosales, hijo del fallecido magistrado de la CSJ, Francisco ‘Chicón’ Rosales. Según una fuente de Gobernación, este intentó viajar a Estados Unidos, pero fue devuelto a su casa. Rosales alegó que viajaba por razones médicas, pero le negaron la salida.
No hay permisos ni para formarse
Decenas de opositores y ahora aliados del gobierno no les han permitido salir de Nicaragua en el Aeropuerto Internacional de Managua. EFE | Archivo.
A finales de 2022, Nicaragua se ha convertido en una cárcel que hasta bloquea la salida de universitarios y trabajadores del Estado que quieren estudiar fuera del país.
A inicios de agosto, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) emitió una circular que obligó a todas las universidades públicas y privadas a reportar los movimientos migratorios de su personal académico y administrativo. En el gobierno, las autorizaciones para salir del país solo se otorgan a los más cercanos al régimen.
La circular del CNU exige a los rectores de las universidades reportar “formalmente” el nombre completo de la persona que va a entrar o salir del país, su identificación o número de pasaporte, país de procedencia o destino, fecha de entrada o salida del país, motivo de la visita, y la duración de la estadía en Nicaragua.
“La orden del régimen reafirma la concreción de lo que se temía con la reforma a la Ley 89, que es darle al órgano rector poderes para que anulen, no solo la autonomía universitaria, sino también los derechos establecidos en la Constitución a todos los ciudadanos”, indicó Ernesto Medina, exrector y expresidente del CNU.
Francisco*, funcionario del Ministerio de Salud (Minsa), intentó salir del país este año pero no tuvo éxito. Siguió todo el protocolo: solicitó vacaciones, pidió autorización a su superior inmediato y esperó… esperó varias semanas sin obtener respuesta a su solicitud. Insistió con su jefe pero este le respondió que el permiso no lo emitía él, sino alguien de “arriba”.
“Algunos de mis compañeros salieron del país y realizaron el mismo protocolo, pero yo no pude”, relata con molestia. Francisco había solicitado “permiso” para asistir a un evento de formación y su ausencia iba a prolongarse por diez días. “Pero no me dejaron. Simplemente no me dieron el visto bueno”, se lamenta.
Francisco creció en un hogar sandinista. Su abuelo fue un guerrillero que murió en los años ochenta en una zona de combate en el norte de Nicaragua. Aunque desde pequeño le inculcaron el amor al partido y a la imagen de Daniel Ortega, formó un pensamiento crítico y ha estado en contra de la represión oficial.
“Yo trabajo en el Estado pero sirvo a los nicaragüenses. Tengo una familia y me he mantenido en mi puesto por una cuestión de convicción y necesidad. Pero el ambiente, poco a poco, es insostenible”, dice.
Algunos de los compañeros de Francisco, tanto en las oficinas centrales como en las departamentales, pasan por lo mismo y algunos optan por marcharse del país por la misma represión que impone la dictadura sandinista en las instituciones públicas. Los permisos, dice este funcionario público, son negados sin explicación.
“Te piden que hagás todo un procedimiento y al final te dicen que no. Pero por ejemplo, a los secretarios políticos (otros trabajadores públicos que tienen gran poder en las instituciones) salen cuando quieren. Supongo que tendrán intereses en el país”, reveló Francisco.
Que no lo dejaran salir del país para continuar su formación profesional fue un golpe que Francisco todavía no ha asimilado. “Vivimos en una cárcel”, reclama este funcionario público, quien desconoce las razones de por qué su salida fue negada. “Ellos saben que resistimos en silencio, pero es ilógico que pretenda escapar cuando toda mi vida la tengo aquí”, asegura.
“Muchos deciden irse porque no están dispuestos a vivir así. Pero los que no, tenemos que buscar cómo sobrevivir”, concluye.
