En El Salvador, disentir se ha convertido en una actividad de alto riesgo y ahora se cuenta con nuevas evidencias “para afirmar que en el país opera un fenómeno de persecución política”, señala la organización de derechos humanos Cristosal, que este 5 de marzo presentó un informe que revela al menos 245 casos de víctimas de persecución política entre 2019 y 2025, en lo que describe como un patrón sistemático de criminalización impulsado por el Estado para neutralizar voces críticas.
La investigación, titulada “El precio de disentir”, describe un país donde el ejercicio de la crítica pública ha pasado de ser un derecho democrático a convertirse en un riesgo personal que puede implicar procesos judiciales, detenciones prolongadas, hostigamiento institucional o incluso el exilio. Según la organización, este fenómeno ha crecido en paralelo a la consolidación del poder del gobierno de Nayib Bukele, que en 2024 inició un segundo mandato inconstitucional.
“Estos datos son posibles solo en un régimen antidemocrático avanzado”, René Valiente, director de investigación de la organización durante la presentación del informe.
Los casos demuestran un “patrones” de una estrategia de persecución sistemática y para la organización, este tipo de persecución se produce cuando las acciones del Estado o de sus agentes buscan causar daño a una persona o grupo con el objetivo de silenciarlo o neutralizarlo políticamente. Según el informe, estas prácticas se manifiestan a través de tres grandes formas: acciones jurídicas no penales, acciones penales y acciones extrajudiciales.
“Primero tiene que existir un desequilibrio en el poder con un Estado que tiene toda la fuerza para aplastar a un ciudadano con acusaciones carentes de fundamento que se mantienen fuera del ojo público”, dijo Noah Bullock, director ejecutivo de la organización.
El informe sostiene que, en este contexto, el sistema de justicia penal se ha convertido en la principal herramienta para neutralizar a quienes el gobierno considera adversarios. Del total de casos documentados, 180 personas han enfrentado procesos penales, lo que representa el 73.4 % de las víctimas identificadas.
Cristosal afirma que esta tendencia evidencia un modelo de criminalización sistemática en el que el aparato judicial se utiliza como instrumento de control político. Según el estudio, el 74.4 % de las personas procesadas ha estado bajo prisión preventiva en algún momento de su caso. En promedio, las víctimas pasan 331 días privadas de libertad sin una condena judicial, aunque algunos casos extremos han alcanzado hasta 1,365 días de detención provisional.
La organización sostiene que estos procesos no necesariamente buscan una condena penal definitiva, sino que funcionan como mecanismos de desgaste personal y eliminación política o social de los disidentes.
“El sistema de justicia penal se ha transformado en la herramienta predilecta del Estado para neutralizar a la disidencia”, añadió Bullock.
Uno de los casos emblemáticos denunciados por la organización es el de la abogada anticorrupción Ruth López, directora del equipo legal y anticorrupción de la organización, quien permanece detenida mientras su proceso judicial continúa en desarrollo.
“Ruth está por cumplir 300 días de detención sin juicio, incomunicada, sin acceso a su defensa y su familia”, denunció Bullock.
El informe también muestra que la persecución no se limita a dirigentes políticos. Cristosal identificó distintos perfiles de víctimas que reflejan la amplitud del fenómeno. El grupo más afectado corresponde a personas con protección internacional especial, que representan el 60,4 % de los casos documentados. Dentro de esta categoría se encuentran defensores de derechos humanos, ambientalistas, sindicalistas, líderes indígenas, periodistas y operadores de justicia.
Otro grupo corresponde a personas opositoras, que representan el 20.4 % de las víctimas y que incluyen militantes o exfuncionarios vinculados principalmente a los partidos FMLN y ARENA.
En noviembre pasado, la alianza periodística Intermedios, de la que Redacción Regional es parte, reveló las mentiras y arbitrariedades de la Fiscalía y del sistema de justicia en un caso en el que excombatientes líderes de movimientos sociales han sido procesados bajo una acusación en la que el principal testigo de la Fiscalía miente. Entre los detenidos figuran protagonistas de las marchas de finales de 2021 que protestaron contra el inicio del régimen de Bukele, luego de que el oficialismo destituyera a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general y retirara de sus cargos a jueces incómodos al régimen para llenar las plazas con funcionarios a la medida.
En la investigación de Cristosal también aparecen reseñados los casos de personas críticas, que constituyen el 15,5 % del total y que incluyen académicos, especialistas y artistas que han cuestionado políticas públicas desde el debate público, entre estos, el abogado constitucionalista Enrique Anaya, detenido el 8 de junio de 2025. Finalmente, el informe documenta casos de persecución contra familiares de personas críticas, lo que la organización describe como persecución vicaria.
Cristosal advierte que el número real de víctimas podría ser considerablemente mayor. La falta de transparencia institucional y el miedo de muchas personas a denunciar lo ocurrido generan un subregistro difícil de cuantificar.
“El impacto silenciador de la persecución política es hoy una realidad para todos los salvadoreños”, dijo Bullock.
El informe identifica el año 2021 como un punto de inflexión en el desarrollo del fenómeno. Ese año, tras la victoria electoral del oficialismo y la destitución de magistrados de la Corte Suprema y del Fiscal General por parte de la Asamblea Legislativa dominada por el partido de gobierno, la persecución evolucionó desde formas indirectas de hostigamiento hacia una judicialización sistemática de la disidencia.
Según el análisis de Cristosal, entre 2019 y 2020 predominó una fase de represión selectiva caracterizada principalmente por hostigamiento digital y ataques en redes sociales contra voces críticas. En 2021 se produjo la institucionalización de la persecución tras la captura de las instituciones judiciales. Entre 2022 y 2024 el modelo se estabilizó con la implementación del régimen de excepción, mientras que para 2025 el proceso se ha consolidado en una etapa de expansión donde la criminalización penal se ha convertido en el mecanismo predominante contra la disidencia.
El régimen de excepción, implementado inicialmente como estrategia de seguridad contra las pandillas, ha ampliado de forma significativa el poder coercitivo del Estado. Para Cristosal, este contexto ha creado condiciones en las que cualquier ciudadano puede convertirse en objetivo de persecución.
“Que nadie dude que cualquiera puede ser detenido sin causa sin que exista una institución que pueda intervenir para evitarlo”, advirtió Valiente.
La organización sostiene que la persecución política también se refleja en la presión ejercida contra comunidades y sectores sociales. El informe menciona a vendedores ambulantes que denuncian hostigamiento por parte de autoridades municipales, comunidades urbanas sometidas a procesos de desalojo, víctimas de fraudes financieros que han denunciado irregularidades y trabajadores despedidos del sistema público de salud y educación tras procesos de depuración institucional.
“Los valientes de la comunidad San Francisco Angulo, vendedores que luchan cada día por el pan bajo persecuciones de agentes municipales, los depurados del sistema público de salud y educación, los familiares incansables de las víctimas del régimen y los defensores de derechos humanos perseguidos por la Ley de Agentes Extranjeros forman parte de este panorama”, refirió Bullock.
Entre los casos documentados por el informe aparece también el del líder ambiental Silverio Morales, cuya familia ha enfrentado procesos judiciales relacionados con su oposición a proyectos mineros y su defensa del territorio de pueblos originarios.
“Tenemos casos muy crueles como el de Silverio Morales, cuyo hijo ha sido procesado por la lucha de su padre contra la minería y la defensa de la tierra de pueblos originarios”, denunció Valiente.
Cristosal también documenta presiones contra operadores del sistema judicial. Uno de los casos mencionados es el del juez Antonio Durán Ramírez, uno de las protagonistas de las marchas contra el régimen tras la ruptura del orden constitucional de mayo de 2021. Durán fue trasladado a una sede judicial en el interior del país y posteriormente enfrentó procesos administrativos. El juez ha denunciado hostigamiento, vigilancia e investigaciones disciplinarias que han tenido efectos graves en su carrera profesional, su salud y su entorno familiar.
El informe también aborda el fenómeno del exilio forzado. Según la organización, varias personas perseguidas han optado por abandonar el país para evitar detenciones o procesos judiciales que consideran arbitrarios. En algunos casos, gobiernos extranjeros han otorgado protección internacional.
En mayo de 2021, Redacción Regional reveló que México se convirtió en un destino recurrente para los primeros perseguidos políticos. Allá, por ejemplo, está refugiada la abogada Bertha María Delón, uno de los casos reseñados por el informe de Cristosal. Deleón es una abogada con reconocida trayectoria como defensora de derechos humanos, particularmente en la defensa de los derechos de las mujeres criminalizadas por violencia obstétrica. Llegó a ser defensora de Bukele en un litigio por difamación, pero comenzó a ser hostigada por la Fiscalía y el sistema de justicia tras sus pronunciamientos públicos contra el régimen y su candidatura a una diputación a través del partido opositor Nuestro Tiempo para las elecciones de 2021.
Más recientemente, España ha concedido estatus de protección temporal a salvadoreños perseguidos luego de que el gobierno salvadoreño utilizara el sistema de Interpol para ha emitir alertas internacionales y órdenes de captura en su contra. Entre estos casos se encuentran el de los defensores de UNIDECH y el del excandidato y dirigente político de Nuestro Tiempo, Ramiro Navas.
Para Cristosal, estos hechos reflejan el deterioro del Estado de derecho y la creciente preocupación internacional sobre la situación en el país.
“Es una afirmación contundente de que en el país hay persecución política: personas presas por motivos políticos, obligadas al exilio para protegerse y familias fragmentadas por la huida”, dijo Bullock.
El informe concluye que la persecución política no puede entenderse como una suma de incidentes aislados, sino como parte de un modelo más amplio de control social que se superpone a otras violaciones graves de derechos humanos.
Entre ellas, la organización menciona detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y muertes de personas bajo custodia estatal registradas durante la implementación del régimen de excepción.
“La violencia de las pandillas ha sido sustituida por la violencia del Estado”, afirmó el vocero.
Según la organización, el efecto de este modelo no solo afecta a las víctimas directas, sino que produce un clima generalizado de temor que desalienta cualquier forma de crítica pública.
“El régimen de los Bukele es una dictadura que roba, mata y persigue”, afirmó el portavoz de Cristosal.
La organización concluye que la comunidad internacional debe fortalecer los mecanismos de monitoreo y presión diplomática frente a lo que considera una regresión democrática en El Salvador. En opinión de la entidad, lo que está en juego no es únicamente el destino de las personas ya perseguidas, sino la posibilidad misma de que los ciudadanos ejerzan su derecho a disentir sin enfrentar consecuencias devastadoras.
