En febrero de 2021, el oficial de ética del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) recibió un correo anónimo que alertaba sobre un presunto caso de acoso sexual contra tres empleadas de la Oficina de Evaluación Independiente (ODEI) dirigida por José Efraín Deras. Dos de ellas seguían trabajando y una había terminado su relación laboral con el banco como consecuencia directa del hostigamiento, según indicaba el correo. El remitente pidió discreción, al señalar que Deras estaba protegido por la directora de país del BCIE para Honduras, Catherine Chang.
La ODEI es responsable de evaluar el cumplimiento de las estrategias, proyectos y programas del banco ,y dentro de la estructura del BCIE, ocupa un lugar clave: se sitúa por encima de la Administración Superior dirigida por la Presidencia Ejecutiva, depende del Directorio de Países y está al mismo nivel que la oficina de ética, que actúa como instancia receptora y evaluadora de denuncias internas.
Fue en este marco institucional que el oficial de ética recibió las denuncias presentadas por las mujeres y realizó audiencias tanto con ellas como con el investigado. Tras completar el procedimiento, presentó sus hallazgos al comité integrado por un director, un vicepresidente, un contralor y un asesor jurídico. De manera unánime, el comité determinó que existían tres casos constitutivos de acoso sexual: dos cometidos contra empleadas en funciones y uno contra la trabajadora cuyo contrato había finalizado recientemente. La recomendación fue clara: despido. El 31 de mayo de 2021, bajo la resolución CE No. 21/2021, Deras fue separado de su cargo.
Esta alianza periodística tuvo acceso a informes que detallan que el primero de junio, las denunciantes intentaron presentar una denuncia por hostigamiento sexual ante el Ministerio Público, pero en la fiscalía no se las recibieron y que posteriormente, el 2 de junio, acudieron al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), donde sí recibieron la denuncia bajo el expediente 08-01-2021-6-2-15, pero no hubo mayor información sobre el caso. Varias exempleadas del banco, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que en ese momento se comentaba que Catherine Chang —entonces alta funcionaria del BCIE y esposa del fiscal general de ese momento, Oscar Chinchilla— habría intervenido para impedir el despido de Deras. Sin embargo, Deras aseguró en entrevista con esta alianza periodística en 2023 que nunca tuvo relación con Chang.
Entonces Deras contrató un equipo de abogados y el 9 de junio de 2021 presentó una demanda en los Tribunales de Sentencia de Tegucigalpa contra las tres mujeres por dos delitos de calumnia, y contra el oficial de ética por un delito adicional. En el escrito exigió 40 mil dólares como reparación económica y alegó que las denunciantes habían inventado los señalamientos «con el único fin de conseguir una plaza permanente dentro del Banco Centroamericano de Integración Económica». Al oficial de ética lo acusó, incluso, de haber cometido un delito porque «les otorgó total credibilidad a las denunciantes, lesionando de esta manera el principio de presunción de inocencia», señala el documento.
El 10 de junio de 2021, apenas un día después de ingresada la demanda, la jueza Karla Lizeth Romero Dávila, quien más tarde sería destituida de la Corte Suprema por faltas en su cargo, admitió la querella. El documento de la querella se basa en correos electrónicos enviados a Deras donde le notificaron el inicio de un procedimiento administrativo abierto contra él que adjuntaba los medios de prueba presentados por las denunciantes, incluyendo los testimonios textuales de las mismas y se acompañaba de un informe realizado por la consultora Wicklander-Zulawski & Associates, experta en entrevistas investigativas no confrontacionales «en el cuál se encuentran los nombres completos de las denunciantes», detalla la querella.
Fuentes cercanas al proceso que solicitaron anonimato indicaron que el equipo de defensa de Deras «siempre intentaron darle un tratamiento como si se tratara de una denuncia judicial, y no lo era, porque se trataba de una denuncia ética». Pese a ello, el caso llegó hasta el directorio del banco. Con la querella interpuesta, Deras impugnó ante el directorio del banco que en ese mismo mes celebró una sesión de apelación de la cual las denunciantes no fueron notificadas.
En esa reunión, el directorio del BCIE deliberó y las denunciantes fueron notificadas de que se había votado a favor de suavizar la sanción. Deras no fue despedido, como resolvió el Comité de Ética: en su lugar, lo suspendieron 90 días naturales sin salario (30 por cada caso) y luego lo reincorporaron a su puesto. El directorio evitó reconocer el acoso sexual y en su resolución lo sancionó únicamente por «establecer relaciones y contactos impropios con las denunciantes». Una persona que participó en la decisión, y que accedió a hablar con esta alianza periodística bajo anonimato, explicó que la votación se inclinó por esta salida porque las pruebas presentadas (principalmente conversaciones en chats) no eran concluyentes y no respaldaban plenamente los hallazgos del comité, aunque sí dejaban claro que Deras sostuvo conductas indebidas con sus subalternas.
Esta alianza periodística también tuvo acceso a audios que confirman que, tras la sanción, dos autoridades del BCIE se reunieron con las víctimas para pedirles que no acudieran a instancias externas, que aceptaran la resolución del directorio y firmaran un acuerdo de confidencialidad. Ninguna de ellas lo firmó.
Deras también expresó su desacuerdo con la resolución que lo sancionó con 90 días de suspensión: «Se me ha hecho un gran daño profesional y personal, además de afectaciones económicas, por lo cual quisiéramos concluir los procesos judiciales. Una de ellas ha solicitado no referirnos más a este tema y, sí, con una de ellas tuvimos un grado de amistad mayor que con las otras dos, pero en ningún momento hubo acoso ni relación de ese tipo», afirmó.
El banco en ese entonces era dirigido por el hondureño Dante Mossi, cuestionado por ser el banquero de los dictadores centroamericanos y por haber tomado una serie de decisiones económicas y políticas cuestionadas a nivel regional. La Oficina de Ética se creó durante su administración, aunque en el BCIE las decisiones finales recaen en el directorio integrado por representantes de los países miembros. Bajo el mando de Mossi, el caso quedó engavetado, a pesar de que él mismo, según confirmaron distintas fuentes, llegó a mencionarlo en un discurso interno frente al personal (sin revelar nombres) y que hoy, ya fuera del cargo, utiliza en sus redes sociales para reclamarle al BCIE la transparencia que en su administración el banco también negó a las denunciantes.
El BCIE, con sede en Tegucigalpa, es una institución financiera multilateral fundada en 1960 por los países de Centroamérica para impulsar el desarrollo y la integración regional. Hoy cuenta también con socios extrarregionales y se ha convertido en la principal fuente de financiamiento para gobiernos centroamericanos. Sin embargo, también ha enfrentado cuestionamientos por haber otorgado préstamos a régimenes autoritarios y por prácticas deficientes de transparencia: por ejemplo, préstamos sin condiciones claras que favorecen el desvío de fondos, con exdirectores denunciando ocultamiento de información y alertas sobre la debilitada solidez financiera.
Consecuencias para las víctimas
En una carta enviada al directorio en noviembre de 2023, antes de las conciliaciones, las tres extrabajadoras denunciaron represalias: «El Sr. Deras nos está obligando a pasar por una revictimización de los hechos denunciados, agravando nuestras afectaciones, repercutiendo en gastos económicos extremadamente onerosos que de manera personal no podemos afrontar», dice el escrito en el que además recordaron a los directores que el propio Código de Ética del banco les garantiza el derecho a no sufrir represalias, una protección que nunca existió.
Las consecuencias fueron devastadoras: ninguna de las denunciantes continúa en el BCIE. La defensa de Deras desistió del caso contra el oficial de ética y dos de las denunciantes asistieron a audiencias de conciliación con Deras en 2023. Contracorriente obtuvo acceso al expediente que obra en los Tribunales de Sentencia de Tegucigalpa a través de la defensa de Deras y pudo corroborar que una de ellas accedió a conciliar afirmando que la denuncia que interpuso ante el BCIE fue de forma anónima, pero el BCIE no protegió su identidad.
La demanda por calumnia se mantiene contra la tercera persona y ese caso ya fue elevado a juicio. Y es esta misma persona quien presentó una denuncia por hostigamiento sexual ante el Ministerio Público el 26 de agosto de 2022. Durante este proceso, dos empleados del BCIE que ocupaban cargos de alto nivel en ese momento, testificaron ante la fiscalía a favor de Deras, y el caso tuvo un cierre administrativo el 12 de febrero de 2024. Tras una apelación del equipo legal de la ex empleada del BCIE, el 31 de octubre de 2024 el fiscal general de la República, Johel Zelaya, declaró parcialmente con lugar la apelación para que se ampliaran las diligencias investigativas. De esta manera, actualmente la Fiscalía ha tomado nuevas declaraciones y se encuentra en la etapa de emitir una resolución sobre la admisibilidad del caso.
El hostigamiento sexual es un delito que, según el artículo 256 del Código Penal de Honduras, se configura cuando en el ámbito laboral o de prestación de servicios alguien «solicita reiteradamente para sí o para un tercero favores de naturaleza sexual y con tal comportamiento provoca objetivamente en la víctima una situación gravemente intimidatoria, hostil o humillante en el correspondiente ámbito de relación». Este delito se castiga con penas de uno a dos años de prisión, que pueden aumentar a dos a tres años si se comprueba que la persona denunciada se aprovechó de una relación de superioridad.
En el documento de la demanda por difamación y calumnia, la defensa de Deras sostiene que las denunciantes presentaron las denuncias para obtener plazas. Tras la sanción del directorio, las dos mujeres que trabajaban en el BCIE fueron asignadas a otras áreas y se mantuvieron ahí hasta que finalizaron su contrato meses más tarde. Actualmente ninguna sigue trabajando en el banco y una de ellas no concilió. Consultado sobre esta contradicción —pues si, como afirma la querella, el objetivo era obtener plazas, una de las denunciantes dejó de trabajar en la institución hace años y no ha conciliado—, Deras respondió: «Ignoro cuál es su propia motivación; preferiría que las instancias lo determinen».
Poco después de interpuesta la querella, el oficial de ética que había conducido la investigación y que fue quién informó del dictamen final del Comité de Ética, renunció al banco. El expediente del caso quedó bajo resguardo del BCIE, convertido en una pieza clave para la denuncia penal de una de las víctimas.
El equipo de defensa de la exempleada con la apelación por el cierre administrativo ante el Ministerio Público solicitó en dos ocasiones al BCIE el acceso al expediente del Comité de ética. La respuesta del banco, fechada el 7 de agosto de 2025, reafirma la confidencialidad del documento: «La Política de Acceso a la Información vigente establece, en su artículo 18, que cierta información es considerada reservada en atención a su naturaleza. En particular, el literal c de dicho artículo indica que es información reservada: ‘Expedientes, fichas, hallazgos y decisiones de los comités y dependencias que realizan procesos disciplinarios, investigativos y sancionatorios’. Por esta razón, lamentablemente no es posible entregar la información solicitada por ustedes directamente».
A pesar de esta negativa, el BCIE asegura en su respuesta, tener disposición a colaborar con las autoridades competentes: «Tenemos el compromiso firme de colaborar activamente con las autoridades competentes dentro del marco de nuestras atribuciones y más tratándose de temas de derechos humanos y, particularmente, de derechos de la mujer».
La alianza periodística contactó al BCIE a través de la Oficina de Comunicación y Relaciones Externas el 12 de septiembre de 2025 para solicitar una entrevista con la presidenta o con algún funcionario designado sobre este caso. Desde esa oficina respondieron que la agenda de la presidencia estaba comprometida en los próximos días, pero que podían recibir las consultas por escrito para tramitar las respuestas con las áreas correspondientes. Entre las preguntas enviadas se incluían los motivos por los que el banco se ha negado a entregar el expediente del Comité de Ética a la Fiscalía hondureña en la apelación para reabrir el caso de hostigamiento, si el BCIE tenía conocimiento del caso de Deras contra las denunciantes que irá a juicio oral y público, la posición oficial del banco respecto a dicha querella, el acompañamiento brindado a las víctimas o al oficial de ética, y las medidas internas para prevenir y sancionar casos de acoso sexual actualmente. Al cierre de esta publicación, el BCIE no había respondido a estas consultas.
Asimismo, esta alianza accedió al Código de Ética utilizado en ese momento y, al compararlo con el actual, encontramos cambios importantes en la forma en que la institución aborda el acoso sexual. El código anterior incluía definiciones muy generales de acoso, acoso laboral y acoso sexual, y establecía un procedimiento detallado para tramitar denuncias: apertura de expediente, notificación a la persona denunciada, presentación de descargos, audiencias y resolución, con posibilidad de apelar ante el Directorio. Si bien reconocía el derecho a no sufrir represalias, el enfoque estaba puesto en la tramitación administrativa y en la clasificación de las faltas (leves, graves o muy graves), más que en la protección efectiva de las víctimas.
En contraste, el Código de Ética actual amplía considerablemente la definición de acoso sexual, enumerando ejemplos específicos de conductas que van desde insinuaciones, comentarios o gestos hasta el envío de mensajes e imágenes de connotación sexual, y establece una política de «cero tolerancia». Sin embargo, este código ya no detalla con el mismo nivel de precisión los pasos formales del procedimiento de las denuncias.
La abogada Claudia Herrmannsdorfer, del Equipo Jurídico de Derechos Humanos que acompaña a la exempleada del BCIE con el proceso abierto, explicó que el Ministerio Público solicitó al banco el expediente interno del caso para avanzar con la denuncia penal. Sin embargo, el BCIE se negó a entregarlo, alegando que el banco tiene inmunidad. Ante esto, el fiscal general Johel Zelaya emitió una resolución en la que estableció que dicha inmunidad es improcedente cuando se trata de delitos comunes contemplados en el Código Penal.
«La inmunidad protege a los funcionarios únicamente en el ejercicio de sus funciones, pero no puede ser un escudo para encubrir delitos cometidos en el ámbito laboral (…) Simplemente hace caso omiso y no está contribuyendo a esclarecer esta situación. Esa es una clara obstrucción a la justicia también», señala Herrmannsdorfer. Pese a ello, el directorio del banco actual, con pleno conocimiento de la decisión de la Fiscalía, ha persistido en su negativa a entregar el expediente.
Herrmannsdorfer añadió: «lo normal hubiera sido trasladar esa denuncia al orden penal, porque estamos hablando de un funcionario (…) No entendemos por qué no se nos puede proporcionar ese expediente para que pueda servir para la querella, una querella que además fue presentada como venganza y eso es algo que está pasando en muchos casos de violencia contra las mujeres. Si te atreviste a denunciar, entonces yo te voy a denunciar», explicó.
En la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre la Violencia contra las Mujeres y Niñas de 15 años y más, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y publicada en 2022, un 9.5 % de las mujeres aseguró haber vivido violencia sexual a lo largo de su vida laboral. En los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, el 2.5 % reportó haber experimentado este mismo tipo de violencia. Los principales espacios donde ocurrió fueron el lugar donde realizan habitualmente su trabajo (73.1 % de los casos) y en la oficina de la jefatura (39.7 %).
A pesar de estas cifras, en Honduras la violencia sexual en el ámbito laboral sigue siendo un delito que se denuncia y se judicializa muy poco. Solo en 2023 ingresaron al Poder Judicial dos casos de hostigamiento sexual y también se reportaron dos sentencias absolutoria y ninguna condenatoria, lo que evidencia las dificultades estructurales para que las mujeres logren comprobar este tipo de agresiones en los tribunales.
Herrmannsdorfer explicó: «Es fundamental que en las investigaciones se aplique la perspectiva de género. En estos casos se observa claramente la relación de poder: el acosador aprovecha su posición laboral para obtener favores de naturaleza sexual. No siempre llega a la violación; muchas veces son conductas que, aunque no tengan connotación sexual directa, provocan un daño psicológico profundo y hasta la pérdida del empleo. Las víctimas, generalmente mujeres que dependen de su trabajo, se ven obligadas a renunciar por no soportar la situación, mientras quien debería sufrir consecuencias permanece impune».
Esta alianza periodística contactó a las personas que fueron demandadas por difamación. Algunas aceptaron hablar con este medio bajo condición de anonimato y coincidieron en que el BCIE manejó mal el proceso interno. Aseguraron que esta situación les dejó secuelas graves a nivel mental, físico y económico, además de un temor constante a sufrir represalias por una persona «que es protegida por el BCIE».
*Con reportes de Mariana Castro y Wilfredo Miranda Aburto
